Diálogo No. 3 "Nuestra democracia y sus instituciones" by Editorial de Ciencias Sociales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Cuarta Época

No.3

diálogo Guatemala, 11 de mayo de 2014

Nuestra democracia y sus instituciones

Foto: Hugo de León Pérez

“Una mirada a las instituciones públicas que tenemos”, Edgar Gutiérrez – “Apertura democrática, actores armados y descentralización”, Matilde González –“La trampa del reformismo”, Julio Donis “Los controles democráticos en la Constitución Política de la República”, Catalina Soberanis – FLACSO en la academia – Agenda académica – Reseña – Novedades en Editorial de Ciencias Sociales.

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NOTA EDITORIAL

stimada lectora, estimado lector: La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Guatemala, tiene el gusto de hacer entrega del tercer número de diálogo (cuarta época), dedicado, en esta ocasión, a problematizar el alcance y los límites de las instituciones que, en principio, deberían sustentar y garantizar la democracia guatemalteca. La porosidad y fragilidad del Estado constitucional en Guatemala han sido ampliamente señaladas (véase, por ejemplo, Briscoe, 2009). Existe consenso en que ellas contribuyen a generar desconfianza en las instituciones y, en consecuencia, a reforzar tendencias au-

toritarias entre la población, que no encuentra respuesta a las demandas que, con niveles variables de éxito, intenta articular mediante canales democráticos. En estas páginas se abordan cuatro facetas de esta debilidad. El artículo de Edgar Gutiérrez analiza el proceso de erosión de la burocracia profesional en el país y sus efectos nocivos para el manejo de los recursos públicos. Por su parte, Julio Donis discute la superficialidad de las instituciones de la democracia en Guatemala y la ineficacia de la reforma política ante la problemática más profunda de la desigualdad económica y la disparidad de poder entre los sectores sociales. Los órganos de control y sus falencias son el tema de la contribución de Catalina Soberanis; al tiempo que el

artículo de Matilde González cuestiona la descentralización como panacea democrática y de buena gobernanza en el contexto guatemalteco. La discusión sobre estos temas es, sin duda, mucho más amplia de lo que aquí logramos plasmar. No obstante, ofrecemos estas páginas, cuya lectura deseamos despierte su interés, con la convicción de estar contribuyendo a un debate necesario, impostergable y fundamental para el presente y el futuro de Guatemala. Beatriz Zepeda Directora FLACSO-Guatemala

Una mirada a las instituciones públicas que tenemos

n los últimos 30 años Guatemala ha tenido al menos dos ventanas de oportunidad para reedificar sus instituciones públicas. La primera fue con la Constitución de 1985, que perfilaba un Estado garante de los derechos civiles, políticos y sociales. Una nueva oportunidad se dio con los Acuerdos de Paz, suscritos en diciembre de 1996 y llamados a ser una suerte de segunda Carta Magna, que delinearon unas instituciones abiertas a la sociedad pluriétnica y multicultural, descentralizadas, plenamente democráticas y sujetas a controles. Ambas ventanas de oportunidad se frustraron y ahora tenemos un conjunto de instituciones estatales que, en febrero de 2014, durante una reunión con centros académicos, un alto funcionario de Gobierno calificó como “entre malas y peores”, por su pobre desempeño. La primera oportunidad de fortalecimiento institucional se perdió durante la extensa disputa entre partidos que asumían por primera vez la conducción del Gobierno y un aparato militar obstinado en tutelar el Estado por razones de seguridad nacional. Esa disputa se resolvió –o se disolvió– en parte con los Acuerdos de Paz, pero en una etapa en que la agenda de reformas era dictada por el Consenso de Washington, extraviando así la segunda

