Índice
Introducción, 11 1. Un presente sin horizonte, 23 2. La lógica de la excepción, 51 3. La excepción institucionalizada, 91 4. ¿La justicia como remedio?, 127 5. La promesa de una vida sin violencia, 157 Notas, 183 Bibliografía, 195
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1. Un presente sin horizonte …distingo entre una sociedad decente y una civilizada. Una sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros, mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas1 Avishai Margalit
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ace algunos años cayó en mis manos un libro de María Zam brano intitulado Persona y democracia. Me gustó por su estilo filosófico, reflexivo y ajeno al lenguaje y lógica politológicos y, sobre todo, por sus profundas cavilaciones sobre la responsabilidad his tórica de cada generación con el momento que le ha tocado vivir pero, en especial, de aquellas a las que les han tocado tiempos de crisis. La tesis era relativamente simple pero incisiva y exigente: la conciencia histórica es responsabilidad histórica y cada generación debe asumir el reto de superar el impasse que las crisis imponen al presente para abrirle las puertas al futuro. En esas coyunturas, “el futuro oprime también por no mostrarse –sostenía Zambrano– y, entre el pasado y el futuro, el presente queda vaciado”.2 De hecho, para ella, la crisis era precisamente ese “momento largo o corto, intrincado y confuso siempre, en que pasado y futuro luchan entre sí”.3 En el presente queda flotando el desconcierto y reina la au sencia de horizonte. Y, por ello, la generación de la crisis debe ten der un puente hacia el futuro. Del éxito de esa empresa dependen el devenir, la oportunidad y el progreso.4 Pero la incertidumbre en los tiempos de crisis cala hondo; los hombres y mujeres que los viven –los protagonistas del presente–
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pueden optar por la parálisis. O, peor aún, por el regreso. Ambas tentaciones asaltan a la sociedad, por lo que las crisis pueden pro longarse indefinidamente. Pero, según Zambrano, existe una es peranza porque, “ante la inseguridad de los tiempos de crisis, que es propiamente lo que les caracteriza, existe una minoría creadora que se adelanta abriendo el futuro”.5 Esa minoría encara los retos del presente con perspectiva de progreso y apuesta por la transfor mación innovadora. Esa creatividad –cuando se tiene como eje de progreso al desarrollo democrático– se traduce en prácticas e ins tituciones que amplían y protegen los derechos de las personas, en particular de los más desaventajados. Es la minoría que consolida las transiciones democráticas y apuntala el constitucionalismo de los derechos. Una minoría relativamente ilustrada que logra co nectar en ciertas coyunturas con los ánimos mayoritarios para en caminarlos por la senda de los grandes ideales que maduraron en la mejor tradición del pensamiento político y jurídico: desde Kant hasta Kelsen, Habermas y Ferrajoli; desde Locke hasta Bobbio, Rawls y Dworkin, sólo por trazar dos rutas ideales. Y, si pensamos en México, desde Carlos Pereyra hasta Luis Salazar Carrión; desde Héctor Fix Zamudio hasta Jorge Carpizo; desde José Woldenberg hasta Rodolfo Vázquez. Sin embargo, también hay otra minoría “formada por los que se retiran horrorizados ante la confusión y buscan refugio en el pasado, apegándose a él, a un pasado, bien entendido, imaginario, pues ningún pasado nos es enteramente conocido”.6 Es la minoría que aprovecha el desconcierto para llamar al regreso; que denun cia las limitaciones y fracasos de la apuesta progresista y se enfrasca en una gesta reaccionaria. Son los De Maistre, los Gentile, los Primo de Rivera de cada momento histórico. Cuando su agenda se impone es porque el miedo colectivo ha derrotado a la reflexión y porque los instintos han logrado acallar la mesura que emerge de la deli beración libertaria. Se trata de un proyecto poderoso porque en 24
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sambla en las pasiones, los temores y las reacciones más naturales de nuestra especie. Nada de abstracciones –derechos, procedimien tos, democracia– y mucho de concreto –violencia, diferencia, otre dad– ofrece forma y sustento a esa gesta de cangrejos. En medio de esa tensión entre una minoría que mira al futuro y otra que mira hacia el pasado, pulula una muchedumbre que se contonea desorientada.7 El problema es que la primera mi noría, la que apuesta por el futuro, no tiene certezas que ofrecer y sólo cuenta con la fuerza que su creatividad y su convicción le otorgan. Su liderazgo no tiene asideros en los temores, sino que apuesta por ilustrar las conciencias. Por ello el éxito de su misión es incierto y su aliento es frágil; la gesta ilustrada dependerá, entre otras variables pero de manera muy relevante, de la riqueza cul tural y del coraje vital de la multitud en la que está inmersa. En esa ecuación –cuando esa premisa falla– es más fácil que la masa engulla a la elite ilustrada a que ésta ilumine a las conciencias ma yoritarias. La segunda minoría, en cambio, lleva ventaja porque, aunque vende un pasado imaginario y maquillado, ha logrado idealizarlo mezclando el miedo al presente con la distorsión de la memoria. Por eso, esa minoría, escuchemos de nuevo a Zambrano, constituye “la raíz anímica del reaccionarismo, causa de esterilidad y de esa enfermedad que se manifiesta en un constante desdén a todo lo presente”.8 Su palanca está soldada en los temores y humo res de la multitud desconcertada. Hay algo de Eros en las minorías creadoras y arrojadas, y mucho de Thánatos en las segundas. Y por eso es mucho lo que está en juego. Las definiciones serán inevita bles porque, como sentencia Zambrano, “nada podrá dispensar al ser humano de abrazar su tiempo, su circunstancia histórica, por mucho que le repugne”.9 De ahí –vale la pena reiterarlo– la tesis central de su argumento: conciencia histórica es responsabilidad histórica. 25
