El Ecologista nº 81 by Revista El Ecologista

Nº 81 verano 2014 - 3,00 €

Anfibios Caminos Valdecañas TTIP y fracking Huertos urbanos Prospecciones marinas

Biodiversidad privatizada mercantilizando la naturaleza

11 al 27 de julio de 2014

4ª #ecomarcha en bici contra el fracking

Por tierras de Palencia, Burgos, Cantabria, Navarra y Gipuzkoa, recorriendo bellos paisajes amenazados por la fractura hidráulica, mientras disfrutamos conociendo las luchas que reivindican la paralización de estos proyectos así como aquellas que están construyendo otra forma de vivir en el territorio sin esquilmarlo. ¡No te la pierdas!

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nº 81 verano 2014

MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA

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Biodiversidad privatizada La crisis ambiental como pretexto para la mercantilización de la naturaleza, por Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción

La crisis biológica de los anfibios Los vertebrados más amenazados, por José Alberto Pereda La conservación de los tiburones en Europa por Àlex Bartolí y Sandrine Polti Prevención de incendios Jugando a la ruleta rusa con los montes, por

La Almoraima Intentos de privatización en Andalucía, por Juan Clavero Banderas negras en la costa catalana por Joan Jurado y Elisenda Forés Marina Isla de Valdecañas Sigue la barbarie urbanística, por José María Trillo-Figueroa El acceso a la justicia ambiental por Claudio Sartorius Cierre de caminos públicos Apropiaciones de lo público e impunidad, por María José Esteso La exploración de hidrocarburos en el mar Riesgos para la fauna del litoral, por Angeliki Lysimachou El TTIP, un espaldarazo al fracking Favores a los combustibles fósiles, por Samuel Martín-Sosa y Luis Rico

Muskiz y la oposición a Petronor 40 años luchando contra la refinería, por Iñaki Barcena Contaminación radiactiva en Palomares por Francisco Castejón, José I. Domínguez e Igor Parra Definiendo la soberanía energética por Varios Autores El austericidio sobre las mujeres por Silvia M. Pérez y Sergio Rojo Espectacular crecimiento de los huertos urbanos, por Gregorio Ballesteros El glifosato por Nacho Escartín Derecho humano al agua por María Giménez y Luis Babiano Caudales ambientales e indemnizaciones por Santiago Martín y Erika González

SECCIONES FIJAS

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Editorial En Acción Internacional Fotos con historia: Alrededor de las brasas Iniciativas sostenibles: Un albergue sostenible Consumo transformador: Pinturas Hogar ecológico: El botijo Libros El Tenderete ÍNDICE y CONSULTA de ARTÍCULOS Puedes obtener un índice temático y consultar los artículos de números anteriores en www.ecologistasenaccion.org/revista

nº 81 - verano 2014 Edita: Ecologistas en Acción Equipo de redacción: José Luis García, Yayo Herrero, Mariola Olcina, Paco Segura, Raúl Urquiaga, Laura Vera Producción, diseño y maquetación: Ecologistas en Acción Colaboran en este número: Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Luis Babiano, Gregorio Ballesteros, Iñaki Barcena , Àlex Bartolí , Francisco Castejón, Juan Clavero, Cooperativa Gure Sustraiak, José I. Domínguez, Nacho Escartín, María José Esteso, Elisenda Forés, María Giménez , Erika González Briz, María González Reyes, Joan Jurado, Angeliki Lysimachou, Santiago Martín Barajas, Samuel Martín-Sosa , Ángeles Murciego, Igor Parra, José Alberto Pereda, Silvia M. Pérez , Sandrine Polti , Carles Porcel, Pedro Ramiro, Luis Rico, Sergio Rojo, Claudio Sartorius, Manuel Tapia, José María Trillo-Figueroa, Xarxa per la Sobirania Energètica. Administración: Noelia Carreras, Alejandra Herrero, Esperanza López de Uralde. Portada: Biodiversidad mercantilizada (ilustración: Andrés Espinosa) Imprime: Impresos y Revistas, S.A. Publicidad: Paco Segura 91 896 98 05 Valentín Ladrero 607 238 267 Esperanza López: 91 531 27 39 C/Marqués de Leganés 12 28004 Madrid publicidad@ecologistasenaccion.org Suscripciones y redacción: Marqués de Leganés 12 28004 Madrid Tel. 915312739 Fax: 915312611 revista@ecologistasenaccion.org www.ecologistasenaccion.org

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Foto: Ecologistas en Acción

4 ecologistas en acción

Más de lo mismo

ecientemente ha tomado posesión la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en sustitución del ahora europarlamentario y aspirante a comisario europeo, Arias Cañete. Pero este reemplazo no parece que vaya a suponer ningún cambio en las políticas claramente antiecológicas que ha estado siguiendo el Gobierno del Partido Popular a lo largo de la legislatura. La nueva ministra no tiene un currículo muy esperanzador. Sin ir más lejos, los ocho años previos a su fichaje en el ministerio ha sido directora de Planificación en Fertiberia. Esta empresa, del grupo Villar Mir, tiene un largo historial de gravísimos incumplimientos legales en relación con el medio ambiente, en especial por la acumulación de fosfoyesos –residuos muy contaminantes y radiactivos– en la ría de Huelva a lo largo de cuatro décadas. Hablamos de años de funcionamiento sin la preceptiva Autorización Ambiental Integrada, dilaciones injustificables en el tratamiento de los residuos tóxicos acumulados, resistencia y retrasos para el cumplimiento de la sentencia por la que la Audiencia Nacional le exige la restauración de la zona, etc. En definitiva, un pésimo currículo ambiental para la empresa, y por extensión para sus directivos, lo que arroja dudas de que ahora sí, desde el ministerio, se muestre firmeza a la hora de exigir el cumplimiento de la legislación ambiental. Aunque la mayor parte de la actividad normativa del ministerio se ha centrado en desmantelar la legislación ambiental preexistente, lo que se ha ejecutado con eficacia desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, también hay algún proyecto que ha surgido de la rama de la que era responsable la actual ministra, la Secretaría General de Agricultura. Es el caso de la nueva Ley de Montes. Efectivamente, se trata de un texto legal que no da respuesta a las deficiencias que, a nuestro parecer, tiene la actual ley, sino que, por el contrario, supone un claro retroceso a posiciones ya obsoletas, un freno a la lucha por la calidad ecológica y ambiental de nuestros montes y una cesión descarada a los intereses empresariales del sector y a la presión de determinadas autonomías en detrimento de la ciudadanía en general. Se permiten, así, excepciones a la prohibición de cambiar de uso de los suelos quemados durante 30 años; se elimina la necesidad de tener un plan de gestión para muchos montes, al tiempo que se da al resto un plazo dilatadísimo, 25 años, para su elaboración; se incluyen ciertos artículos sobre caza, cuando este no es el sitio adecuado para hacerlo, etc. Por último, señalar que en el Gobierno de Rajoy el ministerio con competencias en medio ambiente hasta ahora no ha hecho valer sus posiciones a favor de una verdadera sostenibilidad frente a otros departamentos con políticas claramente insostenibles. Tal es el caso de Industria y su apuesta por las energías sucias al tiempo que se bloquean las renovables, o de Fomento, con su política de más y más infraestructuras, con los consiguientes despilfarro de fondos y deterioro territorial. Y es difícil que ahora cambie esta tendencia de falta de contrapeso ambiental, más cuando el peso político de la nueva ministra es, resulta obvio, mucho menor que el de su antecesor.

Ecologista, nº 81, verano 2014

El fallecimiento de Alberto Morales Almansa, periodista de Canal Sur y activista, es un fuerte golpe para las personas y para los colectivos que nos movemos en luchas de resistencia contra las políticas austericidas. Alberto estaba siempre presente allí donde se levantaban voces antisistema, es decir, voces que proponen acabar con un sistema que permite que la clase económicamente dominante imponga sus intereses a los de la mayoría y arroje al hambre y a la pobreza a miles de millones de personas en todo el planeta. Alberto entendía perfectamente este mensaje y lo compartía. El papel de Alberto no era sujetar una pancarta, impedir un desahucio, ocupar la sede de un banco usurero. El papel de Alberto era informar desde su tribuna de periodista con rigor, con independencia y con profesionalidad, y documentar los abusos y las resistencias a los abusos con sus herramientas comunicacionales: su página web y su incesante edición de documentales insustituibles tanto desde Producciones Las Cuevas como desde 7olas. Para Ecologistas en Acción de Córdoba, perder a Alberto es perder también a una persona especialmente comprometida con las causas ambientales hacia las que tenía una gran sensibilidad, una muestra más de ese talante irrepetible que aunaba integridad personal, compromiso social, sabiduría, empatía, afectividad y un compromiso mayúsculo con la naturaleza, con los seres vivos, con el planeta, con la vida en definitiva. Alberto Morales fue miembro fundador del primer grupo ecologista de Córdoba (la Coordinadora Ecologista), después pasó a Aedenat y de ahí a Ecologistas en Acción. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Aunque ahora, sin Alberto, costará un poco más.

Ecologista, nº 81, verano 2014

Roque Ortega Uno de los pilares del ecologismo en Castilla y León El ecologismo es un movimiento social empujado por el trabajo de personas que de forma entusiasta y concienzuda encuentran soluciones insospechadas a los problemas ambientales. Una de estas personas era Roque Ortega, presidente de Asden-Ecologistas en Acción de Soria, que falleció en una fresca mañana del 25 de abril de 2014 coincidiendo con el máximo esplendor de los lirios azules del páramo soriano. Un proceso canceroso de inesperado diagnóstico solo le dejó el tiempo necesario para despedirse de su familia Aparte de disfrutar observando y haciendo deporte en la naturaleza, Roque se comprometió con su defensa, primero como naturalista en los años 80, y después utilizando sus estudios de Derecho con certera eficacia para conseguir que la administración se sometiera a la Ley y a sus Principios Jurídicos. Gracias a su labor algunas de las frases y palabras de las leyes ambientales han dejado de ser elementos decorativos, y se han concretado en derechos, y en su caso deberes, que pueden ser reclamados sin tener que enfrascarse en complejos procesos judiciales. El trabajo de Roque ha permitido que las asociaciones ecologistas estemos plenamente reconocidas como parte interesada en un procedimiento sancionador ambiental, que los Montes de Utilidad

Foto: Diario “Heraldo de Soria”

En Acción 6

En memoria de Alberto Morales

Pública no se descataloguen tan fácilmente para construir campos del Golf y que no se sigan usando malignas Leyes “ad hoc” como la Ley de la Ciudad del Medioambiente. Su personal aportación naturalista y jurídica también ha servido para anular y mostrar las falacias del Plan de “Conservación” del Lobo de Castilla y León. Sean estas pocas palabras un pequeño agradecimiento y reconocimiento a la amistad, cariño y esfuerzo que gratuitamente nos ha ofrecido Roque Ortega. Siempre estará en nuestro recuerdo, en especial cuando nosotros y nuestros hijos e hijas disfrutemos de esos elementos y espacios concretos del medio natural a los que Roque dedicó el tiempo libre de su familia.

35 años sin Gladys El 3 de junio de 1979 durante la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear, convocada trás el accidente de Harrisburg, fue asesinada Gladys del Estal Ferreño por el guardia civil José Martínez Salas en Tudela (Navarra), durante una manifestación antinuclear. El asesino fue juzgado el 14 de diciembre de 1981 en Pamplona en un proceso lleno de irregularidades, y condenado a sólo un año y medio de cárcel, que no llegó a cumplir, casi la misma pena que la de un ecologista de Mallorca (un año de cárcel), cuyo delito fue colocar una pancarta de protesta contra la muerte de Gladys. Gladys del Estal tenía 23 años cuando la mataron, vivía en el barrio de Eguia en Donostia, era programadora de informática en una pequeña empresa y compaginaba su trabajo con sus estudios de Químicas. Gladys era militante ecologista. Pertenecía al Grupo Ecologista de Egia y a los Comités Antinucleares de Euskadi.

Participó en la organización de numerosas actividades ecologistas, como marchas ciclistas y manifestaciones contra la central nuclear de Lemoniz.

Sin responsables

 http://ecologistasenaccion.org/article27747.html

Zona a “proteger” con el plan urbanístico: desde el camino hasta la cima de la montaña. Foto: Ecologistas en Acción

Suspenden la urbanización del monte Dehesa de la Mora La Sala de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha ordenado la suspensión de un plan urbanístico que estaba a punto de ser desarrollado en el Campo Charro salmantino sobre un encinar maduro para crear una urbanización de lujo, similar a otra ya ejecutada en Extremadura, sobre terrenos de alto valor ambiental, utilizando la ingeniosa fórmula del Plan de Protección del Suelo Rústico. Bajo la denominación de Plan Especial de Protección de Zona Rústica “Dehesa de La Mora”, en el municipio salmantino de Las Veguillas, a 33 km al sureste de Salamanca capital, la empresa Bosques Civilizados, S.L consiguió la aprobación el 17 de julio de 2012, de una urbanización de lujo de 103 hectáreas de “encinar maduro de alto valor ecológico” para la construcción de 12 viviendas de segunda residencia sobre parcelas de 10 hectáreas, que incluían otros 4.000 m2 de instalaciones y construcciones de uso agropecuario indeterminado, la apertura de caminos y la instalación de redes de agua y otros servicios urbanísticos. Con la experiencia de otro plan similar ejecutado en Extremadura, inicialmente el promotor, que había obtenido una licencia para un chalet en el monte y que pretendía hacer otros 16, llevó a cabo una parcelación urbanística del monte en 2007, pero la Comisión de Urbanismo de Salamanca, dependiente de la Junta de Castilla y León, denegó las autorizaciones para las viviendas

y orientó la solución hacia la presentación de un plan de urbanización conjunta para dar servicio a 12 viviendas en el bosque. Sometido el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable (BOCyL de 12 agosto 2010) a pesar de la existencia de informes desfavorables de los técnicos de Medio Ambiente del Servicio Territorial, que alertaban sobre el impacto ambiental severo a los valores naturales del entorno en 2009 y de que concluían, en junio de 2010, que “el previsible impacto sobre la vegetación adulta y el regenerado, tanto en la fase de construcción como en la de ocupación de las viviendas e infraestructuras asociadas, es incompatible con el mantenimiento y mejora del terreno rústico y forestal, que configura el monte Dehesa de Mora”. No obstante la impugnación del Plan Especial por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, la Comisión de Urbanismo de Salamanca concedió en marzo de 2013 la autorización para construir las 12 viviendas. Frente a este despropósito, el TSJ ha ordenando la suspensión del Plan urbanístico, sin fianza, hasta que se dicte sentencia. Sin la presentación del recurso el plan se hubiera ejecutado como tantos otros.

 http://ecologistasenaccion.org/article27820.html Ecologista, nº 81, verano 2014

En Acción

Transcurridos 7 años y medio desde que en septiembre de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara ilegal el proyecto de construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf en 215 hectáreas de la Red Natura 2000 en el municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), afectando a un Área Crítica para la conservación de la cigüeña negra, ninguno de los 20 imputados por los hechos ha sido hallado responsable de los mismos. La sentencia del Juzgado de lo Penal de Valladolid absuelve a los cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que intervinieron en los informes y la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “Ciudad del Golf”, al no observar “arbitrariedad en la actuación de los funcionarios públicos informantes” sino “discrepancia técnica, fundamentada y razonada”. Es muy llamativo que ninguna de las personas que resolvieron la aprobación del plan urbanístico declarado ilegal, empezando por el Alcalde y el Secretario de Las Navas del Marqués, el exDelegado de la Junta y los restantes miembros de la Comisión de Urbanismo de Ávila, o la entonces Consejera de Medio Ambiente Mª Jesús Ruiz, hayan sido encontrados culpables o ni siquiera hayan sido enjuiciados por estos hechos, amparándose en que ellos hacían lo que informaban los técnicos. Si los técnicos pueden informar lo que quieran sin responsabilidad alguna porque los que deciden son los políticos y los políticos eluden su responsabilidad porque de materias técnicas no entienden y se limitan a seguir lo que proponen los informes de los técnicos, el panorama resulta desolador y peligrosísimo para la conservación de la naturaleza.

En Acción

La Sierra de Los Agudos convertida en un circuito

Ecologistas en Acción de La Rioja denuncia la situación de caos, ilegalidad y riesgo que con total impunidad se está produciendo en La Rioja Baja en los municipios de Autol, Calahorra y Aldea Nueva en la zona conocida como Sierra de Los Agudos, un espacio declarado Monte de Utilidad Pública y espacio protegido como Complejo Periurbano de Interés Ambiental por el Plan Especial de Protección del Medioambiente de la Rioja. Hordas de motoristas campan a sus anchas por toda la sierra en sus tres términos municipales, con mayor profusión entre los bosques de pino carrasco de Calahorra, incumpliendo tanto la legislación ambiental como la ley de tráfico, poniendo en peligro la seguridad de las personas y perjudicando gravemente al medio ambiente y a la fauna, tanto cinegética como protegida, de toda la zona. Principalmente en los días festivos, llegan a esta zona motoristas locales procedentes de La Rioja, así como de Navarra, y utilizan motocicletas sin matrícula para recorrer espacios naturales de forma ilegal. De tal modo que han convertido la Sierra de Los Agudos en una especie de macrocircuito de motocross en el que todo vale, en el que se comenten infinidad de infracciones a diferentes leyes, y a lo que nadie está poniendo freno ni remedio. La presencia de estos motoristas en estas zonas naturales protegidas, está causando graves daños al paisaje y a la fauna local, que precisamente se encuentra en estos momentos en época de reproducción. Del mismo modo, al no respetar los caminos, y transcurrir por campo a través y fuera de pista, se está causando un daño irreparable a poblaciones de especies como es el caso de la perdiz roja.

 http://ecologistasenaccion.org/article27775.html Ecologista, nº 81, verano 2014

Concentración Pingüinos sin autorización Por sentencia de 16 de abril de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización otorgada por la Junta de Castilla y León al Club Turismoto para la realización de la edición de 2010 de la concentración motorista “Pingüinos” en el Pinar de Antequera de Valladolid. Aunque la sentencia considera que dicha concentración no constituye un “proyecto” susceptible de evaluación de impacto ambiental o sobre la Red Natura 2000, el Tribunal entiende que “no queda suficientemente acreditada la compatibilidad necesaria entre la conservación de los valores naturales con una concentración masiva de motoristas con acampada, máxime cuando los informes técnicos del expediente administrativo insisten en que los daños al medio natural tienen carácter acumulativo año a año”. La concentración de motoristas motiva

que el TSJ aprecie vulneración de la Ley de Espacios Naturales, ya que el uso autorizado “no puede ni debe quedar subsumido en el de proporcionar a su población lugares de descanso, recreo y esparcimiento de un modo compatible con la naturaleza”. Ecologistas en Acción considera que la sentencia del TSJ, que no es recurrible, ratifica la imposibilidad legal de utilizar cualquier lugar del Pinar de Antequera para la realización de la concentración motorista “Pingüinos”, y lamenta que el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León se hayan valido una vez más de la lentitud de la Justicia para autorizarla ilegalmente durante 6 años. Por todo ello, la organización ecologista exige a la Junta que ejecute sin dilación el aval de 45.000 € requerido al Club Turismoto para la restauración del pinar.

 http://ecologistasenaccion.org/article 27834.html

La sequía amenaza los montes valencianos La dura sequía que asola el territorio valenciano, la peor desde que hay registros, supone una seria amenaza a sus montes. La cantidad de incendios que se han producido este año han hecho saltar todas alarmas ante la dura temporada que se avecina. La toma de medidas extraordinarias del Consell, debe ayudar a mitigar la situación pero se hace urgente un profundo cambio de mentalidad y de las políticas forestales. Los incendios que asolan el territorio valenciano y sus nefastas consecuencias están relacionados con factores que se lleva años denunciando: la falta de planificación y una gestión inadecuada en los montes, agravados por los recortes en personal y medios dedicados a la prevención y vigilancia, factor principal para una rápida intervención. Además, está el factor climático, que conlleva la sucesión de episodios extremos (sequías, olas de calor, precipitaciones concentradas, etc.), y la tendencia del cambio de estacionalidad

de los incendios, como está ocurriendo este año. También es necesario prohibir el uso del fuego de forma tajante y en toda época para cualquier tipo de labor forestal o agrícola, acompañada de campañas informativas, etc. Todo esto se ha denunciado reiteradamente, ya que en los últimos años, el dinero invertido por las administraciones ha sido destinado principalmente a medios de extinción, y no prioritariamente a la prevención, gestión y vigilancia de los montes. En este sentido hay que anotar que son pocos los municipios que han aprobado los Planes locales de prevención de incendios forestales que podría evitar situaciones de riesgo a la población y sus propiedades, muchas veces víctimas de la mala gestión del territorio. La gestión forestal ha favorecido el desarrollo de especies pirófitas (pinares), frente a bosques autóctonos más resistentes al fuego y con mayor biodiversidad y adaptación.

El 25 de abril se cumplió el 16 aniversario del desastre de Boliden en Minas de Aznalcóllar, desastre que nos costó 92 millones de euros y la contaminación del cauce del Guadiamar y de buena parte de las marismas de Doñana. Desastre que fue anunciado por denuncias de Ecologistas en Acción que no fueron atendidas por quien hoy es Director General de Prevención Ambiental. La apuesta de la Junta por la reapertura de las Minas de Aznalcóllar marca el aniversario del desastre de abril de 1998. y podríamos pensar que, dado que hay una coalición gobernando que se dice de izquierda y con el loable objetivo de la activación del empleo en la comarca, se pondría en marcha un proyecto para aprovechar el recurso minero existente, crear trabajo y riqueza y hacer frente a la restauración total que se precisa de todo el recinto minero. Pues no, la apuesta de la Junta por la reapertura es reincidir en un mal proyecto, que contempla sistemas arcaicos de producción, pues no prescinde de la extracción a cielo abierto, ni de las balsas de lodos y contiene un largo sin fin de despropósitos medioambientales. Esta izquierda ha perdido el norte en busca de un filón que nos asegura que una vez finalizada la explotación rentable estaremos peor que ahora, con balsas que mantener, escombreras que impermeabilizar, acuíferos que proteger… con dinero público y para siempre. Ecologistas en Acción entiende que no se debe reabrir la mina, pero si se toma esa decisión política, ¿no sería más coherente reabrir con un proyecto público de generación de empleo para la restauración?, ¿o es demasiada imaginación para el poder?

 http://ecologistasenaccion.org/article27862.html

Ataque sin precedentes contra la naturaleza El Gobierno de Castilla-La Mancha ha preparado a través de la Consejería de Agricultura una batería de medidas y reformas legislativas que suponen en su conjunto un ataque sin precedentes a la conservación de la naturaleza. La avalancha de cambios legislativos y de normas se articula a partir de tres líneas de actuación: la nueva Ley de Caza, la modificación de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza y la revisión de los planes de recuperación de especies en peligro de extinción como el lince ibérico y el águila imperial. Los principales cambios que se anuncian tienen que ver con la regulación de la actividad cinegética. A la conocida apuesta de la Consejería por la intensificación de los aprovechamientos cinegéticos, se suman ahora medidas de desprotección ambiental que agujerean el marco normativo existente en materias tan importantes como la lucha contra el uso del veneno, el uso público, los vallados, los cotos intensivos, los métodos de control de predadores y la gestión de las zonas críticas de especies amenazadas y de la Red Natura 2000. Por ejemplo, se eliminan las prohibiciones de instalar nuevos cerramientos o cotos intensivos en las zonas críticas de especies amenazadas y que forman parte de la Red Natura 2000. También, la Consejería plantea acabar de facto con la responsabilidad de los titulares cinegéticos en la aparición de venenos en los cotos. Por otra parte, se permitirá el uso sistemático de lazos y cajas trampa a pesar de que la normativa los considera excepcionales y objeto de fuertes restricciones. Por último, para favorecer aún más a la caza intensiva e ilegal, las sanciones económicas en materia cinegética se reducen a la mitad respecto a las vigentes desde la Ley de 1993. Sin duda, la larga mano de las asociaciones profesionales cinegéticas y alguna

Castilla-La Mancha quiere impulsar a toda costa la caza comercial. Foto: Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha

Un mal negocio para Andalucía

agraria, de la Federación Regional de Caza y de propietarios de fincas y gestores afines al Gobierno se ha dejado notar, y de qué manera, en los cambios normativos que impone la Consejería. A juicio de Ecologistas en Acción esta es una parte del precio que se paga por el apoyo que el lobby de la caza ha dado y da a los Gobiernos del PP, en España y en Castilla-La Mancha, y a la presión injustificada que mantuvo sobre Gobiernos de legislaturas anteriores. La otra parte del cobro de esta deuda son las cuantiosas subvenciones que está dando la Consejería a las explotaciones cinegéticas. Son ya medio millón de euros, pero se ha anunciado un incremento sustancial. Se está organizando una fuerte oposición social a estos cambios y Ecologistas en Acción participa de forma activa ofreciendo información, presentando alegaciones e impulsando la movilización con el Foro Ambiental de Castilla-La Mancha.

 http://ecologistasenaccion.org/article27854.html

Más privilegios al sector cinegético creto y excepcional, cuando el accidente sea consecuencia directa de una acción colectiva de caza mayor hasta un plazo de 12 horas producida esta. Ecologistas en Acción considera que esta situación objetiva de indefensión dará lugar a que los Tribunales terminen interpretando la Ley de distinta manera según las circunstancias y que vuelva a darse una situación de inseguridad jurídica que perjudique al damnificado y beneficie a los cazadores y a las aseguradoras.

 http://ecologistasenaccion.org/article27668.html Ecologista, nº 81, verano 2014

En Acción

El Congreso de los Diputados ha aprobado la modificación de la Ley de Seguridad Vial según la cuál los cazadores quedarán prácticamente eximidos de cualquier responsabilidad si de su actividad se deriva un accidente de circulación. Una vez que el Congreso ha dado luz verde al texto del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, la redacción final exime a los cazadores de toda responsabilidad en los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas; salvo en un solo supuesto muy con-

En Acción

Planta de hormigón

Esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el que en sentencia de 17 de febrero ha ratificado la sanción y la orden de desmantelamiento de las instalaciones propiedad de Fernández Rosillo, que se encuentran en la zona de policía y servidumbre del Río Pas, en Penilla de Toranzo. Además de la planta de hormigón, Rosillo deberá desmantelar todas sus instalaciones, rehabilitando íntegramente una zona que constituye además un LIC de la Red Natura 2000. Esta sentencia se suma a las ya dictadas por el Tribunal superior de Justicia de Cantabria, que el 22 de enero de 2009 anuló la Modificación de las Normas Subsidiaras con la que el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, en connivencia con Fernández Rosillo, pretendió recalificar estos terrenos protegidos convirtiéndolos en suelo industrial para legalizar las instalaciones. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de junio de 2012. Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 también anulo la licencia de actividad de la planta de hormigón, en sentencia de 8 de marzo de 2012, que ha sido también confirmada por el TSJ de Cantabria el 21 de diciembre de 2012. Sin embargo, después de estas 5 sentencias y después de 9 años de litigios, el vecino colindante con las instalaciones y Ecologistas en Acción de Cantabria, no han conseguido que se ejecute ninguna de ellas. Por un lado, el Ayuntamiento de Santiurde pretende legalizar de nuevo esas instalaciones, a pesar de que están ubicadas en una zona protegida por la UE, y por otro, el Juzgado que debe ejecutar la sentencia no acepta el precinto de la planta solicitado por el vecino para impedir su funcionamiento ilegal. Es inaceptable que después de 9 años de denuncias, Fernández Rosillo siga ocupando esta zona protegida del Río Pas con sus instalaciones industriales y con toneladas de áridos, e incluso chatarra y basura, y que la Justicia no sea capaz de adoptar medidas rápidas y eficaces para evitar estos atentados, y cuando menos medidas para ejecutar sus sentencias.

 http://ecologistasenaccion.org/article27581.html Ecologista, nº 81, verano 2014

Anulado el decretazo de los parques naturales El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado dos sentencias en relación con el Decreto 15/2011 de 1 de febrero por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Una sentencia lo anula parcialmente y la otra en su totalidad. Este Decreto provocó una gran polémica, pues aunque los máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) aseguraron que su objetivo era agilizar los trámites administrativos en los parques naturales, en realidad lo que se pretendía era fomentar el urbanismo especulativo en estos espacios protegidos. El Decreto incluía varias normas manifiestamente ilegales: daba prevalencia a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sobre las propias normas de protección de los parques naturales –Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG)–, facultaba a la CMA a modificar los PORN y PRUG para “adecuarlos” a los planes urbanísticos y a modificar los límites de los parques naturales de forma arbitraria. Tras su aprobación, tanto SEO como Ecologistas en Acción recurrieron el Decreto ante el TSJA. El TSJA dictó sentencia por el recurso de

SEO en septiembre pasado, estimándolo y por tanto anulando el mencionado Decreto. La sentencia sobre el recurso de Ecologistas en Acción se dictó el 10 de febrero, pero nos ha sido notificado mucho más tarde. La sentencia, sorprendentemente, no hace alusión a que el Decreto ya había sido anulado en su totalidad por la misma Sala, y estima solo parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción, anulando la facultad del consejero/a para modificar los límites de los parques naturales. Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por estas sentencias que vienen a dar la razón a los que advertimos que este decretazo era manifiestamente ilegal y que solo pretendía, en plena crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, fomentar el urbanismo salvaje en los parques naturales. Alguien debería asumir responsabilidades políticas por este revés jurídico y político, y por el hecho de que este decretazo se habría convertido en un arma en manos de especuladores urbanísticos y ayuntamientos corruptos, con gravísimas consecuencias en los 24 parques naturales andaluces, de no ser por la firme oposición de las organizaciones ecologistas, que fue muy criticada por los responsables de la CMA.

 http://ecologistasenaccion.org/article27931.html

Algarrobico: recusación de 4 jueces del TSJA Apoya con tu firma la petición de recusación de cuatro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que han decidido o deben decidir sobre la legalidad del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

 http://ecologistasenaccion.org/article20076.html

Lobo en Bizkaia

En Cataluña van ya 5 años consecutivos de degradación acelerada de las políticas de conservación de la naturaleza. Todas las administraciones, pero especialmente el gobierno de CiU en la Generalitat, han aplicado recortes salvajes al medio ambiente, llegando al 70% en el caso de la Generalitat. Este hecho, junto al proceso de modificación legislativa a la baja, ha llevado a Cataluña 30 años atrás, deshaciendo el camino recorrido con gran esfuerzo. No en vano se habla ya de desmantelamiento de las políticas de naturaleza. La gestión de los parques naturales, de la fauna y flora, de los bosques, del medio marino… ningún área se salva del tijeretazo, excepto las de caza, pesca y explotación forestal, que han ganado peso. Como siempre, los intereses de determinados grupos de presión pasando por encima del interés general y el derecho constitucional al medio ambiente. Incluso se plantean sospechosas modificaciones legales ad hoc para acoger actividades económicas como el Bulli Foundation de Ferran Adrià

en pleno Parc Natural de Cap de Creus. Frente a tanto despropósito, por primera vez en la historia, las principales organizaciones ecologistas, científicas y profesionales (incluyendo los colegios de biólogos, ambientólogos y geólogos) se han puesto de acuerdo para denunciar la situación y exigir al Govern una rectificación urgente de la agenda gubernamental. Tal como emana de los compromisos europeos e internacionales (jurídicamente vinculantes), el Estado y Cataluña deben tomar medidas enérgicas para detener la pérdida de biodiversidad antes de 2020. Las jornadas del 29 de marzo de 2014 en la sede del Institut d’Estudis Catalans (IEC), así como el manifiesto, han recogido un considerable apoyo social que, ahora mismo, ya está teniendo su influencia sobre el Govern. Próximamente, un miembro del IEC y otro de Ecologistes en Acció comparecerán en el Parlament para informar sobre el Manifiesto.

 http://tinyurl.com/o6zpozf

Rechazan al Consejero de Medio Ambiente ANSE y Ecologistas en Acción consideran un lamentable error por parte del nuevo presidente de la Región de Murcia, Alberto Garre, que Antonio Cerdá, imputado por un delito de prevaricación como consecuencia de las investigaciones judiciales relacionadas con el proyecto urbanístico de Novo Carthago (Mar Menor), asuma las competencias de medio ambiente. Las organizaciones ecologistas destacan que, paradójicamente, el Consejero Cerdá deberá abordar la aprobación de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000, mientras está imputado por modificar a la carta el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio natural protegido, LIC, ZEPA, Humedal Ramsar y ZEPIM de Lo Poyo (Mar Menor). En su declaración en los tribunales por el caso Novo Carthago, el Consejero Cerdá llegó a defender que era mejor un campo

de golf al mantenimiento de la agricultura, por considerar que el uso recreativo (léase campo de golf ) era “menos agresivo para un espacio protegido que un uso agrícola”. El Consejero asumió la modificación del PORN del espacio protegido sin informes técnicos que lo justificaran, y sin responder a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial. Las organizaciones muestran su oposición a que Antonio Cerdá vuelva a ostentar las competencias de Medio Ambiente, un consejero que ha hecho gala de su ausencia total de sensibilidad ambiental, con celebres declaraciones como “es más ecológica una lechuga que un pino”, y ha demostrado su nula disposición al diálogo, cuando no desprecio, en materia de conservación de la naturaleza.

 http://ecologistasenaccion.org/article27784.html Ecologista, nº 81, verano 2014

En Acción

La conflictividad socioecónomica del lobo en Bizkaia es ridícula y el futuro de una especie de interés comunitario como el lobo está en entredicho por la persecución humana, permitida por quienes deberían velar por nuestro patrimonio natural. El lobo quiere recolonizar Euskadi como consecuencia de la recuperación natural de ungulados silvestres que prosperan incluso en lugares tan humanizados como Bizkaia. Frente a las más de 90.000 cabezas de ganado ovino en Bizkaia, apenas existen lobos y los pocos que sobreviven son sistemáticamente perseguidos, legal e ilegalmente. En Euskadi, según datos oficiales, la captura ilegal estaba detrás del 40% de los lobos muertos, pero no ha existido ningún proceso judicial por furtivismo de lobos. La muerte recurrente de lobos no resolverá el problema el manejo ganadero si no hay voluntad por prevenir daños mediante medidas como la presencia de pastores acompañando al ganado, perros mastines, la recogida nocturna del ganado, etc. Las administraciones vascas han asumido compromisos de gestión de recursos naturales en consonancia con principios como el respeto que los elementos silvestres han de ser respetadas como parte integrante de la naturaleza. Pero la Diputación Foral de Bizkaia permite el control de lobos incluso por daños que no han producido. Se han concedido batidas a sabiendas de que los responsables de las mismas fueron perros. Las acciones promovidas por la Diputación Foral de Bizkaia de dedicar a la guardería a abatir lobos en vez de ponerlos a trabajar en la asesoría y adopción de métodos de prevención de daños a los damnificados nos parecen reprobables. Por ello, Ekologistak Martxan, ASCEL y Grupo Lobo de Euskadi han solicitado que la Diputación de Bizkaia deje de tratar al lobo como una alimaña, y que dicha Administración se equipare a otras mediante la elaboración de un plan de conservación y gestión de la especie en Bizkaia, tal y como marca la Estrategia de conservación del lobo, documento aprobado con la participación de las administraciones vascas.