Edgar Gutiérrez

oportunidad de recuperar las instituciones. De una inflación militar del aparato público pasamos a una privatización atroz. Ambas transiciones –del autoritarismo a la democracia y de la guerra a la paz– tuvieron como común denominador la progresiva degradación del aparato público. Desde mediados del Siglo XX, el sector público fue importante como mecanismo de ascenso social de las clases medias urbanas de la capital y las provincias. El ingreso al ejército, el magisterio o una plaza en las instituciones de gobierno era sinónimo de estabilidad laboral y carrera, abriendo una expectativa de mayores posibilidades de movilidad social para la siguiente generación, incluyendo la formación de ahorro. Los viejos habitantes de centros urbanos añoran la calidad de las escuelas y hospitales públicos de mediados del siglo XX, una etapa en la que el régimen

económico demandaba una burocracia civil relativamente pequeña y centralizada, y una burocracia militar más extendida en el territorio y eficaz en la contención social. Entre 1944 y 1978 hubo intentos de promover una tecnocracia por mérito e instalar capacidades públicas de planificación del desarrollo económico, tecnológico y urbanístico, pero no tuvieron mucho vuelo. En general, la burocracia siguió ingresando al servicio público por conexiones políticas y familiares insertándose en las densas redes informales del sector público. Con el nuevo modelo económico, a partir de la década de 1990, ese perfil institucional se fue modificando. La crítica generalizada por el carácter excluyente (según estrato social, pertenencia étnica y asentamiento geográfico) de los servicios públicos, las frecuentes prácticas corruptas –convertidas durante la democracia en escándalo mediático–

1 Cuando ciertas corporaciones colocan a sus directivos y gerentes en cargos públicos –especialmente en el gabinete económico, o en cargos menos visibles pero estratégicos como el Registro Mercantil y de la Propiedad, la Superintendencia de Bancos y de Telecomunicaciones, sat, inde, portuarias etc.– ganan derecho de picaporte e información privilegiada, pues sus funcionarios reciben de ellas la parte fundamental de sus ingresos y aspiran a reinsertarse al concluir su gestión pública.

La burocracia tradicional no desapareció, pero perdió centralidad y su crecimiento fue vegetativo; los recursos frescos se destinaron a las formas operativas de intervención. La precariedad financiera del Estado se volvió crónica: las reformas fiscales nunca fueron sostenibles y los patrones de elusión tributaria quedaron básicamente intactos. Esa debilidad del poder tributario también se volvió un negocio con la devolución del IVA a las exportaciones y la adictiva colocación de deuda pública con onerosas tasas de interés. La reforma del servicio público se postergó una y otra vez2 y los impulsos mo-

dernizadores ocurrieron como superposiciones sin permanencia. La clasificación presupuestaria de los empleados refleja la situación: la burocracia permanente (011) quedó rezagada; una burocracia semipermanente (022) obtiene el doble o triple de la paga, pero no todas las prestaciones ni estabilidad al cabo de un año calendario, y una nueva burocracia ocasional calificada como de confianza (029) de los altos mandos institucionales tiene contratos temporales sin pasivo laboral y 2 Desde hace más de una década se acumularon en distintas instancias del Congreso unas seis iniciativas de Ley de Servicio Civil. De su lado, la Oficina Nacional de Servicio Civil no ha contado con un inventario completo de empleados públicos, que, estima, ascienden a “entre 200 mil y 220 mil”.

