la Directiva, y se dicen dispuestas a irse a países sin limitaciones para el CO2. La perspectiva de fuga de empresas crea una comprensible alarma en la gente y podría socavar aún más el cumplimiento del Protocolo de Kioto en España. Pero lo cierto es que hace tres años que se están perdiendo puestos de trabajo por traslado de industrias al sudeste de Asia, Marruecos y, sobre todo, al Este de Europa, sin ninguna relación con el sistema de comercio de emisiones. Sencillamente les conviene por los menores costes laborales y los incentivos fiscales. Los países recién incorporados a la UE dispondrán de todas las ventajas legales de pertenecer a la Unión pero con costes laborales un 30% inferiores a los comunitarios. Además, el porcentaje de trabajadores amparados por un convenio colectivo es de menos de la mitad de la fuerza laboral en todos los Estados de la ampliación, a excepción de Chipre y Malta. En definitiva, si finalmente cierran algunas empresas no será tanto por el Protocolo de Kioto como por la economía neoliberal, donde rige la moral de que el empresario tiene derecho a obtener el máximo beneficio pero los costes sociales y ambientales no son su responsabilidad.
Eléctricas: luchas intestinas El sector eléctrico tiene la posición principal en la tribuna de discusión del reparto de derechos, porque es el principal emisor de gases de efecto invernadero, casi el 60% del CO2 afectado por la Directiva. El comercio de emisiones ha desatado una guerra sin precedentes en el sector. Iberdrola se ha enfrentado a Endesa, la primera eléctrica del país, y a Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo al defender un reparto de Nuestra industria tendrá que hacer un importante esfuerzo para cumplir el Protocolo de Kioto. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.
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El Ecologista, nº 40, verano 2004
¿Cuánto costará el CO2? Está por ver el precio del derecho de emisión o tonelada de CO2 en el mercado, que muy probablemente será más barato al principio de la década que hacia el final, cuando ya haya que cumplir los objetivos de Kioto (2008-2012). La estimación se mueve en márgenes amplios, de 5 a 32 euros/tonelada. El coste para las empresas dependerá tanto del precio final como de las medidas de reducción de emisiones que estén dispuestas a abordar. La consultora PriceWaterhouse habla de 19.000 millones de euros entre 20082012, mientras Iberdrola calcula 9.500 millones para todo el periodo 2005-2012. Tales diferencias indican que algunos grupos empresariales hacen estimaciones exageradas para fomentar el rechazo al comercio de emisiones y al Protocolo de Kioto. derechos de emisión más restrictivo para las eléctricas que para el resto de sectores industriales. La clave está en que este último grupo suma doce centrales térmicas de carbón e Iberdrola tres, y el carbón es el combustible que más CO2 emite por unidad de energía producida. Endesa, Unión Fenosa, etc. consideran excesivos los compromisos asumidos por el Estado español. Eran el empuje de la CEOE en su abierto rechazo a Kioto, y quieren seguir generando electricidad con carbón, en buena parte de importación pero de precio más barato y estable que el gas. Iberdrola apuesta por las centrales de gas natural (ciclo combinado), por sacarle gran rendimiento a sus pantanos hidroeléctricos, su producción nuclear, y por la inversión en energías renovables, especialmente eólica. Proponen que no se use más carbón que el nacional y se reduzcan las horas de funcionamiento de estas centrales. Esta novedosa posición, que favorece sus intereses empresariales puesto que es la eléctrica menos dependiente del carbón, es secundada en gran medida por Gas Natural, uno de los nuevos socios en el sector eléctrico.
El número de derechos de emisión que solicitan Iberdrola y Endesa del Gobierno es bastante diferente, porque Iberdrola propone una asignación preferente a los sectores industriales, y en función de las emisiones previstas, no de las históricas. Es de gran importancia para toda la industria el resultado de la batalla de las eléctricas. Y, en todo caso, por fin podemos ver a una gran compañía en este país defendiendo la viabilidad del cumplimiento del Protocolo de Kioto. Finalmente, los políticos de Bruselas no son tan insensibles a los intereses empresariales como pudiera parecer, y a menudo están dispuestos a facilitar el camino de los beneficios contantes y sonantes frente a los menos tangibles del medio ambiente. Casi está lista una modificación a la Directiva que permitirá a las industrias obtener derechos por proyectos realizados en países en vías de desarrollo, es decir, los mecanismos de flexibilidad del Protocolo se incorporan al sistema europeo de comercio de emisiones. En consecuencia una empresa europea podría cumplir sus obligaciones legales sin mejorar su sistema productivo y sin que lo mejore tampoco ninguna otra empresa dentro de la UE. La llegada de 2005 despejará muchas dudas que plantea hoy el mercado de CO2, pero cabe preguntarse aún si la UE llegará a cumplir su objetivo de Kioto para 2012, ¿cómo va a prepararse para dar el siguiente paso? Ya hay nuevas propuestas sobre la mesa, la Comisión ha hablado de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, Reino Unido asume una reducción del 60% de emisiones para mitad de siglo y Alemania ha avanzado la cifra de disminución del 40% para 2020. No parece factible alcanzar estos necesarios niveles de reducción si no se aborda ya la transformación de nuestro sistema económico y energético. Para España la situación será peor porque se ha descuidado el problema demasiado tiempo. Cuanto más se tarde más difícil y caro va a resultar. El Protocolo de Kioto era sólo un primer paso, y todavía hay demasiada gente en este país que se está negando a darlo.