Frente común contra los recortes en medio natural

En Acción

Proyecto Castor

La peligrosidad del Proyecto Castor ha quedado demostrada con un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ve relación directa entre los más de 400 seísmos que se registraron desde septiembre pasado en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas. Se pasó por alto el informe de sismicidad inducida a la hora de aprobar el proyecto y no se tuvo en cuenta una falla en la zona. Los datos del informe constatan lo que Ecologistas en Acción denunció en su momento. Se actuó a ciegas en el subsuelo, sin tener en cuenta la amenaza potencial. A pesar de los conocimientos sobre la naturaleza del subsuelo logrados, todavía existen importantes lagunas científicas acerca de la física de sólidos y el comportamiento tectónico de los materiales confinados del subsuelo. No se pueden controlar plenamente los posibles efectos, a corto y medio plazo. Ya en el año 2008 la organización presentó alegaciones para exigir que no se llevara a cabo el Proyecto Castor. Argumentó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minimizaba los riesgos derivados del mismo, que no se garantizó la participación ciudadana en el periodo de exposición del proyecto y que se registraba una carencia de seguridad en su ejecución. Desde septiembre de 2013 los grupos locales de Ecologistas en Acción participaron activamente en las movilizaciones sociales frente al Proyecto y en octubre la organización envió una carta a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente en la que reclamaba información y transparencia sobre el mismo. En todo momento Ecologistas en Acción reclamó la paralización, que ahora debe ser definitiva. Por otro lado, la organización ecologista también denunció el elevado coste del proyecto, cuantificado en 1.634 millones de euros, apuntalado con cláusulas abusivas para garantizar la rentabilidad de la empresa privada a costa de fondos públicos.

 http://ecologistasenaccion.org/article27942.html Ecologista, nº 81, verano 2014

Alidrisia Marina Oscar Ocaña Vicente y José Manuel Pérez-Rivera Desde hace tres años la asociación Septem Nostra-Ecologistas en Acción y el Museo del Mar de Ceuta están publicando conjuntamente una revista anual centrada en el estudio de los tetrápodos marinos del noroeste de África y sus islas. Presenta un carácter científico multidisciplinar y una marcada vocación conservacionista. Además pretende ser un vehículo más que sirva para divulgar todos aquellos trabajos desarrollados por investigadores a lo largo de la costa africana que baña el Mediterráneo y el Atlántico. Por otra parte, Alidrisia Marina podrá publicar también volúmenes especiales donde se recojan trabajos monográficos sobre diferentes temáticas del medio marino africano o incluso de otros ámbitos geográficos. Hasta este momento, el coste económico de la publicación anual ha estado a cargo del convenio de colaboración que la asociación mantiene con la Consejería de Medioambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En la difusión de la misma a través del correo ordinario se cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria; la revista está convenientemente registrada y se archiva en los principales centros de referencia de investigación biológica de América y de Europa. Tiene una amplia vocación de mestizaje cultural por ello se publican tanto artículos desde la perspectiva de la ciencia biológica como también desde el ámbito de las humanidades. La revista está dividida en tres apartados bien diferenciados; una primera memoria sobre el seguimiento de los varamientos, una segunda de recuperación y estudio de osamentas y por último un apartado dedicado a los artículos científicos propiamente dichos. Las

dos memorias incluyen textos en español y en inglés pero los artículos científicos se publican en i n g l é s co n tan solo el resumen traducido al español. La revista publica imágenes a todo color y se puede consultar libremente a través de la página del Museo del Mar de Ceuta. En el último volumen incluye un artículo sobre impactos de embarcaciones sobre ejemplares de tortugas marinas así como también dos artículos de investigadores canarios, uno de ellos sobre el avistamiento de un raro delfín. En la actualidad nos encontramos trabajando sobre aspectos de la biología de algunas especies de cetáceos que serán de interés general para la conservación. En el nuevo volumen, sería el cuarto de la serie, se incluirán las mencionadas memorias así como dos artículos que trataran uno sobre la actividad ballenera en el Norte de Marruecos y el otro analizará el grave impacto causado a las poblaciones de tortugas marina como consecuencia del excesivo número de almadrabetas caladas en aguas de la bahía sur del litoral ceutí.

 http://ecologistasenaccion.org/article17593.html

BallenaBlanca Tres periodistas ambientales, Sara Acosta, Alex Fernández Muerza y Clemente Álvarez, acaban de lanzar BallenaBlanca, una revista en papel sobre medio ambiente y economía. La portada de su primer número es ya toda una declaración de intenciones: una caricatura que mezcla al presidente de Iberdrola y al señor Burns, con el título “El lío eléctrico explicado a Homer”. Según dicen estos tres emprendedores, quieren hacer un periodismo incisivo y crítico, pero abierto a nuevos enfoques y para todos los públicos. Por ahora se han propuesto lanzar dos números en 2014. La publicación es un

intento de financiar el trabajo de periodistas especializados a través del apoyo directo de lectores y suscriptores. “Pretende ser tan libre y batalladora como la gran ballena blanca”, dicen en el nº1. La revista tiene 80 páginas con reportajes sobre el aumento de proyectos para extraer minerales en el país, la contaminación en China o alternativas al PIB.

 http://www.ballenablanca.es

Que no arrasen las profundidades marinas

¡Nos sobra energía y vamos a usarla!

 http://www.nossobraenergia.org/

fundas y en ocasiones devuelve muerto al mar hasta el 80% de lo capturado. Entre las medidas solicitadas por las ONG se encuentran identificar las áreas que contienen o puedan contener Ecosistemas Marinos Vulnerables, eliminar progresivamente el uso de artes destructivas, aplicar medidas que minimicen las capturas de especies no deseadas y fijar las posibilidades de pesca según las recomendaciones científicas. La biodiversidad de las grandes profundidades es comparable a la de las selvas tropicales o a la de los arrecifes coralinos poco profundos. España tiene el deber de cumplir los compromisos ambientales adquiridos con Naciones Unidas para una gestión sostenible de las pesquerías en aguas profundas y una protección adecuada de este patrimonio natural.

 http://ecologistasenaccion.org/article24132.html

Encuentro contra las prospecciones Alianza Mar Blava, Balears Diu No, Amics de la Terra, GOB Baleares, Eivissa Diu No, Columbretes Netes, Fundació Deixalles, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eivissa Antipetrolífera, Ecologistes en Acció del País Valencià y Greenpeace han celebrado en Valencia el primer encuentro estatal contra las prospecciones petrolíferas. Ante el negativo impacto social, económico y ambiental derivado de estos proyectos para extraer petróleo en varios puntos de las costas españolas, dichas organizaciones, que trabajan por su prohibición, exigen al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que no supedite el inte-

rés de las compañías petroleras al interés general que demanda la sociedad. Entre los acuerdos alcanzados destaca un llamamiento a la acción a la sociedad civil en un calendario de actividades que incluyen un día de acción global a nivel estatal, bajo el lema: “Nos sobra energía. No a las prospecciones”. Las alternativas planteadas incluyen la apuesta por un sistema energético no dependiente del petróleo, basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. Esto supone el inicio de un trabajo conjunto aprovechando el gran rechazo social e institucional contra estos proyectos. Ecologista, nº 81, verano 2014

En Acción

La campaña ¡Nos sobra energía! la conforman los diferentes colectivos de Ben Magec-Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias y cuenta con el apoyo de gran número de organizaciones y personas a nivel individual. Esta campaña se inicia a raíz de los intentos por parte de la empresa Repsol y del Estado (insistencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José M. Soria) de implantar plataformas petrolíferas en aguas cercanas a Canarias y de bloquear el desarrollo de las energías renovables. Una decisión que han tomado sin participación ciudadana y siguiendo intereses privados. Debido al amplio debate que se ha creado sobre este tema y a favor de un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie; desde la certeza de que Canarias puede ser un referente en el uso de energías limpias y ante las graves consecuencias que supone el uso de combustibles fósiles que fomentan el cambio climático, se ha promovido una amplia campaña informativa, de concienciación, participación y movilización en todo el archipiélago. Así las peticiones de la campaña se centran en: • Que se retiren los proyectos y autorizaciones para las prospecciones petrolíferas en Canarias. • Que el Gobierno, tanto estatal como autonómico, apuesten por las energías renovables en Canarias ya que contamos con condiciones excepcionales para la implantación de las mismas. • Reivindicar un nuevo modelo energético sostenible, descentralizado y democrático basado en las energías renovables y que disminuya el uso de combustibles fósiles. La participación ciudadana ha de ser un pilar fundamental de este nuevo modelo energético.

La Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC), Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana y WWF han lanzado una recogida de firmas para reclamar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que lidere la protección de los ecosistemas marinos de profundidad. España es el país líder en este tipo de pesca, con cerca de la mitad del volumen de capturas de la UE. Las pesquerías de profundidad se desarrollan entre 200 y 1.500 m bajo el nivel del mar en el Atlántico Nordeste. Ambientes extremos con frías temperaturas, falta de nutrientes y oscuridad hacen que estos singulares organismos crezcan despacio y tengan poca descendencia. Por ello, son muy vulnerables al impacto humano, especialmente a actividades como es el arrastre de profundidad, que destruye hábitats tales como corales de aguas pro-

Blogs Parques Nacionales La Iniciativa Ciudadana en Defensa de los Parques Nacionales, compuesta por personas preocupadas por la conservación de los quince mejores espacios naturales de España, presentó el día 23 de abril el manifiesto Parques Nacionales en la España del Siglo XXI. El Valor de un Símbolo para Nuevos Tiempos.

 http://tinyurl.com/n9h64ng No al TTIP Con objeto de divulgar las amenazas del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea, diversas organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, han lanzado la campaña “No al TTIP”.

 http://noalttip.blogspot.com.es BIEN El Área de Energía de Ecologistas en Acción ha creado el Blog de Información sobre Energía Nuclear (BIEN), en el que se recopilan textos, noticias y recursos antinucleares.

 http://nuclear-no-gracias.blogspot.com

¡No a la MAT, ni aquí ni en ningún sitio! La plataforma ciudadana No MAT nace con el objetivo de luchar contra la construcción de la línea de muy alta tensión (MAT) La Plana-Morella en la provincia de Castelló. Este proyecto consiste en una línea de doble circuito de 400 kV, con torres de 80 metros de altura, cada aproximadamente 400 m y un corredor desbrozado de unos 50 m de ancho. La línea pasaría por zonas de alto valor paisajístico y ecológico, incluidas zonas protegidas tanto por legislación autonómica como europea (ZEPA) y por zonas de nidificación de aves protegidas como el águila perdicera. Destruiría el paisaje de la zona interior de Castelló, principal recurso turístico de muchos municipios de esta zona, cuya economía depende en un alto porcentaje del turismo rural y de aventura. Sin olvidarnos de la grave amenaza que suponen estas líneas para la salud de las personas que viven, trabajan o simplemente pasean en sus cercanías. ¿Y todo este perjuicio para qué? Para favorecer los intereses de la empresa Red Eléctrica de España, responsable, con el beneplácito del Ministerio de Industria y Energía, de esta monstruosidad de proyecto. El principal objetivo de la MAT es el

En Acción

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Ecologista, nº 81, verano 2014

casacezar.pozorrubio@gmail.com http:// casacezar.wordpress.com/

transporte a larga distancia de excedentes de energía para poder ser vendidos al mejor postor. ¿Dará servicio a las viviendas del interior de Castelló? ¿Y a la industria local? No. Una vez más los pueblos del interior de esta provincia sufrirán todos los efectos negativos de una infraestructura que no dejará riqueza en la zona, pero que hipotecará el futuro desarrollo económico y ambiental del interior de Castelló. Pero aunque estas líneas se fraccionen en subproyectos para esquivar estudios de impacto ambiental más complicados, se debe tener en cuenta que la línea de Castelló es parte de una megalínea que continuará hacia el sur (Valencia) y seguirá por el este (Teruel) con múltiples ramificaciones hacia el norte y que pretende conectar Europa con el norte de África. Es decir, las líneas MAT son un problema que afecta a muchísimas personas a nivel nacional, pero sin embargo la desinformación es absoluta y las luchas quedan relegadas en la mayoría de los casos a un nivel local. Unámonos en esta lucha, exijamos y difundamos la información.

 nomatvlf@gmail.com

El ruido del tráfico se está convirtiendo en un problema europeo sin que hasta el momento las iniciativas para su control muestren respuestas eficaces. La contaminación acústica ha pasado de ser un tema estrictamente laboral para trasladarse a las zonas residenciales como un problema ambiental que afecta a millones de personas en la Unión Europea. La Ley del Ruido ha marcado en España un nuevo nivel de conocimiento sobre el problema, a partir de los Mapas Estratégicos de ruidos. Si bien existe un tamaño mínimo de población necesario para tener un Mapa Estratégico de ruidos, la ciudad de Melilla, en parte por iniciativas de entidades sociales, ya tiene el suyo en información pública. Las conclusiones sobre ruidos que se ha hecho pública en la ciudad de Melilla pone de manifiesto, desgraciadamente, que ya somos Europa, también en África. Los niveles de ruidos detectados en Melilla por encima de los niveles sonoros aprobados por Real Decreto abarcan el 40% del territorio, con más de 23.000 personas y 8.000 viviendas afectadas. Y lo que es más grave, 19 centros educativos afectados, es decir, prácticamente el sistema educativo al completo. Y el motivo del ruido, en el 97% de los casos, es el tráfico rodado. Ecologistas en Acción presentará alegaciones al Mapa Estratégico de ruidos, pues los centros educativos, que disponen de umbrales más bajos que las zonas residenciales, se han integrado en estas zonas, por lo que se teme que ni siquiera se establezca como objetivo el límite de mañana y tarde de 60 dB como límite sonoro.

7 años más sin medidas contra la contaminación El 25 de abril fue aprobado el llamado Plan Azul + (Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020). El nuevo plan de lucha contra la contaminación llega con 16 meses de retraso (el anterior finalizó en 2012), una clara muestra de la desidia de las autoridades regionales en este tema. Además, cuenta con un contenido poco eficaz y sin medidas concretas para encarar este serio problema. No establece regulaciones obligatorias ni una planificación encaminada a modificar el insostenible modelo actual de movilidad regional, que requiere una reducción urgente del tráfico privado. La estrategia se basa fundamentalmente en acciones voluntarias y recomendaciones, que no son proporcionales a la magnitud de la reducción de emisiones requerida para lograr una adecuada calidad del aire. Un plan creíble debería contar con medidas específicas, medibles, alcanzables, sujetas a

plazos y con un presupuesto asignado. Aunque se plantea la mejora del transporte público como una de las medidas más destacadas, para Ecologistas en Acción esto no es sino un sarcasmo en medio de la política de recortes y tarifazos que estamos sufriendo. Así, el presupuesto total de la estrategia para el período 2013-2020, 81 millones de euros, es inferior a los 100 millones recortados por la Comunidad de Madrid en su aportación anual al Consorcio Regional de Transportes, solo para el año 2014. Ecologistas en Acción recuerda que en la Comunidad de Madrid se da un incumplimiento generalizado de la normativa europea de calidad del aire. A pesar del problema de salud pública que esta situación supone (se calcula que por esta causa fallecen prematuramente 20.000 personas al año en España), no parece que el plan vaya a garantizar el derecho de la ciudadanía a respirar un aire saludable.

Foto: Ecologistas en Acción del Cinca

Mapa Estratégico de Ruidos de Melilla

Altos niveles de mercurio en el río Cinca no aumenten significativamente, por lo que los datos relativos a concentración en sedimentos de 2012 (70,2 µg/kg), cercanos a su máximo histórico de 2004 (72 µg/kg), son más que preocupantes. Los datos aportados por los informes de la RCSP indican que esta problemática es especialmente grave aguas abajo de las industrias de cloro con tecnología de mercurio. Y en el caso de Monzón, muestra el incumplimiento de la legislación existente, que obliga a realizar el cambio, a la tecnología de membranas, de forma inmediata. El mercurio es una sustancia tóxica y persistente que incluso en dosis muy pequeñas puede afectar al desarrollo neurológico y producir serios retrasos motores o de comunicación, también se relaciona con trastornos cardiovasculares, renales, hepáticos y de los sistemas inmunológicos y reproductivos.

 http://tinyurl.com/qex5dpf Ecologista, nº 81, verano 2014

En Acción

A la vista del Informe 2012 de la Red de Control de Sustancias Peligrosas (RCSP) de la Confederación Hidrográfica del Ebro existen altos niveles de mercurio en numerosos ríos de la cuenca. En el caso del Cinca, la producción de Química del Cinca, fabricante de cloro, es la mayor responsable de la contaminación por mercurio y que además ha repuntado en los últimos años. La legislación que regula estos vertidos especifica una norma de calidad ambiental (NCA) máxima para el mercurio, que no debe excederse, que en las analíticas a peces (biota) es de 20 µg/kg, por lo que las concentraciones en peces en el Cinca aguas abajo de Monzón (64,6 µg/kg) son 3 veces superiores a las permitidas. Para los sedimentos no se establece NCA, sin embargo indica la obligación de analizar la tendencia a largo plazo y adoptar medidas para garantizar que las concentraciones de sustancias peligrosas

Internacional

Autopista parada

Consulta Yasuní: alarma por fraude

Amenazada reserva forestal en Colombia

La Plataforma Yasunidos había reunido firmas para reclamar un referéndum sobre la explotación petrolera del Parque Nacional de Yasuní en Ecuador. Pero el organismo electoral ecuatoriano validó solo 359.761 firmas de las 727.947 recogidas, por lo que no se alcanzó el mínimo necesario para impulsar la consulta popular. Desde Yasunidos y otros grupos se denuncia que el proceso de verificación de firmas se haya realizado sin representantes externos. También se apunta a las sospechosas situaciones que han llevado a la invalidación de firmas: desaparición de las copias de identificaciones personales de las personas encargadas de recoger firmas; hojas de firmas rechazadas por el gramaje del papel; cajas abiertas o documentos ilocalizables. Resulta también preocupante que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, deslegitimara los esfuerzos de tantos voluntarios para la recogida de firmas y que anunciara que muchas serían invalidadas incluso antes de que comenzara el proceso de verificación. Ecologistas en Acción apoyó la celebración de una consulta popular por razones ecológicas y humanas. Ahora también lo hace por el respecto a la justicia y la democracia frente a presunto fraude en el recuento de firmas.

La Reserva Forestal Regional Productora del norte de Bogotá Thomas van der Hammen fue declarada como tal en julio de 2011. Su objetivo era hacer frente a la amenaza latente de la conurbación de la Sabana de Bogotá, la desaparición inminente de especies de flora y fauna nativas, la voracidad del modelo de ciudad expansionista. Sin embargo, con la destitución del Alcalde Gustavo Petro y la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá por el Consejo de Estado, se frenan los avances en materia ambiental logrados por el Gobierno y se afecta de manera negativa al proceso de formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal. Pero ahora se permite la construcción del tramo norte de la Avenida Longitudinal de Occidente sobre el humedal La Conejera, la Reserva y el área rural del Borde Norte, causando impactos ambientales negativos e irreparables a estos ecosistemas, impidiendo la conexión de la Reserva con el Parque Metropolitano Guaymaral y con la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales. El Pacto Ambiental Ciudadano se opone a dichas actuaciones y pide el mantenimiento de la protección y la restauración de la reserva.

Ecologista, nº 81, verano 2014

El Gobierno holandés decidió en 2011 modificar el trazado de la autopista A2, entre Den Bosch y Eindhoven. Pero el proyecto afectaba a un lugar de la Red Natura 2000, una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad. En concreto, ampliar la autopista iba a perjudicar, por la desecación y la acidificación de los suelos, a un hábitat de 6,7 hectáreas de prados de molinias. El Gobierno holandés siguió adelante, pero para “compensar” planeó crear nuevos prados de molinias en una zona cercana. Pero el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que no actuó correctamente. Su fallo sienta jurisprudencia en toda Europa y refuerza la directiva Hábitats al aclarar que no se puede construir en un lugar de la Red Natura 2000 si con ello resulta afectado un hábitat protegido.

gicos. Estos costes se deben a la carga de trabajo adicional, al coste económico y el tiempo que conllevan las medidas preventivas para evitar la contaminación transgénica y de las consecuencias cuando esta se produce. La encuesta muestra que: • Las perdidas económicas de las medidas preventivas a las que están obligados los agricultores ecológicos en EE UU pueden llegar a suponer más de 6.000 € anuales, entre zonas de barrera, retraso en la siembra, análisis y otras medidas. • Un tercio de los encuestados había sufrido contamina-

Transgénicos vs agricultura ecológica Una encuesta realizada a agricultores ecológicos de EE UU demuestra el fracaso de la denominada “coexistencia” entre los cultivos transgénicos y los ecológicos o convencionales. La experiencia en EE UU muestra que la prevención de riesgos y los efectos de la contaminación por transgénicos plantean una desventaja injusta para el resto de productores. La encuesta, realizada en EE UU por las organizaciones Food & Water Watch y OFARM, revela los costes extra a los que se ven sometidos los agricultores ecoló -

ción en su cosecha, con una pérdida media de más de 3.000 € anuales por pérdida del valor añadido, búsqueda de otro comprador y transporte. De ellos, la mitad habían visto su cosecha rechazada varias veces. • Otras consecuencias incluyen abandono de cultivos en los que hay aprobadas variedades transgénicas, o tensión con los vecinos que cultivan estas variedades.

adelgazan aumenta su extensión flotante y los investigadores afirman que han adelgazado ya tanto que ahora flotan en zonas donde antes estaban sólidamente reposando en el fondo. La aceleración del desplazamiento de los hielos y su adelgazamiento están directamente relacionados: al ser más rápido su flujo, se

155 millones en 5 años Más de 144 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus casas por los

Parar los transgénicos gares en Somalia y Etiopía, que tienen que huir a Kenia, Egipto o Yemen. La mayoría de las personas que abandonan sus hogares son pastores, agricultores a pequeña escala y productores agropecuarios. El informe revela que las personas viajan a menudo sin los documentos legales esenciales, sin dinero o artículos personales, y pueden estar separados de sus familias. Asimismo, las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares como resultado de un desastre o por los efectos del cambio climático, no son considerados refugiados en virtud del derecho y convenciones actuales. Si la condición de refugiado no se puede aplicar, las personas desplazadas pueden tener un acceso limitado a la asistencia.

 http://ehs.unu.edu/ Inevitable e irreversible El colapso de los glaciares en la extensa región de hielo de la Antártida occidental parece inevitable. Dos equipos científicos independientes pero trabajando sobre la misma zona llegan a la misma conclusión: que el proceso, que se puede acelerar en el futuro, ha empezado ya. Ese colapso es inevitable. Y tal es la cantidad de hielo acumulado en la Antártida occidental, que su fusión provocaría una elevación del mar de 1,2 metros. A medida que los glaciares

Una amplia coalición de organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, ha iniciado un llamamiento internacional para frenar la expansión de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente. Para la iniciativa, las regulaciones vinculantes deben ser implementadas para prevenir la liberación de plantas modificadas genéticamente, en particular si pueden persistir e invadir el medio ambiente y dar lugar a un flujo de transgenes a poblaciones nativas o variedades locales de los centros de origen y de diversidad genética. Estas organizaciones se va a dirigir a las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para pedir que se involucren activamente. El CDB, en virtud de su Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, exige que se tomen medidas eficaces para proteger la biodiversidad y prevenir los movimientos transfronterizos involuntarios

de organismos modificados genéticamente. El llamamiento está apoyado por Ecologistas en Acción (España), Econexus, Ecoropa, ETC Group, Red Europea de Científicos para la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER por sus siglas en inglés), Amigos de la Tierra Europa (FOE), Gene-ethical Network (Alemania), Greenpeace International, Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” (España), Testbiotech (Alemania), Third World Network y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCCS (México) entre otros. Las organizaciones firmantes tienen como objetivo recabar un amplio apoyo de la sociedad civil y llevarán las demandas a las reuniones de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología y el Convenio sobre la Diversidad Biológica que tendrán lugar en septiembre/octubre de 2014 en Corea del Sur.

 http://tinyurl.com/q2q8eac

Internacional

efectos del cambio climático entre 2008 y 2012, según un informe que han publicado el Instituto para la Seguridad Humana y Medioambiental de la Universidad de las Naciones Unidas y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). La gran mayoría de ellos huyeron de inundaciones, tormentas e incendios forestales, así como otros efectos del cambio climático. Y a ello, hay que añadir las prolongadas sequías, que obligan a las personas a abandonar sus ho-

estiran y adelgazan de forma que una mayor extensión de ellos se convierte en hielo flotante. También la topografía influye ya que en esa región del terreno está bajo el nivel del mar, lo que significa que al reducirse, el glaciar no alcanza el mar y el agua más templada se acumula y acelera su fusión.

Ecologista, nº 81, verano 2014

La crisis ambiental como pretexto para la mercantilización de la naturaleza

Biodiversidad privatizada

Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción La voracidad del capitalismo financiero amenaza cada vez más parcelas de la naturaleza en su afán de incrementar los beneficios monetarios. Privatizaciones de fincas públicas, creación de bancos de hábitats, apropiaciones de recursos naturales… todo vale para poner precio y hacer negocio con especies, ecosistemas y servicios ambientales, de los que depende directamente nuestra vida.

a difícil situación en que la especie humana ha puesto al planeta y a las especies que lo habitan nos ha hecho aproximarnos a la conservación de la naturaleza de distintas maneras. En el contexto de crisis financiera mundial, la crisis ambiental ha pasado a segundo plano, a la vez que emergían las iniciativas neoliberales para, dicen, detener la pérdida de biodiversidad. El sistema económico ha reparado en los últimos tiempos en que los procesos ecológicos tienen beneficios sociales, y su degradación y su pérdida suponen un impacto económico, así que se ha propuesto sacar tajada de nuestra dependencia de los ecosistemas. Al igual que la dimensión económica de la crisis es la excusa para privatizar los servicios públicos, la ambiental sirve de excusa para privatizar ni más ni menos que la naturaleza. Sorprendentemente, cuando se han empezado a trazar alianzas para combatir la mercantilización de la naturaleza, esta ya estaba en el mercado. Disponemos ya de numerosos casos de cómo nuestro medio natural ha sido comprado y utilizado como una mercancía: desde el agua, ejemplo clásico de privatización de un bien natural, a las iniciativas que a nivel internacional se han puesto en marcha desde diferentes foros.

Se vende y acota el monte mediterráneo A escala estatal nos hemos encontrado en los últimos años con la puesta en venta de montes públicos en zonas de alto valor natural. En Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal elaboró entre finales de 2012 y comienzos

Ecologista, nº 81, verano 2014

de 2013 una lista con 57 montes públicos [1] que se disponía a vender pese a figurar la mayoría en espacios naturales protegidos. Recientemente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto a la venta la finca de La Almoraima, dentro del Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz) y de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo [2]. Ecologistas en Acción ayudó a frenar el intento en Castilla-La Mancha y ahora, junto con otras ONG ha pedido a la Junta de Andalucía que se oponga a este expolio. La modificación de la Ley de Montes estatal y las revisiones de las normativas de caza nos muestran otra serie de amenazas. A los recurrentes cierres de caminos públicos y vías pecuarias por parte

1 de propietarios de fincas [3], se suman el Gobierno central y algunos autonómicos planteando penalizar el uso público, dando prioridad a usos privativos como la caza. Las limitaciones al ciudadano en el medio natural dejan el campo libre a los cazadores para la celebración de batidas y monterías, cumpliendo las exigencias del lobby cinegético. Otra prueba de que estas nuevas leyes están al servicio de intereses mercantiles es la modificación del artículo 50 de la Ley de Montes, donde se establecía una moratoria de 30 años para construir en las zonas forestales quemadas. Este artículo se creó para evitar que se incendiaran los montes con vistas a cambiar la catalogación de los terrenos “por la vía rápida” para especular con ellos. Con el cambio que ahora aparece en la propuesta de Ley de Montes, dicha moratoria se supedita a la decisión de las Comunidades Autónomas, que pueden aducir razones de “interés general” para no cumplirla. Y hay muchos ejemplos más. Las consecuencias de los cambios legislativos se pueden comprobar en proyectos institucionales como “El árbol es vida”, que recientemente ha presentado el Ministerio amparándose también en los cambios normativos propuestos en la nueva propuesta de Ley de Montes, y que implica a varios ministerios. Bajo el disfraz de la acción ambiental contra las emisiones de CO2 y la creación de jornales, este proyecto promueve la plantación de especies 2

forestales de rápido crecimiento para el aprovechamiento forestal de los montes a corto plazo, algo que creíamos superado después de las desastrosas consecuencias que han tenido las políticas forestales de hace décadas, que llenaron de pino y eucalipto nuestros montes. Las bases del proyecto incluyen los máximos incentivos fiscales a las empresas que lo apadrinen, lo que constituye una invitación de facto al sector privado a participar en los beneficios que generen las nuevas explotaciones forestales.

Especies en peligro La atención a especies amenazadas es una de las materias más afectadas por recortes y privatizaciones. Los centros de fauna, con menos medios que nunca por la disminución de presupuestos públicos, dependen cada día más de ONG o donaciones de particulares. El proyecto emblemático Life Iberlince ha visto cómo las Comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha, ante la indiferencia cómplice de la Unión Europea, abandonaban sus compromisos económicos de aportación y delegaban en empresas privadas del sector forestal, sin experiencia previa en el lince, los trabajos de preparación de las zonas de recuperación de la especie. En el plano normativo, la aprobación del Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras que ha sustituido al casi sin estrenar de 2011, ha sido descafeinado en favor de los intereses de los sectores más intensivistas de la caza y la pesca, las peleteras de visón americano, las tiendas de mascotas, los agrocombustibles y los viveros de jardinería.