bajo supervisión exclusiva de sus contratistas, pero con honorarios líquidos 10 a 20 veces más altos que los funcionarios permanentes.3 No obstante que las nuevas burocracias tienen mandos de dirección e ingresos por encima de la tradicional, es ésta la que está comprometida con los procesos institucionales. Por ejemplo, la responsabilidad de cuentadancia y los delicados procesos de adquisiciones de bienes y servicios.4 Para ganar agilidad en las inversiones y desburocratizar los procesos de decisiones, el propio Estado ideó fórmulas discrecionales –algunas de dudosa legalidad, como los fideicomisos y los convenios de administración con ong y organismos internacionales– de ejecución del gasto. La agilidad del proceso consiste en evadir la anacrónica Ley de Contrataciones, pero la discrecionalidad en la asignación de obras y recursos vuelve opaco el sistema (conflictos de interés, sobornos y comisiones ilícitas) y frecuentes incumplimientos de contrato, obras y servicios deficientes. No existen procedimientos para evaluar la calidad de ese tipo de gasto, sin embargo, cerca de 40 % del gasto público total es susceptible del poder discrecional de los funcionarios.5 En resumen, instituciones con procesos frágiles, sin carrera profesional y una débil base financiera, además regidas por normas de negocios inadecuadas y en un ambiente de inflación criminal, se convierten en presa fácil del clientelismo político que provoca constantes cortocircuitos en la carrera burocrática y en las políticas, orientando al conjunto de las instituciones hacia el reforzamiento del patrimonialismo. De ahí que las reformas de las instituciones que tenemos, pasan por tres áreas: servicio civil, contrataciones y régimen fiscal. Pero como todo ello depende del Congreso y el Ejecutivo, es premisa del cambio la alteración del orden político establecido. 3 Hay una cuarta categoría de funcionarios que pertenecen a los programas internacionales, cuyos salarios se tasan en dólares y son, con mucho (dos o tres veces), superiores a los de los propios ministros, gerentes o directores de los organismos públicos. 4 Las juntas de compras y contrataciones deciden gastos a veces millonarios, y los funcionarios que las integran ganan apenas Q3,500 – Q4,500 mensuales. Esas desproporciones, en un marco de bajos estímulos al personal, también crean un caldo de cultivo para prácticas corruptas. 5 Acción Ciudadana/Fundación DESC. Poder discrecional y corrupción en Guatemala. Claves para ganar transparencia. Guatemala, marzo 2006.

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y la baja eficacia del funcionariado, encontró una poderosa caja de resonancia en las escuelas neoliberales en auge. Las instituciones públicas quedaron sitiadas por el bombardeo ideológico neoliberal y perdieron el atractivo de los tecnócratas –“los corruptos y quienes no pueden competir en el mercado, van al Gobierno”– y las empresas captaron a los cuadros mejor calificados: buena paga, expectativas de ascenso y prestigio social (pudiendo prestar voluntariado social en fundaciones y patronatos).1 En ese contexto, y de la mano de los organismos financieros internacionales, ocurrió el desmantelamiento del sector público agrícola, de las redes de promotores rurales de salud y de la banca de desarrollo, que sufrió el jaque cuando la reforma de la Constitución de 1994 le quitó la capacidad de financiamiento público al banco central. Por otro lado, los técnicos del Estado encontraron rentable promover sus propias empresas de asesoría a pequeños productores, mientras recibían subsidios de la cooperación y trasladaban progresivamente (en plazos cuatrienales) los costos a sus clientes. En los campos de educación y salud ampliaron la cobertura invitando a las ong y entidades privadas como prestadores de servicios. En el contexto de la seguridad ocurrió una privatización brutal: los cuerpos de la contrainsurgencia desmantelados con los Acuerdos de Paz pasaron, en gran medida, a constituir empresas de seguridad con escasa regulación, que ahora multiplican por cinco el número de agentes de policía.

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La trampa del reformismo Julio Donis consumismomeil@gmail.com