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II Los habitantes del mundo actual, de nueva cuenta –porque no hay nada nuevo bajo el sol, dirían los clásicos– vivimos tiempos de crisis. No es el fin de la historia que anunció Francis Fukuyama en 1992,10 pero sí es el agotamiento de las certezas que nos sirvieron de brújula durante décadas. Las coordenadas del mapa político y económico mundial se han descuadrado y arrojaron a nuestra ge neración al terreno hostil de la incertidumbre. Asistimos entumi dos al derrumbe de la hegemonía norteamericana sin el entusias mo que despertó en Occidente el derrumbe real y simbólico del paradigma de la guerra fría en 1989. Algo había de promesa en ese evento que le está faltando a esta nueva mutación histórica, porque la última década del siglo xx tenía rostro de horizonte mientras que –apenas veinte años después– la segunda década del siglo xxi muestra los agotamientos del ocaso. Como si el giro del 89 hubiera sido otra vuelta de tuerca en el proyecto de democrati zación y constitucionalización mundial, mientras que la crisis del sueño americano al concluir la primera década del siglo xxi fuera el barrido de la tuerca: la crisis de todo un modelo asociado a los ideales de la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Entre un evento y otro fueron surgiendo potencias emer gentes y fenómenos inusitados que confirmaron el quiebre del presente y nos arrojaron a un futuro fragmentado. Y lo cierto es que el peso de esta crisis es abrumador porque las contradicciones han atacado en todos los frentes –el ideológico, el cultural, el eco nómico, el político– y porque el encogimiento del mundo nos re cuerda que globalización también es destino. Así, por ejemplo, la crisis política de Medio Oriente es nuestra crisis tanto como nuestra violencia es su violencia. Esta proximidad aumenta la complejidad de la realidad en la que estamos ubicados. Pensar en nosotros sin considerar lo que les sucede a los demás en el mundo de hoy es un 26
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gesto de miopía con consecuencias prácticas que debería ser objeto de una censura moral y, sin embargo, es un mal tan globalizado como la globalización misma. Como si identificar las angustias sig nificara que no están relacionadas entre sí. Pero lo cierto es que la crisis que nos paraliza en la parcela de mundo que ocupamos es similar a la que paraliza a millones de personas en sus parcelas. Cambiarán la intensidad y la jerarquía de los problemas, pero están activados por resortes paralelos. En los últimos años del siglo pasado, Occidente había di bujado un fresco de sí mismo con algunas pinceladas pronunciadas. Existía un proyecto que nos distinguía e identificaba, y era un pro yecto ilustrado: democracia y derechos para todas y para todos. Hablar de identidades siempre es difícil –sobre todo cuando se trata de identidades culturales–, pero no resulta errado sostener que los occidentales –después de décadas interminables de errores y horrores– habíamos logrado construir un discurso y prometer un proyecto amalgamado con elementos intelectuales y valores políti cos concretos. En el plano filosófico –por ejemplo– rescatamos al individualismo ético como punto de partida de nuestra conviven cia y lo dotamos de bienes protegidos a través de la fórmula prome tedora de los derechos humanos. En teoría dicha apuesta lograría incorporar –sobre la base de la igualdad– al valor irrenunciable y enriquecedor de la diferencia. La obra de John Rawls y el liberalismo igualitario que maduró en la pluma de otros pensadores después de la publicación de Teoría de la justicia11 representó la condensa ción intelectual de toda una agenda humanista que, como una promesa de vida, floreció en las heces de la posguerra. Esta operación fue el parteaguas de la modernidad política y supuso, como advirtió Norberto Bobbio, una revolución coper nicana en la forma de entender las relaciones entre los poderes y los gobernados: la legitimidad de los primeros estaba condiciona da al respeto y garantía de los derechos de los segundos. Por eso 27
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construimos, propusimos al mundo y promovimos el constituciona lismo democrático como forma de organización política y social y como condición para la convivencia pacífica en y entre los Estados. Los ecos de la ilustración y los ejes de la filosofía contractualista fueron inspirando instituciones nacionales e internacionales para ofrecer posibilidad y garantía a los derechos de libertad, sociales y políticos de las personas. Después de la segunda guerra mundial, y a pesar del holo causto de la vida y de las conciencias, durante los años de la guerra fría y sus calientes combates periféricos, Occidente convirtió su presente en una prometedora agenda de futuro. Fue el “tiempo de los derechos”, como lo bautizó Bobbio, y la era de la expansión democrática que, entre otras transiciones, enmarcó la propia me cánica del cambio político mexicano hacia la democracia. Algunos pensamos que la nueva normalidad sería ésa y que la excepción –cada vez más desterrada y con suerte abandonada– serían los mo mentos en los que la fuerza sometería al derecho. Sin embargo, esos referentes culturales y políticos, que habían logrado pasar desde el mundo de las ideas hasta el texto de los códigos legales, se tornaron movedizos, oprimidos de manera ine vitable por la realidad. Las crisis económicas, las presiones migrato rias en el corazón de Occidente y la marginación y exclusión en la periferia del mismo, desafiaron el ideal de una sociedad de indi viduos libres e iguales. La realidad era demasiado desigual como para digerir la promesa de una igualdad en derechos, tal vez desea ble, pero demasiado abstracta. Entonces, la complejidad social re basó los moldes de la teoría del constitucionalismo democrático y, como respuesta, en el frente del pensamiento, surgieron teorías que –inspiradas en el viejo modelo aristotélico del hombre como animal político y de la sociedad como comunidad natural– cues tionaron la viabilidad del desarrollo y el progreso anclados a la agenda de los derechos de las personas. Pero, sobre todo, en el 28