El precio de la naturaleza También es más que alarmante la tendencia de los foros internacionales. La biodiversidad en todos sus niveles (genético, específico y ecosistémico) ofrece una serie de beneficios de los que nos aprovechamos como sociedad: polinización y alimentos,

3 recursos naturales, purificación de agua y aire, bienes culturales, usos recreativos… No se trata de bienes fácilmente tangibles y no es fácil medir su impacto económico según este sistema vigente, por lo que se presentan como externalidades al sistema económico. Averiguar o decidir el precio de los ecosistemas es, por tanto, el nudo gordiano si se quiere dar un paso más y privatizar elementos que en realidad tienen un valor que va mucho más allá de lo monetario, además de resultar, en muchas ocasiones, insustituibles, no solo por ser difíciles de percibir, sino por su valor ambiental y su singularidad. Algunos elementos se han tasado atendiendo por ejemplo a lo que un usuario pagaría por entrar a un determinado espacio natural, pero otras cuestiones son aún más difíciles: ¿qué valor puede tener el mantener el suelo fértil a través de la actividad de la fauna del suelo? ¿o los polinizadores que permiten mantener la producción en muchos cultivos? ¿es el dinero ahorrado en sanidad el precio que

Bancos de Conservación

na de las opciones que han aflorado con fuerza son los Bancos de Hábitat o de Conservación, y que se incorporan en la nueva Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013). Se pueden definir como la obtención de créditos por realizar acciones de mejora ambiental en algunos territorios. Los créditos se pueden comercializar o usar como moneda de cambio para ejercer una agresión a un territorio. Este concepto empieza a arraigar en España de la mano de otros conceptos como los Mercados de medioambiente o Biodiversidad para los negocios, manipulando la conservación como una transacción financiera. Las empresas de consultoría transnacionales se mueven ahora para comprar pequeñas consultoras ambientales estatales, tomando posiciones en el campo de la restauración y la evaluación de impacto ambiental, indicando que se puede estar creando un negocio tan jugoso como tenebroso.

1. Los mercados intentan obtener beneficio a costa de la biodiversidad. 2. Nuestra vida y bienestar depende directamente de la biodiversidad. 3. Dehesón del Encinar, en Oropesa, Toledo, uno de los MUP que se querían privatizar. podemos pagar por la depuración del aire que ejercen los bosques? Ante el impacto negativo que el deterioro ambiental supone para la economía, estas preguntas empiezan a cobrar sentido para entidades como aseguradoras o bancos [4]. Hay por tanto varios frentes abiertos que pretenden poner precio a la biodiversidad, como la bien conocida iniciativa TEEB [5] (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad), iniciada por el G8 en 2007 y que pretende una aproximación ambiciosa a todos los ámbitos relacionados con la economía y la biodiversidad.

La privatización llega a Naciones Unidas En octubre de 2012 en Hyderabad (India) tuvo lugar la undécima Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas [6]. Las decisiones finales daban la bienvenida a la inversión privada para la financiación de la lucha contra la destrucción de la biodiversidad junto a fuentes especulativas como la bolsa. Estas decisiones tuvieron lugar solamente tres meses después de la cumbre de Río+20, donde se consumó un proceso de mercantilización global del medio ambiente escondido tras el concepto de Economía Verde. Ecologista, nº 81, verano 2014

Además, durante esa cumbre el CDB dejó en manos de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático (CMNUCC) el mecanismo REDD+, la herramienta más ambiciosa para la regulación de la explotación forestal y que supone una seria amenaza a los bosques de todo el planeta si se administra bajo criterios de mercado. Las salvaguardas ambientales a REDD+ impuestas por el CDB, que nunca fueron muchas, quedan a merced de la CMNUCC y los intereses de la agroindustria infiltrada. Siguiendo la peligrosa senda que la lucha contra el cambio climático tomó al adoptar los Mecanismos de Desarrollo Limpio de Kioto para compensar las emisiones de CO2, el paradigma de la compensación (destruyo aquí y pago para conservar en otro lado) se ha contagiado a las políticas de conservación. Así, se han abierto las puertas a relajar la legislación de protección de la naturaleza mediante la creación de un mecanismo de mercado de compraventa de títulos de conservación. Se regula e incentiva el que entidades privadas o públicas paguen para poder destruir la biodiversidad. La iniciativa No net loss (Evitar la pérdida neta) surge en 2012 por mandato de la Comisión Europea, con el apoyo de la OCDE, para implementar mecanismos de compensación por destrucción de la biodiversidad a partir de 2015 [7]. La premisa es asumir como inevitables las agresiones a los ecosistemas pero al menos compensarlas para que la biodiversidad en su globalidad no vaya a peor. La trampa es múltiple: primero, conservar un hábitat o una especie determinada no puede compensar otra distinta. Cada espacio, ecosistema o comunidad es único e irreempla-

zable. Esta iniciativa permitiría por ejemplo destrozar un hayedo milenario para instalar una mina e intentar compensarlo con una plantación de hayas, o amenazar una población de lince con una carretera, creando un centro de cría en cautividad. Segundo, el principio de No net loss es perverso: ante la crisis ambiental actual es inaceptable seguir ejerciendo acciones contra la biodiversidad, sin plantearse que debemos revertir la tendencia actual de degradación. Tercero, al ser mecanismos de mercado significa que es el mercado quien regula los precios. Se dará un precio a cada individuo o población de cada especie que pueda ser destruida, y a cada ecosistema, como si la vida pudiera medirse en términos monetarios. Por otro lado, en un escenario de precios “altos” de la biodiversidad el mecanismo podría, de algún modo, frenar o condicionar determinados proyectos destructivos. Pero ¿qué sucede si los precios se hunden?: destruir la biodiversidad será casi gratis. Aunque la OCDE sí propone escenarios más positivos, de “ganancia neta” que posteriormente descarta, la Comisión Europea no solo ha puesto menos énfasis en otros escenarios posibles, sino que tampoco lo ha hecho en relación a la necesidad de evitar impactos y luego minimizar los inevitables antes de pensar en compensarlos, algo que la OCDE sí ha remarcado. Iniciativas para contener la destrucción de biodiversidad mediante la compensación ya se llevan aplicando largo tiempo en Alemania, Sudáfrica o Estados Unidos. Sudáfrica por ejemplo, tiene un sistema de puntuación en función del ecosistema a destruir que sirve de indicador del dinero a pagar en restauración de ecosistemas. El sistema ha sido calificado de “muy limita-

Los indígenas mundurucu vendieron sus derechos sobre los recursos de una región amazónica en el Estado de Pará (Brasil) de 23.000 km2 (3 veces la superficie de la Comunidad de Madrid) por 120 millones de dólares a una empresa irlandesa.

do” [8]. El sistema norteamericano se lleva aplicando a humedales desde los años 70 con resultados calamitosos y alejados de sus objetivos.

Biopiratería Nada de la biodiversidad escapa a la privatización. La diversidad genética que permite la adaptación de las especies al entorno es la base de dos importantes beneficios sociales: la biodiversidad como despensa farmacéutica, y la domesticación de variedades de plantas y animales que se adecúan mediante selección artificial a las condiciones ambientales. En el primer caso, principios activos y recursos farmacológicos conocidos desde hace siglos por comunidades locales tradicionales han sido esquilmados y su uso blindado mediante patentes. En el segundo, la variabilidad genética cultivada y mantenida como semillas o razas de ganado es cada vez más escasa debido a las grandes compañías del agronegocio. El Protocolo de Nagoya, aprobado inicialmente en 2010, pero que aún no ha entrado en vigor y con serias lagunas legales, pretende acabar con esta situación. Al ser las comunidades locales las poseedoras de los recursos genéticos de los territorios donde viven ningún aprovechamiento económico puede darse sin su aprobación y sin que la comunidad sea también beneficiada. No está claro que se consiga aplicar este Protocolo pues hay muchos intereses corporativos en juego, y la gobernanza de Naciones Unidas está en entredicho después de tantos fracasos. Desgraciadamente, un sistema económico en entredicho ha arrastrado hacia el lucro a cualquier elemento a su paso. Y ni siquiera lo más invalorable de todo este planeta, su patrimonio natural, queda libre de su punto de mira. Va a costar mucho tiempo desterrar estos conceptos errados que entretanto, bajo la etiqueta de soluciones a la destrucción de la biodiversidad, corren el riesgo de hacer aún más estragos en la naturaleza.

Notas y referencias 1 http://www.ecologistasenaccion.org/article25086.html 2 Ver artículo de Juan Clavero, “La Almoraima”, en este mismo número. 3 Ver artículo de Mª J. Esteso, “Cierre de caminos públicos”, en este mismo número. 4 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=banksput-a-price-on-earths-life-support 5 http://www.teebweb.org/our-publications/teeb-studyreports/ecological-and-economic-foundations/ 6 http://biodiversidadesfuturo.wordpress.com 7 http://www.oecd.org/env/resources/biodiversity.htm 8 Manuel Jeffrey, The limits to what can be offset: South African Policy and experience. http:// vimeo.com/70576470

Ecologista, nº 81, verano 2014

La crisis biológica de los anfibios José Alberto Pereda

Foto: Ecologistas en Acción.

Se trata del grupo de vertebrados más amenazado globalmente

Está ocurriendo un fenómeno terrible: los anfibios de todo el planeta sufren unas reducciones dramáticas de sus poblaciones. Tanto, que para algunos autores son un claro evento de extinción masiva. Debemos responder con acciones inmediatas, esfuerzos para ganar tiempo y fondos para entender y detener su declive. Quizá así también estaremos salvando nuestro propio futuro.

a crisis biológica que sufren los anfibios, es una tragedia que está ocurriendo ahora mismo, delante de nuestros ojos. Los batracios están bajo un peligro extremo, y su situación empeora año tras año, extinguiéndose a un ritmo mil veces más alto que las tasas naturales. Están desapareciendo incluso especies desconocidas o nuevas antes de ser catalogadas. Y lo que es más grave: los anfibios están sin defensas ni aliados en esta lucha final. Cronológicamente, esta situación posiblemente empezase en los años 50 del siglo XX, con un declive relativamente rápido desde finales de los años 50 hasta finales de los 60. Pero es en los últimos 3035 años cuando se evidencia un marcado declive, más lento pero continuado, que llega hasta nuestros días. Ya en los años 80-90, sistematizados los protocolos y estándares de monitorización, se constató de forma alarmante la desaparición de los anfibios en general, incluso en áreas donde la influencia humana era menor, como los espacios protegidos y reservas, y además que estaba ocurriendo de forma rápida. Los científicos sospecharon de varios organismos patógenos, como una nueva enfermedad infecciosa causada por un hongo quítidro.

de 500 científicos de 60 naciones contribuyeron a realizar una evaluación global de los anfibios, y en el que se analizó el estado de distribución territorial y conservación de las 5.743 especies conocidas, se constató que están sufriendo más que ningún otro grupo de organismos: ffPor lo menos 1.838 especies de anfibios conocidos en el mundo están en peligro de extinción, el 32% del total. ffEl 43% de las poblaciones están en recesión y disminuyendo en población. ffDesde 1980, al menos 160 especies se han extinguido o no hay rastro de ellas. Otras 113 no han sido documentadas en estado salvaje en años recientes, por lo que también pueden estar ya extintas. ffSolo el 24% o menos de las poblaciones se encuentran estables y apenas el 1% está en crecimiento. ffSe desconoce o faltan datos suficientes para evaluar con precisión el estado de casi 1.300 especies, aunque muchas de ellas se teme que están muy amenazadas. En comparación, el 12% de las aves y el 23% de los mamíferos están en peligro de extinción. La situación en España es similar a los países del hemisferio norte.

Dramático declive

Causas de la regresión

En un magnífico estudio [1], en el que más

Debido a que viven entre la tierra y el agua, los anfibios se ven afectados doblemente por las alteraciones y la degradación que sufren

José Alberto Pereda, Ecologistas en Acción de León

ambos medios. Más abajo relacionamos las amenazas más importantes, que sorprenden por su elevado número, su efecto combinado y su importante incidencia en un periodo de tiempo muy breve. Además, para su desgracia, los batracios parecen no tener ningún aliado en esta lucha por su supervivencia, pues el ser humano –responsable máximo de sus problemas– en el mejor de los casos solo les muestra indiferencia. ff Modificación de su hábitat por fragmentación y/o desaparición del mismo, lo que impacta en el 90% de las especies, como la desecación de las tierras húmedas, o erigir barreras que dificultan los desplazamientos reproductores anuales, incomunicando a las poblaciones. Además, el desarrollo urbano desmedido lleva aparejada la eliminación de masas de agua y zonas encharcables que muchas veces son los lugares apropiados para su reproducción. Sin olvidar la gran cantidad de muertes por atropello, debidas al tránsito rodado. También destacan aquí los incendios forestales, la agricultura intensiva, la desaparición de riberas naturales y ribazos, o la desecación de charcas, humedales y áreas encharcadizas a causa de la sobreexplotación de los acuíferos. ff Contaminación, agropecuaria e urbana-industrial de aguas dulces, charcas y lagunas, que acumulan pesticidas (herbicidas e insecticidas), fertilizantes (nitratos y nitritos) Ecologista, nº 81, verano 2014

o sufren el efecto de la lluvia ácida, haciendo que mueran súbitamente las larvas, se disminuya o se distorsione su desarrollo, aumente la incidencia de enfermedades infecciosas, etc. También tienen una negativa influencia muchos fitosanitarios e insecticidas de aplicación directa sobre especies de la cadena trófica de los anfibios. ffAumento de la radiación ultravioleta (UV-B) que daña la piel de los adultos y afecta a la viabilidad y desarrollo de huevos y larvas. ff Cambios de temperatura y precipitación, que alteran los microclimas y afecta a sus patrones reproductivos. ff Experimentación animal y comercio con la decimación de las poblaciones, especialmente aquellas de coloración más llamativa. O la muerte directa producida por su ancestral mala fama. También se usan en rituales o en juegos donde son maltratados por humanos insensibles. ff Especies foráneas y exóticas introducidas en ambientes acuáticos para favorecer la pesca deportiva, como salmónidos, peces exóticos, cangrejos, galápagos, etc. y que

Ecologista, nº 81, verano 2014

en no pocas ocasiones representan un gran problema para los anfibios, pues favorecen la depredación excesiva de adultos, larvas y puestas, la competencia trófica con ellos y la transmisión de enfermedades. ff Enfermedades como las originadas por iridovirus, muy contagiosas y mortales, bacterias como Aeromonas hydrophila, que en grandes concentraciones provoca mortalidades en masa de adultos y larvas. Además, un enigmático microorganismo mesomicetozoatico ha sido señalado como causante de la muerte masiva de anfibios. Y entre los hongos destaca Saprolegnia, que causa gran mortandad de huevos y larvas, y el hongo quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis), el más letal, generador de la enfermedad de la quitridiomicosis. Este hongo es el causante directo de buena parte de la disminución mundial de batracios y de la pérdida más espectacular de biodiversidad en vertebrados de la historia reciente. Su origen, parece apuntar a la rana Xeopus laevis (rana africana), que durante décadas se utilizó con dudosa fiabilidad para diagnosticar los embarazos

de las mujeres. ff Pesca y captura (en España, sobre todo en la zona norte) ya sea como deporte o como alimento para consumir sus ancas. En otros países se capturan por supervivencia, provocando como consecuencia indirecta un excesivo desarrollo de mosquitos y plagas asociadas.

Iniciativas y posibles soluciones Realmente son pocas, paliativas y a posteriori, las medidas que se están tomando para revertir esta negativa situación para las poblaciones de anfibios. Habría dos ámbitos en los que actuar, global e individual. A nivel global: convocar cumbres y similares sobre la conservación, promovidas por académicos, gobiernos e instituciones con autoridades en la materia, que creen y coordinen planes globales de actuación teórico-prácticos, con el fin de proteger a las poblaciones de anfibios. La mayor prioridad y urgencia sería acometer mejoras en sus hábitat naturales, con la conformación de redes de espacios, la protección de ma-

sas de agua y paisajes terrestres asociados, gestionando los arroyos, charcas y ríos por la población local. En casos más extremos habría que actuar fuera de su hábitat (laboratorios, colonias, arcas de anfibios, etc.), donde es posible controlar amenazas tales como el hongo quítrido. Posteriormente se podrían liberar ejemplares totalmente sanos en sus áreas silvestres natutales. Sería primordial dotar de fondos y medios para promover una investigación acelerada sobre las enfermedades de los batracios para combatir esta ola de extinción. También hace falta una mayor protección de las áreas naturales y de aquellos espacios donde desarrollan sus ciclos vitales, con regulaciones estrictas y punitivas para el comercio de anfibios. Es necesario excluir a los batracios de los listados de especies capturables o pescables en el ámbito estatal, por ley y de manera permanente. Además de su inclusión cuando sea necesario en los listados de especies amenazadas. Del mismo modo, son imprescindibles programas educativos para la mayor parte de la población, en los que se exponga el problema y se muestren las soluciones posibles con implicación de la población local. Y finalmente nosotros, de forma individual o colectiva, podemos hacer muchas cosas bastante obvias, como: no comér-

noslos y oponernos a que sean comidos; no contaminar aguas con residuos o productos químicos; no atropellarlos; no deteriorar sus hábitat, etc. También podemos llevar a cabo acciones de protección activa, tales como la creación de charcas para anfibios, poner señales para advertir a conductores, mantener humedales, poner en conocimiento de las autoridad las infracciones y desmanes que observemos, etc. En definitiva, debemos hacer lo posible para que se tome conciencia del grave problema que supone el declive de las poblaciones de los anfibios, porque estos animales, además de per se, son importantes a muchos niveles. Desde el punto de vista agrario y forestal, son excelentes insecticidas naturales, que combaten las plagas; por sus complejos ciclos de vida y su piel sensible a las condiciones ambientales, sirven como indicadores de la salud ambiental y el grado de conservación de un determinado ecosistema, etc. Y ya desde un punto holístico, con sus cantos y llamadas equilibran nuestras frecuencias, elevan las vibraciones del ambiente, manteniendo saludables a los ecosistemas.

6 1. El hongo quítrido causa estragos. 2. La contaminación de las aguas dificulta su reproducción. 3. Los atropellos diezman a los batracios. 4. Salamandra. 5. Amplexo de rana común. 6. Señal de advertencia de paso de anfibios. 7. Puesta.

¿Seremos los responsables de la extinción de nuestros ancestros evolutivos? Nos preguntamos entonces, ¿son los anfibios el primer grupo de vertebrados que sufre con más dramatismo las consecuencias de nuestra despreocupación por el deterioro ambiental? No hay que olvidar que ellos son nuestros ancestros más antiguos, pues el desarrollo de un anfibio resume todo un capítulo de la historia de la vida sobre la Tierra. Los batracios de la era primaria, los estegocéfalos, fueron los primeros tetrápodos, constituyendo el tronco basal del que han

La rana común (Pelophylax perezi),

o se conoce en detalle su situación actual en el Estado español, por falta de estudios suficientes. Pero además de los peligros a que se enfrenta junto al resto de los anfibios, la rana común es el único batracio autóctono explotado en ranicultura, y también sufre la captura directa de ejemplares en el medio natural para consumir sus ancas. La Junta de Castilla y León, por ejemplo, la incluye en varias provincias –en su nociva y trasnochada Normativa Anual de Pesca– como especie objeto de pesca (en 2013 se permitían 24 ranas al día por pescador). Se adivinan objetivos de fomento de un turismo gastronómico y la venta de licencias, pero que acabaran con la rana común en extensas zonas. Según la Asociación Herpetológica Española esta rana “debería ser incluida, al menos, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por estar incluida en el anexo III del Convenio de Berna”.

7 derivado todos los vertebrados terrestres. Llegamos al final de esta triste crónica con un previsible desenlace, tan claro como terrible: los anfibios van camino de la extinción y los culpables somos nosotros, los humanos, que nunca hemos apreciado que ellos son unos verdaderos fósiles vivientes, pues sus ancestros vieron pasar a los primeros reptiles, asistieron y sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, vieron el despegue de las aves y el nacimiento de los mamíferos. Y el último mamífero en instalarse en el planeta, si no le ponemos remedio, acabara con los seres más antiguos, sin ninguna compasión y con cruel indiferencia. Pero la moraleja de este gran drama cósmico es que los anfibios van por delante, pero no serán los únicos. El resto estamos en la cola.

Referencias 1 Stuart, S. N., J. S. Chanson, N. A. Cox, B. E. Young, A. S. L. Rodrigues, D. L. Fischman y R. W. Waller. 2004. “Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide”. Science 306:1783-1786.

Ecologista, nº 81, verano 2014

Un 42% de los tiburones y rayas mediterráneos están amenazados

La conservación de los tiburones en Europa

Àlex Bartolí y Sandrine Polti 1

Los tiburones son capturados principalmente por sus aletas (valoradas en el mercado asiático) y por su carne que se consume tanto en Europa como en otros países. En los últimos años se han aprobado en Europa medidas importantes para protegerlos de la sobrepesca, pero aún queda mucho por hacer: muchas especies del Mediterráneo y del Atlántico europeo se encuentran amenazadas.

os tiburones aparecieron en la tierra hace unos 450-500 millones de años y las rayas hace unos 150 millones de años. A lo largo de los tiempos, evolucionaron y se diversificaron hasta conseguir colonizar casi todos los hábitats acuáticos y generar las casi 1.170 especies de tiburones y rayas existentes en la actualidad, a escala global. Los tiburones se han pescado de forma sostenible durante muchísimos años, hasta que la industrialización del sector pesquero empezó a provocar el declive de sus poblaciones, a partir de mediados del siglo XX. Los tiburones son capturados principalmente por sus aletas (de gran valor en el mercado asiático), aunque también por su carne que se consume tanto en Europa (principalmente en Italia, pero también en Francia, España y diferentes países nórdicos), como en otros países. La pesca de tiburones empezó a ser una pesquería objetivo cuando se empezaron a regular las pesquerías de atún y pez espada, pesquerías en las que las capturas de tiburones estaban asociadas como capturas accidentales y, sobre todo, cuando el mercado de las aletas asiático empezó a incrementar su demanda. Así, se empezaron a generar malas praxis pesqueras como el finning o aleteo, que provocaron una gran disminución de las poblaciones de estas especies.

de depredador en las cadenas tróficas, la naturaleza les dotó de unas características biológicas que servían para regular el número de sus poblaciones. Así, los tiburones son animales muy longevos, de lento crecimiento y lenta maduración sexual, largas gestaciones y un número muy bajo de crías, por lo que sus tasas de reproducción natural son bajas. Esto, de gran utilidad para mantener el tamaño de las poblaciones de depredadores menor que el de las presas, resulta ser un gran problema cuando las pesquerías industriales los sitúan como objetivo puesto que muchas de las especies capturadas no pueden reponer el estado de sus poblaciones cuando la presión pesquera va más allá de su escasa capacidad de reproducción. Los tiburones son animales altamente vulnerables y esta situación ha llevado al declive de muchas de las poblaciones de tiburones a nivel mundial y ha afectado especialmente a poblaciones del Mediterráneo y del Atlántico europeo. A la vista de esta situación, en los últimos años ha existido una creciente preocupación por la conservación de estas especies y, aunque muy lentamente, se han ido generando algunos avances. Aun así, lejos de estar en óptimas condiciones, todavía queda mucho trabajo por hacer en esta materia.

Más vulnerables que temibles

Empieza la protección

Lejos de ser los temidos animales que creemos conocer, para compensar su rol

El año 2009 fue un año importante para la conservación de los tiburones en Europa.

Ecologista, nº 81, verano 2014

Antes de esta fecha, en el Estado español no existía ninguna protección para estos animales, pero en 2009, fuimos el primer país de la UE en establecer una prohibición para la pesca de todas las especies de tiburones martillo y tiburones zorro [1]. Aunque sobre todo, ese año fue importante porque la UE adoptó el Plan de Acción Comunitario para la Conservación y la Gestión de los Tiburones, marco a partir del cual poder legislar en pro de la conservación y una gestión sostenible de las poblaciones de tiburones en Europa, tanto en los caladeros europeos de la flota europea como en caladeros de aguas internacionales. En este Plan de Acción se detallaban diferentes acciones prioritarias a desarrollar, como una gestión de la pesca basada en criterios científicos y, cuando no existan datos suficientes, basada en el principio de precaución; medidas de protección para las especies más vulnerables y el refuerzo del entonces vigente reglamento contra el aleteo de la UE [2]. Así, en 2010 la Comisión Europea inició el proceso reforma de la ley contra el aleteo mediante una consulta pública, y el mismo año el Parlamento Europeo generó una resolución, proveniente de la victoria de una Declaración por escrito, a favor del refuerzo de la ley y del desembarco de los tiburones con las aletas adheridas al cuerpo. En 2011, la Comisión Europea presentó su propuesta de reforma de la ley, que fue

aprobada en el Parlamento por una amplia mayoría en noviembre de 2012. La nueva ley obliga a que los tiburones deban de ser desembarcados con las aletas adheridas al cuerpo de forma natural, evitándose así cualquier posibilidad de realización de aleteo por parte de la flota europea [3]. Sin duda, esto supuso un gran avance ya que, al no existir aún una buena gestión de las especies objetivo, esta se convirtió en la única norma que podía aportar una cierta protección para muchas de las especies pelágicas.

Tintorera y marrajo Sin embargo, esto nos lleva a hablar de la todavía nula gestión existente sobre las especies capturadas de forma dirigida, como la tintorera y el marrajo, que constituyen el 80% y el 12% de la composición de las capturas de tiburones de la flota europea, respectivamente. En la actualidad, la UE no realiza ninguna gestión sobre estas especies al no disponer sobre ellas ningún límite de capturas, ni tallas, ignorando los claros síntomas de sobrepesca que sufren (especialmente en el caso del marrajo) y que han sido advertidos por el Comité Científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que recomendó en reiteradas ocasiones la instauración de planes de gestión para ambas especies y una clara reducción del esfuerzo pesquero para el marrajo. Muy pocas son las especies que, en la UE, gozan de algún tipo de protección a través de la prohibición de su pesca: son el tiburón peregrino, la manta, el marrajo sardinero y el tiburón blanco, tanto en las aguas comunitarias como no comunitarias; el angelote, en todas las aguas comunitarias; y la raya noriega, raya mosaico, raya bramante y los peces guitarra, en algunas zonas dentro de las aguas comunitarias. Los tiburones de profundidad también presentan una prohibición de captura dentro de las aguas de la UE. En el caso específico de España, también se han dado algunos avances en lo que se refiere a protección de especies, aunque no del todo suficientes. Además de la prohibición de pesca sobre todas las especies de tiburones zorro y martillo, España introdujo por primera vez algunas especies de tiburones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial [4], listado dependiente del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el que los animales listados se encuentran bajo un umbral total de protección pero donde no se obliga a generar planes de recuperación específicos para las poblaciones de dichas especies. En este listado, con la única excepción

del tiburón peregrino, que está protegido en todas las aguas ibéricas, el resto de especies solo tiene protección para sus poblaciones del Mediterráneo, ya que muchas de ellas se introdujeron en el listado para adecuarse a las especies incluidas en el Convenio de Barcelona. Las especies que, al ser incluidas en el listado ostentan ahora protección en el Mediterráneo, son el tiburón blanco, la raya manta, el tiburón toro, el solrayo, la raya noriega, la raya bramante, la mantelina, los peces sierra, el cerdo marino, el angelote, el angelote manchado y el angelote espinoso. En los últimos años, también hay que celebrar algunos logros importantes a nivel internacional. Sin duda uno de los más importantes es la inclusión de diversas especies dentro del convenio CITES [5], porque significó una decisión sin precedentes al incluirse por primera vez especies de claro interés comercial. Así, el tiburón oceánico de puntas blancas, el cailón, tres especies de tiburones martillo y dos de mantarrayas fueron incluidos en 2013 en el apéndice II de CITES, que permite la regulación y el control del comercio internacional de estas especies. Además, el pez sierra de agua dulce fue trasladado del apéndice II al I, donde ya había listadas otras especies de peces sierra, lo que implica una total prohibición de su comercio internacional. Previamente a estas especies, solo el tiburón peregrino, el tiburón blanco y el tiburón ballena, todas con volúmenes de captura muy bajos, se encontraban listadas en dicho apéndice II.

nivel de especie, mediante un seguimiento de los datos lo más exhaustivo posible y mejorando mucho los sistemas de etiquetaje en las lonjas. No menos importante es ahondar en el conocimiento de la situación de muchas poblaciones de tiburones, comerciales o no, ya que los tiburones se ven afectados en las capturas accidentales de casi todos los tipos de pesquerías comerciales, para poder establecer medidas adecuadas. Por último, es necesario que la UE continúe sus esfuerzos para conseguir claras mejorías en las políticas de gestión pesquera de las diferentes Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera y otros organismos internacionales de los que forma parte, ya que solo mediante esfuerzos internacionales es posible proteger a las especies altamente migratorias, como muchos de los tiburones pelágicos afectados por la sobrepesca.

1. Tintorera (Prionace glauca). Foto: Karin Leonard.

2. El finning o aleteo ha incrementado mucho las capturas.

Amenazados el 52% de los pelágicos Sin duda, aunque todas estas medidas representan un avance, son aún insuficientes para asegurar un óptimo estado de conservación de las poblaciones de tiburones. La lista roja de especies amenazadas de la UICN señala que el 42% de las especies de tiburones y rayas del Mediterráneo se encuentran amenazadas e igual les sucede al 35% de las especies europeas. Más esclarecedor es aún el dato de que el 52% de las especies pelágicas (las más afectadas por la pesca) se encuentran también en estado de amenaza. Por todo ello, sigue siendo urgente la aplicación de medidas de gestión para todas aquellas especies afectadas por la pesca, especialmente para aquellas que son claros objetivos de la flota pesquera europea como la tintorera y el marrajo. Sigue siendo necesario el control de las importaciones de aletas mediante el desglose de productos derivados de los tiburones en las estadísticas oficiales, así como mejorar mucho la recogida de datos de capturas a

2 Notas y referencias 1 Orden Ministerial ARM/2689/2009 2 EC nº1185/2003, en vigor desde 2003 pero con una serie de graves vacíos legales que no permitían el control efectivo de la norma 3 Reglamento UE nº 605/2013, entró en vigor en julio de 2013 4 RD 139/2011 y Orden AAA/75/2012 5 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

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Jugando a la ruleta rusa con nuestros montes

Prevención de incendios

Manuel Tapia Claro La desastrosa ola de incendios que sufrieron los montes españoles en 2012 no ha supuesto en la práctica un cambio de rumbo en las políticas de prevención de incendios del Gobierno y de las comunidades autónomas, que siguen aplicando de forma irresponsable duros recortes presupuestarios en casi todos los ámbitos de gestión forestal destinados a prevenir incendios forestales.

a drástica reducción de casi un 76% del presupuesto destinado a prevención de incendios por parte de la administración a partir del año 2011 produjo en su día gran alarma entre las organizaciones ambientales y colectivos ligados a la gestión forestal, que ya alertaron de las graves consecuencias que estos recortes podían tener para nuestros montes. Por desgracia, no se equivocaron. Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones de 2012 colocaron a las masas forestales españolas en situación de grave riesgo, y los incendios no tardaron en llegar, demostrándose en la mayoría de ellos las consecuencias de la falta de medios provocada por los recortes presupuestarios. El balance total de la campaña de incendios supuso la constatación del fracaso de las políticas de austeridad llevadas a cabo por las Administraciones autonómicas y el Gobierno central. Fue un año récord en muchos aspectos negativos. Por citar los más destacados: ffEl número de hectáreas quemadas, más de 200.000, fue el más alto de la década y uno de los peores de los últimos 20 años. Manuel Tapia, responsable del área de Conservación de la Naturaleza de Guelaya-Ecologistas en Acción Melilla

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ffSe produjeron 38 grandes incendios forestales (GIF), los incendios con consecuencias más desastrosas en todas las vertientes, incluyendo la humana. La mitad de los GIF se produjeron en espacios naturales protegidos, lo que contribuyó aún más al balance catastrófico de los daños provocados. ffLos incendios provocaron cifras record en cuanto a las poblaciones humanas afectadas. Fallecieron 10 personas por las consecuencias directas del fuego, y más de 30.000 tuvieron que ser desplazadas de las zonas afectadas. Un escenario de guerra. En cuanto a la fauna, las víctimas fueron incontables, y el fuego mermó gravemente el número de ejemplares de muchas especies protegidas.

Negando lo evidente El entonces titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, se apresuró al final de la campaña a negar lo evidente: después de reconocer el catastrófico balance con las cifras en la mano, anunció medidas legislativas de urgencia para endurecer las penas a los pirómanos. Una vez más, hizo lo que mejor saben nuestros gestores: para ocultar las graves consecuencias de sus errores, anunciar a bombo y platillo nuevas leyes que nunca se podrán aplicar, pues carecen de acom-

pañamiento presupuestario. En este caso, el intento de desviar la atención funcionó solo a medias en un país acostumbrado a que se promulguen nuevas leyes cada vez que los errores gubernamentales quedan en evidencia, mientras los organismos encargados de que se cumplan las leyes que ya están en vigor carecen de los medios económicos suficientes para realizar su labor con un mínimo de efectividad. Por su lado, los medios internacionales, después de dedicar especial atención a la grave situación que vivían los bosques españoles, eran muy claros a la hora de señalar a los responsables, y no escatimaron críticas hacia nuestras autoridades. El diagnóstico de los principales medios británicos y alemanes, como The Guardian o Reuters, era unánime: la situación límite que sufrieron los bosques españoles en 2012 fue directamente provocada por los recortes y las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno.

