una pérdida en la calidad de vida de las personas y en una menor productividad laboral que trastorna el crecimiento del PIB per-cápita (Ray, 1998). Este bajo nivel de riqueza dificulta por completo tomar buenas decisiones educativas, además de que está condicionado por las fallas estructurales presentes en todo sistema crediticio. Esto obedece a que no existen garantías suficientes por parte de las entidades financieras de que el prestatario que invirtió el dinero en educarse pueda responder adecuadamente con sus deudas5, de manera que los más pobres deben financiar sus decisiones educativas, de formación y de capacitación, con sus ahorros o con la poca riqueza que poseen, frenando así, las posibilidades de un posterior desarrollo íntegro para ellos y sus familias (Fuente & Rocha, 1996). Una de las tantas razones por las que se apoya a la educación como motor de crecimiento y desarrollo integral, es que el sistema educativo provee la capacitación, formación y calificación de la mano de obra futura que requerirá el sistema económico (Posada & Tamayo, 2008). A la vez, constituye un foco importante en la elaboración e institucionalización de un sistema de valores y actitudes favorables al desenvolvimiento del desarrollo y de las transformaciones que lo acompañan (Posada, 1995). La formación académica y de recursos humanos, condiciona en parte el acceso al empleo, a las posibilidades de retenerlo, y determina en parte, el ingreso laboral con que se pueda contar, las expectativas de empleo y otro conjunto de factores complejos que afectan la distribución salarial de la población en general (Bula, 2009). Por otro lado, el sistema educativo también tiene influencias indirectas vistas en la reducción de fertilidad y consiguiente reducción del crecimiento poblacional, como también en las migraciones masivas de las zonas rurales de la población joven hacia las ciudades donde se encuentran las instituciones universitarias que permiten formar profesionales capacitados para el mercado laboral actual (Parra, 1973).
A menos que se presten ayudas por parte del Gobierno mediante políticas públicas que estén focalizadas a dar educación gratuita o a financiar por medio de tasas de interés relativamente bajas a personas de escasos recursos.
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En América Latina y otros países de bajos ingresos se hace común la pequeña participación del PIB en la educación, con alrededor de un 3% (Neira, 2000). Si se analiza conjuntamente el nivel de educación y la tasa de pobreza, se puede considerar que la manera de reducir esta tasa para lograr un mejor desarrollo social es i) impulsar una mayor participación del gasto en la educación, ii) fomentar políticas de inclusión que permitan obtener una mayor cobertura y calidad de la educación en los diferentes niveles (Rivero, 1999), y iii) apoyarse en una buena