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frente de la política emergieron y se impusieron agendas reaccio narias. El embate fue exitoso, en dos frentes: en el plano intelectual se lograron difuminar las fronteras lógicas entre la realidad y la teoría, y se sembraron dudas sobre la capacidad transformadora de las reflexiones de los herederos del pensamiento ilustrado; y, aprovechando coyunturas y expresiones violentas de descontento y sinrazón, desde el poder se desempolvó el discurso de la excep ción y, poco a poco, se le convirtió en regla. Para colmo, desde otro ángulo pero en la misma dirección, en el plano de las ideolo gías políticas investidas de modelos económicos se acusó al libera lismo político de ser el hermano siamés del liberalismo económico y, con ello, todos los liberales –incluso los igualitarios– antes de de fender sus teorías se vieron obligados a ofrecer argumentos para desmarcarse del Consenso de Washington y sus secuaces. Ello mientras, en la práctica, se desplegaba una operación quirúrgica en la que el desmantelamiento del Estado –por lo pronto de los rasgos que lo mostraban como una entidad orientada al bienestar– triunfaba con la versión más ortodoxa de lo que se conoció como neoliberalismo o liberismo. La desigualdad estructural planetaria congeló con su implacable verdad el cálido aliento ilustrado del tiempo de los derechos. La agenda liberal e ilustrada de los derechos humanos, entonces, quedó bajo sospecha. Sus defensores tuvieron que en frentar una batalla ante dos tipos de embate: uno proveniente de los enemigos reaccionarios de siempre que no se han cansado ni se cansarán de promover esquemas autocráticos y absolutistas; el otro desplegado desde el pensamiento de los nuevos críticos de la modernidad enrolados en el “comunitarismo progre” o el “multi culturalismo ético”.12 Si revisamos la literatura en el ámbito de la filosofía política de los años noventa del siglo pasado y una parte de la primera década del siglo xxi, encontraremos que ésas fueron 29
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las coordenadas que orientaron la discusión. De hecho, la obra de algunos de los teóricos más respetados en la actualidad –pienso en el último libro de Amartya Sen, La idea de justicia13– todavía resiente los efectos ese debate y refleja algunas de sus contradicciones. Pero el ataque más virulento y mordaz al constitucionalis mo democrático provino desde la violencia terrorista y desde el terrorismo de Estado. De alguna manera la respuesta del gobierno norteamericano al ataque criminal del 11 de septiembre encontró explicación y cabida en esa crisis del pensamiento –y de la identi dad– occidental. La agenda reaccionaria del “choque de civiliza ciones” había sido delineada en un artículo por Samuel Huntington desde 1993 y anunciaba una nueva configuración del orden mun dial que demandaba abandonar los presupuestos ilustrados del individualismo ético y de su ideal universalista y que, para materia lizarse, necesitaba un pretexto. El miedo a la diversidad y la lógica de las sociedades cerradas y pequeñas ya estaba socialmente insta lado en la conciencia de todo el Occidente nuclear cuando los aviones impactaron en las torres. De alguna manera se trató de una profecía autocumplida, como las estudiadas y advertidas por Paul Watzlawick. Por eso, junto a la declaración de guerra contra Afga nistán y el supuesto absurdo, falaz y criminal que condujo a la guerra en Irak, comenzó a quebrarse el huevo de la serpiente. El constitucionalismo democrático resultaba ser la excepción y la vio lencia desde el poder, y contra él enseñó sus colmillos renovados. Todos conocemos lo que siguió: restricción de libertades, readmisión de la tortura en la cultura de la represión estatal, el gueto de Guantánamo, la ignominia de Abu Ghraib, los secuestros y asesinatos selectivos, los vuelos secretos, los muros fronterizos. Y, a la par, desde la intransigencia asesina de enfrente, las bombas en los destinos de playa frecuentados por turistas occidentales, los aten tados de Atocha en Madrid y en el metro de Londres, los secuestros de los cooperantes internacionales, etcétera. Fue entonces cuando 30
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Occidente, para recuperar el sugerente título de un libro publicado por Geminello Preterossi, se volvió “contra sí mismo”.14 No me parece exagerado sostener que, ante las agresiones terroristas que cimbraron los edificios y asesinaron seres huma nos en Occidente, se impuso la agenda epidérmica de la minoría que reacciona irreflexiva ante el miedo y, por ello, en términos de civilidad y de domesticación de la violencia a través del derecho, regresamos al pasado. En pocos meses –que marcaron una época y secuestraron el futuro que algún día acarició aquella agenda ilustrada– asistimos y toleramos la excepcionalidad frente a los procedimientos del de bido proceso legal, del amparo legal o habeas corpus y del castigo como última medida. Esta regresión maduró también en la sede del pensamiento. El discurso de la seguridad deglutió al paradigma de los derechos y defecó una retórica que prometió salvar a la democra cia carcomiéndola. A mi juicio existe un libro, por encima de todos, que ofrece testimonio del desconcierto que provocan los tiempos de crisis: El mal menor, de Michael Ignatieff.15 El biógrafo de Isaiah Berlin y autor, en el año 2001, de un libro abiertamente comprome tido con la agenda de los derechos humanos –Human Rights as Politics and Idolatry16–, invirtió, en 2004, su tinta y derramó su prestigio en una maraña de argumentos para justificar la tortura. El pensamien to ilustrado, democrático y liberal, como muestra el caso de Ignatieff, se había reblandecido al punto de la ignominia.17 Creo que de alguna manera, aunque con consecuencias distintas, los norteamericanos al iniciar este siglo xxi activaron los mecanismos que, según Zambrano, explican en parte el surgi miento del autoritarismo nazi-fascista: Una de las debilidades del hombre europeo de finales y principios del siglo [ella se refiere al siglo xx] ha sido el no creer en el absurdo, en el horror, en el crimen gratuito, 31
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en lo diabólico. El haber olvidado que ciertas cosas, ciertos horrores, habían sucedido entre nosotros no hacía tanto tiempo, y el no haber sospechado que podían suceder de nuevo bajo otra máscara, y por otros motivos, pues de cier tos horrores lo importante es que ocurran. Que el hombre, y el hombre civilizado, haya sido capaz de cometerlos; los motivos… se inventan.18 Ahí está la historia de las “armas de destrucción masiva” como prueba de esto último y las fotografías de los prisioneros desnudos y vejados por sonrientes soldados norteamericanos y europeos como confirmación de lo primero. Me parece que, tal vez por esa fragilidad de la memoria, las mujeres y los hombres que habitamos el mundo hoy hemos enfrentado de manera tan poco reflexiva la violencia y el racismo que se instalaron en nuestra convi vencia y se expresan de formas muy diversas. Esa irreflexión, con frecuencia, se manifiesta en sentimientos contradictorios: a veces, el eje de nuestro comportamiento social es la indolencia cómplice y, otras, la fragilidad epidérmica. Pienso, por ejemplo, en la relativa indiferencia que provocan las políticas xenófobas de los norteame ricanos frente a los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, o de los finlandeses, italianos o austriacos frente a las olas de seres humanos que llegan desde África o Europa del Este a sus feudos del bienestar.19 O, incluso, en los mecanismos que nos han llevado a ir olvidando la existencia de Guantánamo –ese “agujero en el Estado de derechos” como lo bautizó Ronald Dworkin– que sigue siendo motivo de protestas, aunque cada vez más marginales. Paralelamente, ha germinado una incapacidad colectiva para discernir entre las catástrofes naturales y las calamidades hu manas que conllevan responsabilidades y exigen soluciones desde la sociedad. Hemos olvidado la diferencia que distingue un tsunami del terrorismo de Estado.20 De alguna manera –ante lo abrumador 32