Comunidades autónomas No es casualidad tampoco que las comunidades autónomas que más recortaron en prevención de incendios fueran las más afectadas por estos. Un ejemplo claro fueron los grandes incendios que afectaron a la Comunidad Valenciana, una de las autonomías que más redujeron los presupuestos en prevención. Solo en los

incendios de Cortes de Pallás y Andilla ardieron 48.583 hectáreas, una superficie equivalente a la isla de Ibiza. En esta Comunidad también fueron muchas las voces que alertaron de la peligrosa situación a la que se exponían las masas forestales valencianas después de los recortes a los presupuestos destinados a prevención y extinción. Tanto los grandes incendios de Cortes y Andilla como los otros muchos que se produjeron en la Comunidad Valenciana evidenciaron graves carencias de coordinación y de medios humanos y materiales en los operativos puestos en marcha. Los análisis posteriores de las causas de estos incendios y de que fueran tan especialmente destructivos ponen el acento en lo poco que se había hecho para prevenirlos. Bastantes personas que presenciaron las tareas de extinción denunciaron hechos tan bochornosos como que muchos bomberos forestales no podían actuar por carecer de botas y guantes. Numerosos colectivos sociales y organizaciones políticas valencianas denuncian que las autoridades autonómicas persisten en su política de recortes en prevención y extinción; parece que a los políticos les cuesta aprender de los errores. El incendio declarado a finales de abril en el monte de Cullera, causado por unos fuegos artificiales que el alcalde autorizó a pesar de estar prohibidos por la extremada sequedad del monte, son un ejemplo de falta de compromiso medioambiental y de irresponsabilidad en la región que precisamente resultó más afectada por los incendios forestales en 2012.

Balance económico Después de los incendios de Cortes y Andilla, el Magrama presentó un informe para solicitar fondos europeos, en el que evaluaba el coste económico de la recuperación paisajística solo de estos lugares en más de 114 millones de euros. El presupuesto destinado a prevención de incendios en todo el territorio estatal en la temporada 2011/2012 no superaba los 9 millones de euros. Sin tener en cuenta lo que se ha perdido y nunca se recuperará, la escalofriante diferencia económica entre lo que se invirtió en prevención y lo que nos va a costar recuperar las zonas arrasadas por el fuego da idea en manos de quién estamos. En este caso, y utilizando datos económicos basados en informes realizados por el propio Ministerio de Medio Ambiente, el balance entre lo que nos hemos ahorrado con los recortes en prevención de incendios y lo que nos van a costar a los ciudadanos sus consecuencias es más que suficiente para que se produjera más de una dimisión, por no hablar de algunas comparecencias ante la corte penal. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda: haciendo un balance general de los ecosistemas que jamás se recuperarán; de la tierra fértil que, sin cobertura vegetal que la proteja, está siendo arrastrada por las riadas; de los bosques singulares como las Fragas del Eume o la laurisilva canaria que han sido pasto de las llamas y generaban por sí solos cuantiosos dividendos por turismo rural a las poblaciones de sus alrededores; de las cuencas hidrográficas que surtían a muchas poblaciones y que han

sido gravemente alteradas… las pérdidas que está provocando esta irresponsable política de austeridad en la prevención de incendios son, sencillamente, incalculables.

Futuro incierto La persistencia de las autoridades ambientales españolas en las políticas de austeridad presupuestaria para la prevención de incendios augura un futuro incierto para nuestros bosques. El pasado año 2013, las condiciones meteorológicas favorables del primer semestre dieron una tregua al monte, pero en cuanto llegaron las altas temperaturas se volvieron a evidenciar graves carencias en materia de prevención. Por si fuera poco, las últimas leyes presentadas por el Magrama suponen un retroceso sin paliativos en la gestión medioambiental de los espacios naturales, que ahora quieren verse como una oportunidad para generar beneficios a corto plazo. Por otra parte, los últimos incendios de 2013 confirman el diagnóstico de todos los expertos forestales: los incendios se producen en la inmensa mayoría de los casos en los bosques más alterados y con menor biodiversidad. La última modificación de la Ley de Montes que propone el Magrama pretende volver a llenar nuestros montes de pinos y eucaliptos para regocijo del sector maderero más rancio. En un marco de cambio climático, en el que cada vez serán más frecuentes los episodios climáticos de altas temperaturas y sequía como ocurrió en 2012, el Gobierno sigue jugando a la ruleta rusa con nuestros bosques.

Incendio en Chulilla, Valencia, septiembre de 2012.

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Autónomo de Parques Nacionales–, este latifundio entra en números rojos y la pésima situación ecológica y forestal en la que se encontraba no cesa de aumentar cada día que pasa. Solución: venderla al mejor postor, sin importar su valor ecológico, su importancia social para la zona, o su emplazamiento en un parque natural.

Un proyecto especulativo para animar la venta

Intentos de privatizar la mayor finca forestal de Andalucía

La Almoraima Juan Clavero

A causa de la mala gestión de esta finca, se ha deteriorado su situación ecológica y forestal. Ahora se intenta venderla facilitando el desarrollo de un proyecto urbanístico con actividades especulativas. Pero la alternativa más razonable pasa por incorporar la finca al catálogo de montes públicos del Parque Natural Los Alcornocales, permitiendo unir conservación, rentabilidad económica y social, aprovechando los recursos y beneficios que aporta.

a Almoraima es una enorme finca incluida en su mayor parte en esa selva mediterránea que conforma el Parque Natural Los Alcornocales. Cazadero de los Duques de Medinaceli, pasó por diversos avatares hasta que la entonces pujante Rumasa de Ruiz Mateos la adquirió en 1973. Con la expropiación de Rumasa en 1983 pasó al Patrimonio del Estado, pero ni los gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron darle estatus de monte público, y mantuvieron el que pasa por ser el mayor latifundio de Andalucía como propiedad patrimonial, por tanto susceptible de ser enajenada a voluntad de los gobernantes de turno. La Almoraima tiene 14.113 hectáreas, de las que 12.760 ha están incluidas en el Parque Natural Los Alcornocales, lo que supone el 7,6% del mismo. También forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

Una finca con múltiples recursos La Almoraima siempre ha sido una finca rentable; sus múltiples recursos ecológicos y económicos han supuesto tradicionalmente la principal fuente de empleo para Juan Clavero, Ecologistas en Acción de Cádiz

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el municipio de Castellar, del que ocupa el 80% de su superficie. Extensos alcornocales y quejigales, bosques, galerías, embalses, lajas… en los que habitan ciervos, corzos y jabalíes, a los que se han unido, por razones cinegéticas, gamos, muflones y cabras montesas. El corcho, la ganadería extensiva, la caza y la agricultura en la vega del Guadarranque son los principales recursos económicos. El turismo es otra de sus fuentes de ingreso, con el hotel El Convento, ubicado en un antiguo convento de la orden de la Merced, construido en el siglo XVII. En medio de la finca, y dominando sobre el embalse de Guadarranque, se yergue el Castillo Fortaleza de Castellar de la Frontera, o Pueblo Viejo de Castellar, fortaleza del siglo XIII de origen almohade que formó parte del sistema defensivo del reino nazarí. Su arquitectura medieval sigue intacta, y ha sido recientemente restaurado para albergar alojamientos turísticos y como base para artistas de toda índole. Con la crisis y la entrada de la polémica Isabel Ugalde (copropietaria de otro latifundio en este mismo Parque Natural y exdiputada del PP) en la gerencia de la empresa La Almoraima S.A. –gestora de esta finca y dependiente del Organismo

El entonces ministro Miguel Arias Cañete pretendía obtener así 300 millones de euros, para lo que trama, con la susodicha Ugalde, un plan para revalorizar la finca añadiendo un proyecto especulativo, con campo de golf, hoteles, urbanización de lujo, aeródromo privado… Ese intento de privatizar la mayor finca forestal de Andalucía ha provocado una fuerte contestación política y social. El Ayuntamiento denegó el proyecto urbanístico, lo que supuso un duro mazazo a la pretensión de vender la finca a inversores extranjeros. La Junta, tras un primer momento de indecisión, optó por oponerse a esta privatización y ha iniciado el proceso de ampliación del Parque Natural para incluir la totalidad de La Almoraima, incluidas las zonas donde pretendían ubicar las actividades especulativas. Así y todo, tanto Arias Cañete como Ugalde han declarado que la venta de la finca es irrenunciable. En enero pasado, Ecologistas en Acción remitió una propuesta a la presidenta de la Junta de Andalucía que imposibilitaría legalmente su privatización: la declaración de La Almoraima como monte de dominio público. Según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, la declaración de un monte propiedad de una administración pública como de dominio público, y su inscripción en el correspondiente Catálogo de Montes de Andalucía, conllevaría su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable y la consideración a efectos urbanísticos como suelo no urbanizable de especial protección. Esta declaración es competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ni la presidenta ni la consejera de Medio Ambiente han contestado a este escrito, pero han realizado declaraciones públicas asegurando que estudiarían la viabilidad jurídica de la propuesta.

Posiciones impresentables El 5 de febrero se celebró una reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales, que generó una enorme expectación. El debate no tuvo desperdicio. La mayoría de los miembros de este órgano de participación apoyaron nuestra propuesta, si bien los representantes de la

Junta de Andalucía se mostraron remisos, escudándose en que todavía no disponían de informes jurídicos (muy lentos deben ser sus gabinetes jurídicos). La oposición de los representantes de los empresarios fue total, pero más impresentable fue la reacción de la gerente de La Almoraima, que lanzó un alegato contra los parques naturales asegurando que generan depresión y paro, y aseguró que el hecho de que Andalucía tenga la mayor tasa de paro del país es porque tiene la mayor superficie de espacios naturales protegidos. Los representantes de Ecologistas en Acción le contestamos defendiendo los espacios naturales, y recordándole a la Sra. Ugalde y a los representantes de los empresarios que la duplicación del paro desde 2007 no se debe a un aumento de los espacios naturales, sino al estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo que pretenden instaurar ahora en La Almoraima. También le recriminamos el que una persona que tiene un cargo de responsabilidad en el organismo de Parques Nacionales y cobra de él (80.000 €/año y hotel

de lujo gratis) suelte esas diatribas contra los espacios naturales. Su contestación fue insólita: aseguró que estaba allí como empresaria, no como responsable de La Almoraima. Más allá de esta polémica, el acuerdo final, aprobado por amplia mayoría, fue instar la Junta de Andalucía a estudiar la viabilidad de declarar La Almoraima como monte público y evitar así su privatización. A tenor de estos hechos, Ecologistas en Acción solicitó al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la destitución de la gerente de La Almoraima, pues consideramos que no es tolerable que una alta directiva del organismo de Parques Nacionales realice declaraciones en las que intenta desprestigiar los espacios naturales y la gestión pública de esta finca forestal, porque esta ha comenzado a tener pérdidas –que superan ya el millón de euros anuales, coincidiendo con la era de Ugalde como gestora– y porque incurre en un conflicto de intereses escandaloso. Y el ministro Arias Cañete se fue a Europa sin contestarnos, no sin antes haber dejado

declaraciones dignas de la antología de los disparates, como que: “Las fincas privadas estas están a años luz de las públicas. Mejor cuidadas, con los montes limpios y perfectamente preparados para la explotación de corcho y la cinegética”. Aunque la Junta sigue con su mutismo (el gabinete jurídico debe seguir deliberando), cada vez estamos más cerca de impedir que La Almoraima se privatice. Pero ese paso, aunque importante, no es la solución definitiva. La Almoraima debe dejar de gestionarse como si de una finca privada se tratara, transfiriéndose a la Junta de Andalucía para incorporarse al catálogo de montes públicos del Parque Natural. La gestión debe dar un giro drástico, permitiendo aunar conservación, rentabilidad social y rentabilidad económica, optimizando el aprovechamiento de sus ingentes recursos y reinvirtiendo sus beneficios en la mejora ecológica del Parque Natural. La Almoraima tiene que ser una finca pública modélica al servicio del desarrollo socioeconómico de los pueblos donde se encuentra enclavada.

1. Protesta contra el intento de venta de la firma, el 23-2-2014. 2. Isabel Ugalde, gerente de La Almoraima, ha defendido posiciones incompatibles con su cargo en una finca pública. 3. y 5. La saca de corcho es una de las actividades tradicionales de la finca. 4. Gamos cazados tras una montería. 6. Vista aérea de parte de La Almoraima, la mayor finca forestal de Andalucía.

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Foto: Ecologistas en Acción.

El web mapping como instrumento de denuncia de impactos ambientales

Banderas negras en la costa catalana Joan Jurado Rota y Elisenda Forés Planells

La facilidad de uso de la cartografía en Internet, la sencillez de su lectura, su gran capacidad de difusión online y, por tanto, la posibilidad de hacer visibles los problemas y su denuncia, presentan el ‘web mapping’ como una herramienta eficaz en muchas de las campañas ecologistas. Además, el entorno colaborativo en el que pueden desarrollarse estos proyectos los dota de mayor pluralidad y permite que abarquen territorios más extensos. Se presenta aquí la iniciativa desarrollada con respecto a las banderas negras en Cataluña durante 2008-2012.

a campaña Banderas Negras fue impulsada por Ecologistas en Acción allá por el año 1999 como método de denuncia pública de los puntos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas u otros impactos negativos en su calidad ambiental. Desde entonces, su objetivo ha sido el de informar a los ciudadanos sobre el estado de los ecosistemas costeros y requerir a las administraciones que tomen las medidas oportunas para corregir las problemáticas existentes en las playas y

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en el conjunto del litoral. La campaña se ha venido realizando anualmente hasta la fecha gracias al trabajo de voluntarios de federaciones provinciales y grupos locales de Ecologistas en Acción que han permitido identificar y comparar las agresiones más graves localizadas en nuestro litoral. Como resultado se elabora cada año un informe que argumenta la necesidad de la campaña y expone con detalle todos los impactos ambientales con el fin de alertar a la población y a los entes gestores. Dichos informes, disponibles en

la web de Ecologistas en Acción [1], han ido sucediéndose, especialmente desde 2005, a la vez que un frenético volumen de amenazas se cernían sobre la costa, sus ecosistemas y sus recursos. La expansión urbanística, problemas de contaminación urbana e industrial, la artificialización de la línea de costa, la construcción de innumerables puertos deportivos o los impactos sobre el medio marino de los Puertos de Interés del Estado forman parte de las denuncias recogidas en estos laboriosos trabajos, que suelen rondar el centenar de páginas. Este hecho, el tamaño de los informes, hace que a menudo no sea una información manejable para mucha gente, si bien es verdad que la concesión de banderas negras suele aparecer en los medios de comunicación coincidiendo con la época estival. Por estos motivos se decidió, fruto de una colaboración de prácticas de empresa entre un alumno del Máster en Planificación Territorial [2] de la URV y Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre [3], realizar una cartografía de referencia que aunara todas las banderas negras localizadas en Cataluña durante un lustro (2008-2012). Esta experiencia sirvió para elaborar y probar una sencilla metodología para la recopilación cartográfica de amenazas e impactos ambientales y su difusión a través de Internet.

El caso catalán En el litoral de Cataluña, entre el río Sènia al sur y el Cabo Falcó al norte, se catalogaron 159 banderas o puntos negros diferentes entre los años 2008 y 2012. Por demarcaciones se repartieron de la siguiente manera: Girona, 42; Barcelona, 60; Tarragona, 57. Por tipología cabe destacar las banderas negras relacionadas con impactos urbanísticos en el litoral (73) que comprendían gran parte de los tramos costeros fuertemente urbanizados. En segundo lugar aparecían las agresiones vinculadas a obras en las costa (61), donde se incluyeron la construcción y ampliación de puertos deportivos, espigones, diques y otros elementos de artificialización de la línea de costa. El resto de localizaciones correspondían a episodios de contaminación industrial y urbana así como de Puertos de Interés del Estado. En Cataluña, aparte de los informes anuales de la federación estatal, se realizó en 2011 un trabajo de recopilación informes anteriores y que además permitió localizar otros impactos con más detalle, lo que explica la abundancia de estos Joan Jurado y Elisenda Forés, Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre

en comparación con otros territorios del Estado [4]. Cuando se recopilaron todas las banderas negras se procedió a geolocalizarlas sobre un mosaico de las fotografías aéreas del litoral catalán, disponibles en la web del Institut Cartogràfic de Catalunya. Se localizaron los puntos y se introdujo información correspondiente al nombre, el tipo de impacto, el año en el que se recoge en el informe y el municipio, el ámbito territorial y la provincia donde se encuentra. Este proceso permitió disponer a Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre de una cartografía de Banderas Negras que puede ser modificada, ampliada o incluso objeto de diferentes análisis espaciales mediante el uso de un software de SIG (Sistemas de Información Geográfica). Pero una vez obtenida esta información se decidió emplear un visor online para difundir los impactos indicados en los diferentes informes de la campaña Banderas Negras en el último lustro en Cataluña. Esta voluntad dio como resultado la experiencia que se desarrolla seguidamente.

Sistema de Información de Banderas Negras Como argumenta Campos-Vargas “Internet ofrece grandes posibilidad de acceso a la información geográfica y cartográfica […] es un medio con el potencial de distribuir los beneficios de las tecnologías geoespaciales a todos los usuarios conectados” [5]. Ramon y otros [6] dicen que “la tecnología Web Mapping permite al usuario generar sus propios mapas, dentro de un entorno de fácil comprensión y uso como es la web, visualizar, consultar y analizar información geográfica”. Debido a estas características, este tipo de aplicaciones se presentan como grandes instrumentos de denuncia mediante la difusión de información geográfica en Internet debido a la autonomía de su plataforma y el amplio acceso e interactividad de los usuarios [7].

Tabla 1. Banderas Negras por motivo y provincia (2008-2012)

Gerona Barcelona Tarragona TOTAL

Impacto urbanístico 25 18 30 73

Obras en la costa 14 32 15 61

Contaminación industrial 0 3 10 13

Contaminación Puertos del urbana Estado 3 0 6 1 1 1 10 2

TOTAL 42 60 57 159

Elaboración propia. Fuente: Ecologistas en Acción.

Por la facilidad de implementación y la capacidad de difusión se decidió realizar el proyecto en Google Maps. Google Map Maker ofrece la posibilidad de crear sencillas capas cartográficas directamente en el navegador o importando el archivo desde un SIG (como fue en este caso). Esta cartografía puede estar compuesta por puntos, polígonos, líneas o recorridos por calles. Para el Sistema d’Informació de Banderes Negres de Ecologistes en Acció (SIBNEA) [8] se utilizaron elementos puntuales que localizaban cada impacto recopilado en los informes de las campañas anuales. Dichos puntos pueden ser editados en el entorno de Google Maps pudiendo añadir información, fotografías y enlaces web así como modificar el icono representativo. Este tipo de mapas generados y visualizados en la red tienen la característica de poder ser editados por otros usuarios (collaborative web maps). La posibilidad de contar con múltiples editores para una capa le da una gran cobertura espacial y una mayor capacidad de actualización y de corrección de errores de la información geográfica. Como parte esencial de la era actual dominada por las tecnologías de la comunicación y la información, las redes sociales juegan aquí un papel relevante, ya que a través de estas pueden ser compartidos los mapas creados y alojados en Google Maps. Para facilitar la justificación del proyecto y la difusión de las capas cartográficas surgidas, se elaboró un sitio web en formato de blog. Así, se configuró la página web que contiene una introducción sobre

Figura 1: Capturas de pantalla de banderesnegres.blogspot.com

quién, por qué y cómo se ha llevado a cabo SIBNEA, la visualización de conjunto para toda Cataluña y de detalle para los cuatro ámbitos territoriales (Comarques Gironines, Àmbit Metropolità, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre) y un apartado donde aparece un mapa que representa, en contraposición a las banderas negras, las playas vírgenes localizadas en el litoral tarraconense por Ecologistas en Acción de Cataluña en las campañas correspondientes a 2010, 2011 y 2012.

Conclusiones La facilidad de implementación de esta cartografía en la red, la sencillez de su lectura, la gran capacidad de difusión online y, por tanto, la posibilidad de hacer visible el problema y su denuncia, presentan el web mapping como una herramienta altamente eficaz en muchas de las campañas llevadas a cabo por Ecologistas en Acción. Además, el entorno colaborativo en el que pueden desarrollarse estos proyectos los dota de mayor pluralidad y permite que abarquen territorios más extensos.

Notas y Referencias 1 Ver los distintos informes de Banderas Negras de Ecologistas en Acción (2005-2012) en http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique426.html 2 Máster en Planificación Territorial URV http://www.urv.cat/dgeo/ensenyament/es_master_ planificacion_territorial.html 3 Web de Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre http://tarragona.ecologistesenaccio.cat/ 4 Ecologistes en Acció: “Banderes Negres 2011 Catalunya. L’última oportunitat per a salvar la costa?” http://www.ecologistasenaccion.org/article10819.html 5 Campos, M; Toscana, A; Monroy, J.F.; Reyes, H.A. (2010) Visualizador Web de información cartográfica de amenazas naturales, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Vol.63, Nº1, Pág.71-82. 6 Ramon, J; Fuster, M; Ruiz, M. (2006) Divulgación de cartografía turística a través de Internet. El proyecto SITTUR, VI Congreso “Turismo y Tecnologias de la Información y las Comunicaciones”, Turitec. 7 Hu, S (2002) Web-based multimedia GIS for Analysis and Visualization of Spatial Environmental Database, en Symposium of Geospatial Theory, Processing. Ottawa. 8 SIBNEA (Sistema d’Informació de Banderes Negres d’Ecologistes en Acció) www.banderesnegres.blogspot.com

Ecologista, nº 81, verano 2014

Un nuevo ejemplo de las dificultades para preservar los espacios naturales ante la barbarie urbanística

Marina Isla de Valdecañas

José María Trillo-Figueroa Calvo y Jaime Doreste El caso de la Marina Isla de Valdecañas es un claro ejemplo de la imposibilidad para lograr la paralización cautelar de los proyectos urbanísticos que afectan a espacios protegidos. A pesar de que los ecologistas teníamos razón en nuestra denuncia, como han corroborado los tribunales, la zona se ha urbanizado y degradado, siguiendo una política de hechos consumados. Y no es descartable que sea la Administración, es decir, todos los ciudadanos, la que tenga que hacer frente a los gastos que se generen para cumplir la sentencia, dada la quiebra de la inmobiliaria.

l 10 de abril de 2007 el Gobierno de Extremadura aprobó el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas. Consistía en la recalificación y ordenación de terrenos situados en el Embalse de Valdecañas, con destino a la construcción del “Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas”, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres [1]. Dicho proyecto, promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A, afectaba a una superficie de 134,5 hectáreas y aspiraba a construir dos hoteles de 150 habitaciones; 250 bungalós y 310 viviendas unifamiliares, además de 5 viviendas más en parcelas de 2.000 metros cuadrados. Además se planificaron equipamientos deportivos y de ocio: un campo de golf de 18 hoyos; pistas de tenis, squash, pádel, piscinas, circuito de bicicletas, embarcadero, marina seca, playa artificial, facilidades para la pesca, campo de futbol y atletismo y pistas deportivas. El complejo requería infraestructuras como una red viaria de carreteras de acceso; planta de abastecimiento y potabilización de aguas y red de saneamiento; electrificación y subestación, instalación y suministro de gas centralizado José María Trillo-Figueroa y Jaime Doreste, abogados de Ecologistas en Acción

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y hasta un dique para formación de una playa artificial.

tancia biológica del área y su buen estado de conservación.

Valores ambientales destruidos

Hechos consumados

Pero el PIR olvidaba que este espacio tenía un enorme valor ecológico por la diversidad y riqueza de sus ecosistemas y sus especies, que le han otorgado tres figuras de protección: ZEPA “Embalse de Valdecañas”, LIC “Márgenes de Valdecañas” y, por tanto, formaba también parte de la Red Natura 2000. Asímismo destaca la catalogación del embalse dentro del Inventario de Zonas Húmedas de Extremadura, donde es considerado como uno de los humedales más ricos y de mayor diversidad de la Comunidad extremeña. Efectivamente, rebasa con creces los criterios para ser declarado humedal de importancia internacional según el Convenio Ramsar, puesto que acoge concentraciones de especies de aves catalogadas en peligro y de interés especial, superiores al 1% del total de ejemplares existentes de la especie. Así que este proyecto ha supuesto la urbanización de una extensa superficie de la ZEPA, y con ello un aumento de capacidad de penetración y asentamiento de población en la zona del embalse protegido y el desarrollo de actividades de elevado impacto como la navegación a motor, con las afecciones y deterioro evidente que esto conlleva, dada la impor-

El procedimiento de Declaración de Impacto ambiental [2] resultó favorable a pesar de declarar como severo el impacto sobre la fauna en el proceso de construcción del complejo y de contener carencias injustificables, como la ausencia de “una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales” [3]. El Proyecto fue declarado de interés general [4], sin más análisis ni motivación que señalar que “la justificación del interés social del Proyecto está basada en la revitalización turística de los municipios, partiendo de la existencia de un embalse, y en potenciar con ello otros atractivos turísticos, sociales y culturales de la zona: creación de actividad económica en una zona altamente deprimida, mantenimiento de la población rural, nuevas infraestructuras públicas y mejoras ambientales”. Igualmente tampoco se comprendía este tipo de promociones urbanísticas dentro de los supuestos a los que se puede acoger un PIR en la legislación urbanística extremeña. El PIR Marina Isla de Valdecañas fue recurrido por Adenex y Ecologistas en

Acción ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Iniciado dicho procedimiento judicial, Ecologistas en Acción solicitó la paralización cautelar de las obras, pero esta medida fue denegada. De esta manera, en la actualidad ya se ha urbanizado por completo la isla, trazado el viario, se han construido casi 200 viviendas unifamiliares, así como el campo de golf, uno de los hoteles, la playa artificial, las pistas deportivas, el embarcadero y muchas otras dotaciones que se contemplaban en el proyecto.

Empiezan las sentencias Tras cuatro años de procedimiento, en marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a Ecologistas en Acción declarando la nulidad del proyecto, así como la obligación de restituir los terrenos al estado anterior a la ejecución del proyecto [5]. La sentencia señalaba que “existe la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado, sobre la oportunidad de efectuar la reclasificación de unos terrenos de especial protección a urbanizable”. Y continuaba “En suma, no parece que pueda negarse que el único interés que ha sido valorado en la aprobación del proyecto haya sido otro que el meramente económico –como es lógico– de la promotora, que asume una importante inversión de la que, es obvio, ha de pretender resarcirse”. A su vez la sentencia recogía la Jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los terrenos integrados en la Red Natura 2000, entendiendo que tales “están sometidos a un régimen de especial protección por la ‘legislación sectorial’, tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. Pero debe añadirse que esa clasificación, en tales supuestos, no constituye una discrecionalidad del planificador, sino que es de configuración legal, de tal forma que se le impone, cualquiera que sea el instrumento que pretenda dicha transformación”. En definitiva se consagra la imposibilidad de urbanizar aquellos terrenos que cuentan con una figura de protección ambiental. Igualmente se recogen como causas de nulidad del proyecto la inexistencia de estudio de alternativas en la evaluación ambiental y la falta de cesión de determinados aprovechamientos de viviendas en régimen de protección pública establecidos en la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX) vigente en el momento de su aprobación.

1. Vista aérea de la urbanización y campo de golf. Foto: FONACAM. 2. Paca Blanco ha sido una de las más luchadoras contra este proyecto ilegal. Foto: FONACAM. 3. Aunque el acceso debería ser público, se encuentra muy restringido.

Extrañas maniobras

Curiosamente, tres días después de la notificación de la sentencia, el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Extremadura emitía un certificado al promotor del proyecto donde se señalaba que “las obras realizadas conforme al Proyecto son legales y pueden seguir ejecutándose, no existiendo ninguna limitación para continuar con su ejecución y desarrollo del Proyecto aprobado”. Con esta certificación, se vendieron la práctica totalidad de las viviendas ya construidas con un “acuerdo de garantías”, donde los compradores eran informados notarialmente de los procesos judiciales y por el que la promotora se comprometía a recomprar las viviendas en caso de que finalmente tuvieran que ser demolidas. No quedó ahí la cosa. Apenas veinte días después de la Sentencia, el Parlamento de Extremadura modificó por unanimidad, con los votos de PSOE y PP, la Ley del Suelo extremeña [6], a los efectos de permitir la urbanización de los espacios integrados en la Red Natura 2000. Dicha reforma resulta insólita ya que se permitía

señalar en su propia exposición de motivos que se realizaba debido a recientes pronunciamientos judiciales y se permitían explicar a los jueces como tenían que interpretar la Ley. Igualmente se establecía un procedimiento “homologador” al que Marina Isla de Valdecañas y los municipios afectados de Berrocalejo y El Gordo no tardaron en acogerse. En definitiva, una Ley “de caso único” destinada a evitar la ejecución de la sentencia, quebrando el principio de separación de poderes, uno de los pilares del Estado de Derecho. Con anterioridad ya se había modificado la LSOTEX [7] a los efectos de introducir un nuevo objeto en los PIR, casualmente coincidente con el proyecto de Valdecañas, y donde se excluye “a todos los efectos” la consideración de inmuebles susceptibles de enajenación a terceros como viviendas. La finalidad no era otra que la de eximir al promotor de determinadas obligaciones urbanísticas. Pretendiéndose con ello subsanar dos vicios que afectaban al proyecto y que habían sido señalados por Ecologistas en Acción en el procedimiento. Ecologista, nº 81, verano 2014

1 1. Obras al principio de la urbanización. 2. El proyecto privatizaba un espacio natural para uso y disfrute de un público de alto poder adquisitivo.

2 En definitiva, con la aprobación y construcción de este proyecto la administración pública no ha defendido el interés general, la legalidad urbanística ni la protección del medio ambiente. Al contrario, se ha dedicado a defender el interés particular del promotor urbanístico, llegando a modificar en dos ocasiones la Ley del Suelo de Extremadura a su medida.

Fianza inalcanzable La Sentencia del TSJ fue recurrida por la Junta de Extremadura, la empresa promotora y los Ayuntamientos afectados ante el Tribunal Supremo. En sentido contrario, Ecologistas en Acción y Adenex instaron la ejecución provisional de la misma. La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx acordó ejecutar provisionalmente la sentencia. Se daba así de nuevo la razón a Ecologistas en Acción, decretando la paralización de las obras, la desocupación de los inmuebles ya construidos y la inscripción provisional de la sentencia en el registro de la propiedad a los efectos de evitar mayores afecciones al espacio y garantizar la ejecución de la Sentencia. No obstante la Sala entendió que era necesaria la fijación de una fianza a los efectos de indemnizar a la promotora urbanística en el hipotético caso que el recurso presentado por esta ante el Tribunal Supremo fuera estimado. Y esa caución fue fijada en la friolera de 41 millones de euros. La imposibilidad económica de Ecologistas en Acción de asumir tal cuantía para forzar la paralización de las obras, supeditó a su capacidad económica el derecho constitucional a la tutela judicial

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efectiva, convirtiendo en irrisorio y ficticio el derecho de ejecución de una sentencia favorable. Se sometía así nuevamente el interés general, la legalidad y la protección ambiental, al interés particular con la fijación de tan desproporcionada fianza. El artículo 9.4 del Convenio de Aarhus, ratificado por España, establece la prohibición del establecimiento de barreras económicas que impidan la protección jurisdiccional del medio ambiente, lo que debe alcanzar sin ningún género de dudas a medidas cautelares y ejecuciones provisionales. Esto evidencia la grave dificultad existente para la ejecución de sentencias en materia urbanística y medioambiental, lo que en definitiva supone una clara desprotección de los valores ambientales frente a los poderosos intereses de los promotores urbanísticos y el rodillo de la obra pública y privada. Por otro lado, la Junta de Extremadura ha financiado a la promotora con 1.400.000 euros para la construcción de uno de los hoteles. El otro hotel se encontraba paralizado al haber sufrido la promotora las secuelas del estallido de la burbuja inmobiliaria. Por ello, el Ayuntamiento de El Gordo permitió la permuta de solares para que en la obra paralizada del hotel se construyan apartamentos, ignorando una vez más los condicionantes legales en favor del promotor. Y eso no es todo, el PIR condicionaba las licencias de primera ocupación de los inmuebles a la construcción de todos los equipamientos hosteleros. Pero estas licencias han sido concedidas en contra del propio PIR, sin que parezca que el segundo hotel vaya a construirse, dada la reciente declaración en concurso de acreedores de la promotora.

