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rió en días pasados el procurador adjunto ante las expectativas que surgen a raíz de las pesquisas e interrogatorios que realizan desde hace meses.

Un caso tras otro

Wilson Camacho, titular de la Pepca. KELVIN MOTA

Los casos surgen uno tras de otros. El más reciente es el de Carlos Amarante Baret, quien está siendo investigado por su gestión como ministro de Educación desde el 2013 al 2016. Amarante Baret, quien fue funcionario del gobierno del Respuesta expresidente Danilo Medi“Las sagradas escrituras na y es miembro del Comidicen que por sus hechos té Político del Partido de la los conoceréis”, expresó Liberación Dominicana Camacho (PLD), ya ha sido interrogado en al menos dos ocasiones por los fiscales anticorrupción. “Entramos en un proceso de hacer las declaraciones que ellos me pidan”, manifestó Amarante Baret en su último interrogatorio al que ha tenido que llevar documentos para avalar las acciones que realizó cuando era ministro. Pero hay otras denuncias de las que no se ha informado si se están realizando las debidas diligencias investigativas. Un ejemplo de ellas es el entramado de corrupción en el sector eléctrico, que supuestamente tenían Maxy y Alexander Montilla Sierra, hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla. Sobre la independencia del Ministe¿Qué está haciendo rio Público, Camacho fue preciso y dijo que la misma se debe medir por sus hechos. Pepca con los casos “De hecho, las sagradas escrituras dicen que por sus hechos los conoceréis”, expresó al salir de unas de las audiencias del juicio Odebrecht, donde lidera el equique investiga? po litigador. Uno de los casos que tienen y que más llamó la atención es el allanamiento practicado a la Cámara de Cuentas a finales de febrero pasado. PROCESOS. Son cientos de casos a los que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) está dando seguimiento y a todos los involucrados en ellos, les llegará su hora. INTEGRANTES La especializada tiene un equipo de 25 fi scales Tienen bajo la mira a los miembros del organismo fiscalizador, pero la Cámara de Cuentas no se ha quedado de brazos cruzados y solicitó que se declare nula la orden judicial con la que fue allanada y, en consecuencia, se deje sin efecto la acción realizada por la

El planteamiento es del titular de la Pepca, Wilson Camacho, quien respondió así al ser preguntado sobre qué ha pasado con los casos que tienen en carpeta, por qué han durado tanto para ser sometidos ante la justicia, y la razón de que no investiguen otras denuncias.

“Las sagradas escrituras dicen que hay tiempo para todo debajo del sol… Esperen la actuación del Ministerio Público y júzguenos por nuestros hechos”, refi-

La Pepca, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene a su disposición 25 fiscales y si lo requiere puede solicitar la ayuda de otros más que cumplen sus funciones en la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice Reynoso. Desde hace tiempo los fiscales anticorrupción están realizando interrogatorios, allanamientos y requerimientos judiciales para poder investigar más a fondo.

Pepca. ROSMERYS DE LEÓN

Justicia

El más reciente caso es el de Carlos Amarante Baret, quien está siendo investigado por su gestión como ministro de Educación desde el 2013 al 2016.

Juez SCJ interpone amparo para que su traslado quede sin efecto

REACCIÓN. El conflicto por el trasla-

do forzoso de un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de una sala a otra, de las tres que existen en el alto tribunal, ahora ha llegado hasta los tribunales.

El juez Moisés Ferrer Landrón interpuso una acción de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que su traslado desde la Tercera Sala de la SCJ a la Segunda Sala quede sin efecto.

Con esta acción, Ferrer Landrón busca su reposición inmediata como titular de la Tercera Sala, pues indica fue cambiado sin su consentimiento.

A través de sus abogados, explicó que con lo dispuesto por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, se transgreden sus derechos fundamentales, la inamovilidad en el cargo y la independencia judicial, que dijo están previstos en la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, que además, es una violación a precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es por esto, que solicita, además, que se ordene al Pleno de la SCJ y a su presidente, abstenerse de promoverlo en lo inmediato o en el futuro, a cualesquiera otras salas de esa Alta Corte.

Denuncian arbitrariedad

En el documento, los abogados del magistrado indicaron que Luis Henry Molina actuó con “absoluta arbitrariedad y antijuridicidad”. “No importando la inamovilidad del cargo, la independencia judicial y, como si fuera poco, aquellas garantías que forman parte del derecho fundamental a la buena”, precisaron.

Manifestaron que el traslado de Ferrer Landrón se produjo no obstante su firme y categórica oposición, expresada a través de comunicaciones, así como actos de alguacil notificados al Pleno y a su presidente.

“Y esto supone llevarse de encuentro, además, otros principios... la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima”, dijeron. ROSMERYS DE LEÓN

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20 años a hombre mandó a rociar ácido a menor

JUSTICIA. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a 20 años de prisión a un hombre acusado de pagar para que un antisocial rociara “ácido del diablo” a una adolescente de 16 años, quien falleció un mes después del ataque.

Se trata de Wascar Orlando Castillo, de 63 años, quien luego de hacer el encargo huyó a Estados Unidos, de donde fue extraditado en 2019.

La tragedia ocurrió en 2006, en Villa Juana, cuando la adolescente fue agredida mientras caminaba por la calle Moca esquina Peña Batlle, luego de salir del centro educativo en el que estudiaba.

El sentenciado deberá pagar también una indemnización de dos millones de pesos a la madre de la víctima, Francia María Rodríguez Álvarez, así como cubrir las costas del proceso.

Los jueces del tribunal, Teófilo Andújar, Leticia Martínez Noboa y Milagros Ramírez, los declararon culpables de complicidad de homicidio, actos de tortura y barbarie, abuso físico y psicológico contra una menor de edad. F. SÁNCHEZ