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de los fenómenos y la magnitud de sus implicaciones– nos ha ga nado la crisis y hemos perdido el futuro. Y, en parte por ello, nos estamos acostumbrando a convivir con los errores y los horrores que creíamos superados y, sobre todo, a padecerlos como si fueran producto de una fatalidad ahora insuperable. Y esto, para colmo, sucede cuando el eje del poder mundial se está inclinando hacia latitudes en las que la ilustración de los derechos nunca logró anidar. China podrá ser un modelo de cre cimiento económico pero –al menos en el plano político– es el rostro autoritario del pasado; una realidad en la que el poder somete al derecho y el gobierno de los hombres aplasta al gobierno de las leyes. Perdimos el porvenir que nos habían trazado los ideales ilustrados. La promesa de democratización que movilizó concien cias y actores políticos y sociales durante la segunda década del siglo xx se presenta como un ideal vaciado de contenido y sobre cargado de expectativas fallidas. Precisamente por eso, me parece, debemos rescatarla. De lo contrario habrá sido una curiosidad his tórica sitiada y derrotada por emergencias reales o engañosas (que pueden ser más peligrosas que las primeras). III Uno de los fenómenos que festejamos hace apenas unas décadas fue la llamada transición a la democracia de los países de Occidente. De alguna manera ésta significó la materialización insti tucional del proyecto impulsado por esa minoría ilustrada que se propuso gritar un “nunca más” a la opresión de la violencia que enfrió las conciencias del hombre en la primera mitad del siglo xx. El propio Huntington planteó con éxito la idea y, después de él, tocó a la ciencia política norteamericana reconstruir la narrativa del proceso. Desde la posguerra hasta la última década de esa cen 33
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turia, en Alemania, Italia y Japón, primero; en España y Portugal, después; en los países latinoamericanos más adelante, y en Europa del Este tras la caída del muro de Berlín, la democracia política avanzó con promisoria firmeza. Eran los años en los que el pasado autoritario y violento había sido abandonado por un presente con vocación transformadora. Ese oleaje democrático, además, avanzó sobre los presupuestos institucionales del constitucionalismo de los derechos humanos y de sus garantías. Dos párrafos del preámbu lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 valen como eje programático de esa agenda que estaba rindiendo frutos: Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ul trajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias […]. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igual dad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Sobre esa base un filósofo como Luigi Ferrajoli habló de un nuevo paradigma y auguró éxito a la democracia constitucional como un modelo de organización estatal, primero, para Occidente y, desde ahí, para el resto de los países del mundo. A este destino se arribaría de la mano de instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacio nal. El ideal kantiano de la Paz Perpetua había cerrado las puertas 34
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al “banco del carnicero” que había sido la historia según la con cepción hegeliana. La paz, la democracia y los derechos humanos se concatenan en ese movimiento histórico que Bobbio –desde su realismo insatisfecho y a pesar de su cautela pesimista– calificó como el único signum prognosticum de su tiempo. Se trataba de toda una agenda ordenadora hacia el futuro, impulsada en su momento por una robusta minoría de pensadores y de actores políticos y sociales, que había decidido hacer suyo ese rechazo al totalitarismo autoritario. Y, aunque la agenda democrática tardó en expandirse –los horrores del terrorismo estatal siguieron vigentes, por ejemplo, en América Latina hasta la última década del siglo xx–, lo cierto es que se fue imponiendo como paradigma de organización política y social. O, al menos, como etiqueta de refe rencia para identificar qué significaba y qué proponía el proyecto político occidental. Sin embargo, algunas décadas después, como efecto avalan cha de los eventos imprevistos, las regresiones tocan a la puerta de la historia. La consolidación de las democracias constitucionales es incierta. No porque existan abiertamente modelos o paradigmas alternativos, sino porque, desde su interior, los Estados que adop taron el modelo democrático y constitucional han fallado en sus promesas: representación, transparencia, igualdad política y social, educación ciudadana, etcétera.21 Se están vaciando desde dentro. De alguna manera –para jugar con la metáfora de Huntington– podemos decir que el oleaje democrático llegó, se expandió, ganó terreno y ahora, como si se tratara de una inercia inevitable, ha comenzado a replegarse. Tal vez se trate –ojalá– de un repliegue pasajero pero, por el momento, está descubriendo parcelas impor tantes del terreno que hasta hace muy poco cubría. Los islotes au toritarios emergen en todas partes. En los países en los que las primeras olas democratizadoras impactaron de lleno están asistien do a un repliegue paulatino, pero cada vez más evidente. Estados 35
