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PANORAMA elCaribe, MARTES 28 DE ENERO DE 2014
PAÍS tanto, serían nulos de pleno derecho. En la actividad que contó con la presencia de la presidenta en funciones, Margarita Cedeño, el máximo representante de la alta corte expresó que las decisiones del Constitucional “no son tomadas para que participen en un concurso de popularidad, ni tampoco con la intención de perjudicar, molestar o mortificar a personas o grupos. “Son el resultado del ejercicio de nuestra obligación de juzgar”, afirmó.
EE.UU. sugiere revisar tratado de extradición
Quirino no puede recuperar bienes
JUSTICIA. Las autoridades norteamericanas tienen interés en renegociar el tratado de extradición firmado con el Estado dominicano hace más de un siglo.
No fue retroactiva
Reseñó 29 jurisprudencias de 2013, pero prestó especial atención a la sentencia 168-13, que establece que a los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito (ilegales) no les corresponde la nacionalidad dominicana, explicando que en el referido fallo no se puede hablar de una aplicación retroactiva de la ley porque el TC solo se limitó a comprobar que Juliana Deguis (la accionante en el caso que dio objeto a la sentencia) “nunca ha sido dominicana”. Precisó también que no se puede invocar la existencia de un derecho fundamentado en una actuación administrativa errónea. “El Tribunal Constitucional no puede tutelar derechos inexistentes, ni su función garantista puede ser puesta al servicio de la subsanación de actuaciones jurídicas inconstitucionales, por mucho que estas hayan permanecido en el tiempo, pues la nulidad constitucional no prescribe”, sostuvo. Indicó que en este caso la jurisprudencia sentada era la misma que había establecido la Suprema Corte de Justicia y que los precedentes vinculantes no deben ser derogados, salvo condiciones especiales o excepciones. Dejó claro que la categoría de extranjeros en tránsito no fue establecida por la alta corte, sino que resulta de la aplicación inevitable de la Constitución. Una esperanza
Puntualizó que en la sentencia se aplicó el principio de la favorabilidad al ordenar la realización de un plan de regularización para normalizar el estatus migratorio tanto de Deguis Pierre, como de todos aquellos extranjeros que, en circunstancias análogas, se encuentran actualmente en total desamparo legal, puesto que tendrán la oportunidad de insertarse en la vida económica, social y jurídica de la República Dominicana. Asimismo, afirmó que actúan con total independencia, absoluta libertad, transparencia y plena conciencia de sus responsabilidades. Terminó su discurso calificando la labor del TC como estupenda y rindiendo honor a Juan Pablo Duarte. La audiencia fue bendecida por el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, Jesús Castro, y por el pastor evangélico Ezequiel Molina. Por la conmemoración del segundo aniversario del TC se realizó una misa en la Catedral, donde el párroco Nelson Rafael Clark dijo que luego de la sentencia sobre la nacionalidad esa alta corte ha sido criticada, difamada y malinterpretada. El religioso indicó que si los jueces han actuado según su conciencia, libre de politiquería “no tengan miedo y sigan ejerciendo su labor”. Se entregó una ofrenda en el Altar de la Patria. l
Así lo reveló la procuradora adjunta para asuntos de extradición, Gisela Cueto, al decir que “se ha llegado hablar de renegociar el tratado de extradición, incluso en esta última etapa a sugerencia de Estados Unidos”. La funcionaria judicial también precisó que “cuando se renuncia en el país a las persecuciones criminales, se espera que la nación que juzga haga justicia por los dos, porque hay una necesidad de satisfacción de justicia para el país que renuncia y extradita”. Detalló que en el acuerdo de extradición deben haber estipulaciones que tengan que ver con el juicio y la distribución de los bienes incautados, en especial cuando se trate de narcotráfico o de algún crimen que se juzgue la obtención de dinero. De su lado, el presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy, favoreció que se revise el tratado de extradición porque en los términos actuales es un “negocio redondo para los narcotraficantes”. El 19 de junio de 1909 el país firmó el Tratado de Extradición con Estados Unidos, mediante el cual se comprometieron a entregar a la Justicia, a petición del otro, a todos los individuos acusados o convictos de hechos cometidos dentro de la jurisdicción de las partes. Los delitos que aplican para la extradición, son: asesinato, tentativa de asesinato, incendio, destrucción, robo con violencia, falsificación, fabricación de una moneda falsa, entre otros. En 2012, unas 19 personas fueron extraditadas hacia los Estados Unidos porque tenían casos pendientes con la justicia de esa nación. De esa cantidad, 16 optaron por la extradición voluntaria. Para noviembre del año pasado, las autoridades dominicanas habían entregado a 18 justiciables. l JULIA RAMÍREZ
“El Don“ fue extraditado en 2005 hacia los EE.UU. FUENTE EXTERNA
El presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos dijo ayer que no hay forma legal de que Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don) pueda recuperar los bienes cedidos al Estado dominicano. JUSTICIA.
