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Presentarán cargos contra Jean Alain y otros Tras pausa se espera Odebrecht se reanude hoy

PROCESO. Los fiscales anticorrupción

presentarán la mañana de este jueves, ante la jueza Kenya Romero, los cargos que pesan contra Jean Alain Rodríguez, acusado de cometer varios ilícitos mientras se desempeñaba como procurador general de la República.

En la audiencia de medida de coerción, pautada para iniciar a las 10 a.m., el Ministerio Público también le informará a la magistrada sobre la supuesta participación de otros siete imputados en el entramado, que según dicen, desfalcó al Estado por más de 6 mil millones de pesos.

El exprocurador Jean Alain, Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, y los exempleados de la entidad Jonnathan Rodríguez Imbert, Rafael Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado, Javier Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Alfredo Solano Augusto, son acusados por el Ministerio Público de estafa contra el Estado, soborno, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, asociación de malhechores y lavado de activos.

Los implicados llevan ya más de una semana detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de la audiencia, que estaba prevista para conocerse el viernes pasado, pero la jueza la suspendió para hoy a los fines de que los abogados tomaran conocimiento de las acusaciones para así poder ejercer el derecho de defensa de sus clientes.

Contra los ocho implicados en el denominado caso Medusa, el Ministerio Público solicitó a la jueza Romero que les imponga prisión preventiva al considerar que si son puestos en libertad podrían obstaculizar la investigación. A su entender, los imputados tiene la capacidad de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de pruebas.

Al final de la audiencia, luego de las conclusiones de las partes, la magistrada Romero deberá dar un fallo de si impone prisión preventiva, otra medida de coerción o si los deja en libertad. La decisión debe estar plasmada en una reso-

lución. ROSMERYS DE LEÓN JUDICIAL. El juicio por los sobornos de

Odebrecht tiene ya tres semanas paralizado por el contagio de covid-19 de una de las juezas que conoce el caso, y se espera que hoy se pueda reanudar.

Durante estos días, la jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, ha convocado dos veces a las partes para informar sobre la suspensión, debido a que si el juicio dura más de 10 días sin sesionar, tendría que iniciarse desde cero.

Así lo establece el artículo 317 del Código Procesal Penal que indica que si los debates no se reanudan a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considera interrumpido y como no iniciado, por lo que deben realizarse todos los actos desde el principio.

El pasado 28 de junio se ordenó la última suspensión por la indisposición de la magistrada Jissel Naranjo, y se fijó para hoy la continuación del juicio, oportunidad en la cual el imputado Conrado Pittaluga iniciará a presentar sus pruebas a descargo.

Pittaluga ha tenido que esperar durante estos días para incorporar al juicio sus evidencias, las cuales serán analizadas por las juezas del tribunal, y con las que quiere contrarrestar la teoría del Ministerio Público, que lo acusa de incurrir en los delitos de soborno y lavados de activos.

El imputado tiene previsto presentar ante el tribunal, además de las pruebas documentales, cuatro testigos. Uno de ellos es Heiromy Castro Milanés, excoordinador general de Participación Ciudadana, y asesor en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros.

También, los extranjeros Dane Hamilton (nacional de Antigua) y Franco Rojas Sagárnaga. Y, además, José Daniel De Jesús Ariza.

El Ministerio Público ha dicho que Pittaluga manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas con el pago de sobornos.

Señalaron que Pittaluga, para sí y para el coimputado Víctor Díaz Rúa, levantó un patrimonio derivado de las actividades delictivas. ROSMERYS DE LEÓN

La JCE conoce hoy fallo del TSA bajo presión partidos

SESIÓN. El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) fue convocado para las 10:00 de la mañana para conocer el fallo que anuló la primera decisión que tomó el órgano en la gestión que encabeza, Román Jáquez.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) intimó a la JCE para que no aplique el fallo y otros 15 partidos hicieron lo mismo para que lo aplique en lo inmediato. Ayer tarde representantes de un grupo de partidos se reunió con el presidente de la JCE, Román Jáquez, para externar preocupación por supuestas presiones al organismo para que no acate de inmediato la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

“Tal y como lo ha expresado el presidente de la JCE y los miembros del Pleno, esta institución en el marco de la institucionalidad, es respetuoso de las decisiones del poder jurisdiccional”, ha expresado la JCE a propósito del fallo.

La sentencia del TSA anuló la resolución 02/2021 del órgano electoral que estableció un criterio para la distribución de los recursos que entrega el Estado a los partidos que varios partidos alegan les perjudicó.

La voz cantante de los accionantes la llevó la Fuerza del Pueblo (FP), que obtuvo ganancia de causa en sus alegatos. “Este colegiado es del criterio que procede acoger el recursos contencioso administrativo incoado en fecha 26 de febrero por el partido Fuerza del Pueblo en contra de la resolución 02/2021 y en consecuencia declara nula dicha resolución ordenando a la recurrida a interpretar el artículo 61 de la ley 33/18 en forma congruente con el principio de favorabilidad previsto en el artículo 74.4 de la Constitución”, establece la sentencia.

Igualmente, el fallo establece que “la interpretación dada por la JCE al referido precepto legal irrumpió en un ámbito de discrecionalidad a contrapelo del principio de la legalidad que obliga a la administración a actuar con sometimiento pleno al ordenamiento traduciéndose su actuación en perjuicio de terceros”. El fallo ha generado debates a lo interno del PLD debido que el anuncio de la organización de que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia ha generado contradicciones por la conveniencia política o no de esa acción. YE

Román Jáquez.