e Rubén Darío es la frase “cuando la patria es chica, uno grande la sueña”. El ciudadano aún no sabe que no lo es y sueña apenas con derechos, para cuya garantía el Estado tampoco ha desarrollado legitimidad; es la parodia en la que todos actuamos sin plena conciencia. En tal sentido resulta adecuado reflexionar sobre la conformación histórica de la arquitectura del Estado guatemalteco, para poner en el justo relieve los límites de su democracia. Normalmente el desarrollo de patria se basa en la noción de lo nacional como construcción social e ideológica, lo cual a su vez se condensa en la identidad, que luego se vuelve identidad nacional. Este país de débiles y confusos referentes históricos, está marcado por el trauma de la colonización que ocasionó la distorsión de la memoria inicial. A partir de allí, la edificación de la identidad fue permeada por la hegemonía del criollo, y un determinado tipo de organización social, económica y política se puso en marcha. La fundación de la nación se hizo utilizando los ropajes de la época, influida por la expansión del ideario liberal de la revolución francesa; sin embargo la doble moral se instituyó desde la suscripción del acta de independencia. Debajo del estilizado traje de aspiración burguesa liberal se mantuvieron las prendas interiores del trabajo forzoso y la acumulación de un estado colonial (Paz, 2002). Esa contradicción se reflejó en el desarrollo de la agricultura cafetalera que nos insertó en el mercado mundial en el siglo XIX sobre la base de relaciones serviles del trabajo. A partir de esas características primigenias, se colocaron otros ladrillos en las estructuras de lo que estaba llamado a ser el Estado democrático de Guatemala. El camino nos condujo por empedrados y oscuros parajes que nunca nos permitirían alcanzar las autopistas del desarrollo. El sueño se volvió pesadilla y al despertar, los que pudieron, encontraron desolación y despojo. Para cuando Guatemala empezó a reconstruir su andamiaje democrático institucional en la última parte del siglo pasado, en el mundo ya se conducía aceleradamente por las autopistas de la masificación del consumo global y la política había perdido su lugar. La Constitución y las instituciones de la democracia del 85 nacieron con el apellido de sus autores hegemónicos y

vencedores. El nuevo orden republicano sería contrainsurgente, conservador, laico Dios mediante y corporativizado. Aunque estaban puestas las bases para la participación social, la contradicción se volvería perversión y el Estado mostraría su porosidad. Se diseñaron y elaboraron Constitución, leyes y normas para garantizar instituciones democráticas fuertes y la relación entre el Estado (de derecho) y las personas (ciudadanos); sin embargo eso

suponía individuos capaces de interactuar con las instituciones estatales, y por lo tanto, ciudadanos que hubieran desarrollado capacidades para convertirse en un sujetos, al menos, letrados. Como ya sabemos, la historia de este país da cuenta más bien de procesos de des ciudadanización de grupos de población, especialmente conglomerados que tienen en común el rostro indígena. Como las leyes no resolvieron, se hicieron más leyes que tampoco resolvieron; entonces se echó mano del recurso de reforma al marco político institucional y la caída en la trampa fue inevitable.

Una reforma no cambia la realidad de la estructura política. La reforma del sistema electoral apenas ha logrado un efecto de c o n s e r v a r,

ajustar o modificar las relaciones entre los partidos políticos o entre el sistema político y la ciudadanía, pues sus decisores son objeto y sujeto al mismo tiempo. El sueño por la patria grande expresado en la Constitución Política (título I, Capítulo único) sobre la protección a la persona y el derecho a la vida sigue pendiente de cumplirse. La reforma del Estado es un esfuerzo ocioso si sus objetos, que son las personas, se mantienen miserables.

Los controles democráticos en la Constitución Política de la República Catalina Soberanis En la Corte de Constitucionalidad, la judicialización de la política ha conducido a que se erija en árbitro de muchos procesos que no necesariamente deberían llegar hasta este alto tribunal y sus decisiones han sido cuestionadas, considerando que responden a presiones de determinados grupos de poder; el Tribunal Supremo Electoral ya no es “supremo”, pues sus decisiones son impugnables ante tribunales de justicia ordinaria y ante la Corte de Constitucionalidad. Cada Procurador de los Derechos Humanos ha dado diferente orientación a su gestión y si se comparan las actuaciones de quienes hasta ahora han ejercido este cargo, no parece claro hasta qué punto se apegan a la letra y al espíritu de lo establecido en la Constitución Política de la República. No está plenamente garantizada la autonomía e independencia de la Con-

traloría General de Cuentas y, como ha podido observarse en el proceso de designación de Fiscal General, la proliferación de universidades que crean facultades de Derecho para poder integrar las comisiones de postulación refleja el interés de los grupos de presión por colocar a una persona afín en este cargo de importancia estratégica para la lucha contra la impunidad. Además, no se percibe que exista la voluntad política para el fortalecimiento institucional y presupuestario de ninguna de las instituciones mencionadas, de manera que puedan ejercer con mayor efectividad los controles democráticos que les corresponden.