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Unidos está cubierto por un halo policiaco que amenaza las liber tades de propios y –sobre todo– de extraños, y Europa respira gases xenofóbicos. Para colmo, las prácticas e instituciones de la democracia están fallando. “No nos representan”, gritaban al unísono los in dignados españoles con un fervor que hacía eco en Grecia y re tumbaba desde la Italia entonces gobernada por Berlusconi hasta las ciudades americanas. De hecho, si observamos con atención, el desgaste norteamericano maduró en los sótanos de la política estadunidense. En ese país la polarización está llegando a niveles sin precedentes. En las grandes democracias primigenias, la re presentación de los ciudadanos –de sus intereses, expectativas, pro yectos– lleva años mostrándose agotada y simulada. Incluso en el plano simbólico. Al mismo tiempo, un autoritarismo de barrio va ganando plazas. Por eso es interesante retomar los dos tipos de minorías que propone María Zambrano y, sobre todo, pensar en la fuerte tensión social que las sostiene. El problema, me parece, es que son menos las voces que piden creatividad y ostentan vocación transfor madora en clave democrática y garantista. O, por lo menos, son más visibles (tal vez por amenazantes) los profetas del pasado y de la violencia. Ahí está el rostro de Anders Behring Breivik –autor de la horrenda masacre en Noruega– como emisario de una agenda de miedo. O el Tea Party americano que ofrece una baraja de lideraz gos –Michele Bachmann, Herman Cain, Rick Perry, Sarah Palin– que proponen un menú de prejuicios e intolerancia a un electora do proclive a secundarlos. Algo similar sucede en nuestras latitudes, en las que la ola de la democratización llegó con menos fuerza y, por lo mismo, apenas alcanzó para arrastrar y remover algunas de las instituciones y de las prácticas autoritarias. Esto vale un poco para toda América Latina –con el riesgo que toda generalización supone– porque los países 36
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de la región son más democráticos que nunca antes en su historia y, sin embargo, la inestabilidad política y las tendencias regresivas son cosa de todos los días. Desde los personalismos carismáticos, el populismo sin partidos, el corporativismo autoritario, la corrupción institucionalizada o las corporaciones depredadoras, en toda la región latinoamericana la democracia está permanentemente cer cada. Lo cual se explica y se agrava –al menos parcialmente– por la desigualdad económica y la discriminación estructural que, por encima de todas las demás, caracteriza a nuestras sociedades. La democracia defraudó a quienes esperaban que, con su arribo, también llegaría la justicia social y, en parte por ello, el dis curso democrático va perdiendo seguidores. En su lugar se ha asen tado un desencanto –cuando no un cinismo indolente– que con vive con los votos y con las instituciones democráticas pero carece de la energía necesaria para defenderlos. Todo ello –vale la pena insistir– va asentado en un contexto de desigualdades y pobreza crecientes. Por ello, al cabo de muy poco tiempo de celebrar su llegada, los latinoamericanos ya hablamos de la “crisis de la demo cracia”; una crisis que pone en duda la viabilidad y consolidación de esa forma de gobierno desde el presente y hacia el futuro. Para colmo, la violencia estructural de nuestras sociedades desiguales y discriminatorias nos está pasando la factura a golpes de violencia cotidiana. Nada que ver con la promesa de la paz social en con textos de libertades iguales para todos que soñaban los promoto res de la democratización. Somos el continente más desigual del mundo y estamos caminando velozmente hacia el primer lugar en violencia. Todo parece indicar que el triángulo entre democracia, po breza y desigualdad22 que inauguramos en América Latina, y que tanto le preocupaba a los organismos internacionales, se está transformado en un cuadrado al que se ha sumado la violencia. Una fórmula que, ahora por el lado del estado de derecho, ame 37
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naza la viabilidad del modelo democrático constitucional e incluso la estabilidad de los Estados. Desde Antigua hasta Managua; desde Juárez hasta Monterrey; desde Tijuana hasta Morelia; desde Acapul co hasta Huixquilucan, la sociedad latinoamericana asiste impávida a una violencia sin escrúpulos y sin freno, una violencia que proviene tanto de las organizaciones criminales como también del Estado, y que se va instalando como una amenaza real en todos los estratos sociales. Ante esa situación aterradora, surge con preocupante fuerza la voz de la minoría reaccionaria que pide mano dura, talión y muerte.23 En contrapartida, desorientados y contra las cuerdas, los defensores de la democracia parecen unos ingenuos, con su agenda de procedimientos, tribunales y derechos. No sabemos hasta dónde llegará el repliegue de las olas democratizadoras en Europa y Norteamérica, pero es un hecho que las dinámicas políticas y sociales de esos países requieren un ajuste urgente. Existe una disyuntiva entre las voces que piden más derechos y más democracia, y los emisarios de las regresiones autoritarias. La lucha por las definiciones se verifica todos los días en muchos frentes: debates académicos, procesos políticos loca les, medidas legislativas, organismos internacionales. Lo que se resuelva en esas latitudes y esferas tendrá influencia en el devenir de la realidad latinoamericana, pero lo cierto es que la magnitud de nuestra crisis parece más profunda. No sólo porque nuestras ins tituciones democráticas y constitucionales son más nuevas y más frágiles, sino también porque nuestras sociedades son mucho más pobres y más desiguales. Si a ello agregamos el elemento de la violencia criminal, tenemos un escenario profundamente incierto. Millones de seres humanos se mecen expectantes y tendrán que optar por refugiarse en la reacción autoritaria o arriesgarse por la senda democrática y libertaria que no atina a generar resulta dos para ganar adeptos.24 De esta magnitud es la crisis de nuestra época. 38
