Sexto dictamen del Observatorio

el del Tribunal de Cuentas. La cuestión ahora es si hemos aprendido de ellos o seguimos en la vía muerta de “sostenerla y no enmendarla”.

Hay también razones para sentir algo de alegría: no hay ninguna duda de que se ha producido un progreso indudable, especialmente para cerca de 700.000 personas que hoy reciben servicios y prestaciones por dependencia.

Es un progreso indudable, sin duda, para 700.000 ciudadanos y ciudadanas, pero tendríamos que tener en cuenta que, durante el año 2007 los servicios sociales básicos prestaron servicios a 5.423.000 personas (el 13,08% del total de la población).

Los datos recogidos en la misma memoria muestran que el 67% de las prestaciones básicas de servicios sociales se dirigieron a personas mayores, a familias e infancia y personas con discapacidad. El 33% restante fueron prestaciones dirigidas a personas que sufrían, o estaban en riesgo de sufrir, diferentes procesos de exclusión social: mujeres, emigrantes, personas con enfermedad mental, minorías étnicas, ex-reclusos.....

Son datos del último año (2007-2008) del que hay “memoria anual” publicada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales. No conocemos, por lo tanto, a nivel del Estado, la evolución del número de usuarios atendidos por los servicios sociales básicos en los 3 últimos años de aplicación de la LAPAD, pero tenemos la certeza de que se ha incrementado el número de usuarios, año tras año, en todas las Comunidades Autónomas sin excepción. La pregunta no puede ser otra que: ¿Cómo es posible planificar sin datos? o mejor ¿cómo se toman decisiones sin tener datos?

Hay una respuesta que parece muy clara: se decide simple y llanamente estrangular la base de un sistema que no conoce, creemos que ni siquiera ser es conscientes de las repercusiones. El hecho es que la financiación estatal destinada al Plan Concertado, casi paralizada en los últimos años, es menor en el 2011 que en 2010.

Para el SISAAD (el sistema de información diseñado únicamente para “el 4º pilar del bienestar social”) parece que estos datos no importan, de la misma forma que para el SAAD parece que no importan las personas que no llegan a obtener la puntuación necesaria para acceder al derecho a los servicios y prestaciones por dependencia.

Pero importan, y mucho, a las personas que necesitan servicios sociales que no les llegarán. Importa también a los gestores, que no tienen la información necesaria para discernir mejoras o duplicidades. Importa a los profesionales de atención directa, que pierden un tiempo precioso y muy escaso en pasar de una base de datos a otra, o de una historia social a otra, ambas de la misma persona.

Algunas comunidades autónomas decidieron apostar por un solo sistema de información de usuarios de servicios sociales, que integrase las utilidades del SISAAD y del sistema de información anterior. Otras comunidades se dieron cuenta más tarde, cuando ya estábamos en los inicios de la crisis económica y las reducciones presupuestarias hacían difícil la inversión tecnológica necesaria. Y el resto simplemente cumplen, de buena o de mala gana, con lo que hay. ¿Será posible que se reconozca la necesidad de un solo sistema de información de usuarios de los servicios sociales? ¿Será posible que se