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na de las grandes innovaciones de la Constitución Política de la República, aprobada en 1985, fue la creación de nuevas instituciones que debían fortalecer el equilibrio de poderes, los sistemas de pesos y contrapesos entre los órganos del Estado y la vigencia efectiva del Estado de derecho, elementos esenciales en la democracia. Tal es el caso de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Procurador de los Derechos Humanos, mientras otros órganos de control establecidos en anteriores textos constitucionales, como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, mantuvieron su status constitucional, aunque el primero sufrió modificaciones en una posterior reforma, separándose las funciones del Fiscal General de las del Procurador General de la Nación. La Corte de Constitucionalidad ejerce las funciones de defensa del orden constitucional controlando los actos del poder público, en defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía; el Tribunal Supremo Electoral está encargado de organizar procesos electorales libres y transparentes; y el Procurador de los Derechos Humanos, como Magistrado de Conciencia, debe promover los derechos humanos y actuar ante cualquier violación a los mismos. Como puede observarse, las tres instituciones nuevas se crearon para evitar el abuso de poder, el fraude electoral y la violación sistemática de los derechos humanos, que habían caracterizado a las dictaduras en períodos precedentes. En el sistema de elección también se trató de generar ciertos equilibrios, aunque con un protagonismo mayor del Congreso de la República. Y, en cuanto al Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, se pensaba que el filtro de las comisiones de postulación garantizaría la designación de las personas más idóneas y aptas para ejercer tan delicadas funciones e independencia en su gestión. Sin embargo, todo este andamiaje institucional no ha logrado impedir que los poderes fácticos del país y otros intereses sectoriales se posicionen, ejerzan presión e incidan en la integración, el funcionamiento y las decisiones de las entidades mencionadas.

Apertura democrática, actores armados y descentralización M G

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urante varios lustros el optimismo en el proceso de transición democrática nos impidió observar qué tipo de Estado se fue modelando a partir de una larga historia de conflicto armado, militarización y violencia, en la que las fuerzas armadas se constituyeron en un actor protagónico del rediseño estatal. El énfasis analítico en la democracia, las contiendas electorales y los partidos políticos, combinado con una lectura romántica del proceso de descentralización y el poder local, nos impidió observar cómo se produjo el reacomodo del poder militar y (para) militar durante la apertura democrática y la implementación de las políticas de Reforma del Estado, cuyo énfasis eran la privatización, la descentralización y la tercerización de la institucionalidad estatal. Una mirada más atenta a las trayectorias políticas de aquellos actores que ocuparon los espacios más importantes de la institucionalidad estatal descentralizada nos permite observar que durante este período los cuadros más destacados de la contrainsurgencia se incorporaron en el corazón mismo del Estado desde el espacio local y regional. Durante esta coyuntura, en el nororiente de Guatemala –como en muchos otros territorios del país– se produjo un reacomodo de poder entre los viejos militantes anticomunistas –que perdieron autoridad durante el gobierno de facto del general Ríos Montt y el gobierno de la Democracia Cristiana (dc)– y aquellos exmiembros de las fuerzas armadas que se vincularon a los nuevos partidos políticos (primero dc y luego el Frente Republicano Guatemalteco (frg), la Unidad Nacional de la Esperanza (une), la Gran Alianza Nacional (gana), el Partido Patriota (pp) y/o comités cívicos, y empezaron a ocupar importantes espacios de poder en la región. El gobierno de la Democracia Cristiana supuso para ellos la posibilidad de participar con camiseta