Sentencia ratificada Finalmente, a primeros de 2014, la Sala Tercera del Tribunal Supremo [8] confirmó la sentencia del TSJ de Extremadura que declaraba la nulidad del PIR y la restitución de los terrenos a su estado anterior en todos sus fundamentos y pronunciamientos. Dicha sentencia reiteraba que, “la inclusión de los terrenos, de acuerdo con la normativa comunitaria europea, en una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) o en el ámbito de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y su afección a la Red Natura 2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección que […] determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”. Una vez transcurrido el periodo voluntario para que la Junta de Extremadura

ejecutase la sentencia, y como era de esperar, no solo no lo ha hecho –esto es, no ha demolido la urbanización y restaurado la isla– sino que ha planteado la imposibilidad de ejecutar la sentencia. Alega tanto imposibilidad legal, apoyándose en las modificaciones legales a la carta realizadas para “homologar” el proyecto, como imposibilidad material, a causa de los daños económicos que supondría y que los impactos ambientales serían mayores por la demolición que si se mantiene y se desarrolla el proyecto. Incluso llega a sostener que el espacio está mejor conservado desde que ha sido urbanizado. Se abre pues un nuevo y presumiblemente largo proceso donde la desigualdad de armas entre las entidades ecologistas de un lado, y de otro el promotor, la Administración y compradores –dicho sea de paso, de muy alto nivel adquisitivo y que ya conocían la ilegalidad del proyecto cuando compraron–, es más que evidente. Estamos, una vez más, ante un diáfano ejemplo de cómo funciona la política de hechos consumados y de cómo las denuncias y sentencias no sirven para impedir el daño ambiental en materia urbanística. Todavía habrá que pelear mucho para conseguir que se restaure una zona que nunca se debió alterar. Por ello, es necesario, además de una mayor sensibilidad de nuestros gobernantes, un nuevo marco normativo que garantice la legalidad y la conservación de los espacios protegidos, facilitando la adopción de medidas cautelares y provisionales en este tipo de procedimientos. Impidiéndose con ello que el derecho ambiental, se convierta de facto en algo ilusorio.

Notas y referencias 1 Decreto 55/2007, de 10 de abril 2 DIA de 2-3-2007, dictada por la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura 3 Artículo 2.1.b) del Real Decreto Legislativo 1302/1986, vigente en el momento de aprobación del proyecto. 4 Resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 24-1-2006 5 Sentencia TSJ Extremadura 196/2011, de 9 de marzo de 2011. Proc. Ordinario 561/2007. 6 Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 7 Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 8 Sentencia del Tribunal Supremo de 29-12014, recurso de casación 2419/2011.

Alrededor de las brasas María González Reyes y Pedro Ramiro Sentadas alrededor de las brasas desprendiendo calor, las mujeres contaban historias. Aunque todas escuchaban con interés, las mejores se dejaban para el final, cuando la noche obliga a juntarse más para no dejar entrar al frío. Y aunque siempre estaban atentas ante las palabras que narraban historias, las contara quien la contase, cuando las más viejas tomaban la palabra los ojos apenas pestañeaban, y se apretaban más los brazos de unas con las manos de las otras.

Fotos con historia

La noche que estuve allí doña Cuca comenzó a contar la historia del centro comunitario. Primero, entre algunas mujeres del barrio, había surgido la idea de hacer un comedor popular. Cuando estaban en su casa sin nada para cocinar la angustia se les subía a la garganta, y allí, juntas, con un poco de aquí y otro de acá, algo conseguían para que comieran los chicos. Los suyos y los de otras. Y si no comían siempre había una mano, una palabra, un abrazo. Cuatro palos y un pequeño techo de chapa. Eso era todo. También contó cómo, después, comenzaron a construir el centro comunitario para el barrio, la emoción de los primeros momentos, la convicción de que de la nada construirían algo gracias al esfuerzo colectivo, la lucha en la calle para conseguir dinero para los materiales, las cientos de manos que lo fueron levantando y la solidaridad verdadera, que es aquella que aparece en aquellos que dan antes para lo común que para sí mismos. No fue fácil. Hubo cortes de ruta que duraban horas, días, semanas. Participaban todas. Participaban todos. Incluso las niñas y niños, porque ahí ser pequeña no es sinónimo de no contar en las actividades importantes de la comunidad. Niños y niñas que, cuando tienen que decidir algo relevante, se sientan en círculo. No fue fácil. Enfatiza doña Cuca. Tenían que saltar

por encima del miedo paralizante. El miedo que da la represión en forma de palos y gases. Y ese otro miedo, todavía más atroz, el que impide a las personas atreverse a imaginarse de otro modo. No resignadas. No tristes. No rodeadas de miseria. No golpeadas. No excluidas. Hacen falta muchos impulsos para saltar por encima del miedo y desobedecer frente a lo establecido. Dice. El primer impulso lo da la rabia que se siente al ver cómo las injusticias se hacen visibles en los cuerpos de otros. En nuestros propios cuerpos. Otro es la ilusión por saber que se puede construir algo diferente. El tercer impulso es el que da la fiel esperanza. Y ahí sigue el centro, grande, combativo, vivo, digno, en medio de un barrio donde todo se destroza, las personas, las calles y las vidas. Un ejemplo real de que lo poco, cuando es compartido, lejos de ser menos se convierte en más. Y es un ejemplo, también, de cómo la ecología social se escribe con palabras próximas. Palabras que cuentan, sin utilizar grandes cifras, lo que significan los problemas socioambientales, las injusticias y las maneras de revertirlas. Es la ecología social que aparece en una foto cuyos protagonistas son dos niños que participan en un corte de carretera para exigir que sus vidas cambien. La que no habla de cantidades de CO2 emitidas a la atmósfera sino de la vida de Lima Hu, campesina que mira desesperada al cielo cada noche y cada mañana. La que explica que sobrepesca significa que Sini tuvo que irse de Senegal porque ya no había qué pescar y que años después sigue topándose cada día con la palabra frontera. La que muestra que la pobreza energética tiene lugar cuando Paola va al colegio sin apenas lavarse porque no hay agua caliente en su casa. La que cuenta que resistencia es lo que hizo a María Elena y su comunidad expulsar a la empresa minera que quería contaminar su tierra. Hablemos también de estas pequeñas e importantes historias. Porque verlas significa, también, vernos. Ecologista, nº 81, verano 2014

El Convenio Aarhus reconoce este derecho que aún cuesta materializar

El acceso a la justicia ambiental Claudio Sartorius Alvargonzález Aunque el Convenio de Aarhus reconoce el derecho a la justicia gratuita –o poco onerosa– para las ONG ambientales, a menudo los abogados y abogadas de estas organizaciones han tenido que pelear en los tribunales por este reconocimiento. Pero el probable cambio en la nueva Ley de Justicia Gratuita puede que deje establecido este principio.

n Ecologistas en Acción de Segovia somos fieles seguidores del Convenio Aarhus, porque conocemos la importancia de poder llevar ante los Tribunales de Justicia, sin un coste económico excesivo, la decisión de un plan urbanístico abusivo o una licencia ilegal en suelo rústico. Son ya seis años con justicia gratuita reconocida en todos los casos. El acceso a la justicia ambiental es necesario, no solo por las probabilidades de éxito que nos abre, sino por el efecto irradiado en el entorno de las Administraciones cuyas actuaciones se juzgan. Desde que a nuestra instancia los Tribunales anularon los contenidos de ciertos planes urbanísticos (La Granja, Aldealengua de Pedraza, etc.), los técnicos en Castilla y León afinan sus informes y parece que los políticos se sienten más vigilados, porque saben que podemos llegar hasta el final, hasta los Tribunales de Justicia. Se lo debemos al Convenio Aarhus, que declara que el derecho a la información Claudio Sartorius, abogado, Ecologistas en Acción de Segovia

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ambiental y el derecho a la participación pública, que aquél reconoce, necesitan que el acceso a la justicia ambiental sea real para garantizar una solvente defensa del medio ambiente. Por otro lado, la adhesión de nuestro país a la Unión Europea en 1986 nos ha permitido incorporar un ingente número de normas ambientales que han de ser aplicadas.

Interés general ambiental La aplicación práctica del Derecho Ambiental tropieza con un problema fundamental y es que, como afirma Ludwig Krämer [1], “intenta proteger un interés general, y se distingue por ello claramente, por ejemplo, del Derecho agrícola, del Derecho de la competencia, del Derecho del transporte, que por su parte protegen intereses particulares, ya sea de los agricultores, de los competidores o de los transportistas (o transportados)”. Estos grupos de interés tienen una gran capacidad para defender sus intereses en todos los ámbitos del Estado. Sin embargo, cuando de lo que se trata es de defender el interés general ambiental, no existe esa categoría de defensores.

Constata Krämer que “las organizaciones medioambientales son demasiado débiles, desde el punto de vista estructural y financiero, para defender los intereses del medio ambiente de manera eficaz”, y nos pone un ejemplo: en Bruselas trabajan en ello (año 2006) unas cincuenta personas, frente a las 13.000 que ejercen presión a favor de intereses específicos, de tal manera que cada vez que existe conflicto entre un interés específico y otro ambiental, pierde siempre el ambiental. Por otro lado, la necesidad de garantizar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas ha venido siendo una preocupación en las agendas y cumbres mundiales, como la celebrada en Estocolmo en 1971 o la de Río (1992) y se ha considerado que los ciudadanos y las ONG pueden desempeñar un importante papel en la protección del medio ambiente.

Convenio de Aarhus El Convenio Aarhus responde a la necesidad de que sean los ciudadanos por sí mismos o mediante las ONG los que hagan que las leyes ambientales sean respetadas. Para ello reconoce tres grupos de derechos o pilares: el acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental. Los tres conforman un todo necesario para la protección del medio ambiente. Ratificado por España [2], es aplicable directamente, tiene valor de ley reforzada según el artículo 96 de la Constitución y su contenido debe ser respetado íntegramente por las normas internas que lo desarrollen, siendo su cumplimiento exigible ante los Tribunales de Justicia. El Convenio reconoce un papel esencial a las ONG ambientales, a las que considera que tienen un interés objetivo en los asuntos ambientales, por lo que el Estado deberá concederles el reconocimiento y el apoyo requeridos (artículo 3.4), deberá velar por que sus miembros no se vean penalizados, perseguidos ni sometidos a medidas vejatorias por sus actos (3.8), y les deberá conceder un amplio acceso a la justicia (9.2). El convenio crea una acción popular que les permitirá “impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional” (9.3). Como colofón, exige que cada Estado contemple el establecimiento de mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que dificultan el acceso a la justicia (9.5). Se ha desarrollado mediante la ley

27/2006 [3], que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. En la práctica, esta ley ha impuesto condiciones para el acceso a la justicia ambiental a las ONG, a las que exige que su fin estatutario sea la protección del medio ambiente, dos años de antigüedad en ejercicio activo en dichos fines y ámbito territorial adecuado. El Convenio no exige que la justicia sea gratuita, aunque lo propugna, sino que sea accesible. La ley 27/2006 sí ha optado por la justicia gratuita para las ONG ambientales en su artículo 23.2: “Las personas jurídicas sin ánimo de lucro a las que se refiere el apartado anterior tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita”. El problema actual viene dado por la interpretación restrictiva de las Comisiones de Justicia Gratuita, que resuelven las solicitudes, ya que exigen los requisitos señalados a las ONG ambientales y, además, la declaración de utilidad pública de la Asociación y la justificación de carencia de medios para litigar. Existe una inercia negacionista, un rechazo a las ONG ambientales y un desconocimiento del espíritu y la letra del Convenio Aarhus, para el que, sin embargo, las ONG son esenciales. Esa actitud impide el derecho a una tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución. Por fortuna, ya tenemos pronunciamientos judiciales favorables a ese reconocimiento, que se basan en que las ONG ambientales son entidades beneficiarias por expresa disposición legal y en que “hay que rechazar toda interpretación que conduzca a hacer inútil o innecesaria una

norma” [4]. Vienen a considerar que el ámbito personal al que se extiende este derecho se regula en la Ley 27/2006 de justicia ambiental y las condiciones para su ejercicio en la ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Cambios en el proyecto de ley El proyecto de Ley de Jurídica Gratuita, aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de febrero pasado, daba por sentado que las ONG solo podrían tener justicia gratuita si estuvieran declaradas de utilidad pública y si carecieran de medios para litigar, limitando el derecho a tres casos por año, a partir de los cuales se presume el abuso de derecho, cuya presunción habría que combatir caso a caso. A estas trabas se añaden las financieras, o sea, las fianzas cautelares, las tasas judiciales, y la aplicación del criterio del vencimiento en el pago de las costas del juicio, costas que hasta la reforma de 2011 no se aplicaban en la primera instancia de la vía contencioso-administrativa. Esta versión del anteproyecto de ley era manifiestamente contraria al Convenio Aarhus. Partía de una concepción de las ONG como enemigas del sistema, mientras el Convenio las considera colaboradoras necesarias en la búsqueda del interés general ambiental. Pero ya este mes de mayo las cosas parecen cambiar, pues el Grupo Parlamentario Popular se ha comprometido a aprobar la ley incorporando de pleno derecho a las ONG ambientales como beneficiarias de la justicia gratuita [5]. Si esto finalmente es así, este reconocimiento legal pleno potenciará la capacidad futura de las ONG, es decir, de la sociedad civil,

para defender el medio ambiente. En cualquier caso, en Segovia seguiremos aferrándonos a Aarhus.

Notas y referencias: 1 Krämer, Ludwig Compendio de Derecho de Jurisprudencia del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2007. 2 BOE 16-2-2005 3 De 18 de julio, BOE 19-7-2006. 4 Auto TSJ Extremadura de 22.04.2013 asunto Isla de Valdecañas. Tres Autos del TSJ de Castilla y León, sede de Valladolid de 5, 24 y 25 de julio de 2013. 5 http://www.europapress.es/nacional/noticia-gallardonamplia-justicia-gratuita-asociaciones-ecologistastrabajadores-independencia-recursos-20140429104822.html - Peñalver, A., “Participación y acceso a la justicia en materia ambiental”, Diccionario de Derecho Ambiental, en Lozano, B. y Alonso, E. (Coords.) Iustel, Madrid, 2006, págs. 921939. - Peñalver y Cabre, Alexandre, “ONG y protección del medio ambiente”, Diccionario de Derecho Ambiental, en Lozano, B. y Alonso, E. (Coords.) Iustel, Madrid, 2006, págs. 881-891. - Razquín, J.A. y Ruiz de Apodaca, A., Información, participación y justicia. Ed. Aranzadi, S.A. 2007, Pamplona, pág 406. - Ruiz de Apodaca, Á. “La acción pública ambiental: una necesidad satisfecha parcialmente por la Ley 27/2006, de 18 de julio”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 11, Año 2007-2. Págs. 51 a 64. - Salazar, E. y Sanchís, F.; “El acceso a la justicia ambiental a partir del Convenio Aarhus”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 12, 2007-2, Págs. 75-94 - Valencia, J. “Estudio comparativo del régimen de acceso a la justicia ambiental del Convenio Aarhus y la ley 27 de 2006, con el acceso a la justicia ambiental y sus mecanismos de aplicación en la legislación colombiana”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental nº 14, 2008-2. Págs. 227-252.

1. Acudir a las distintas instancias judiciales supone un fuerte gasto para las organizaciones ecologistas. 2. La defensa de la naturaleza depende de un acceso a la justicia de forma no onerosa depende. Vertidos ilegales de fosfoyesos. 3. Protesta en los juzgados de Valladolid. 4. Buena parte de los éxitos ecologistas se consiguen gracias al recurso a los tribunales.

4 Ecologista, nº 81, verano 2014

Los terratenientes se apropian de este patrimonio común con una gran impunidad

Cierre de caminos públicos María José Esteso Poves

Los caminos públicos están siendo expoliados. Los nuevos terratenientes han trasladado su dinero a los pueblos y se han hecho con grandes extensiones de terreno para convertirlos en cotos de caza. Cierran el campo con alambradas y también los caminos públicos, patrimonio de todos. Los ciudadanos y ciudadanas tienen muchas dificultades para recuperar su derecho de paso.

“A

quello es una república independiente. Han vallado 1.000 hectáreas de monte y solo entra la Guardia Civil y los amigos del dueño. Nos han cerrado 7 caminos públicos y la Cañada Real de Malafatón, que une Alicante y Burgos”, explica Pedro Antonio Serrano, presidente de la asociación Amigos del Camino de Santiago de Albacete. Serrano se refiere a la finca Malafatón, entre los municipios de Alpera y Alatoz. “Además han construido un hotel en la cañada, aunque pidieron permiso para un cuarto de aperos. Denunciamos pero el juez les absolvió. Los caminos siguen cerrados”. Los vecinos dicen que allí iba a cazar Santiago López Valdivieso, exdirector de la Guardia Civil. Pero la Cañada de Malafatón está cerrada también a tres kilómetros, en una finca de la Junta de Castilla-La Mancha cerrada al paso. A pocos kilómetros, en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel se ha cortado el camino de acceso [1]. La dueña de la finca que puso el candado asegura que la Junta dejó de pagarle la cuantía por no poder cazar. A la vez, la Junta autorizó un coto en los terrenos de la propietaria, en el parque. Vecinos de Minglanilla (Cuenca) y ecologistas se manifestaron para la apertura e incluso abrieron la puerta, hoy cerrada. Por su parte, el Ayuntamiento de María José Esteso, periodista, miembro del colectivo editor de Diagonal Una versión más amplia de este texto se puede consultar en: www.ecologistasenaccion.org/article27969.html

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Minglanilla (PP), en el pleno del pasado 28 de abril, aprobó abrir un expediente para recuperar el camino, que tras su notificación, podría ser abierto en breve plazo.

Más cortes de caminos Muy cerca de Minglanilla, se encuentra La Pesquera, donde son 12 los caminos cerrados. Su alcaldesa, Carmen García, ha emprendido la defensa de este patrimonio. “Igual que la sanidad o la educación, también tenemos que defender los caminos”. Explica que han sido los cazadores del pueblo los que han dado la voz de alarma. “Unos señores de fuera han creado grandes cotos y han cerrado los caminos con cadenas y zanjas. Lo curioso es que somos nosotros los que tenemos que demostrar que esos caminos son públicos”. La alcaldesa ha inventariado los caminos públicos y los ha aprobado en el pleno. Mientras, los usurpadores mantienen un pleito con el consistorio. También en Cuenca, Santiago Mirasol, activista de Asecma-Ecologistas en Acción de Las Pedroñeras (7.000 habitantes) lleva años defendiendo los caminos. El propietario de la inmobiliaria Reyal Urbis, Rafael Santamaría, compró una gran extensión de tierras cerca del río Záncara [2] para un coto de caza, La Veguilla, con 3.000 hectáreas, y propuso al Ayuntamiento hacerse cargo de la deuda municipal, casi dos millones de euros, a condición de quedarse con los 17 caminos públicos de su finca. La alcaldesa socialista dio el visto bueno, pero gracias a la perseverancia de Mirasol y unos pocos vecinos más se ha conseguido parar el cierre. Llevaron a cabo una

recogida de firmas, marchas, alegaciones... y con el cambio de Gobierno municipal se revocó el acuerdo con el terrateniente. Mirasol y su compañera han señalizado uno de los caminos que se iban a cerrar. “Con un sistema de crowdfunding, entre amigos y familia, para que apadrinaran una baliza con su nombre por 30 euros; hemos señalizado y cartografiado el recorrido de la romería, el Camino de la Virgen de La Cuesta (PR-CU 75). Es una forma de homenajear a estos caminos”, dice Mirasol.

“Inalienables, imprescriptibles e inembargables” Aunque la Constitución reconoce el derecho a la libre circulación (Art. 19) y al disfrute del medio ambiente (Art. 45), senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza tienen cada vez más difícil transitar por el campo. Lo mismo ocurre con las vías pecuarias (cañadas, cordeles, sendas, veredas, coladas...), riberas de los ríos y accesos a la costa. Además, el artículo 132 de la Constitución, la Ley de Régimen Local y Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas señalan que los caminos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Pero en Valdepeñas, Ciudad Real, el alcalde (PSOE) ha vendido 13 caminos públicos vecinales que cruzan un coto caza. Vicente Luchena, coordinador de Ecologistas en Acción de Ciudad Real, se pregunta qué más puede pasar si “ya se han puesto puertas al campo”. En esta provincia se encuentran los cotos de caza de banqueros, empresarios y aristócratas como el duque de Westminster [3], la mayor fortuna de

Reino Unido, que tiene cortados otros 13 caminos públicos y el acceso al viaducto de un ferrocarril minero en su coto de 15.000 hectáreas, en Fuencaliente, el más grande de España. En ese pueblo se ha dictado una orden que prohíbe recorrer los caminos sin permiso municipal. En otra localidad, Almodóvar del Campo, se da el visto bueno al cacique de La Cotofía para que mantenga cerrados los caminos públicos, incluido el Camino Real de la Plata. Además, la Junta permite el cierre de una cueva que alberga pinturas rupestres y la Fuente del Alcornoque mencionada por Cervantes, mientras el terrateniente acosa al propietario de La Venta de La Inés (siglo XVI) [4] en la que paró Cervantes en sus viajes. Pero el cierre de caminos por parte de los poderosos es masivo en Andalucía. Allí un grupo de amantes de la naturaleza empezó a movilizarse hace años y en 2007 creó la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) [ 5], compuesta por 15 asociaciones de todo el Estado español. José Manuel Flores es el responsable de la PICP y apunta que se enfrentan al cierre de caminos, vías pecuarias y dominio público hidráulico todos los días. “Los señoritos ponen cancelas y cierran el paso. Antes respetaban los caminos. Ahora estas fincas son cotos cinegéticos con vallas de cuatro metros de altura”. Una de las marchas que ha mantenido en vilo a la Plataforma es la de la Cañada Real de los Potros, en Lugros, Granada. El 25 de marzo de 2007, unas 300 personas, la mayoría del pueblo, con su alcalde a la cabeza, pasaron por la vía pecuaria cerrada a cal y canto tras varias denuncias. Alguien cortó la valla y la manifestación continuó. A la salida la Guardia Civil identificó a seis manifestantes. Los propietarios del coto solicitaron 60.000 euros. Tras siete años, en enero se celebró el juicio. Los acusados fueron condenados

Referencias: 1 Ascaso, M., “Cospedal cierra una reserva natural para hacer un coto de caza” 28-12-12 Diagonal 2 Esteso Poves, M.J., “Un amigo de Bono, presidente de Reyal Urbis, compra los caminos de un pueblo manchego” 16-04-09 Diagonal 3 Iserte, C., “El hombre más rico de Inglaterra se apropia de un puente histórico en Ciudad Real, lo valla y prohíbe el paso” 29-06-2013 Elplural.com 4 Sanz, J.C., “La cruenta batalla por los caminos públicos: un expolio que no cesa” 07-03-2014 Miciudadreal.es 5 http://www.picp.es 6 http://www.adesalambrar.com 7 Esteso Poves, M.J. “Los nuevos ricos cierran los caminos públicos” 14-11-2013 Diagonal

a 50 euros cada uno. Otro caso, es el del Cordel del Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla, cerrado desde hace cuatro años. Los propietarios han puesto una puerta y tras ella grandes bloques de cemento. Pero en Córdoba la situación no es mejor. Gran parte de los caminos están cortados según el portavoz de A Desalambrar, Manolo Trujillo [6]. El balance tras años de defensa de los caminos es positivo “por la sensibilización ciudadana que se ha conseguido, pero los caminos siguen cerrados. Llevamos trece años pidiendo que se haga el inventario de caminos, se acabó hace dos y todavía no ha pasado por el pleno”, dice Trujillo.

Ayuntamientos responsables Son los Ayuntamientos los responsables de registrar y regular este patrimonio a través de una ordenanza. No existe una legislación estatal de caminos y por eso las comunidades pueden legislar. De momento, solo Extremadura tiene una ley de caminos y los está inventariando, primer paso para la defensa de los mismos. En Baleares, el Consell de Mallorca estaba catalogando sus caminos públicos, pero ahora el inventario está parado. En las islas Baleares el cierre de caminos y accesos a playas se repite. Para los Camineros del Real de Manzanares, Madrid, no es solo la defensa de los caminos, sino todo lo que los rodea. Naturaleza, patrimonio, cultura... “El caminero debe valorar su entorno. Para defender nuestros caminos hay que conocerlos”, dice Ricardo Roquero, portavoz de los camineros. Esta asociación ha conseguido que el Ayuntamiento de Torrelodones abriera el Camino de El Pardillo, que une esa localidad con Las Rozas y Villanueva del Pardillo. Muchos caminos se cierran en zonas protegidas, como denuncia Ecologistas en Acción de Segovia [7]. Siete cotos, cerca de la N-VI han cercado los pasos públicos. Uno de ellos, en Monterrubio, impide el paso por 12 caminos, dos arroyos y una vía pecuaria en Red Natura 2000 y área crítica del águila imperial. Un último caso, el de Villaescusa de Palositos, Guadalajara. Metros y metros de vallado envuelven a este pueblo deshabitado. Un empresario compró terrenos y algunas casas, pero ha derribado todo, incluso las viviendas que no eran de su propiedad. Dentro del vallado queda una iglesia románica, Bien de Interés Cultural, y el cementerio. La Marcha de las Flores revindica cada mes de mayo el acceso al pueblo y, sobre todo, al cementerio donde descansan los vecinos que pasearon por unas calles que ya no existen.

4 1. Marcha reivindicativa por La Veguilla, Las Pedroñeras, verano de 2009. 2. Camino público cerrado en la provincia de Córdoba. 3. I Marcha para la apertura del Camino de La Pedrona, San Ildefonso, Segovia, abril 2009. 4. Marcha para la apertura de los caminos y de apoyo a la Venta de La Inés (venta cervantina que aparece en la foto y citada en el texto). Fotos 1-4: Autora. 5. Marcha de A Desalambrar por la Colada de Torilejos, Posadas, Córdoba. Foto: Manolo Rodríguez.

5 Ecologista, nº 81, verano 2014

Una actividad con alto riesgo para la fauna del litoral español

La exploración de hidrocarburos en el mar Angeliki Lysimachou

El agotamiento de las reservas de hidrocarburos en distintas regiones del mundo y la subida de los precios del petróleo han dirigido a las compañías petrolíferas, tanto españolas como extranjeras, a buscar reservas en lugares poco accesibles, como en ubicaciones marinas a alta profundidad. Actualmente existen en el Estado español 24 permisos para prospectar nuevas zonas de extracción de hidrocarburos, una actividad que ocasiona graves daños en los ecosistemas marinos, especialmente en la fauna.

n el Estado español la producción de petróleo y gas es mínima. En 2012, la extracción de petróleo fue solo un 0,25% del consumido, y un 0,16% para el gas natural, lo que demuestra que nuestro consumo de energía es totalmente dependiente a los recursos fósiles de otros países. Para solucionar esta petrodependencia hay que disminuir el uso de energía de origen fósil, finita y contaminante, ahorrar energía y aumentar el desarrollo y la producción de fuentes renovables, locales y limpias. Sin embargo, como es sabido, el Gobierno actual está actuando en dirección opuesta. A la vez, en los últimos años España ha aprobado permisos de prospección de petróleo y gas en nuestro país, demostrando la apuesta por la producción de energía de origen fósil, a costa de la salud del medioambiente y sus ecosistemas. Además, debido a la subida del precio del petróleo, operaciones como la extracción del petróAngeliki Lysimachou, ecotoxicóloga y coordinadora de Contaminación del Medio Marino de Ecologistas en Acción Más información e informe completo en: www.ecologistasenaccion.org/article27559.html

leo en alta mar que antes eran impensables por su inmenso coste, ahora resultan rentables creando una gran amenaza para el medio marino y toda la socioeconomía relacionada con el sector del mar.

Actividades inseguras Los diversos accidentes petroleros demuestran que ni las perforaciones de petróleo en el mar ni el transporte marítimo que genera son actividades seguras. Solo hay que recordar el accidente del Golfo de México desde la plataforma de BP Deep Horizon que fue el mayor vertido registrado en la historia: 780 millones de toneladas de crudo en el mar causando una catástrofe a los ecosistemas marinos de la zona aún sin cuantificar completamente. Por otro lado, en nuestros mares, en Galicia, el accidente del buque Prestige (2002) vertió 77.000 toneladas de fuelóleo, afectó a más de 2.500 Prospecciones Impactos en el medio marino de los sondeos y kilómetros de costa exploraciones de la industria de hidrocarburos y causó la muerte de muchos miles de aves marinas. Y también en el golecologistas en acción

Ecologista, nº 81, verano 2014

fo de Vizcaya francés, el accidente del Erika (1999) vertió 10.000 toneladas de petróleo crudo en el mar, afectó a 400 kilómetros de la costa y causó la muerte de más que 100.000 aves marinas. Los mares españoles han sufrido también otros vertidos menos llamativos pero con similares efectos sobre los ecosistemas marinos, como los numerosos sucesos entre los años 2001 y 2012 en Tarragona, relacionados con las actividades de perforación de hidrocarburos desde su plataforma Casablanca. Con frecuencia, estos vertidos de menor volumen, no son notificados oficialmente y no transcienden a la población, sin embargo, originan una fuente constante de hidrocarburos al medio marino.

Impactos de la prospección Los impactos de las explotaciones de hidrocarburos en el mar son evidentes desde el comienzo de su búsqueda, mediante el uso de exploraciones sísmicas. La postura general ante esta primera fase de la producción de hidrocarburos –la prospección– suele ser que los impactos relacionados son mínimos, cosa que está lejos de la verdad. Para su búsqueda se utilizan métodos sísmicos que consisten en la emisión y posterior captura de ondas acústicas desde instrumentos remolcados por un barco con cables de 8-10 kilómetros de longitud. Estos barcos pueden recorrer en conjunto trayectos de hasta miles de kilómetros. La emisión de las ondas se consigue a través del uso de cañones de aire comprimido que se disparan generando explosiones cortas en el agua pero de alto nivel de intensidad sonora (215 - 260 decibelios –dB– presión sonora 1 μPa) y de frecuencia baja (10 - 300 hercios). Un buque puede llevar entre 2040 cañones, que se disparan alternamente cada 6-10 segundos, las 24 horas al día y durante varios meses. Lo que significa que las prospecciones sísmicas pueden generar 600 explosiones por hora o 14.400 por día. Las ondas emitidas se proyectan de forma esférica en el agua por lo que se pueden ser detectadas a miles de metros de distancia. El problema fundamental de las prospecciones de hidrocarburos proviene principalmente de esos violentos disparos de los cañones de aire y la contaminación acústica que se produce durante todo el período del estudio. Posiblemente sean una de las actividades humanas que mayor contaminación acústica produce en el mar. Aquí, en el fondo del mar, el sonido es el medio principal de comunicación de las especies que lo habitan. Muchos animales marinos usan las vibraciones y la intensidad de las ondas acústicas tanto para comunicarse y ubicarse entre sí, como para buscar alimento, evitar predadores y encontrar

cobijo. Por lo tanto la producción de ondas acústicas de tan alta intensidad y baja frecuencia en el mar y su propagación a miles de metros de distancia no resultan en absoluto inofensivas, todo lo contrario. Para los humanos y mamíferos, el peligro de la exposición a ondas acústicas de alta intensidad es conocido desde los años 50, cuando estudios realizados por la Real Armada Británica demostraron que a una distancia de menos de 3 metros, un pulso en el agua de intensidad sonora de 250 dB provoca la muerte instantánea a cualquier mamífero. A una distancia de 15 metros, 237 dB provocan la muerte, mientras que 200 dB provocan lesiones físicas graves. Desde entonces, numerosos estudios han demostrado la sensibilidad de las especies marinas, como cetáceos, tortugas marinas, peces e invertebrados, a las ondas acústicas producidas por las prospecciones de hidrocarburos.

Cetáceos, los más afectados Los cetáceos son probablemente los más perjudicados ya que el sentido más importante y desarrollado por ellos es la audición. Los delfines, las ballenas, las marsopas y los cachalotes utilizan el sonido para detectar a sus presas, orientarse, elegir rutas migratorias, comunicarse entre sí y reproducirse. Ciertas especies como los odontocetos (delfines, orcas, cachalotes, zifios, belugas etc.), también han desarrollado lo que se conoce como ecolocalización (sonar biológico), una técnica de emisión de ondas sonoras en el agua que es vital para detectar presas, cazar e interpretar el medio que les rodea. Sin dichas ecolocalizaciones estas especies son incapaces de sobrevivir. Varios estudios han demostrado que las ondas sonoras de más de 180 dB producidas por las prospecciones de hidrocarburos pueden provocar lesiones físicas a cetáceos y consecuentemente causar su muerte. Estos niveles de intensidad sonora se pueden detectar hasta a 3 o 4 kilómetros de las prospecciones, según la estructura del fondo y la profundidad. Recientemente en Perú, quizás uno de los casos más graves en la historia, se vararon más de 1.500 delfines en las playas de la costa Norte por lesiones internas como hemorragias en el oído medio y burbujas de aire en órganos como el hígado, riñón y vasos sanguíneos. La severidad de las lesiones producidas así como el periodo en que se produjo la muerte de los animales están asociados a la intensidad y la cercanía de las prospecciones petrolíferas. Por otro lado, los potentes sonidos a frecuencias bajas producidos por las prospecciones están en el mismo rango que

las frecuencias usadas por los cetáceos y pueden interferir con el comportamiento y la comunicación de los animales y su capacidad de ecolocalización a distancias muchísimo más largas (3.000-4.000 kilómetros). Las consecuencias pueden ser graves especialmente en épocas de migración, emparejamiento y reproducción, como disgregación de grupos, desorientación, imposibilidad de alimentarse, separación de madres y crías, etc. y consecuentemente resultar en varamientos. Por ejemplo, en 2009 en el Adriático, el varamiento de siete cachalotes vivos fue atribuido a que los animales perdieron su ruta, probablemente para evitar los estudios sísmicos y sondeos en la zona.