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IV México celebró su transición hacia la democracia con una mecánica exitosa y sin paralelos. Logró institucionalizar la lucha por el poder, organizar los liderazgos en los partidos, crear institucio nes y condiciones para domesticar su competencia, y abrir las com puertas a la alternancia como una expresión de la decisión ciuda dana. Sin embargo, esa transición exitosa encumbró a una clase gobernante miope. En las tres últimas décadas del siglo xx y en los primeros años del xxi, las energías políticas de las diferentes fuerzas sociales –más allá de sus respectivas agendas particulares– se concen traron en el proceso de democratización del país pero no atinaron a trazar un proyecto nacional para el México democrático. El país sí se democratizó –lo cual ha sido y merece ser celebrado– pero siguió operando con un diseño institucional deficiente y sin un proyecto de nación traducido en políticas públicas de largo plazo. De hecho se delegó una parte importante de las definiciones estra tégicas a esa agenda mundial que ahora ha entrado en crisis y no atina a enderezarse. A estas alturas parece existir cierto consenso sobre qué fue lo que sucedió: la transición fue el resultado de un prolongado proceso de negociaciones políticas en el que las oposiciones fueron ganando terreno y presencia en el plano institucional –sobre todo en el Congreso de la Unión– y, desde ahí, impulsaron reformas que, poco a poco, permitieron la alternancia en todos los niveles de gobierno.25 El andamiaje institucional que permitió esta pro funda transformación se materializó, sobre todo, en el ámbito elec toral, y mereció un amplio reconocimiento. El problema es que los resultados –en materia económica, en términos de justicia social y de seguridad jurídica– de ese nuevo sistema político reformado han sido, objetivamente, muy pobres. El impulso transformador de toda una generación se volcó en el caudal electoral y, como era 39
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normal que sucediera, fue perdiendo fuerza. Ello, paradójicamente, sucedió como efecto indirecto de la propia transición: los actores que lucharon por el cambio, con las nuevas reglas, conquistaron los espacios políticos que antes les estaban vedados y que ahora les permitirían competir por el poder y convertirse en gobierno. Con ello, la existencia de una agenda común se fue desdibujando inevita blemente. Ahora desde el poder, cada quien podría impulsar su propio proyecto e imaginar un país a la medida de sus convicciones e intereses. Los políticos de la transición no fueron capaces de cali brar la magnitud de los problemas económicos y sociales pendientes, y resultaron obsesivos al momento de imaginar las fórmulas jurídicas para reacomodarse en las estancias del poder. Tal vez por eso una de sus figuras intelectuales más respeta bles, José Woldenberg, a la vuelta del tiempo decidió intitular uno de sus libros, casi una novela autobiográfica, como El desencanto.26 Un sentimiento de frustración y desengaño que flota un poco en todo el país y que –contra lo que Woldenberg querría– se ha tradu cido en un peligroso discurso antipolítico que amenaza con derri bar las columnas institucionales de nuestra frágil democracia. Día a día aumentan las voces que despotrican igual contra los partidos políticos, los órganos legislativos, los jueces de todos los niveles o, si la coyuntura lo permite y los ánimos lo aconsejan, contra otras instituciones que fueron los frutos discretos y accesorios de la propia transición, como los institutos electorales, las comisiones de dere chos humanos, los institutos de transparencia, etcétera. Se está poniendo en jaque al entramado institucional de la democracia, independientemente de las intenciones genuinas o no de los promotores del discurso, porque no existe sistema de mocrático sin instituciones representativas u órganos de garantía. En contrapartida cada vez son menos –y tienen escasos argumentos que ofrecer– quienes aseguran que la ruta democrática sigue siendo la apuesta correcta y que la defensa de las instituciones es un dis 40
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curso de vanguardia. La confusión llega a ser tal que los defensores de la democracia aparecen como conservadores y los discursos anti institucionales se disfrazan de progresismo. Regresan a mi mente las minorías de María Zambrano. Ago tado el discurso de las minorías creadoras e ilustradas que aposta ron por la democracia e hicieron suyo el discurso de las libertades –al calor de las frustraciones y de las incertidumbres del presente–, emergen las minorías reaccionarias que no pierden oportunidad para golpear las columnas de nuestra frágil democracia. Lo paradójico es que en las filas de estas últimas –las voces de la reacción– militan con frecuencia quienes en su momento im pulsaron a la transición pero que son incapaces de ofrecer solucio nes a los dilemas del presente en clave democrática. Alguien, algún día, deberá hacer una historia crítica de la transición mexicana que ponga la lupa en el comportamiento postransicional de los actores. La traición de algunos los autores de la transición a su propio pro yecto, su falta de compromiso con la continuidad del mismo y su tendencia a reproducir los peores hábitos y vicios de la política autoritaria deben ser estudiados para entender la magnitud de las resistencias que enfrenta la consolidación democrática en México. A nadie sorprende que el autoritarismo sea la opción de quienes lo defendieron en su momento, pero no deja de ser desconcer tante –y, obviamente preocupante– que el proyecto democrático sea abandonado por quienes debieron pasar de sus promotores a sus garantes. Por eso, la defensa de la democracia y de los dere chos como proyecto se ha vuelto una causa a contracorriente: sus detractores siguen firmes, algunos de sus promotores han claudi cado, sus defensores tienen pocos resultados que ostentar y cada vez menos promesas que ofrecer, y, para colmo, las nuevas genera ciones desconocen el pasado autoritario y sólo saben que están inconformes con lo que los rodea. Por todo ello, México, como otros países en el mundo, en 41
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frenta una de esas coyunturas críticas en las que el pasado pesa, el presente agobia, y se disputa la senda del futuro. V Si la democracia es incapaz de brindar las condiciones ne cesarias para que las personas desarrollen un proyecto de vida digno –en condiciones de seguridad y justicia–, tarde o temprano perderá legitimidad. En ese sentido, me parece que podemos sos tener que la esterilidad democrática abona el terreno de los proyec tos autoritarios. Y nunca faltan los pequeños o grandes tiranos que están al acecho de una oportunidad para hacerse del poder. Por ello algunas voces han insistido en que México necesita, como ha sostenido Luis Salazar Carrión, emprender una segunda transfor mación, ahora desde la democracia y hacia una sociedad de dere chos. Esa transformación debe ofrecer respuesta a dos cuestiones fundamentales: cómo lograr que la pluralidad política se siga ex presando y conviviendo, y, a la vez, cómo hacer que México pueda retomar la senda del crecimiento con equidad social. Esto implica orientar las políticas públicas en una direc ción que permita, como objetivo final, superar los enormes reza gos sociales del país, pero desde la senda democrática. Y ello –en el plano de las políticas públicas– supone un despliegue multidisci plinario y plurisectorial: desde la economía hasta la ecología, pa sando por la educación, la cultura y la salud. El reto último –el horizonte ideal– es pasar de una sociedad de privilegios a una de derechos, de una sociedad de clientelas a una de ciudadanos, de una sociedad indecente a una justa y civilizada. Lo cual, con viene decirlo de inmediato, sólo será posible si existe una alineación de intereses y de esfuerzos que, además, pueda desplegarse sobre una normalidad institucional articulada en clave constitucional y democrática. 42