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mgonzalez2@flacso.edu.gt

de civil en la contienda electoral de sus regiones de origen. Además, el éxito de su campaña política podía asegurarse gracias al respaldo de sus superiores y a la posibilidad de aprovechar la red de relaciones tejidas por el Ejército a través de sus estructuras militares y paramilitares: especialistas de inteligencia, comisionados militares, patrulleros de autodefensa civil y exsoldados. Examinando más de cerca las trayectorias político-militares que siguieron los cuadros más destacados del Ejército y sus estructuras paralelas, tanto a nivel de la

cúpula como de los mandos medios, el caso de Guatemala nos lleva a repensar las cuestiones tradicionales de cómo puede un ejército acomodarse a las nuevas instituciones de gobierno civil y hasta qué grado se logra la desmilitarización, si es este mismo ejército el que “prepara el ambiente” para las elecciones mediante la “pacificación” e introduce la seguridad del Estado en la Constitución y en la presidencia, con poca protección de los derechos humanos (Schirmer, 1999:423). Aquí el asunto a evaluar no era cuándo

se iba a lograr que los militares regresaran a los cuarteles, que dejaran el poder o que se sometieran al gobierno civil, sino más bien, hasta qué punto habían sido capaces de borrar el guión que une la relación civil-militar, con la total colaboración, si no la complicidad, de los partidos políticos, presidentes, gobernadores, diputados y alcaldes. Al revisar la literatura acerca de la reforma del Estado en Guatemala, producida en los años 90, parecería que el entusiasmo por las políticas de descentralización y la formación de los nuevos Consejos de Desarrollo se asentó en una perspectiva binaria que identificó al Estado central como violento, ineficiente, despilfarrador y corrupto, en oposición a un poder local democrático, cercano a los ciudadanos y pertinente culturalmente, ignorando así las trayectorias políticas de aquellos actores que se harían cargo de la institucionalidad descentralizada. Asimismo, se ignoraron los profundos legados de la guerra y la cultura clandestina e impune que se fue modelando tras largos años de regímenes militares en esos mismos espacios locales. Los fracasos, deficiencias o anomalías que ahora se imputan a las entidades descentralizadas del Estado responden a la aplicación generalizada de fórmulas de reforma estatal que pasaron por alto los procesos sociales que modelaron la cultura y formas de entender lo político de aquellos actores que hoy se mueven en la institucionalidad estatal descentralizada a escala local/regional o nacional. De igual modo, el esquema organizativo de estas “nuevas” estructuras de gobierno se aplicó indistintamente, sin observar las formas diferenciadas que adquirió el Estado en los diferentes territorios que conforman la actual geografía de la violencia, resultando todo ello, en nuevos cacicazgos y formas sui generis de dictadura local.

Flacso en la Academia Tercer encuentro general de instituciones de educación superior socias del MISEAL

Exposición fotográfica sobre migración en el Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón

El 25 de abril fue inaugurada la muestra fotográfica “Del Golfo al Pacífico”, que tiene como fuente el banco de imágenes históricas recopiladas por El Colegio de la Frontera Norte, México. Dicha exposición permanecerá dos meses para dar a conocer esta realidad común en la región. En el acto de inauguración participaron el Embajador de México, señor Carlos Tirado, el presidente de El COLEF, Tonatiuh Guillén, Marcel Arévalo, coordinador del programa de pobreza y migración de FLACSOGuatemala, quienes en sus intervenciones se refirieron al contexto histórico, problemáticas, desafíos y perspectivas del desarrollo regional en la zona fronteriza México-Guatemala.

Curso “Igualdad de género, justicia y políticas públicas: aportes metodológicos para el trabajo en el Estado”

Foros: “Los desafíos del sistema de justicia en Guatemala”

FLACSO, en coordinación con la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la asociación Juristas por Guatemala (JG) impulsa desde abril pasado una serie de foros académicos que buscan revisar los avances y carencias que De izquierda a derecha: Licda. Iris Portillo, MA Walda Barrios, presenta el sistema judicial guatemalDra. Beatriz Zepeda, Dr. Alejandro Rodríguez y Dr. Yuri Melini. teco. La revisión se ha reforzado con reflexiones desde varias disciplinas de las ciencias sociales, con insumos originados en la perspectiva de diferentes usuarios y usuarias del sistema. De esta cuenta, el miércoles 9 de abril se presentó el foro “El acceso a la justicia para grupos vulnerabilizados”, con los subtemas “Niñez y adolescencia”, “Mujeres” y “Pueblos indígenas”; el jueves 24 de abril se desarrolló el tema “La necesidad de la modernización de la justicia para la protección de derechos”, con el subtema “La modernización de la justicia laboral”; el 7 de mayo el tema desarrollado fue “Los rostros de la impunidad”. La coordinación general ha estado a cargo de Luis Raúl Salvadó, coordinador del Programa de estudios sobre derechos humanos.