“No hay ninguna forma de que sean lícitamente reclamados los bienes, ya que son fruto de un acuerdo que hizo Quirino con el Estado dominicano, y ese acuerdo fue homologado por los tribunales. Esos bienes son propiedad del Estado de una manera irreversible”, dijo Fidias Aristy. Sin embargo, aclaró que si Quirino tiene otras propiedades que no fueron incluidas en el acuerdo y están en manos de terceros, será su facultad reclamarlas. Al igual que Aristy, la encargada de asuntos de extradición expone que Quirino puede recuperar los bienes que no fueron objeto de decomiso. “Tiene la posibilidad de recuperar los bienes que no le han sido incautados”, dijo la magistrada Gisela Cueto. Explicó también que en Estados Unidos se hace una estimación de las ganancias que han tenido los criminales y en torno a eso establecen cargos para el decomiso de manera proporcional. “Hay que entender que a partir de las negociaciones se estableció que lo que se le quitó a Quirino era lo justo”, indicó.
Colegio trabaja en nueva ley para el gremio JUSTICIA. El presidente del Colegio de Abogados aseguró ayer que ya iniciaron los trabajos para que el proyecto de ley del gremio sea ejemplar.
Gisela Cueto. ARCHIVO
“Ya iniciamos las consultas con los distintos gremialistas del país, estamos enviando comunicaciones al cuerpo del Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a las secciona-
El acuerdo de cooperación con las autoridades norteamericanas establecía que a Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don) se le decomisaría 14.5 millones de dólares. La semana pasada, la jueza Kimba Wood, del distrito Sur de Nueva York, ordenó la libertad del narcotraficante, quien cooperó significativamente con las autoridades. El 18 de diciembre de 2004 a Paulino Castillo le fue decomisado un alijo de 1,387 kilos de cocaína que, de acuerdo a la acusación, sería llevado hacia los Estados Unidos. Fue extraditado hacia esa nación en 2005, declarándose culpable luego de un acuerdo. l JULIA RAMÍREZ
PENDIENTE
Faltan por subastar más de RD$100 millones Las autoridades tienen pendiente subastar al menos RD$100.3 millones en bienes ocupados al narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo. Tres apartamentos y una casa, forman parte de la lista de propiedades. El Comité Nacional Contra el Lavado de activos fijará en los próximos días la fecha de la subasta. También se subastarán algunos bienes de Figueroa Agosto.
les de todo el territorio nacional, a todos los expresidentes del Colegio de Abogados, a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a todos los integrantes de la abogacía”, dijo Diego García. Aseguró que será un proyecto ejemplar que brindará a la República Dominicana la oportunidad de tener una legislación actualizada. El Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución la Ley 91, de 1983, que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana, porque su aprobación fue irregular. También postergó los efectos de su sentencia hasta que el Congreso apruebe una nueva ley que regularice el gremio. l JULIA RAMÍREZ