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Ello requiere de normas que reconozcan derechos –como siempre ha sucedido en nuestro país27– pero, sobre todo, de un entramado de instituciones y políticas públicas concretas y eficaces que les brinden garantía. Es en este terreno en el que más ha fallado el México postransicional. Los mexicanos hemos olvidado que lo que hace realidad a un estado constitucional de derecho son –ante todo– las instituciones garantes de los principios que limitan a los poderes (públicos y privados) y que materializan la protección efectiva de los derechos. Las políticas públicas estables son mucho más poderosas que cualquier discurso empapado de retórica hu manista. Lo cual nos ubica en el núcleo temático de este libro: esas políticas sólo pueden rendir frutos si operan en condiciones de normalidad constitucional y escapan a la dinámica autoritaria en la que están inspiradas los estados de excepción presuntamente motivados por coyunturas de emergencia. Una normalidad enten dida, simplemente, como la paulatina adecuación de las prácticas sociales a lo que las normas prescriben. Algo que constituye una condición necesaria –nada más que eso– para la estabilidad de los programas de gobierno. Los rezagos sociales son el principal reto del presente –la desi gualdad es, sin duda, el rostro más ominoso de nuestra realidad–, por lo que de su superación o de su persistencia dependerá el tipo de sociedad que tendremos en el futuro. Sin embargo, en este volu men me he propuesto abordar otra amenaza menos estructural pero también urgente para la consolidación de la democracia: la lógica de la excepción que ha traído consigo la crisis de seguridad. Las voces, iniciativas y movimientos que han comenzado a moverse en esa dirección han encontrado un disparador en la violencia –real y ominosa– que aqueja al país. Miles de muertos víctimas de un enfrentamiento entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad del Estado. En medio existe una sociedad entumida y espantada. Y el miedo es un mal consejero. 43
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Apenas parece necesario subrayar la magnitud del drama humano y social que esta situación ha provocado. Tampoco consi dero necesario aportar datos para demostrar que esta violencia ha generado miedo, desconcierto y desasosiego en la ciudadanía. Lo que sí conviene advertir es que esos sentimientos pueden ser explo tados para impulsar medidas draconianas y suelen ser refractarios a los discursos que insisten en la vía de los procedimientos legales y los derechos humanos de las víctimas y de los victimarios. Las dudas legítimas emergen por doquier: ¿Cómo enfrentar a los grupos cri minales? ¿Estamos ante una situación crítica y excepcional que debe ser enfrentada con medidas también excepcionales? ¿Ha llegado la hora de reconocer que la crisis de seguridad pública se ha conver tido en una crisis de seguridad nacional? ¿El orden y la seguridad justifican la suspensión de los derechos humanos? Y las respuestas se despliegan por rutas bifurcadas. Las minorías de Zambrano se hacen presentes. Algunos pro ponen salidas que buscan refugio en un pasado imaginario –prome tedor y ordenado– que estaba organizado en clave autoritaria pero –supuestamente– ofrecía estabilidad, orden y paz social. Nada que haya existido durante mucho tiempo ni que haya sido la constante del México moderno, pero la evocación de su recuerdo idealizado sirve para conjugar actores que piden mano firme, penas altas y toda la fuerza del Estado –con la ambigüedad que ello supone– contra los criminales. En la confusión esa agenda cohabita con los gobernantes del presente y engendra amenazas venideras. Por lo mismo, en sentido contrario, apenas con cierta timidez, se alzan voces que claman por el derecho, los derechos, los procedimien tos y los jueces. Son voces que siguen comprometidas con la agenda democrática y que aseguran que la salida del túnel sangriento se llama constitucionalismo de los derechos. En ambas direcciones se han desplegado agendas que ofre cen un porvenir muy diferente a los mexicanos. Ambas rutas com 44
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parten un diagnóstico general y se hacen cargo de una crisis, pero una de ellas mira hacia el autoritarismo y la otra voltea insistente mente hacia el constitucionalismo democrático. Lo preocupante es que ambas agendas ya encontraron cabida –mediante una reforma constitucional en 2008 que las enquistó de manera simultánea– en el ordenamiento jurídico mexicano. Esta esquizofrenia constitu cional estará latente a lo largo de todo el libro porque lo que me he propuesto reconstruir es la lógica de la excepción contrastada con la lógica de la normalidad democrática. Mi tesis de fondo es que se trata de lógicas profundamente incompatibles y contradicto rias que, aunque puedan convivir en un ordenamiento constitu cional, encierran proyectos de Estado radicalmente diferentes. Los ejes que conducen a esa disyuntiva tienen matriz clásica –se trata de la vieja tensión entre orden y libertad, entre seguridad y derechos– y ya han aterrizado en México. Como advierte Sergio García Ramírez: Después del aparente predominio –siempre asediado– del sistema penal democrático, hemos caído en una paulatina, evidente y peligrosa dispersión del sistema penal […]. Te nemos y padecemos un derecho penal y procesal penal do ble: el que heredó las mejores tradiciones seculares, los más favorables auspicios filosófico-políticos, y el que comienza a acumular, en su propio patrimonio, los antiguos temores pendientes, los viejos enconos repuestos, los métodos de enten der y hacer justicia […]. Esto sucede en México, desde hace por lo menos dos lustros […], y lo mismo acontece, desde hace tiempo, en el mundo entero.28 He tenido oportunidad de hablar de lo que supuso Guantá namo y del régimen de excepción impulsado por la administración Bush –en Estados Unidos y en el mundo entero– para perseguir (y supuestamente derrotar) al terrorismo. Ese modelo, inspirado 45
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en la lógica del derecho penal máximo y de la excepcionalidad permanente, está anclado en una agenda de seguridad nacional que avanza en México y contrasta radicalmente con la apuesta mo derna del derecho penal mínimo, la presunción de inocencia y los procedimientos criminales como ruta para enfrentar y derrotar a la criminalidad. Ése es el núcleo del debate que enfrentamos y que quedó atrapado en nuestra Constitución: por un lado está la agen da autoritaria del derecho penal del enemigo29 que coloca al po der y al uso de la fuerza por encima del derecho y los derechos, y, por el otro, el derecho penal ilustrado y garantista que apuesta por la prevención, los procedimientos, la oralidad y los derechos humanos. Se trata de dos agendas complejas que –en su lógica y en su sistema– abarcan políticas criminales para enfrentar desafíos muy diversos que van desde la criminalidad ordinaria hasta el crimen organizado e involucran a instituciones de procuración e impartición de justicia, así como al sistema penitenciario. Por lo mismo no pre tendo reconstruirlas en este libro. Lo único que me propongo es evidenciar sus coordenadas generales y su oposición radical para mostrar –de nueva cuenta– la brecha que separa a los proyectos que algunas minorías políticas intelectuales están delineando para el México del mañana. La lógica de la excepción –de la dictadura constitucional, del estado de sitio– contrasta y se enfrenta contra la lógica del constitucionalismo democrático. La primera agenda apuesta o acepta un régimen de excep cionalidad –que en realidad no lo es tanto porque tiende a ser per manente– para enfrentar el desafío de la criminalidad. Esta alter nativa busca potenciar el poder punitivo del Estado por encima de los límites que le impone el paradigma garantista del estado constitucional de derecho y, en última instancia, abre las puertas a la militarización del país. Sus excesos son conocidos: detenciones sin órdenes de aprehensión, medidas cautelares sin los debidos 46
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controles judiciales, arraigos prolongados y otras medidas que constituyen los eslabones cotidianos de esta línea con matriz autori taria. Y no se trata –conviene decirlo de inmediato– de una agenda propia sólo de los actores que se encuentran en posiciones de go bierno (o que aspiran a estarlo), sino que es un proyecto con un arraigo social relevante. Ello no debe sorprendernos pero sí preocuparnos. En la historia de muchas regresiones autoritarias, los llamados a la mano dura han sido una triste constante por parte de las clases medias y de quienes sucumben intelectualmente ante el desconcierto. En México, algunos de los líderes sociales del movimiento de vícti mas de la delincuencia militan en este lado de la agenda. Esas vo ces y las de los políticos que las representan –desde el gobierno y también desde diversas fuerzas políticas opositoras– forman una amalgama en la que se entrelazan, por un lado, la indignación y el miedo, y, por el otro, la convicción autoritaria. En la otra vertiente se ubica la ruta trazada por quienes defien den el derecho penal como la ruta para enfrentar el desafío de la violencia. Sus ejes programáticos contrastan frontalmente con el proyecto anterior: la presunción de inocencia, los controles judicia les, la oralidad en los procesos, la tipificación unificada de los de litos, la profesionalización de las policías, etcétera. La prevención e investigación como regla; el castigo penal como excepción. Toda una agenda que también tiene un nicho constitucional y que se vio coronada en junio de 2011 por otra reforma en materia de dere chos humanos. La máxima detrás de esta agenda resulta ingenua a los ojos de los promotores de la excepción –a los enemigos del derecho se les debe combatir con más derecho y más derechos– y encuentra poco eco en los ánimos inflamados de una sociedad lastimada y asustada. Limitar el poder, vincularlo, someterlo a la fuerza del derecho no empata bien con las urgencias de las balas, los secuestros y los muertos. 47
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La disyuntiva es radical y, como intentaré demostrar en este ensayo, no existe mediación posible. Se trata, sin exagerar, de dos con cepciones del mundo social diametralmente opuestas en las que las variables del orden y la seguridad, por una parte, y los derechos y las libertades, por la otra, se acomodan y jerarquizan de manera invertida. Para la agenda autoritaria el orden es un valor que des vincula el poder punitivo del Estado de los límites que le imponen los principios jurídicos, los derechos humanos y las instituciones liberales (típicamente la separación de los poderes); para la agenda constitucionalista la libertad es el valor que ofrece legitimidad a todo el sistema estatal y, por lo mismo, debe ser el primero que debe salvaguardarse mediante una protección normativa e institucional rigurosa. VI No se trata de una disyuntiva nueva ni exclusivamente nues tra. Faltaba más. De hecho, es la que tuvo que encarar el primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, después del horror que costó la vida a setenta y siete personas por la locura del odio y la violencia. Y, cuando se trató de rendirles tributo, sostuvo convencido algo que, a mí, me convence: Debemos enfrentar el odio con argumentos. […] Debemos oponernos a quienes quieren echar mano de la violencia. Debemos enfrentarlos con las armas de la democracia […]. Nuestra tarea es procurar seguridad. La buena preparación es necesaria. Las policías en las calles también. Controles. Simulacros. Equipo. Necesitamos todo esto. Pero necesitamos algo todavía más importante. Te necesi tamos a ti. Independientemente de dónde vivas, indepen dientemente de cuál sea tu Dios. Cada uno de nosotros pue de asumir la responsabilidad. Cada uno de nosotros puede 48
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defender la libertad. Juntos haremos una cadena irrompi ble de solidaridad, democracia y seguridad. Ésa es nuestra defensa contra la violencia.30 Sus palabras pueden ser un buen punto de partida para retomar el rumbo de nuestra transición descarrilada. En México y ahora.
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