Foro: Guatemala: Historia reciente (1954-1996)

En la foto aparecen la Dra. Matilde González, Dr. Carlos Figueroa Ibarra, Dra. Beatriz Zepeda, y el Diputado Amílcar Pop.

Con el objetivo de profundizar la discusión en torno a la historia reciente de Guatemala, del 29 al 30 de abril tuvo lugar en las instalaciones de FLACSO el foro “Guatemala: Historia reciente (1954-1996). Organizado alrededor de cinco mesas de discusión: “Proceso político y antagonismo social”, “La dimensión revolucionaria”, “Pueblos indígenas, actores políticos”, “La negociación de la paz”, y “Cultura y arte en un país en conflicto”, se produjeron reflexiones importantes acerca de las últimas décadas de la historia nacional, así como una agenda de futuras investigaciones para contribuir al conocimiento de la realidad social del parís.

En la foto, de izquierda a derecha, Dra. Ana Silvia Monzón, Coordinadora del curso, Dra. Claudia Paz y Paz, Fiscal General, y Dra. Beatriz Zepeda, Directora de FLACSO-Guatemala.

Este curso fue impartido por el Programa de Estudios de Género y Feminismo del 11 de marzo al 29 de abril, dirigido a personal de jefaturas administrativas del Ministerio Público y responde a los ejes de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres que ese Ministerio aprobó recientemente. Se enmarca en las líneas de formación que ofrece FLACSO-Guatemala, bajo la coordinación de la Dra. Ana Silvia Monzón y de las maestras Ana Lucía Ramazzini, Marcela Dubón y Patricia Galicia.

FLACSO-Guatemala en taller del Comité Consultivo de la Iniciativa Nansen

Marcel Arévalo, coordinador del programa de pobreza y migración de FLACSO participó en el Taller, organizado por el Consejo Consultivo de la Iniciativa Nansen, que tuvo lugar en BogisBossey, Suiza, el 14 y 15 de abril.

Este encuentro tuvo lugar en la Universidad de Campinas, São Paulo, Brasil, el 2 de abril, y dio inicio con la mesa redonda “Inclusión social y postgrados”. Coincidieron en dicha reunión cinco sedes de FLACSO: Brasil, Ecuador, Chile, Guatemala y Uruguay. En este marco se realizó un foro sobre las líneas de investigación que integrarán el proyecto piloto de formación en Inclusión, interseccionalidad y equidad. En las jornadas siguientes se presentarán las normativas, el observatorio y demás avances del proyecto MISEAL. La mesa redonda (foto) estuv integrada por André Lazaro FLACSO-Brasil, Cecilia Sardenberg U., de Bahía, Vera Soares, Secretaría de Políticas para las Mujeres, Maria Concienzao Da Costa, UNICAM.

AGENDA ACADÉMICA FLACSO

RESEÑA

Fecha/hora Figueroa Ibarra, Carlos, Tischler Visquerra, Sergio, 14 de mayo; Taracena Arriola, Arturo, 16:30 horas Álvarez Aragón, Virgilio y Urrutia, Edmundo (eds.), 22 de mayo; Guatemala: Historia reciente (1954-1996). Cul- 17:00 horas tura y arte en un país en conflicto, Tomo V, Guatemala, FLACSO, 2013. 27 de mayo; 17:00 horas

Actividad

Lugar

Foro: “El gobierno judicial: Evaluación de desempeño.Responsabilidad de jueces y magistrados.” Información: lrsalvado@flacso.edu.gt