Daños a los peces y a las pesquerías Con respeto a los peces, varios estudios han demostrado lesiones físicas tanto a las huevas de peces y peces embriones (larvas) como a peces adultos próximos a los cañones de aire utilizados durante las prospecciones sísmicas. Esto es pre-

ocupante ya que una disminución de las huevas de peces y los recién nacidos afectará las poblaciones de peces futuras. A distancias más largas, se ha observado un desplazamiento de los caladeros de peces durante y después de la época del estudio, dando como resultado una reducción de capturas. Por ejemplo, se ha documentado que a 35 kilómetros del buque de los estudios sísmicos las capturas de arrastre de bacalao se redujeron entre 45-50% y los de eglefino un 71%, mientras que las capturas de palangre de ambas especies a esta distancia disminuyeron un 44%. Otro estudio demostró que una semana después de las prospecciones sísmicas las capturas de bacalao se redujeron entre 50-80% comparando con zonas a 5 o 15 kilómetros de distancia.

1. Los varamientos son una de las consecuencias más palpables de las prospecciones. 2. Plataforma Sedco 710, ubicada frente a Santa Cruz de Tenerife.

Nuevos permisos de prospección

spaña cuenta actualmente con 10 perforaciones marinas activas para la extracción de petróleo o gas o instalaciones de almacenamiento, todas ellas pertenecientes a Repsol. Estas son, cuatro pozos de perforación de petróleo y una instalación de almacenamiento de gas en Tarragona; dos pozos de extracción de gas natural en Cádiz, y dos pozos de extracción y una instalación de almacenamiento de gas en Vizcaya. Este número se multiplicará ya que ahora hay 24 permisos vigentes para la investigación y búsqueda de posibles explotaciones de hidrocarburos en cinco zonas marinas de nuestro país: mar de Alborán (CNWL Oil España y Repsol), golfo de Valencia (Capricon Spain Limited), Tarragona, Islas Canarias y Euskadi (Repsol estas tres últimas). Además existen nuevos permisos pendientes por autorizar como por ejemplo los solicitados de Spectrum Geo Limited, que prevé sondear una zona de más que 100.000 kilómetros cuadrados en el Mediterráneo norte, entre la Costa Brava e Islas Baleares. Ecologista, nº 81, verano 2014

Como en el caso de los peces, las larvas de los invertebrados son muy sensibles a las prospecciones sísmicas. Por ejemplo, se han encontrado malformaciones en las larvas de la escalopas expuestas a ondas acústicas de solo 165 dB de intensidad, lo cual sugiere que las poblaciones de invertebrados pueden ser afectadas. Por otro lado, estudios recientes han demostrado que las bajas frecuencias producidas durante las prospecciones de hidrocarburos afectan a los cefalópodos (calamares, sepias y pulpos) y provocan lesiones internas a los animales. Estos traumas alteran tanto la capacidad de equilibrio del animal como su posicionamiento y sobrevivencia. En el caso de los calamares, entre 2001 y 2003, ocurrieron 9 varamientos del calamar gigante en la costa de Asturias que coincidieron con los estudios sísmicos en la zona. La autopsia de los animales confirmó lesiones en los tejidos y órganos interiores. Todos estos estudios demuestran que las poblaciones de los cefalópodos en zonas de prospecciones también están amenazadas. La lista de especies en riesgo por las prospecciones de hidrocarburos es muy larga, pues incluye otras especies amenazadas como las tortugas marinas, las focas y el atún rojo. Obviamente todos los nuevos permisos vigentes de prospecciones sísmicas en nuestros mares y los que están por aprobarse crean una amenaza para el medio marino y afectarán tanto al equilibrio del mar como al sector de la pesca.

Normativa escasa e insuficiente El problema principal es que no hay una legislación actualizada y completa sobre

tanto de distancia como de intensidad sonora están bajo discusión, de acuerdo con nuevos datos que demuestran que el nivel de intensidad sonora puede estar por encima del umbral de seguridad para cetáceos a una distancia mayor que 500 metros y por otro lado que también pueden ocurrir daños adversos debido a cambio de comportamiento a menos intensidad sonora y a causa de las frecuencias bajas. Por lo tanto no hay ninguna ley que prohíba hacer prospecciones sísmicas en zonas protegidas y las compañías solo proponen parar las actividades algunos de los meses de migración de cetáceos, aunque está demostrado que estas épocas son variables cada año y en algunas zonas hay avistamientos de cetáceos durante todo el año. Por otro lado no hay ninguna medida de protección para los peces e invertebrados, ni para la pesca, ni hay ningún plan de indemnización monetaria para los pescadores en caso de reducción de capturas. Hoy en día nuestros mares reciben tanta presión que su equilibrio está amenazado. Los continuos vertidos domésticos, industriales y desde el tráfico marítimo, la contaminación por plástico, el cambio climático y el aumento de la temperatura, la acidificación de sus aguas y la sobrepesca son factores que han alterado gravemente el equilibrio del medio marino. Llevar a cabo las prospecciones y extracciones de hidrocarburos en nuestros mares solo perjudicará aún más su precaria situación. Es un ejemplo dramático de cómo el intento de mantener un modelo de crecimiento ilimitado en un planeta que ya ha llegado a su límite, está acabando con la vida.

las prospecciones de hidrocarburos en el mar para evitar sus impactos. Por lo tanto muchas de las zonas de prospecciones vigentes y solicitadas como las de golfo de Valencia, mar de Alborán, CataluñaIslas Baleares e Islas Canarias coinciden con las rutas migratorias de cetáceos y de la tortuga boba, especies protegidas que se consideran prioritarias e incluidas en listados de protección, dentro del Real Decreto 139/2011 Listado y Catálogo Especies Amenazadas, Directiva 92/43/CEE de Hábitats, el Convenio ACCOBAMS, el Convenio de Berna y el Convenio de Barcelona. Todas estas prospecciones se harán en la proximidad de zonas protegidas LIC / Red Natura 2000 y en el caso del Mediterráneo, dentro del corredor de migración de cetáceos ZEPIM (Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo). Además, algunos de los permisos de prospecciones se han aprobado cuando las zonas protegidas están aún en trámite o pendientes de definición. Las compañías petroleras que solicitan la realización de prospecciones, tanto Repsol como extranjeras, solo están obligadas a someterse a una evaluación de impacto ambiental cuando afectan zonas protegidas. Las medidas adoptadas por España para la protección de cetáceos son las del Join Nature Conservation Commitee, que propone que las compañías tienen que confirmar que no haya cetáceos a una distancia de 500 metros de los cañones de aire para evitarles intensidades sonoras por encima de 180 dB, el nivel límite que puede producirles daños fisiológicos. Sin embargo, actualmente estos límites

2 3

Ecologista, nº 81, verano 2014

1. La fuerte presión sonora que generan los cañones de aire comprimido en las prospecciones dañan órganos vitales de las especies marinas. 2. Los vertidos de crudo son otra de las consecuencias de estas actividades. 3. Otra imagen trágica de un varamiento masivo.

Protesta contra el TTIP

El Acuerdo Transatlántico favorecerá a la industria de los combustibles fósiles

El TTIP, un espaldarazo al fracking Samuel Martín-Sosa y Luis Rico La Comisión Europea está allanando el camino a la industria de los combustibles fósiles para que continúe su actividad contaminante sin trabas. Incluso se revocan directivas que limitaban el uso de los combustibles más sucios para facilitar su entrada en el mercado europeo de la mano de los acuerdos comerciales con Canadá y EE UU que se están negociando.

n marzo de este año Barack Obama visitó Bruselas en el marco de la cuarta ronda de negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio en Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) y los líderes europeos, ávidos de una energía que no producen, mostraron su ferviente deseo de que facilitara la importación de GNL (gas natural licuado) de Estados Unidos, y así disminuir la dependencia respecto a Rusia [1]. Sin negar la posibilidad, pero quizás imbuido de ciertas dosis de realismo [2], el presidente americano les aconsejó que de forma paralela desarrollaran sus propios recursos de gas no convencional en Europa. El propio Obama declaró a comienzos de 2012 que el auge del fracking iba a garantizar a EE UU suministro de gas para 100 años [3] y los últimos datos de la Administración de Información de la Energía muestran como el gas de esquisto ya representa el 40% del total del gas. Por ello son cada vez más las voces que claman por incrementar la exportación de gas a Europa, principalmente desde el sector de la energía fósil, cuya continuidad tras Samuel Martín-Sosa y Luis Rico, Ecologistas en Acción

el pico del petróleo depende de la comercialización de los combustibles fósiles no convencionales. Hacerse con el mercado europeo resulta fundamental para las empresas del sector, por volumen de venta y por el hecho de que el combustible puede venderse a un precio muy superior al que alcanza hoy en EE UU. Sin embargo, ni la introducción del gas de esquisto en el mercado europeo, ni el desarrollo de los recursos propios del continente está siendo tarea fácil. La exportación de gas requiere licuarlo, transportarlo en barcos y regasificarlo. Aparte de ser un sinsentido climático por las enormes emisiones añadidas, ninguno de los dos lados del Atlántico dispone aún de las infraestructuras necesarias para hacerlo de forma masiva [4].

Resistencia ciudadana Pero la mayor dificultad, como reconoce la propia industria, se encuentra en vencer las resistencias que genera el fracking [5]. La larga década de auge del gas de esquisto en EE UU se ha

libr

saldado ya con un reguero de casos de contaminación [6], agujeros por todo el territorio abiertos de forma frenética para conseguir mantener la producción, y un desolador panorama en algunas zonas rurales donde la paz social ha sido destruida. La oposición a la práctica de la fractura hidráulica ha ido surgiendo con fuerza pero tarde, cuando la actividad estaba ya sobre el terreno, de forma que ha pillado a los ciudadanos con el pie cambiado. Numerosos municipios, algún condado, y hasta el Estado de Vermont han prohibido la práctica, mientras que los ciudadanos de Nueva York mantienen la presión sobre el Gobierno del Estado para que no levante la moratoria. La experiencia estadounidense ha sido clave para que la reacción frente al fracking en Europa haya sido temprana. Las plataformas y asambleas de oposición se han multiplicado con rapidez desde 2011, de forma que, cuando aún no hay ni un solo pozo en explotación comercial en toda Europa, existe ya un denso tejido de resistencia por numerosos países, formado por núcleos muy locales de gran autonomía pero con una fluida comunicación entre ellos y un gran sentido de la solidaridad [7]. Esta resistencia se ha traducido en que diversos países europeos han echado el alto a la técnica, ya sea en forma de prohibiciones o moratorias, explícitas o de facto (en Francia, Bulgaria, Holanda, Irlanda o Alemania). En el Estado español 7 Comunidades Autónomas y más de 400 municipios han establecido algún tipo de mecanismo para evitar el fracking [8]. En ocasiones, como ha ocurrido en Francia, las moratorias han sido desafiadas en procedimientos judiciales ordinarios, que hasta la actualidad han validado dicha manera de proteger el medioambiente [9].

El TTIP, una nueva oportunidad para la fractura hidráulica La posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ha abierto una nueva ventana de oportunidad para la implantación del fracking. En primer lugar, el Tratado podría allanar el camino burocrático para la entrada de gas en Europa. Actualmente las exportaciones americanas de gas deben ser evaluadas y se autorizan

e comerci

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1 con cuentagotas, obstáculo que podría ser salvado con el TTIP [10], ya que el Tratado prevé incluir una cláusula por la que el Gobierno estadounidense estaría obligado legalmente a aprobar automáticamente las exportaciones sin ni siquiera evaluar su impacto. Por otro lado, el Tratado, además de las reducciones de aranceles y de mayor liberalización comercial, apunta a una armonización legislativa entre ambas potencias [11]. Dado que el poder corporativo a ambos lados del Atlántico está realizando una enorme presión para influir en las negociaciones, hay razones de peso para temer que esta armonización sea a la baja, socavando los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía europea y estadounidense en aras de los beneficios empresariales. No en vano, una de las principales demandas de la industria es la eliminación del Principio de Precaución en la Unión Europea, que ha permitido proteger a la población europea de algunas sustancias y actividades peligrosas para el medioambiente y las personas [12]. Este temor se agrava con el comportamiento de la Comisión Europea, que está intercambiando más información con la gran industria que con el propio Parlamento Europeo o los Estados miembros. La asistencia de los negociadores del Tratado a las sedes de los lobbies corporativos es permanente, incluso en plenas rondas de negociación [13]. El acceso de los grupos de presión corporativos a las negociaciones es directamente proporcional a la falta

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de transparencia de estas: tras la cuarta ronda aún no se conoce ningún borrador de texto, ni actas de lo sucedido en las reuniones y muchos de los documentos publicados, tras requerimiento de los movimientos sociales, han sido fuertemente censurados [14]. La inclusión de un capítulo sobre protección de las inversiones amplía las posibilidades de que la fractura hidráulica sea una realidad en Europa. Mediante el mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE), las empresas extranjeras podrían desafiar cualquier medida legislativa no solo mediante la justicia ordinaria, sino reclamar indemnizaciones ingentes ante tribunales privados poco transparentes [15] regidos por una pequeña cámara de árbitros sujetos a enormes conflictos de intereses [16], como ha reconocido la propia Comisión Europea [17]. Un alarmante ejemplo de dicho mecanismo y de las amenazas que este supone para las políticas antifracking tuvo lugar cuando la empresa Lone Pine reclamó 250 millones de dólares canadienses a Canadá por la moratoria al fracking que declaró el Estado de Quebec en 2011 y 2012. Con el SDIE, decisiones como las de los tribunales franceses sobre la moratoria al fracking podrían ser desafiadas nuevamente. El SDIE ha generado tanta polémica que, ante la presión popular, la Comisión Europea se ha visto obligada a lanzar una consulta europea sobre su inclusión en el TTIP, aunque la complejidad y el nivel de

tecnicismo que conlleva la propia consulta deja claro que se trata principalmente de un lavado de imagen y no tanto un esfuerzo de participación ciudadana. Por lo tanto, si los deseos del poder corporativo se materializaran, el TTIP supondría más fracking todavía en EE UU y bien podría ser la llave de expansión de la fractura hidráulica en Europa, allanando el terreno para las empresas multinacionales de la energía, exonerando del cumplimiento de leyes ambientales, diluyendo los requisitos europeos para las sustancias químicas, y sorteando las prohibiciones mediante el recurso al SDIE allí donde haya gobiernos que se resistan [18].

Donde dije lucha contra el cambio climático digo TTIP (y CETA) En su página de preguntas y respuestas sobre el TTIP, la Comisión niega que dicho tratado vaya a suponer una reducción de los estándares ambientales. Admite que puede resultar en un aumento de las emisiones de CO2 provocada por el comercio pero, en un alarde de precisión científica y política ficción considera que estas y otros problemas como el aumento de los residuos o la pérdida de biodiversidad “se vería ampliamente compensado por los beneficios del incremento del comercio de bienes y servicios medioambientales”. Cuesta creer en esta premisa no demostrada, más cuando los impactos ambientales de las negociaciones ya se están notando. De hecho, mirando la foto global del acuerdo en ciernes y del Tratado de Libre Comercio UE-Canadá (CETA por sus siglas en inglés), se entienden mejor algunos movimientos contra las políticas de contención del cambio climático que ha realizado la UE en los últimos tiempos. Cuando la Comisión Europea anunció su paquete de clima y energía 2030 en enero pasado [19], estaba en realidad diciendo muchas cosas de forma implícita. El gran objetivo del paquete era el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 40% para 2030. Y no solo es un objetivo bastante raquítico en realidad, habida cuenta de la urgencia y magnitud de los re-

tos climáticos, sino que la ausencia de otras medidas daba mucha información sobre la postura de la UE. A diferencia del paquete 20/20/20 [20], donde se establecían objetivos vinculantes para las emisiones pero también para las renovables, repartido por países, y para la eficiencia energética, en el paquete 2030 se olvida la eficiencia, y el objetivo que se establece para renovables es solo del 27% para todo el conjunto de la UE, con lo que se podrá cumplir solo aprovechando el esfuerzo ya hecho en renovables por parte de unos pocos países sin necesidad de que cambien radicalmente las políticas en el resto. Con esto la CE se pliega a las demandas de países como Reino Unido, que se ha lanzado a la carrera de la búsqueda de gas de esquisto en su territorio, del que dos terceras partes es considerado susceptible de ser convertido en licencia de exploración [21] y, con esta expectativa, un objetivo de renovables por países estorba. Como también estorba una directiva que regule el fracking en la UE. Cuando todo parecía indicar que dicha directiva estaba ya incluso redactada [22] para responder a las lagunas regulatorias que la propia Comisión había detectado en los

informes que había encargado, al anunciar el paquete 2030, el ejecutivo comunitario decepcionó todas las expectativas y dio el cambiazo: en lugar de una directiva proponía una serie de recomendaciones no vinculantes y fiaba el “buen” desarrollo del fracking a las buenas prácticas de las empresas [23], ciñéndose a los intereses de la industria. De igual manera que también estorbaba la Directiva de calidad de combustibles, cuya continuidad tras 2020 tenía que ser anunciada con el paquete 2030. La directiva, que gravaba los combustibles según las emisiones relativas a su ciclo de vida y pretendía garantizar la reducción de las emisiones procedente del transporte motorizado, dejará de existir [24]. Las razones parecen claramente apuntar a la llegada masiva de arenas bituminosas de Canadá tanto desde aquel país como a través de EE UU [25]. Los planes pretenden pasar de los 4.000 barriles diarios importados en 2012 a una cifra de 700.000 en 2020 [26] y el Gobierno canadiense, mientras negociaba el CETA, criticó activamente la Directiva por la discriminación que supondría para sus exportaciones [27]. Los combustibles fósiles no conven-

2 1. El TTIP rebajará la legislación ambiental, favoreciendo actividades como el fracking. 2. Una de las muchas protestas en España contra la fracturación hidráulica. 3. Las reglas de estos tratados favorecen a las grandes empresas.

cionales presentan un comportamiento climático reñido con unos objetivos de reducción ambiciosos [28]. Esto permite interpretar el anuncio del paquete 2030 por parte de la Comisión Europea como la elección de un modelo energético claro, basado en la importación y el desarrollo de estos combustibles sucios, incompatible con una política climática ambiciosa y plegado a los intereses de la industria fosilista. Pero sobre todo, es un gesto de aproximación para allanar el camino a los tratados de libre comercio con EE UU y Canadá.

Notas y referencias 1 http://www.theguardian.com/world/2014/mar/26/europeasks-obama-increased-exports-shale-gas 2 http://www.resilience.org/stories/2014-03-19/the-oil-andgas-weapon-won-t-work-davis-leggett-on-ukraine 3 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/01/24/ remarks-president-state-union-address 4 http://ecowatch.com/2013/05/10/fugitive-methaneemissions-climate-implications-oshale-gas-exports/ 5 http://www.controlrisks.com/OurThinking/Pages/TheGlobal-Anti-Fracking-Movement.aspx# 6 http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/01/losresultados-de-nuevas.html 7 http://www.ecologistasenaccion.org/article24516. html#nb2-1 8 http://municipioslibresdefracking.org/ 9 http://www.rtve.es/noticias/20131011/constitucionalfrances-valida-prohibicion-explotar-gas-pizarra/762361. shtml 10 http://action.sierraclub.org/site/DocServer/TTIP_Report. pdf?docID=13541 11 Kucharz y Rico, 2013. Un acuerdo Trasatlántico (y corporativo). Ecologista, 79. 12 Bizzarri, 2013 A Brave New Transatlantic Partnership. Seattle to Brussels Network 13 http://corporateeurope.org/trade/2013/09/europeancommission-preparing-eu-us-trade-talks-119-meetingsindustry-lobbyists 14 http://corporateeurope.org/trade/2014/02/what-are-youhiding-opacity-eu-us-trade-talks 15 Rico y Kucharz, 2013. Tratados bilaterales de inversiones. Ecologista, 79. 16 Eberhardt y Olivet, 2012. Cuando la injusticia es negocio. CEO y TNI. 17 Comisión Europea, 2013: Factsheet on Investor-State Dispute Settlement 18 http://www.eldiario.es/desalambre/imposicion-frackingEuropa-quiebra-democratica_0_222928559.html 19 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_es.htm 20 http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm 21 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/17/ actualidad/1387313461_789706.html 22 http://www.euractiv.com/energy/shale-gas-firmsbrought-robust-n-news-531191 23 http://tinyurl.com/m5fknsh 24 http://www.carbonbrief.org/blog/2014/01/who-killedthe-fuel-quality-directive/ 25 http://www.euractiv.com/sections/energy/tar-sandsmystery-and-smoking-ttip-gun-301552 26 http://tinyurl.com/n2xx29u 27 http://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-adds-detail-tofight-against-fuel-quality-directive-1.2424171 28 Las arenas bituminosas emiten al menos un 14% más CO2 que el petróleo convencional http://www.scientificamerican.com/article/tar-sands-andkeystone-xl-pipeline-impact-on-global-warming/

Ecologista, nº 81, verano 2014

Más de 40 años padeciendo y luchando contra la refinería

Muskiz y la oposición a Petronor Iñaki Barcena

El municipio vizcaíno de Muskiz lleva más de 4 décadas sufriendo una instalación petrolífera que contamina su aire, sus aguas y sus suelos. La construcción de una planta de coque agravará la situación ambiental a la que se enfrentan actualmente sus habitantes con la refinería de Petronor. En medio de fuertes intereses y presiones políticas de los partidos vascos, la Plataforma Anti-Coke dinamiza la lucha social y ecologista contra el proyecto.

il ala bizi Mehatzaldean. Vivir o morir bajo las chimeneas [1]. Este es título del libro editado por el grupo ecologista Meatzaldea Bizirik en diciembre de 2013. Una obra colectiva que sirve de crónica a más de 40 años de pelea contra la refinería de Repsol-Petronor. Imágenes y relatos de una larga lucha por la salud y el medioambiente que expresa la voluntad y determinación de una colectividad de enfrentarse al continuo envenenamiento generado por una instalación petrolífera que lleva más de 4 décadas contaminando su aire, su playa y sus aguas. En este testimonio ecologista se puede ver y leer cómo era Muskiz sin la refinería, cómo fue su fraudulento proceso de implantación y ampliación y cómo han vivido sus habitantes el largo y permanente enfrentamiento contra esta multinacional del petróleo. En el prólogo, Iñaki Barcena, miembro de Ekologistak Martxan y catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco

Ecologista, nº 81, verano 2014

Pedro Costa Morata, ecologista murciano y buen conocedor de las campañas ecologistas en tierras vascas, pone en relación la contienda contra Petronor con los conflictos de Lemoiz, Leitzaran o Itoiz y la actual campaña contra el fracking [2].

Muskiz y la refinería Muskiz es un municipio de 7.408 habitantes (en 2011), que se ubica en la costa oeste de Euskadi, limitando con Cantabria. Pertenece a Bizkaia y se encuentra en la comarca de Encartaciones (Enkarterri), en el área conocida como Zona Minera (Meatzaldea), limítrofe con el Bilbao Metropolitano y a unos 20 kilómetros de Bilbao. En el año 1968 se adjudicó a Petróleos del Norte S.A. (Petronor, actualmente filial de Repsol) la construcción en Muskiz de una refinería de petróleo que entró en funcionamiento en 1972. Esta se ubica muy próxima a la costa, en una zona de marismas en la desembocadura del río Barbadún. Desde entonces su crecimiento ha sido constante, habiendo ampliado sus

instalaciones hasta en 14 ocasiones, convirtiéndose en un gran complejo petroquímico, el mayor de la costa del Cantábrico. A lo largo de los últimos 46 años, ha sido objeto de periódicas y reiteradas denuncias ecologistas y vecinales debido a las emisiones atmosféricas y los vertidos directos a la ría y, especialmente, por proyectos de ampliación como la catalítica FCC (1982), el proyecto térmico IGCC (2001) y la planta de coque desde 2007. El pueblo de Muskiz desde hace más de 40 años está ligado económicamente a Petronor ya que emplea a unos 950 trabajadores directos, de los cuales más de un tercio se calcula que viven en el municipio. Petronor es una empresa petroquímica con un largo historial contaminante. Emite cerca de 2.600.000 toneladas de CO2 anualmente, que suponen más del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata de la empresa más contaminante de Euskal Herria. En la memoria colectiva de los habitantes de Muskiz perviven los impactos ambientales de Petronor relacionados con la contaminación atmosférica, el ruido, la contaminación del suelo, la generación de residuos peligrosos y los vertidos de aguas residuales. Además está el riesgo de accidentes graves de carácter químico, que se han producido con una cierta periodicidad. A ellos hay que añadir el riesgo derivado del trasiego de sus productos, subproductos y residuos químicos tóxicos y peligrosos. En todos estos años han tenido lugar variados accidentes e incidentes: muerte de 5 trabajadores (1984), incendio en un horno (2001), explosión en una tubería (2002), explosión en la Unidad 3 (2007), fuga de crudo e incendio (2008), etc.

El caso de la campaña anticoque En el año 2006 Repsol-Petronor plantea la construcción de una planta de coque de petróleo: el denominado proyecto URF (Unidad de Reducción de Fueloil) por la necesidad de procesar crudos cada vez más pesados y densos –y también más sucios– marcada por la evolución del mercado del petróleo. La Coordinadora Anti-Coke nace en 2007. Inicialmente surgió como una plataforma ciudadana y un espacio de encuentro y coordinación de organizaciones vecinales, sociales, sindicales y políticas contrarias al nuevo proyecto de Petronor. Con el tiempo evoluciona de una coordinadora de organizaciones a un colectivo de personas que dinamizan la lucha contra el proyecto de la planta de coque.

En época de crisis y con un desempleo del 12% (2 puntos por encima de la media vasca), la nueva planta de coque ha generado 1.575 empleos, según la empresa, durante los trabajos de construcción. La estimación de puestos de trabajo directos en el funcionamiento de la planta es de 64 personas y un empleo inducido estimado en 150 personas. Este es el argumento principal que agrupa a todos los sectores sociales y políticos favorables al proyecto. La marcada dependencia socioeconómica del municipio de la actividad de la empresa Petronor hace que, en tiempos de crisis y con expectativas de futuro negativas, la construcción de la planta de coque se plantee por estos sectores como una vía de solución.

Posicionamiento político en los conflictos con Petronor El Ayuntamiento de Muskiz ha sido tradicionalmente gobernado por el PNV, con unos resultados electorales ascendentes que le llevaron a alcanzar cerca de 2.000 votos en 2003 sobre un censo de 5.700 electores y 8 concejales sobre 13. Sin embargo, en las elecciones de 2007 tuvo un notable descenso hasta 1.400 votos (6 concejales), que le llevó a perder la alcaldía ante el pacto de EA (4 concejales) y PSE-PSOE (3 concejales). No cabe duda que en esos resultados tuvo una importante influencia el posicionamiento del PNV favorable a la planta de coque, mientras que la junta local de EA se había manifestado en contra de su instalación. En el Gobierno vasco, la responsabilidad de Medio Ambiente, fundamental para la aprobación de las autorizaciones a la planta de coque, la ha ostentado EA (hasta 2009), que siempre se ha manifestado, institucionalmente como partido, a favor de la planta de coque, pese a la notable opo-

sición de su rama local de Muskiz. El principal valedor de la planta ha sido siempre el PNV, cuyas implicaciones locales, personales y políticas son evidentes. Josu Jon Imaz, presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) hasta 2007 y presidente de Petronor desde 2008, y Luis Alberto Aranbarri Amatiño, director de comunicación en el EBB y jefe de prensa de Petronor desde el mismo año, son los mejores valedores dentro del PNV. Petronor es una de las principales empresas del País Vasco y uno de sus principales contribuyentes fiscales. Son argumentos más que suficientes para, por ejemplo, llevar el nombre de la empresa a la camiseta del Athletic de Bilbao. El PSE-PSOE también se ha posicionado siempre a favor del proyecto en todos sus niveles: municipal, autonómico y estatal. El PP, aunque sin representación municipal, también ha sido siempre favorable a la planta. EA ha sido víctima de importantes contradicciones en el nivel de la política municipal. Aunque en Muskiz se han manifestado tradicionalmente contra la planta de coque, algunos de los sectores no han sabido o no han querido resistir las presiones de un aparato de partido posicionado claramente a favor, lo que le ha llevado a la ruptura a nivel local. En el arco de la oposición clara y rotunda a la planta de coque, se han situado siempre la izquierda abertzale –en sus distintos sectores y formaciones políticas– e IU-EB. Sin embargo, hay que señalar que la oposición a la planta tiene también un carácter político transversal. No hay una correspondencia exacta entre el peso electoral de los partidos favorables a la misma y la intensidad de algunas movilizaciones contrarias registradas en el municipio. Probablemente ello sea indicativo de que un importante número de personas que cuestiona o discrepa del proyecto siga votando a esas opciones

políticas por diferentes motivos. Mientras tanto, siguen en los tribunales pendientes de resolución definitiva varios recursos contencioso-administrativos contra autorizaciones concedidas por el Gobierno vasco y los Ayuntamientos de Muskiz y Abanto y una queja ante la Unión Europea. En palabras del exconcejal y exjuntero de la izquierda abertzale, Juan José Zarraga, aparecidas en su interesante artículo titulado Pasar por el aro integrado en el libro publicado por Metzaldea Bizirik, la lucha continúa: “Se impidió la [instalación de la] pretendida Planta de Ciclo Combinado (IGCC) junto a Las Carreras, y a pesar de la aparente derrota con la instalación de la Planta de Coke, hoy, el debate, por mucho que se intente parar, está centrado en tres puntos: 1. Petronor debe cumplir escrupulosamente la legislación medioambiental y las licencias que se le concedan. 2. Petronor debe liberar los terrenos públicos, como ya hizo con la CLH y marcar claramente las concesiones, dejando de trampear para alargarlas. 3. Las instituciones deben cumplir con su obligación de control y vigilancia, así como, la defensa de la calidad de vida de quienes habitamos en esta comarca, para lo que es fundamental la presencia y organización del movimiento ciudadano, lo que significa más democracia y ejercicio de la misma”.

Notas y referencias 1 . Meatzaldea Bizirik Ekologista Taldea . Hil ala bizi Meatzaldena. Vivir o morir bajo las chimeneas. Autopublicación. Muskiz, 2013. 2 . Jone Martínez e Iñaki Barcena. “Environmental Conflicts and Injustices. Fragility and resistance in Basque SocioEnvironmental conflicts”. Partecipazione e Conflitto. AÑO VI- Nº 1 Franco Angeli, Milán. Págs. 14-39.

3 1. Vista de la Refinería de Petronor. 2. Una de las numerosas movilizaciones contra la planta de 2

coque. 3. Una persona de la Coordinadora Anti-Coke se encara con Josu Jon Imaz, uno de los promotores de esta instalación.

Ecologista, nº 81, verano 2014

Muro de silencio

Tras casi cuarenta años, el problema sigue sin resolverse

Contaminación radiactiva en Palomares Francisco Castejón, José Ignacio Domínguez e Igor Parra El territorio de Palomares (Almería) sigue siendo el lugar más contaminado por plutonio de Europa. Tras el accidente en 1966 entre dos aviones militares de EE UU con bombas nucleares que cayeron en la zona generando una cantidad importante de residuos contaminantes, no se han realizado acciones suficientes ni por parte de EE UU ni del Estado español para que desaparezca la contaminación radiactiva.

esde que en enero de 1966 se produjera un accidente entre dos aviones militares de EE UU sobre Palomares, una pedanía de Cuevas de Almanzora (Almería), este territorio es el más contaminado por plutonio de Europa. Es inexplicable que un Estado aliado de otro genere un problema de contaminación como este y se lave las manos. Tras las labores de limpieza después del accidente, EE UU se ha desentendido del problema de la contaminación de Palomares y, como revelan los cables de Wikileaks, el Estado español tampoco ha realizado una presión muy fuerte para evitarlo. Aquel 17 de enero cayeron sobre la zona las cuatro bombas termonucleares de 1 MW que portaba el bombardero estratégico B-52. Como es sabido, una cayó al mar y otra vio su caída amortiguada por el paracaídas, mientras que las otras dos impactaron sobre el suelo, lo que motivó que detonara su explosivo convencional

Francisco Castejón, José Ignacio Domínguez e Igor Parra, Ecologistas en Acción

Ecologista, nº 81, verano 2014

y que el plutonio que contenían ardiera y se dispersara por el territorio en forma de aerosol. Tras la caída de las bombas se realizó una operación rápida de limpieza con la que se retiró la contaminación más superficial. Se trataba de reducir en lo posible la radiactividad ambiental, sin complicarse mucho, evitando que cualquiera pudiera conocer detalles sobre las características de las bombas. Hoy en día aún nos preguntamos por qué no se evacuó la zona tras el accidente y por qué no se descontaminó totalmente el territorio antes de permitir que la población volviera. Esto solo lo podemos entender considerando que Franco estaba en el poder y que no quería incomodar a sus amigos americanos. También cabe preguntarse por qué se permitía que la peligrosa maniobra de repostaje en vuelo del B-52 se realizara sobre el deprimido suelo de la costa almeriense. Estos aviones se encontraban volando en torno a la tierra permanentemente para poder garantizar una respuesta a un ataque nuclear preventivo de la URSS, tal como se puede ver en la película Teléfono rojo: volamos hacia Moscú.

Durante muchos años un pesado muro de silencio cayó en la zona y nadie hablaba del plutonio, porque se entendía que al publicitar la contaminación se dañaba la imagen de la zona y no se vendían sus productos. A finales de los 90, cuando ya se empezaba a inflar la burbuja inmobiliaria, se despertó la necesidad de construir en Palomares. En ese momento las autoridades tomaron conciencia de una obviedad, que los ecologistas llevábamos tiempo denunciado: Palomares estaba contaminado. Nuestras reivindicaciones tenían tres puntos claves: 1) caracterizar la contaminación y conocer su extensión; 2) evitar que el público pudiera penetrar en zona contaminada y 3) limpiar la zona y dejarla expedita para otros usos. A raíz de aquello Juan Antonio Rubio, el ya fallecido Director General del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas), decidió tomar cartas en el asunto y realizar las labores de investigación para conocer el alcance de la contaminación, así como proceder a vallar las zonas contaminadas. Estas tareas se realizaron desde 2004 hasta 2011, lo que satisfacía nuestras dos primeras reivindicaciones. En aquel momento se “rasgó la cortina” y pudimos tener acceso a la información de lo que había pasado. Nuestros temores y todos los rumores resultaron ciertos: se había cultivado en zona contaminada; se había removido la tierra para hacer unas balsas, lo que dio lugar a un aumento de la radiactividad ambiental que se detectó en medidores cercanos; había personas viviendo en zonas contaminadas; y finalmente los americanos habían dejado enterrados en el territorio utensilios que se usaron en la descontaminación y que a su vez estaban contaminados.

Algunos avances Hay que decir que el Ciemat, y su antecesora la Junta de Energía Nuclear, es la institución que se ha venido haciendo cargo de la situación desde el accidente. De hecho, durante todos estos años se ha realizado un seguimiento de los afectados que viven en la zona para detectar posibles casos de contaminación. Todos los estudios se realizaron bajo el paraguas del Proyecto Indalo, financiado por EE UU, que permitía estudiar los efectos de la radiación en el territorio y las personas. De hecho, se han detectado unos 180 casos de contaminación de gravedad variable, pero está por ver los efectos que sobre la salud pueda tener esta contaminación. Ninguna otra institución ni empresa se

había preocupado hasta aquellas fechas de la contaminación de Palomares: ni el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), encargado de la protección radiactiva de la población, ni Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos en nuestro país. Ni, por cierto, ningún Gobierno hasta el momento. Así que el plutonio de Palomares ha sobrevivido a la dictadura de Franco y a los gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Si bien durante el gobierno de Zapatero se realizaron los estudios de caracterización y vallado de las zonas contaminadas, quedó por resolver el problema de forma definitiva y proceder a la limpieza de la zona. Tampoco la Junta de Andalucía ha sido beligerante respecto a este tema sobre el que jamás ha tomado iniciativa alguna. Y lo mismo cabe decir de los alcaldes hasta finales de los 90 en que finalmente empiezan a exigir que se resuelva el problema. En esta línea, debemos destacar el papel positivo desempeñado por el alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, quien ha sido un eficiente interlocutor del movimiento ecologista. Caicedo fue un agente clave en la aceptación de los ecologistas en el territorio y además ha trabajado de forma consensuada con nosotros para conseguir que se avance en la solución del problema. Él se ha comportado como legítimo representante de los habitantes de la localidad, principales afectados. Los estudios realizados por el Ciemat han mostrado que existe en la zona medio kilo de plutonio distribuido en una extensión de la tierra contaminada de unas 60 hectáreas, en cuatro zonas. La contaminación llega en algunos lugares hasta profundidades de 6 metros y, en total, habría que remover unos 50.000 m3 de tierra para limpiar el territorio. Se realizó hasta un proyecto de limpieza que se sometió a consideración del CSN. En este proyecto se contemplaba la instalación de carpas para evitar la difusión de polvo y la aspiración de la tierra contaminada. Como se conoce incluso el tamaño típico de las partículas con plutonio, se había pensado someter la tierra a un sistema de cribado para reducir esos 50.000 m3 iniciales a unos 6.000, pero con la contaminación más concentrada.

Lo que queda por hacer Durante el gobierno de Zapatero, como se ha dicho, se avanzó mucho en la solución del problema. Sin embargo, restaba un último paso: la limpieza del territorio. Y aquí topamos con un problema fundamental: en España no hay ni se piensa construir un cementerio nuclear capaz de

albergar el tipo de residuos que se retirarán de Palomares: emisores alfa de muy baja concentración. Así que hay que conseguir que EE UU se lleve la tierra contaminada y, a poder ser, pague los trabajos de descontaminación y las expropiaciones de los terrenos. El tiempo corre en nuestra contra. Por un lado, la contaminación se va dispersando paulatinamente por los efectos del viento y la lluvia. Por otro lado, parte del plutonio se convierte en americio, que es más peligroso desde el punto de vista de la irradiación externa. Por lo tanto hay que proceder a la descontaminación lo antes posible. Sería necesaria una posición firme frente a EE UU que les demostrara la voluntad del Estado español para que se resolviera el problema de Palomares de una vez por todas. Y es aquí donde hemos encallado. Esta voluntad ha faltado y sin ella no es posible forzar a los norteamericanos a que limpien la zona, sobre todo teniendo en cuenta que esto supone un precedente para las otras 39 zonas contaminadas del planeta por accidentes similares al de Palomares. EE UU teme, sin duda, que tenga que hacerse cargo de los residuos generados en los otros casos de Flecha Rota (en el argot, accidentes con pérdidas de bombas nucleares) que se han dado en el mundo. Durante el último Gobierno del PSOE se avanzó en las negociaciones y se llegó incluso a que EE UU preguntaran por los contaminantes no radiactivos de la tierra, pensando en su almacenamiento en su territorio. Se decía incluso que no era necesario realizar cribado alguno y que se podían manejar los 50.000 m3 de tierra. Sin embargo, en la actualidad está todo detenido y no se vislumbra que las negociaciones hayan avanzado. Se hace imprescindible la presión desde el territorio para que las autoridades españolas y de EE UU tomen conciencia de la necesidad de resolver este asunto. Los firmantes de este artículo se dirigieron al embajador norteamericano, James Costos, sin obtener respuesta alguna. El hecho es que la contaminación ha operado sobre esta zona privándola de las posibilidades que tienen las localidades vecinas. Tras la descontaminación empezará una nueva fase en que habrá que decidir cuál es el futuro de la pedanía de Palomares y de los terrenos liberados. Trabajaremos para que el sentido común y el respeto por el medio ambiente sean las claves en la nueva etapa. Pero el objetivo a corto plazo es que la contaminación radiactiva desaparezca del área de Palomares.

5 1. Soldados americanos almacenan barriles con tierra contaminada para enviar a EE UU. 2. Dos de las bombas que cayeron. National Atomic Museum, Albuquerque, Nuevo México. 3 y 4. Algunas de las áreas cercadas, pues siguen estando contaminadas. 5. Jesús Caicedo, alcalde de Cuevas de A. 6. Toma de muestras de suelo, Ciemat.

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iniciativas sostenibles

Un albergue sostenible

Sostenibilidad ambiental y accesibilidad universal para personas con discapacidad Cooperativa de iniciativa social Gure Sustraiak

ituado en el Valle de Ollo (Navarra), el Albergue Accesible y Sostenible Gure Sustraiak dispone de unas dotaciones pioneras a nivel nacional para que todas las personas puedan disfrutar de un turismo inclusivo, así como de estancias formativas o de ocio terapéutico. Con una inversión que supera los 1,5 millones de euros, el albergue se ha construido con criterios medioambientales, de bioconstrucción y de accesibilidad universal. Así, los aislamientos utilizados son de celulosa proyectada y fibra de madera. Además se ha incorporado energía solar térmica para el agua caliente y caldera mixta de biomasa (pellets o astillas) y un sistema de depuración por método biológico (mediante plantas) sin consumo energético que comprende tratamiento primario, secundario y terciario. Esto ha supuesto la construcción de un sistema de canales y una pequeña laguna tras el edificio principal. El Albergue se encuentra junto a la Granja Escuela Gure Sustraiak, un espacio en el que realizar actividades de educación ambiental y de desarrollo y convivencia positiva que cuenta con amplios programas para escolares. Además permite también desarrollar ocio terapéutico con animales, especialmente con asnos. Con 80 plazas en total, el nuevo albergue cuenta con 24 plazas para personas con movilidad en silla de ruedas con baños completamente accesibles y 50 plazas en total para personas con movilidad reducida, discapacidad intelectual y/o sensorial. Dispone de señalética adaptada, pavimento podotactil en estancias comunes

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y avisos visuales en habitaciones.

Proyecto social participativo

ure Sustraiak es un proyecto social participativo que tuvo sus orígenes en 2002, a partir de la idea de 5 estudiantes de biología que querían desarrollar una educación ambiental que pusiese en valor la forma de vivir de nuestros ancestros. El lugar elegido fue Ollo, en un valle que cuenta con una población de apenas 300 habitantes, donde su Concejo les arrendó la antigua escuela que, con mucho esfuerzo, convirtieron en un primer albergue y donde un vecino les cedió un antiguo gallinero, que transformaron en una pequeña granja escuela. Más tarde se trasladarían a unas instalaciones agropecuarias donde actualmente disponen de animales, amplios espacios a cubierto para actividades y huertos e invernaderos. En 2010 crearon la cooperativa de iniciativa social, Granja Escuela Gure Sustraiak. Una forma de empresa de economía social y solidaria que, en esta época de crisis, ha demostrado su compromiso con la creación de empleo estable. Una muestra de ello es que en el último año han duplicado el número de puestos de trabajo. Actualmente la cooperativa cuenta con 12 trabajadores/ as (9 son socios/as) y 70 socios/as colaboradores/as. Todo ello en el marco de una economía social y solidaria que da prioridad a las personas, trabaja por la igualdad, favorece la cooperación y fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo y la inserción laboral de personas en riesgo de inclusión.

Definiendo la soberanía energética Varios Autores La soberanía energética es el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros.

n tiempos de indignación por los abusos de poder de una oligarquía, la sociedad demanda en el mundo de la energía (al igual que en otros ámbitos) una nueva ola democratizadora. Si soberanía se refiere a poder, soberanía energética es hablar de dónde reside el poder en el ámbito de las energías. Frente a un enfoque como el de la soberanía del Estado, centrado en la legitimidad de los Estados no importa si han sido cooptados por élites extractivistas, la soberanía de los pueblos defiende el derecho de individuos, comunidades y pueblos para decidir sobre los asuntos que les afectan, para hacer política cotidianamente. La soberanía energética a la que nos referimos, se aleja de la defensa de las fronteras y de intereses alineados con las élites, denuncia la cultura que promueve la delegación de las decisiones en una supuesta neutralidad de los expertos, su planificación tecnócrata y la toma de decisiones desde arriba. Se opone a la exclusión de los saberes tradicionales, la participación de la ciudadanía activa y la corresponsabilidad. Así, inspirada en la definición de soberanía alimentaria de La Vía Campesina, la soberanía energética podría definirse como el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. Cada persona y cada pueblo tiene derecho a la Posición elaborada en marzo de 2014 por Pablo Cotarelo (Ecologistas en Acción), David Llistar y Alfons Pérez (Observatori del Deute en la Globalització), Àlex Guillamon (Entrepobles), Maria Campuzano (Enginyeria Sense Fronteres) y Lourdes Berdié (Multireferèndum). Todo/as ellas en el marco de construcción de la Xarxa per la Sobirania Energètica www.xse.cat

cantidad y tipo de energía necesaria para sostenerse a sí mismo/a y a su grupo, y a los recursos necesarios para mantenerla, siempre y cuando no externalice impactos ambientales, sociales o económicos negativos, es decir, no genere anticooperación. De la misma manera, mientras que desde la soberanía estatal se hablaría de independencia y seguridad energética para referirse a la utilización de una cantidad indeterminada de recursos que se consideran necesarios para mantener al

máximo la economía doméstica (satisfaciendo todo tipo de consumos sin atender a su naturaleza), para la soberanía de los pueblos la soberanía energética es que todas las personas tengan derecho al acceso a las energías en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa. Mientras que desde la cultura de expertos se pretendería alfabetizar a la población para que entienda la Energía (ente abstracto, homogéneo y especulable) por medio de una relación vertical jerárquica y unidireccional, desde la soberanía energética en cambio se plantea que la realidad es compleja, multidimensional y asimétrica, y debe comprender los enfoques de todos los agentes afectados. Por tanto, es necesario desmonopolizar la especialización, generar una comunidad extendida de iguales compuesta por todos aquellos que deseen entrar en un diálogo y decidir. Donde sus miembros aporten sus hechos, que incluyan conocimientos imprescindibles para que las energías necesarias para las personas sean satisfechas. Se trata de las

energías concretas y diversas frente a la Energía mercantilizada y oligopólica. Asimismo, alcanzar la soberanía energética supone que los pueblos puedan decidir sobre las cuestiones energéticas sin interferencias y esclavitudes, como las que representan la persecución de beneficios crecientes y la rendición de cuentas ante accionistas, a las que están sujetas las empresas privadas actualmente, y fruto de la actual mercantilización de la Energía. Para priorizar el control de los pueblos sobre el bien común energético se debe trascender la disyuntiva entre el sector público y el privado, anclada también en una lógica donde otras visiones ni estatales ni privadas quedan excluidas. Por el contrario, se debe tender a fomentar estructuras y actores económicos que nos liberen de dichas esclavitudes y permitan a la población tomar decisiones libremente y entre iguales, siguiendo el ejemplo de las actuales cooperativas comercializadoras de electricidad. Pero la soberanía energética (de los pueblos) es la que defiende también la soberanía de todos los pueblos que son. Y en consecuencia, el respeto a la soberanía energética de todos los pueblos implica el ahorro y la racionalización en el uso de los bienes comunes para no interferir negativamente en la soberanía energética de otras comunidades ni de las futuras generaciones, ya sea mediante la generación de problemas ambientales (tales como el cambio climático o la generación de residuos altamente radiactivos) o mediante el acaparamiento de bienes de unos pueblos sobre otros, a veces mediante guerras. Para lo cual se deben relocalizar los procesos de generación y distribución energéticas en un doble sentido: acercándolos a los puntos de utilización y facilitando la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones. La soberanía energética es el camino de empoderamiento social que transforma las estructuras del poder oligopólico y crea nuevas realidades desde abajo, por los de abajo y para los de abajo. En la energía también. Ecologista, nº 81, verano 2014

Muros políticos para un desarrollo equitativo y global

El austericidio sobre las mujeres Silvia M. Pérez y Sergio Rojo

La nueva oleada de recortes, que cada vez distingue menos entre países empobrecidos o ‘desarrollados’, está provocando un tremendo aumento de la desigualdad, y en especial está exacerbando las diferencias de género. A menudo, las mujeres llevan la peor parte de unas políticas muy injustas con la mayor parte de la población.

esde el comienzo de la actual crisis financiera en 2007-2008 hasta principios de 2013, se calcula que las llamadas políticas de austeridad han afectado aproximadamente a 5.800 millones de personas (el 80% de la población mundial) [1]. Dichas políticas, a pesar de su novedad discursiva (la austeridad de la gestión pública como mal menor en el camino hacia el “progreso global”) no son más que una continuación de los ajustes estructurales que comenzaron a finales de los setenta para controlar la deflación mediante la flexibilización laboral, la reducción del déficit público y la liberalización de los mercados, inspiradas en un modelo de desarrollo global basado en la inequidad y promotor de desigualdades. A pesar de los avances (al menos teóricos, retóricos o incluso legislativos) logrados en las últimas décadas en términos de desarrollo humano y sostenible y en materia de igualdad de género, lo cierto es que la nueva oleada de recortes, que en los últimos años también se impone en los Silvia M. Pérez y Sergio Rojo, Plataforma 2015 y más @P2015ymas

Ecologista, nº 81, verano 2014

llamados países “desarrollados”, evidencian la expansión geográfica de la desigualdad, explicitan la ruptura de la dicotomía Norte-Sur y, al fin y al cabo, muestran el dominio de un modelo de desarrollo centrado en el crecimiento macroeconómico, que beneficia a una minoría y afecta a las grandes mayorías, aumentando las brechas de desigualdad, también la de género. Según destaca Lina Gálvez [1] estas políticas de austeridad, que se están poniendo en práctica en casi todo los países del mundo, se pueden ordenar en siete grandes grupos: las que tienen que ver con la eliminación o reducción de los subsidios; los recortes salariales y disminución de los puestos de trabajo; la racionalización de los sistemas de cobertura social; la reforma en los sistemas de pensiones; las reformas de los sistemas sanitarios; las reformas laborales encaminadas a la flexibilización y la creación de empleo, o las encaminadas al aumento de los ingresos de las arcas públicas (como por ejemplo el incremento del IVA).

En España habría que sumar otras reformas como la del sistema educativo, la reforma del sistema judicial, la reforma de la Ley del Aborto, la reforma para la racionalización de la administración local y la Ley de la Dependencia, el desmantelamiento y reforma de la política de cooperación al desarrollo, o las reducciones presupuestarias directamente vinculadas con la Ley de Igualdad. Un amplio abanico de políticas que bajo el paraguas de la austeridad impactan directamente sobre amplios grupos de población –precisamente los más vulnerables- y que incrementan las brechas sociales y la desigualdad entre hombres y mujeres.

El doble castigo de las políticas de austeridad para las mujeres Reformas como la Ley de Atención a la Dependencia, la reforma educativa, la sanitaria o la eliminación de los apoyos sociales terminan por afectar la carga laboral de las mujeres y a revitalizar los roles de género debido a la derivación de los cuidados que antes eran cubiertos o apoyados por el Estado o por las entidades públicas locales hacia las familias. La precarización laboral, los despidos y el desempleo afectan en mayor medida a las mujeres, contribuyendo así a aumentar y a reproducir la desigualdad estructural de género. Así lo refleja el I Informe sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer, elaborado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo [2]. En su presentación, Elisabeth Morin-Chartier, presidenta de dicha comisión denunciaba: “Las mujeres se enfrentan a una crisis silenciosa que ha empeorado notablemente sus condiciones de vida. Antes de que comenzara esta crisis económica ya había una tasa importante de desempleo femenino, y eran en su mayoría las mujeres quienes ostentaban contratos precarios, a tiempo parcial y con bajos salarios”, algo que se ha agudizado con las medidas de austeridad. El Informe Sombra CEDAW España (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer de la ONU) [3], elaborado y suscrito por más de 180 organizaciones sociales y feministas españolas, hace hincapié precisamente en cómo las políticas de austeridad han impactado sobre la brecha de género en España. El informe evidencia también el importante recorte de partidas públicas que han sufrido

las políticas e instituciones dedicadas a la igualdad de género, además del impulso, en los últimos años de medidas que van contra los derechos de las mujeres. Así, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por ejemplo, ha reducido en un 24% la partida presupuestaria que se destina a políticas de igualdad, casi el triple del resto de ministerios que se sitúa en el 8,9% de media.

La igualdad como retórica en las instituciones internacionales Paradójicamente, en los foros internacionales, los y las representantes españolas siguen defendiendo –discursivamente– su apuesta por la igualdad. “La reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres es una de las prioridades de la acción política interior y exterior del Gobierno”, afirmaba la ministra Ana Mato ante la 58ª Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas el pasado mes de marzo [4], a lo que añadía que “la política de cooperación

internacional que promueve el Gobierno se ha convertido en un referente para las políticas de desarrollo y en los temas de género”. Precisamente, las políticas de acción exterior y, en concreto, las políticas dedicadas al desarrollo evidencian de nuevo la falta de compromiso del Ejecutivo con la equidad de género y con el desarrollo humano y sostenible [5]. Tal y como se pone en evidencia en la investigación impulsada por la Plataforma 2015 y más, Coherencia de políticas y género. Un análisis feminista de la promoción del desarrollo internacional, el Gobierno maneja discursos contradictorios en los foros comerciales y en los foros internacionales dedicados al desarrollo [6]. Las decisiones políticas del ejecutivo evidencian la evaporación de la igualdad de género al pasar del discurso a la realidad. Así, por ejemplo, pese al declarado compromiso del presidente del Gobierno con los objetivos de ONU Mujeres, en diciembre de 2012 se cerró la oficina de di-

cho organismo en España. Se ha reducido sustancialmente el presupuesto dedicado a los programas de salud sexual y reproductiva en las políticas de cooperación y se impulsan iniciativas de leyes, como la Ley del Aborto, que van en contradicción con los compromisos internacionales de España en materia de equidad de género. La acción exterior del ejecutivo de Mariano Rajoy dedica sus esfuerzos a iniciativas como la de Marca España, que pretenden promover la internacionalización de la empresa española, sin tener en cuenta los impactos que esta internacionalización tiene sobre los derechos humanos y, específicamente, sobre las mujeres [7]. En múltiples geografías, y a escala interméstica (internacional y doméstica), las políticas de austeridad reproducen y aumentan las estructuras de desigualdad. Las propuestas, las alternativas y las luchas han de partir de esta realidad interdependiente que exige de políticas coherentes con un desarrollo humano, sostenible y asentado sobre la equidad.

Notas y referencias

Ecofeminismo, desigualdad y cuidados Redacción

l poder político considera que el cuidado de los cuerpos vulnerables no es responsabilidad de la economía ni de la sociedad. Se desentiende de él y lo relega al espacio doméstico. Allí, fuera de la mirada pública, las mujeres, mayoritariamente, se ven obligadas a asumir esas funciones, no porque estén mejor dotadas genéticamente para realizarlas, sino porque es el rol que el patriarcado les asigna en la división sexual del trabajo. En las sociedades capitalistas, la explotación del trabajo oculto de las mujeres y la explotación de la naturaleza son esenciales para producir las propias condiciones de producción. El trabajo bajo la lógica capitalista solo puede ser productivo, en el sentido de producir excedente, mientras pueda obtener, extraer, explotar y apropiarse trabajo empleado en producir vida o subsistencia. Desde un punto de vista ecofeminista, es la sociedad en su conjunto quien se tiene que responsabilizar del cuidado de las personas. Los recortes en servicios públicos o dependencia vuelven a encerrar dentro del entorno doméstico el bienestar de las personas e intentan cargar a las mujeres con una responsabilidad que no les corresponde asumir en solitario.

1 Ortiz, I. y Cummings, M., The Age of Austerity: A review of Public Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries, Iniciative for Policy Dialogue, Nueva York, 2013, citado por Gálvez Muñoz, L., “Una lectura feminista del austericidio”, Revista de Economía Critica, 15, 1er sem. 2013. http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/ n15/Crisis-02_linagalvez.pdf. 2 http://tinyurl.com/nxhajef 3 Informe Sombra CEDAW España 2008-2013, Plataforma CEDAW Sombra España, 2014: http://cedawsombraesp.wordpress.com/2014/04/08/elinforme-sombra-cedaw-espana-ya-esta-publicado/ 4 “Mato asegura en la ONU que la política de Cooperación del Gobierno es ‘un referente’” Europa Press, 11-3-2014. 5 http://tinyurl.com/nhjwm89 6 Espinosa Fajardo, J., La igualdad entre mujeres y hombres, por Mariano Rajoy, web de la Plataforma 2015 y más, 30-9-2013: http://tinyurl.com/ne9bj5h 7 Millán Acevedo, N., Marca España. ¿Qué implicaciones tiene para el desarrollo humano?, Editorial 2015 y más, 2013. Disp. en: http://tinyurl.com/n5w8bf4

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La crisis económica, ambiental y alimentaria favorece su auge

Espectacular crecimiento de los huertos urbanos Gregorio Ballesteros Los huertos urbanos en nuestro país han dejado de ser un fenómeno testimonial, como ocurría hasta 2006, para convertirse en un movimiento con un fuerte arraigo en muchas ciudades. Cada vez más, gozan de un importante apoyo por parte de asociaciones y movimientos sociales, que están poniendo en marcha numerosas redes de huertos urbanos y planteando iniciativas para lograr que estos sigan creciendo.

os huertos urbanos son un fenómeno que, en nuestro país, comenzó a desarrollarse en la última década del siglo XX, con más de un siglo de retraso respecto a otros países europeos, a pesar de los múltiples beneficios ambientales, sociales y productivos que estos proporcionan a las ciudades donde se implantan. En Barcelona, Sevilla, Vitoria-Gasteiz o San Fernando de Henares, en el Área Metropolitana de Madrid, por citar algunos ejemplos, se ponen en marcha las primeras actuaciones de huertos urbanos y, a lo largo de dos décadas, hasta 2006, estos crecen muy lentamente. A partir de 2007, cuando comienza la actual crisis económico-financiera y estalla la burbuja inmobiliaria, se empieza a observar un mayor desarrollo de actuaciones o zonas de huertos. Así, en el I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana, que organiza la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Gregorio Ballesteros, miembro de Ecologistas en Acción y de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica

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celebrado en Elche en 2011, se pudo comprobar que los proyectos e iniciativas para poner en marcha huertos urbanos de distinta tipología estaban creciendo de forma significativa, aunque todavía no existía información suficiente que permitiera cuantificar este crecimiento. Recientemente, en el II Congreso Estatal de Agricultura Urbana y Periurbana, celebrado en Utrera en marzo de 2014, se presentó el resultado de un informe [1] realizado con el objetivo de dimensionar y caracterizar el estado actual de las actuaciones de huertos urbanos. Se pudo constatar, entre otras cuestiones, el espectacular crecimiento que habían experimentado los huertos urbanos en el conjunto del Estado español en los últimos años.

En los datos de la tabla 1 podemos observar que, en 2006, el número de ciudades o municipios que tenían zonas de huertos urbanos ascendían a 14, todas ellas de carácter público, y contaban con 21 zonas o actuaciones, con 2.492 huertos o parcelas, ocupando una superficie de algo más de 26 hectáreas. En febrero de 2014, tras 7 años de drásticos recortes y un incremento considerable de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, el número de ciudades que cuentan con huertos urbanos se ha multiplicado por 15 hasta alcanzar las 216; las zonas de huertos se han elevado hasta las 400, el número de huertos se ha incrementado hasta los 15.243 y la superficie ocupada asciende a más de 166 hectáreas y, además, se han comenzado a desarrollar actuaciones de huertos urbanos de carácter privado. El crecimiento de las zonas de huertos urbanos se ha producido en todas las Comunidades Autónomas, siendo las que cuentan con mayor número de habitantes (Andalucía, Cataluña, C. de Madrid y C. Valenciana) las que concentran un mayor número, el 63% del total. También son estos territorios, junto al País Vasco, los que cuentan con mayor número de parcelas, el 59%, y mayor número de superficie, el 66% del total. Las ciudades de Barcelona y Madrid son las que cuentan con un mayor número de zonas o actuaciones, y ello es debido al fuerte peso de los huertos comunitarios en ambas ciudades, que representan el 83% del total.

Urbanos, de ocio, familiares o sociales Con respecto a las principales características de las actuaciones cabe señalar que, la gran mayoría, el 80% de las zonas de huertos, corresponden a huertos de tipología variada [2], siendo las denominaciones más utilizadas: huertos urbanos, de ocio, familiares o sociales. En algunos casos, a las anteriores denominaciones se les incorporan adjetivos relacionados con el tipo de agricultura que se practica: ecológicos o sostenibles. Una parte importante de los mismos son de uso exclusivo para la población jubilada, en situación de desempleo o en riesgo de exclusión. En otros casos, aunque se trata de huertos para el conjunto de la población, los crite-

Tabla 1: Evolución de los huertos urbanos 2006-2014 Año

Ciudades con huertos urbanos

Zonas de huertos

Huertos Públicos

Huertos Privados

Nº de huertos

Superficie (m2)

2006

2.492

261.870

2014*

216

400

356

15.243

1.661.201

* Los datos de 2014 solo hasta febrero.

Gráfico 1: Creación de zonas de huertos, por años (Estado español) 38

febre. 2014

2013

2012

2011

2010

2009 2008

2007

1987-2006

rios de adjudicación establecen prioridad para alguna de las anteriores situaciones. También es significativo el número de zonas que destinan alguna de las parcelas para uso de colegios o asociaciones que trabajan con población marginal o personas discapacitadas. El 20% restante de las zonas son huertos comunitarios, que se concentran principalmente en las ciudades de Madrid y Barcelona. Destacar también el importante crecimiento de las actuaciones privadas, que representan el 11% del total de huertos urbanos, y se distribuyen por una parte importante de los territorios. La superficie media de las zonas de huertos es de 4.143 m2, aunque hay una importante variación entre ellas que oscila entre 500 y 40.000 m2. El tamaño medio de la parcela o huerto es de 75 m2, aunque también varía significativamente de una zona a otra, que va desde los 20 hasta los 450 m2. El agua para el riego, que en los territorios con bajo régimen de lluvias puede constituir un factor limitante para un mayor desarrollo de los huertos urbanos, procede mayoritariamente de las redes de abastecimiento urbano, aunque en la casi totalidad de las actuaciones de huertos se exige emplear sistemas de riego de bajo consumo. La mayoría de las ciudades y municipios que han puesto en marcha dichas actuaciones, han elaborado unas ordenanzas reguladoras o normas de funcionamiento con el objetivo de establecer las condiciones jurídicas y de uso de los mismos. Destacar que la totalidad de las ordenanzas, a las que hemos tenido acceso, establecen como condición obligatoria la práctica de la agricultura ecológica y, en muchos casos, incluyen en las mismas las principales normas que regulan la práctica de la misma. Las ordenanzas establecen también quiénes pueden ser beneficiarios de la concesión de un huerto, cuáles

son los procedimientos y criterios de adjudicación, así como la duración de la misma, que suele oscilar entre los 2 y 5 años, aunque en muchas casos se admite la posibilidad de renovación de dicha adjudicación. También recogen cuáles son los derechos y deberes de los usuarios, así como un régimen sancionador por el incumplimiento de los mismos. Teniendo en cuenta los datos aportados en el citado informe, se podría afirmar que los huertos urbanos en nuestro país han dejado de ser un fenómeno testimonial, como ocurría hasta 2006, para convertirse en un movimiento con un fuerte arraigo en muchas ciudades, que goza de un importante apoyo proveniente de asociaciones y movimientos sociales, que están poniendo en marcha numerosas redes de huertos urbanos y planteando múltiples iniciativas para lograr que sigan creciendo. No obstante y a pesar de todo ello, podríamos afirmar también que aún estamos lejos de alcanzar los niveles de desarrollo que los huertos urbanos tienen en otros países de nuestro entorno, que llevan más de 100 años desarrollando políticas favorables a los mismos.

Sobran motivos Respecto a las razones o motivaciones que han favorecido el incremento de los huertos urbanos, señalar la significativa coincidencia entre este crecimiento y los años de crisis económico-financiera y con el elevado número de huertos urbanos destinados a sectores de población desfavorecida (jubilados, desempleados y población en riesgo de exclusión). Se confirma así un hecho histórico: el impulso que reciben los huertos urbanos a causa de las crisis económicas, bélicas o sociales. Por otra parte, si consideramos las motivaciones de las asociaciones y movimientos sociales que están impulsando el desarrollo de huertos urbanos, observamos que muchas de ellas están relacionadas con el intento de mejora de las condiciones ambientales de espacios urbanos degradados y con favorecer el acceso a alimentos más saludables, y obtenidos de forma más sostenible, que los que proporciona el actual sistema agroalimentario. Para lograr que este espectacular crecimiento de los huertos urbanos se consolide y se extienda a todas las ciudades, es necesario que la Administración, en sus diferentes niveles, tome conciencia de los importantes beneficios que estos proporcionan a las ciudades y a sus usuarios y ponga en marcha políticas y medidas que favorezcan su desarrollo. Un ejemplo significativo de estas medidas podría ser el Pla BUITS [3], impulsado por el Ayun-

tamiento de Barcelona, con la finalidad de dinamizar e integrar en la ciudad los espacios vacíos. Con este fin sacó a concurso 19 solares para que fueran utilizados y gestionados por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, destinándose el 60% de ellos a huertos urbanos. Otro ejemplo a destacar sería la creación de 200 huertos urbanos en parcelas vacías de la macrociudad del futuro Sociopolis [4]. Un proyecto emblemático de la Generalitat, en la ciudad de Valencia, en el que estaba previsto la construcción de 2.800 viviendas pero en el que tan sólo se han construido 480, y de las que se encuentran ocupadas la tercera parte. La situación de Sociopolis, con miles de metros cuadrados urbanizados, dotados de agua, luz y accesos y con escasas posibilidades a corto y medio plazo de construir las viviendas previstas, está muy extendida en nuestro país. Por ello la utilización de estos vacíos para desarrollar proyectos de huertos urbanos sería una medida que contribuiría a impulsar estos proyectos y a paliar algunos de los efectos que sobre el territorio y el paisaje ha dejado la burbuja inmobiliaria.

1. 200 huertos urbanos prosperan en parcelas vacías de la malograda macrociudad del futuro Sociopolis, Valencia. 2. Huertos de Olarizu, Vitoria-Gasteiz.

2 Notas y referencias 1 Gregorio Ballesteros: Iniciativas de Agricultura Urbana y Periurbana Ecológica en España. II Congreso Estatal de Agricultura Urbana y Periurbana “Huertos Urbanos, autoconsumo y participación social”. Utrera (Sevilla) 2014. 2 No se han tenido en cuenta los huertos escolares que actualmente existen en 20.000 colegios de la UE y en más de 1.000 centros escolares en el Estado español. I Encuentro de Huertos Escolares de la Región de Murcia. Junio 2013. 3 Pla BUITS (Vacíos Urbanos con Implicación Territorial y Social). http://tinyurl.com/lt7fcfv 4 http://www.lasprovincias.es/v/20131211/valencia/huertosurbanos-reactivan-sociopolis-20131211.html

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Este pesticida es la punta de lanza de un arsenal químico que perjudica nuestra salud

El glifosato Nacho Escartín

¿Está permitido?

El glifosato es un herbicida que se usa de forma masiva. Está a nuestro alrededor, en parques, jardines, huertas, cunetas de carreteras y caminos. Nos amenaza por su alta toxicidad. Junto a otras personas y organizaciones, Ecologistas en Acción informa y presiona para que dejemos de usar este herbicida tan peligroso. Mientras, la industria de los agrotóxicos está introduciendo en el mercado otros herbicidas aún más potentes y venenosos.

n este artículo ponemos el acento en el glifosato, si bien estamos atentas a otros químicos que tratan de extender las grandes transnacionales. El Tratado de Libre Comercio (TTIP) que pretenden imponer las multinacionales y los malos Gobiernos de EE UU y la UE abriría aún más la puerta a estos pesticidas, que debemos evitar para salvaguardar nuestra salud, la biodiversidad y una agricultura sostenible.

En agricultura, además, se utiliza de forma intensiva en asociación con los cultivos transgénicos. Monsanto y otras multinacionales venden semillas modificadas genéticamente para hacerlas tolerantes al glifosato, de forma que los agricultores pueden rociar el herbicida sobre el cultivo en crecimiento, matando el resto de malezas. Esta práctica ya está dando problemas, por la proliferación incontrolable de plantas resistentes al herbicida.

¿Qué es el glifosato y para qué se usa?

¿Es peligroso?

El glifosato es un herbicida que aniquila todo tipo de plantas. Se usa como herbicida total, es decir, de forma no selectiva, para matar hierbas y arbustos. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y sus preparados se venden bajo diversas marcas. El más vendido es el RoundUp, comercializado por Monsanto, cuya venta le supone miles de millones de euros cada año. Nacho Escartín. Área de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Mundo Rural de Ecologistas en Acción

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Los riesgos son mayores para las mujeres embarazadas, pero no solo les afectan a ellas. La práctica de deportes o el simple paseo por el campo en zonas fumigadas pueden dar lugar a efectos perjudiciales para la salud. Otras pruebas toxicológicas independientes han revelado toxicidad subaguda (lesiones en glándulas de la saliva), toxicidad crónica (inflamación del estómago), daños genéticos (en células sanguíneas), trastornos reproductivos (esperma menor y anómalo en ratas y conejos), y cancerígeno (aumento de la frecuencia de tumores de hígado y de tiroides en ratas). El glifosato se infiltra en el suelo, es muy soluble en el agua y persiste de dos a seis meses. Contamina los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los animales domésticos o el ganado y se esparce sin control por el subsuelo. Además, cada preparado herbicida que contiene glifosato viene acompañado de otras sustancias que facilitan su absorción y que multiplican su toxicidad.

Numerosos estudios han demostrado que el glifosato es nocivo para la salud de personas, animales y medio ambiente. Gilles-Enric Seralini (especialista en biología molecular de la Universidad de Caen, Francia), ha demostrado que el glifosato estimula la muerte de las células de embriones humanos. También descubrió que algunas células de la placenta humana son muy sensibles al glifosato, incluso en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. Se ha llegado a determinar que una exposición 500 veces menor a la que tiene lugar en los campos tratados con este herbicida induce a la muerte celular.

En algunos lugares del mundo se ha prohibido el uso del glifosato, especialmente cerca de escuelas o parques, sitios de recreo habitual de niños. También se ha dejado de utilizar en numerosos municipios del Estado español, que demuestran prudencia y responsabilidad para con sus ciudadanos y el entorno. Según la Directiva Marco de la Unión Europea para un uso sostenible de los

Sofía Gatica, premio Goldman 2012 (el equivalente al Nobel de Medio Ambiente) y las Madres de Ituzaingó han logrado demostrar la relación directa de las fumigaciones de glifosato sobre los campos de soja junto a las casas de su barrio en Córdoba (Argentina) con las decenas de casos de bebés con malformaciones, muertes por cáncer, leucemias, enfermedades respiratorias y dermatológicas, etc.

plaguicidas (Directiva 2009/128/CE) “Los Estados miembros [...] velarán porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras [...], en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria”. Pese a los estudios y a las recomendaciones, el uso masivo de los herbicidas en el Estado español es ampliamente permitido por el Real Decreto 1211/2012, eufemísticamente denominado de “uso sostenible de los productos fitosanitarios”. Este decreto, por ejemplo, limita ligeramente el uso de herbicidas en la cercanía de cursos de agua, pero lo permite en el caso de acequias, canales y otras aguas destinadas para riego, como si estos cursos estuviesen separados del resto de la red fluvial. En su uso en espacios públicos (alcorques de las calles, jardines, etc.) obliga a señalizar que se han usado estos venenos, sin más especificaciones. En espacios tan sensibles como los centros educativos, basta con el consentimiento del equipo de dirección de turno para su aplicación indiscriminada.

¿Hay alternativas? Los herbicidas se pueden sustituir por métodos no contaminantes, que no dañan la salud ni el medio ambiente. Para el control de la vegetación natural en agricultura, se recomienda un buen manejo del suelo, rotaciones de cultivos, abonos verdes, así como el uso de medios manuales (labores superficiales), mecánicos (desbrozadoras) y térmicos (quemadores con infrarrojos) que son aplicados en la mayoría de los países de la UE. En ese sentido, para sustituir el uso de herbicidas en el espacio público se podrían diseñar suelos tapizados con vegetación natural (no tienen por qué ser céspedes comerciales) y controlarla mediante siega. Para el control de la vegetación natural en la cuneta de carreteras, la solución que ya se usa en muy buena parte de nuestra red viaria es el desbrozado.

Notas y referencias 1 Datos del artículo de Jacob Bunge “Crece el arsenal para combatir las malezas” The Wall Street Journal 28-42014, 2 http://www.pan-europe.info/Campaigns/pesticides/ spotlight.html#gly 3 Extractos de: Carlos de Prada: Propuesta para el establecimiento legal de objetivos de reducción de consumo de pesticidas que se usan en España, marzo de 2014.

Crece el arsenal para combatir las malezas [1] En la última década, los agricultores de EE UU han usado masivamente el glifosato para exterminar las malas hierbas. Sin embargo, en los últimos años están recurriendo a herbicidas más duros. Cerca de 17 millones de hectáreas cultivadas de soja en 2012 fueron tratadas con herbicidas diferentes al glifosato, el doble del total de 2006 y equivalente al 57% de toda el área plantada de soja, según el Departamento de Agricultura de EE UU. Las empresas Dow Chemical, BASF, DuPont, Syngenta o Monsanto están encantadas con las ventas de este arsenal de químicos. Sin embargo, los gastos de los agricultores en herbicidas se han hasta triplicado desde la llegada de malezas resistentes, alcanzando los 13.700 millones de dólares gastados en 2012 en químicos agrícolas, casi dos tercios más que en 2002. En muchos casos, los agricultores están volviendo a usar la azada.

Glifosato: enfermedades que provoca [2] El Glifosato es una sustancia clasificada en la UE como H318 (provoca lesiones oculares graves) y H411 (tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos). Además, estudios científicos han relacionado el glifosato con: ff Cáncer: Linfoma non-Hodgkin’s y mieloma múltiple. ff Disrupción endocrina: altera la actividad de la enzima citocromo P450, responsable de la síntesis de estrógenos, lo que explicaría el incremento de partos prematuros y abortos espontáneos, relacionados con la exposición a glifosato. ff Teratogenicidad. ff Reprotoxicidad: Necrosis de células umbilicales, embrionarias y de placenta.

Dependencia de los pesticidas y sus consecuencias [3] El español es uno de los Estados que más pesticidas consumen en la UE. La agricultura tiene un grave problema de dependencia de estas sustancias tóxicas. Además de provocar enfermedades y contaminación ambiental, estas sustancias han sido asociadas a graves impactos sobre la biodiversidad. Una de cuyas expresiones más conocidas es la drástica disminución del número de abejas y otros polinizadores, muy importantes para el equilibrio natural y la propia productividad agraria. Pero también afectan a muchos otros organismos vivos. Nadie discute la necesidad de reducir el volumen de uso de los pesticidas y acabar con la dependencia de estos productos. Sin embargo, las medidas propuestas hasta ahora por la Administración española no están a la altura de la gravedad del problema.

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Resultados de la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua y al saneamiento

Derecho humano al agua María Giménez Casalduero y Luis Babiano Amelibia Todas las personas, por el hecho de serlo, deben disponer de un ‘mínimo vital’ de agua, en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y poder llevar así una vida digna independientemente de su capacidad económica. Esta exigencia, que debería ser la regla general a seguir por los gestores de lo público, a menudo se ha transformado en el Estado español en todo lo contrario, por lo que cada año se tramitan cientos de miles de cortes de suministro.

l agua es un monopolio natural, un bien común ajeno a las reglas del mercado [1]. El acceso agua, interpretado desde una óptica de derechos humanos, es un derecho innegociable cuya aplicación tiene que hacerse efectiva sin discriminación de ningún tipo y menos por razones económicas. Pagar por el agua es un deber de los ciudadanos a cambio de los servicios de distribución y saneamiento que prestan los Ayuntamientos de manera obligatoria; del mismo modo, el pleno disfrute de los servicios ambientales del agua requiere disponibilidad de agua de calidad y en cantidad adecuada sin menoscabo de los ecosistemas hídricos, lo que implica sufragar los costes ambientales que lo hacen posible. Sin embargo, en cumplimiento de criterios mínimos de justicia social, todas las personas, por el hecho de serlo, deben disponer de un mínimo vital de agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y poder llevar así una vida digna María Giménez, Universidad de Murcia y Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia, y Luis Babiano, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

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independientemente de su capacidad económica. Esta exigencia que debería ser la regla general a seguir por los gestores de lo público se ha transformado en España en todo lo contrario. Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; es un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. La crisis ha disparado las cifras de los afectados por estas circunstancias. Cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción

del suministro en Madrid. Cada día, 19 familias en Málaga se quedan sin agua. La misma circunstancia se repite en casi los 8.000 municipios de España, salvo en algunos municipios de iniciativa pública donde se ha aprobado no cortar el agua a quien demuestra que no la puede pagar. El corte de los suministros básicos por incapacidad económica es una medida que se puede calificar de regresiva de los derechos humanos. Cada vez más personas pierden su derecho de acceso al agua y a otros servicios esenciales, a pesar de haber accedido a ellos con anterioridad. En España, donde el Estado incluso se exime de la responsabilidad de aportar datos, no existe una cifra nacional de afectados porque el suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. Sin embargo, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, las empresas de gestión privada llegan a ejecutar aproximadamente un 60%.

Reconocimiento internacional del derecho humano al agua y al saneamiento El Derecho al agua potable y al saneamiento se reconoció por la Asamblea General de Naciones Unidas como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos en el año 2010 (Resolución 64/292, de 28 julio). Con anterioridad, la Observación nº15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ya definía el derecho humano al agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

Evitar, o no, los cortes de suministro

na versión más extensa de este texto se puede encontrar en la dirección http://www.ecologistasenaccion.org/article27970.html donde se discuten diversos ejemplos de cómo diversos municipios españoles tratan de evitar (o, al contrario, las ignoran) las situaciones a las que se ven abocadas muchos hogares, que no pueden pagar el suministro de un mínimo de agua.

La ausencia de voluntad política en incorporar a los ordenamientos jurídicos de los Estados las exigencias que imponen los organismos internacionales es el principal obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En España, ni la Constitución ni ninguna ley se refieren de modo expreso al derecho humano al agua, aunque se considere implícito en el artículo 15 de la Constitución (derecho a la vida) y su efectividad se vincule con el derecho a la protección de la salud, al medio ambiente y a la vivienda digna y adecuada. Al contrario, el derecho al agua previsto en las leyes administrativas españolas no se corresponde con el derecho subjetivo al agua, entendido como el derecho a una prestación vital exigible de los poderes públicos, sino que se vincula a la obligación legal de prestación del servicio de abastecimiento por los Ayuntamientos sin contar dotación mínima por habitante. Ante la pasividad de los Gobiernos, un cambio legislativo en el seno de la Unión Europea podría agilizar la incorporación del derecho humano al agua y al saneamiento al derecho interno de los Estados miembros.

Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano Los movimientos sociales europeos y las organizaciones de la sociedad civil han reivindicado, a través de la Iniciativa Ciudadana Europea Por el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano (ICE-Agua) [2], que el agua sea un derecho humano y que se gestione como un servicio público y no como una mercancía. Fruto de esta reivindicación se recogieron y presentaron a la Comisión Europea unas 1.857.605 firmas, superando con creces el millón exigidas. Entre las demandas previstas en la ICEAgua, se pide el compromiso de la Comisión Europea de elaborar una propuesta legislativa que incorpore un modelo de prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento desde una óptica de derechos humanos. La respuesta oficial de la Comisión, en marzo de este año, reafirma la importancia del derecho humano al agua y explicita su importancia como un bien público y un valor fundamental, reafirmando la idea que “el agua no es una mercancía”. Sin embargo, se queda ahí, no ha hecho ninguna propuesta legislativa que reconozca el derecho humano al agua, lo que ha sido interpretado por los movimientos sociales europeos como una falta de ambición y una ausencia de respuesta real. Aunque la

posición de la Comisión no ha sido todo lo contundente que se esperaba, no supone tampoco un rechazo implícito. Una vez pasado el primer filtro, las elecciones europeas, previstas para mayo, pueden resultar de importancia vital para llevar a buen término la ICE-Agua exigiéndole a todos los partidos políticos que se posicionen al respecto de cara a la siguiente legislatura [3].

Situación en el Estado español Al igual que en otros países de la UE, el Gobierno español está poniendo en práctica medidas de austeridad, en contra de las indicaciones de NN UU con el único objeto de reducir el gasto público. Estas medidas se traducen, en el caso de personas de bajos ingresos y en riesgo de exclusión, en la pérdida de garantías sociales mínimas que les permitan desarrollar con dignidad su vida diaria. La falta de cobertura pública y el incremento de las tarifas desencadenan un aumento de la morosidad en el pago de servicios básicos (luz, agua y gas) que provoca en numerosas ocasiones el despojo de los suministros a través del corte. A pesar de que el agua urbana en España es más barata que en otros países europeos –porque las millonarias inversiones de las últimas décadas han sido financiadas en parte con fondos europeos–, el precio del agua ha subido un 25,5% en los últimos 5 años como efecto directo de la privatización de la gestión del agua. El precio del agua, según los medios económicos, subirá en los próximos años al menos un 50%. Si no se toman medidas claras, supondrá un problema muy grave de accesibilidad al agua para muchas familias. De hecho, la realidad demuestra que el incremento del gasto familiar por agua ha pasado en pocos años de un 0,5% a un 0,8% [4], lo que supone para muchas familias más del 3% de la renta, dato que para el PNUD es el porcentaje que no debe superarse en ningún caso si se quiere respetar el derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua con criterios de equidad [5]. Desde nuestra perspectiva, en el actual contexto de crisis, el debate del derecho humano al agua se debería centrar en fijar para la población vulnerable una cantidad de agua a título gratuito, suficiente para satisfacer un mínimo vital. Entendiendo este no sólo como una cantidad mínima de supervivencia biológica sino más bien como una cantidad mínima en términos de dignidad (siempre igual o menor al tramo inferior de la factura). En esta línea, organizaciones ecologistas y de la sociedad civil presentaron recien-

temente una propuesta de modificación de la Directiva Marco del Agua a la Comisión Europea y al Parlamento que pretende incorporar el contenido del derecho humano al agua [6]. Es evidente que la forma más eficaz de evitar cualquier impacto negativo sobre el derecho humano al agua consiste en adoptar leyes que prohíban las suspensiones de los suministros a hogares sin recursos y se eliminen de todos los reglamentos municipales, estableciendo a su vez medidas proporcionales y alternativas. Se trata de obligar a los Estados miembros a incorporar de manera expresa en sus legislaciones la garantía de acceso universal al agua y al saneamiento a través de los mecanismos jurídicos y económicos que sean necesarios.

3 1. Entrega firmas de la ICE por el Derecho Humano al agua (10-9-2013). 2 y 3. Protesta contra la privatización del suministro de agua, Comunidad de Madrid. 4. A menudo, la privatización del servicio de suministro de agua supone la pérdida de acceso al recurso para los más desfavorecidos.

4 Notas y referencias 1 http://commonseurope.over-blog.com 2 http://www.right2water.eu/es 3 http://europeanwater.org/es/news/press-releases/419demands-to-the-candidates-to-the-european-parliament 4 INE (2012): Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua http://www.ine.es/prensa/np724.pdf 5 PNUD: Informe de Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis global del agua. 6 Ecologistas en Acción (2013): Propuestas para la mejora de la gestión del agua en la Unión Europea: http://www.ecologistasenaccion.es/article26999.html

Ecologista, nº 81, verano 2014

Consumo transformador

Pinturas Carles Porcel

Las pinturas sirven para proteger las paredes y otras superficies, así como para decorarlas. En esta ocasión vamos a analizar los distintos tipos de pinturas, las más saludables, las más sostenibles, etc. [1]

ay tres tipos de pinturas. Las sintéticas, en las que la mayor parte de los componentes son derivados del petróleo y también contienen sustancias minerales. También las podemos identificar por las palabras acrílica, plástica o al agua; de hecho los fabricantes suelen usar la palabra sintética solo en pinturas a base de disolventes orgánicos, especialmente esmaltes y barnices. Constituyen la mayoría de las pinturas que hay en el mercado. Para su fabricación se usan productos derivados del petróleo, siendo algunos residuos de su fabricación bastante peligrosos. Son las menos transpirables, generan electricidad estática, lo que supone que el polvo y otras substancias se adhieren y pueden ser una fuente de alergias. Además, contienen disolventes peligrosos (tolueno, xileno, etc.) y otras sustancias alergénicas, pigmentos cancerígenos, etc. aunque en las llamadas ecológicas se están sustituyendo por otras sustancias menos peligrosas. Para tener una cierta garantía que contienen menos ingredientes tóxicos conviene comprarlas con la etiqueta ecológica de la Unión Europea, la Ecolabel. En las minerales, todos los componentes son minerales. Pueden ser al silicato o a la cal. Las llamadas pinturas de dispersión al silicato contienen una pequeña proporción de derivados del petróleo. Como ligante y disolvente las pinturas al silicato usan silicato potásico, una substancia de una naturaleza muy particular, no en vano también conocida como vidrio líquido. Se obtienen de materiales abundantes en la naturaleza aunque no son renovables, pero a cambio son las más resistentes y duraderas

Ecologista, nº 81, verano 2014

de todas las pinturas. Son muy transpirables y adecuadas para ambientes húmedos y exteriores. Si bien algunos de sus componentes son corrosivos, no desprenden ninguna substancia tóxica. Un tipo de pintura mineral que actualmente se usa poco, pero que hace unas décadas era muy frecuente, sobre todo para exteriores, es la cal. Las denominadas como naturales, son las pinturas que están hechas sobre todo con ingredientes de origen vegetal (como resinas, aceites o ceras), animal (como la caseína) y mineral. Se obtienen de recursos renovables, se biodegradan rápidamente, no son tóxicas y no generan electricidad estática, por lo tanto es la opción más sostenible para la mayoría de usos. Son más apropiadas para interior y se limpian fácilmente. En el Estado español se distribuyen por diferentes marcas. Aunque las pinturas minerales y naturales no tienen certificados ecológicos, en buena medida lo son. Una vez usada la pintura, los restos, incluso los enjuagues de limpieza, no hay que tirarlos por el fregadero, sino ponerlos en un bote y llevarlos al ecoparque o punto limpio, especialmente en el caso de las sintéticas. Notas 1 Información extraída del número 36 de la Revista Opciones, donde podrás encontrar más detalles, como marcas de pinturas minerales y naturales, mantenimiento, etc. http://opcions.org/es/revista/13-quepintamos-nosotros

Caudales ambientales e indemnizaciones Santiago Martín Barajas y Erika González Briz Una revisión detenida de nuestra legislación muestra que la determinación de los caudales ambientales no supone el derecho de indemnización para los titulares de concesiones de agua previas. Una buena noticia para la implantación de estos necesarios flujos de agua por nuestros cauces, que en ocasiones se han retrasado en su puesta en práctica por esta posibilidad.

l establecimiento de caudales ambientales adecuados en los cursos fluviales que discurren por nuestra geografía es necesario para la preservación de los ríos, por lo que debería dársele la máxima prioridad. De hecho, la obligatoriedad de su determinación y aplicación aparece recogida en la legislación vigente, concretamente en la Ley de Aguas, donde se indica que se fijarán en los Planes Hidrológicos de cuenca (Artículo 59, apartado 7). Además, en el artículo 42, apartado 1.b.c´ de la misma ley, los caudales ecológicos se definen como “los que mantienen como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”. Sin embargo, la aplicación de los caudales ambientales definidos en los Planes Hidrológicos suele encontrarse con obstáculos. Uno de los principales es la existencia de concesiones previas para diferentes usos productivos que necesitan de esos caudales para el desarrollo de su actividad; como, por ejemplo, ocurre con las centrales hidroeléctricas o las derivaciones para regadíos. De hecho, revertir las concesiones previas para conseguir los caudales ambientales tendría como consecuencia el pago de indemnizaciones. Y esta perspectiva es la que suele echar atrás la aplicación de los caudales ambientales por parte de los responsables de las administraciones hidráulicas. De forma que recurren a largos procesos de concertación con los titulares de las concesiones preexistentes, especialmente hidroeléctricos, que en muchos casos llevan a la implantación de un caudal inferior al que se considera ambientalmente adecuado, o a una comSantiago Martín y Erika González, responsables del Área de Agua de Ecologistas en Acción

pensación a los titulares de las concesiones, consistente en el alargamiento del plazo de las mismas. Ambas soluciones suponen un perjuicio para el medio ambiente. Los titulares de las concesiones siempre suelen apelar a un supuesto derecho indemnizatorio, que según ellos viene definido y regulado en la vigente Ley de Aguas. Efectivamente, dicha Ley menciona este derecho, en el artículo 65, apartados 1 y 3, donde uno de los supuestos que permite la modificación de las concesiones es cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos; en el apartado 3 se indica que en ese caso el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización.

Los caudales ambientales, una limitación previa Sin embargo, consideramos que para el caso de los caudales ambientales no sería de aplicación ese derecho indemnizatorio. Según el artículo 26 del Plan Hidrológico Nacional, los caudales ambientales que se fijen en los Planes Hidrológicos de cuenca tendrán la consideración de una limitación previa a los flujos del sistema de explotación, que operará con carácter preferente a los usos contemplados en el sistema. Asimismo, el artículo 59, apartado 7 de la Ley de Aguas indica que “los caudales ecológicos o demandas ambientales no

tendrán el carácter de uso […] debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación”. Es decir, los caudales ecológicos no se consideran un uso más, sino una restricción previa que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. Si cuando se dispone de una concesión para derivar un cierto volumen de agua y, por motivos climatológicos, por el río no discurre ese caudal, entonces no existe derecho indemnizatorio de ningún tipo. Lo mismo ocurre en el caso de caudales ambientales: no se trata de un uso, sino de una restricción previa, un condicionante de carácter natural, como lo son las condiciones climatológicas. Así lo interpreta el Consejo de Estado en un dictamen emitido por ese organismo (15-4- 2013) a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, y que es de aplicación al resto de demarcaciones. Por ello, las diferentes administraciones del agua, en aras de la conservación del medio hídrico y de acuerdo con la normativa vigente, deberían determinar los caudales ambientales de todos nuestros ríos en todos sus tramos, teniendo en cuenta exclusivamente aspectos de carácter técnico-ambiental. Sin el lastre que podían suponer las posibles indemnizaciones, deberían proceder a implantarlos directamente en el territorio no teniendo que llevar a cabo ningún tipo de concertación con los titulares de las concesiones preexistentes. De esta manera se garantizaría que por nuestros ríos circulasen los caudales necesarios para la adecuada conservación de los ecosistemas fluviales asociados. Ecologista, nº 81, verano 2014

El botijo: tradición, ecología y economía Ángeles Murciego

n botijo es una vasija de barro cocido, poroso, con base redonda y vientre abultado para darle capacidad. Suele tener en la parte superior un asa y dos orificios, uno por el que se bebe y otro por el que se rellena. Sirve para enfriar agua y conservarla fresca. El botijo es un recipiente tradicional de la cultura española. La gran variedad de colores y formas se debe a las características de la arcilla de cada región y al buen hacer de los artesanos, alfareros y alfareras, herederos de unos conocimientos que desde tiempos remotos han ido pasando de padres a hijos.

Hogar ecológico

¿Cómo enfrían el agua los botijos?

Los botijos, por muy simples que parezcan, son capaces de enfriar el agua y mantenerla fresca incluso cuando la temperatura ambiente es elevada. El agua que introducimos en el botijo va poco a poco filtrándose a través de los poros de la arcilla y al entrar en contacto con el ambiente seco exterior una parte del agua se evapora, produciendo un enfriamiento equivalente a unas 500 calorías por cada gramo de agua evaporada. Es decir, al igual que la piel de los humanos deja salir el sudor para refrescar el cuerpo, el botijo también “suda” a través de sus poros.

Ventajas - El agua del botijo no sale fría, sino fresca. En un día de mucho calor, nuestra temperatura corporal es muy elevada. El contraste con la baja temperatura del agua de la nevera nos puede provocar varias dolencias (como mínimo, dolor de garganta), mientras que el botijo nos proporciona agua a una temperatura agradable y saludable. - Refrigerar el agua en la nevera consume mucha Ecologista, nº 81, verano 2014

energía eléctrica. El botijo es capaz de enfriar el agua sin gastar energía, por lo que su uso ayuda a reducir los impactos asociados a la producción de electricidad. - El botijo no es hermético y por eso facilita la evaporación del cloro y la desaparición de los malos olores que pueden estar presentes en el agua de grifo. Es decir, mejora las propiedades del agua del grifo, que bien tratada es la más sana y barata. El uso del botijo reduce el consumo de agua embotellada. En ocasiones se ha publicado que el agua del grifo no está tan limpia como sería deseable, pero las aguas envasadas también ofrecen problemas. Por ejemplo: los plásticos de las botellas pueden contener sustancias contaminantes que migran al agua. Hay que tener en cuenta que el consumo de agua embotellada, impulsado fuertemente por la publicidad, supone la privatización de manantiales y acuíferos; provoca un enorme gasto de envases, que luego se convierten en residuos; y de energía, la que se emplea tanto en la elaboración de los envases como en el transporte del producto.

Tres consejos prácticos: 1. Para eliminar del agua el sabor a barro que da el botijo recién estrenado no hace falta echar anís u otro licor. Basta cambiar con frecuencia, durante dos o tres días,

el agua con la que llenamos el botijo antes de empezar a beberla. 2. Debido a su porosidad es conveniente colocar el botijo sobre un plato para recoger el agua exudada que no llega a evaporarse. 3. El botijo siempre debe tener agua. Si queda vacío durante varias semanas el agua volverá a saber a barro.

el tenderete

Compostar en casa Josep M. Vallès

No vamos a tragar Gustavo Duch Libros del Lince. 144 páginas. 16 €

Este libro es un manual práctico para iniciarse en el compostaje a pequeña escala, tanto para los que tienen jardín como para quien no dispone de espacio y tiene que compostar en el balcón o dentro de casa. Aquí se ofrecen los principios básicos del compostaje, técnicas de reciclaje para escoger la más adecuada según las condiciones particulares de cada cual y algunas orientaciones para aplicar el abono obtenido. Pensado para cualquier persona pero especialmente para aqullas que cultiven hortalizas o plantas en balcones, terrazas, ventanas o patios.

“No vamos a tragar con una economía que no esté al servicio de la gente”, plantea Gustavo Duch. Con la política de acaparamiento de tierras cultivables, ni con la especulación en bolsa con los alimentos, ni con una agricultura industrializada que no conduce a que las personas estén bien alimentadas, sino que provoca hambre, obesidad, destrucción de la pequeña agricultura sostenible y, lo más grave, una cuchillada a la Tierra que nos acoge. Hay que multiplicar las pequeñas fincas de policultivos que, cuidando la tierra, constituyen medios de vida y alimentación sana frente a los monocultivos que convierten lo que podrían ser alimentos en diesel o hamburguesas fast food.

Fracking: el bálsamo milagroso

El profesor chiflado y Mr. Wert

Richard Heinberg Icaria. 184 páginas. 17 €

Tomás García Yebra Funambulista. 288 páginas. 15 €

Este libro proyecta una mirada crítica sobre la propaganda de la industria petrolífera que se ha apoderado del discurso energético en EE UU. Este es el primer libro que presenta el fracking desde perspectivas económicas y ambientales sostenidas en análisis nunca realizados sobre los datos de perforación y producción del petróleo y el gas de lutitas.

“No me hagas culto, hazme lúcido; la cultura domestica, la lucidez desenmascara”. Sobre esta idea pivota la trama de una novela que nace, crece y explota en el rostro del lector con la saludable intención de desenmascarar a políticos, banqueros, especuladores, estafadores, o a ciertos jueces, publicistas y periodistas, entre otros inquilinos de la fauna ibérica… Ideal para el verano.

Ediciones del Serbal. 130 páginas. 16 €

verano

El detective ecológico Alejandro Martínez Abrain Rodero. 256 páginas. 16,80 € Aquí se recoge la compilación de 6 años de trabajo. 6 años de artículos publicados en la revista Quercus desde 2008 a 2013. Un análisis de los procesos ecológicos y evolutivos que mantienen funcionalmente la naturaleza, incluyendo la influencia de la actividad humana sobre los mismos. El análisis de las claves del funcionamiento de nuestra biosfera es una temática comúnmente abordada en Reino Unido, Australia o EE UU, pero que escasea en el mundo de la literatura en castellano. De hecho, la propia divulgación científica autóctona (a excepción quizás de la ligada a la paleontología humana) es rara en el solar ibérico.

¿De qué va la Unión Europea? Varios autores Libros en Acción/Baladre/Zambra/CGT. 44 páginas. 3 € Deuda y tratados comerciales como instrumentos del neoliberalismo y el autoritarismo es el subtítulo de este cuaderno sobre las políticas decretadas en el seno de la UE en los últimos años. Todas ellas en nombre de la deuda, que favorece al capital y perjudica a la clase trabajadora.

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Libros en Acción nace como el proyecto editorial de Ecologistas en Acción. Se plantea como un lugar de encuentro y debate, de SURSXHVWD GH DOWHUQDWLYDV D ORV FRQÀ LFWRV que se han ido instalando entre la naturaleza y la sociedad actual. Para Ecologistas en Acción, sigue siendo necesario el valor de la palabra impresa, de la capacidad de transmitir ideas que ayuden a transformar nuestra forma de vivir en el planeta. Y los libros son la forma más hermosa para imaginar el nuevo mundo que queremos crear.

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