FLACSO-Guatemala

Conversatorio: “Las ciencias sociales en América Latina contemporánea: respuestas ante el agotamiento de modelos”. Participan: Adrián Bonilla, Secretarío General de FLACSO, Jorge Mora, Director de FLACSO-Costa Rica, y Ángel Flisfich, Director de FLACSO-Chile, Modera: Beatriz Zepeda, Directora de FLACSO-Guatemala

FLACSO-Guatemala

Foro: “Sobre el proceso de elección para la Corte Suprema de Justicia en Guatemala”. –Mesa redonda– Información: lrsalvado@flacso.edu.gt

En un país vasto, rico y diverso en expresiones culturales que siempre se han desarrollado en un ámbito de conflicto, escribir la historia cultural de Guatemala sigue siendo una tarea primordial. El estudio de 30 de mayo; Conferencia: “Cerebro y sociedad: la relación las prácticas y representaciones culturales construidas 17:00 horas entre las estructuras culturales y las redes neuropor una colectividad sobre sí misma y sus relaciones nales” con su entorno, permite comprender la construcción y Conferencista: Roger Batra disposición de sus propias relaciones sociales. Aunque en las últimas décadas se han hecho algunos esfuerzos por reseñar y comprender la construcción del campo cultural en el país, este volumen de la colección sobre historia reciente de Guatemala emprendida por FLACSO se constituye en un esfuerzo de sistematización de mayor alcance sobre su desarrollo durante el siglo XX. Con contribuciones de Mario Roberto Morales y Francisco Albizúrez Palma, en las que se analizan las relaciones entre la literatura y el contexto histórico desde la década de los cincuenta, se proponen nuevos puntos de vista sobre la literatura como práctica escritural, estética y política interpretada desde distintas propuestas de periodización. Los trabajos de José Antonio Móbil, Edgar Barillas, Jorge Hugo Carrillo Padilla y Jorge Sierra Marroquín ofrecen un amplio recorrido por los procesos de producción cultural en la plástica, el cine, el teatro y la música desde el año 1954, aportando no solamente informaciones novedosas, sino itinerarios de investigación que referirán estudios posteriores de mayor aliento. El libro finaliza con un ensayo de Ana Patricia Borrayo sobre el discurso femenino en el periodismo nacional, indudablemente uno de los primeros campos de expresión política del movimiento de mujeres en el país.

FLACSO-Guatemala

Centro Cultural Mexicano

José Edgardo Cal Montoya Profesor Titular de Historiografía de Guatemala Universidad de San Carlos de Guatemala

FORMACIÓN DE CIENTISTAS SOCIALES DE EXCELENCIA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE POSGRADOS FLACSO MAESTRÍAS 2014-2016 Maestría en desarrollo rural Licerio Camey Huz: kamey@flacso.edu.gt

Maestría en estudios culturales latinoamericanos Maite Andicoechea: mandicoechea@flacso.edu.gt Maestría en políticas públicas Jorge Calvo: jcalvo@flacso.edu.gt

Maestría en relaciones internacionales vgil@flacso.edu.gt ESPECIALIZACIONES 2014-2015

Políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos jose.miranda@flacso.edu.gt

Migración, desarrollo y derechos humanos atobar@flacso.edu.gt

NOVEDAD EDITORIAL Torres-Rivas, Edelberto La piel de Centroamérica Editorial de Ciencias Sociales-FLACSO ISBN: 978-9929-585-30-0 236 págs. Esta obra tiene como objeto la descripción de datos históricos, y está apoyada en una intención revisionista. Considera el papel social de la historia como disciplina científica, y su enseñanza y debate como forjadores de identidades. En esta segunda edición, el autor, ha actualizado completamente el contenido, para brindar una síntesis interpretativa de sociología e historia aplicada a la Centroamérica contemporánea.

Publicación bimestral de FLACSO-Guatemala Directora: Dra. Beatriz Zepeda Consejo editorial: MSc. Marcel Arévalo • Lic. Hugo Leonel de León • Dra. Ana Silvia Monzón • MSc.Luis Raúl Salvadó PBX (502) 2414 7444 - flacsoguate.edu.gt - http:www.flacso.edu.gt Se autoriza su reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente.