MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Este documento detalla propuestas para modernizar nuestro Estado. Es un documento de tipo preliminar e introductorio, pero que sienta las bases sobre la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas en base a la estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación y capacidad de resolución. Así mismo sugiere un cambio en el enfoque actual de nuestra administración pública. Modernización del Estado: una administración para la ciudadanía La complejización de los problemas públicos y sociales es hoy un desafío para la estructura del Estado. Las viejas formas de administración y enfoque político de las cosas de modo tradicional producen ineficacia en la real capacidad de respuesta del Estado en resolver las problemáticas de la sociedad. Situaciones en las cuales importa cada vez más el territorio y la información proveniente desde el mismo ciudadano, desde la base sustancial para poder evaluar una acción del Estado como verdadero valor público. Hoy por hoy evaluamos las políticas públicas de manera peligrosa. La entrada de herramientas del sector privado al público, proceso conocido como la nueva gestión pública de por si no es negativo. El problema se genera al evaluar las políticas públicas con los mismos patrones pedidos en lo privado. El énfasis hoy existente en la eficiencia, en el rol reinante de la DIPRES y los estándares puramente de cumplimiento administrativo, por sobre los criterios de impacto o real solución de las problemáticas son preocupantes. Es por esto que urge considerar varios aspectos a la hora de modernizar nuestro Estado. Urge, por ejemplo, que el Poder Parlamentario de verdad refuerce su unidad de evaluación de las leyes. Urge por ejemplo, tomar más en consideración también las evaluaciones de impacto, y no solamente las planteadas hoy por la DIPRES en el proceso presupuestario. Esto lo vemos manifiesto en los índices de cumplimiento presupuestario de varias carteras. En resumen, lo que falta considerar, es que las políticas públicas son escenarios y actores, son “la política de la política pública”. Por esto implica que midamos otros escenarios en pos de la calidad. Y estos son: estabilidad, la coherencia, la coordinación, adaptabilidad y capacidad de resolución. La primera tiene que ver con la duración estable más allá de los cambios políticos, lo segundo con la
coherencia entre los objetivos y lo que se está implementando, lo tercero con la capacidad de adaptar la política a las realidades del territorio y la contingencia política y lo quinto con la capacidad del Estado en poder o no implementarla, y decidirlo correctamente. Por esta razón es necesaria una institucionalidad, que entre otras funciones sobre asegurar la calidad en las políticas, se encargue de generar la coordinación y comunicación entre los diferentes actores e instituciones que se ven inmersos en la implementación de una política, con el objetivo de reducir costos, impacto territorial y posibilitar la generación de proyectos finales más coordinados. Se propone finalmente una organización estatal que se encargue de recibir toda la descripción y diseño de Políticas, Programas y Proyectos para asesorar a los organismos que los componen, la generación de procesos de diseño en conjunto y en lo posible, fomentar que se implementen de una sola vez. También es necesario una agencia lo más desconcentrada posible, que fomente a cada organismo del Estado, la participación de Actores Involucrados en la implementación de políticas, fomentando un diseño más adaptable y una evaluación más participativa. Es recomendable que existan incentivos por parte del Estado desde políticas internas a externas, a que la ciudadanía pueda tener espacios reales, constantes e incidentes. Lo que buscamos con esto es potenciar al Estado como eje de desarrollo. En este sentido es necesario mejorar los procesos de Planificación Estratégica acorde a las Metas País decididas en el mundo democrático y político y que mejore la comunicación entre la ciudadanía, el mercado y la administración pública. Por último, lo anteriormente planteado se enfrenta a la resistencia de una Administración Pública aún formada por una burocracia formal, que se resiste a la inclusión de nuevas formas de implementación de las políticas, más participativas y por lo tanto más complejas, que necesitan mecanismos de adaptabilidad y herramientas nuevas de gestión, muchas del mundo privado. Hoy la visión ciudadana es que la administración es un lastre: lenta, burocrática, costosa e ineficiente. Que no se conocen los servicios y sus procesos. Con poca confianza. Que los que trabajan ahí son “apitutados” y que existe una atención preferencial. Profesionalmente se ve una administración centralista en la decisión, presupuesto, el control y la evaluación, y la estandarización en la aplicación. Se ve una administración pública fragmentada y compartimentalizada, con poca coherencia a largo plazo, con duplicidad de funciones, con baja capacidad de adaptación y transformación, con problemas en la carrera funcionaria y poca relación ciudadana. Esta resistencia es clásica de nuestra burocracia. Cualquier cambio que queramos hacer en la forma en cómo nuestro Estado implementa las políticas, requiere de cambiar esta Cultura de trabajo. Para eso es necesario generar incentivos y políticas claras de capacitación y nuevas formas de captación de personal público para lo cual se sugiere crear instancias de acreditación especial, como los abogados o médicos y una Escuela Nacional de Administradores Públicos, donde aparte de formar funcionarios con criterios más modernos, se realice investigación. Con esto apuntamos hacia un nuevo Estado, una comunidad de personas, interdependiente y que busca como objetivo el Desarrollo Humano Sustentable. Un Estado que se caracterice por una
administración participativa y vocación ciudadana, coordinada, con visión de futuro y sustentable. Así mismo urge la reorganización de la red de servicios públicos. Nuevos procesos en donde exista apertura de espacios para la participación ciudadana en los Servicios Públicos durante el mes de Marzo. Donde existan espacios para la medición de la opinión ciudadana para el replanteamiento y ejecución de las Políticas Públicas (Evaluación Ciudadana). Donde se mejoren las condiciones en la Carrera Funcionaria. Donde realmente se implemente el Manual de Buenas Prácticas en el Sector Público y se reestructure el sistema de mejoramiento de calidad que genera incentivos perversos más enfocados en el proceso que en los resultados. Por último, no se puede dejar de mencionar que es necesario revisar el diseño institucional del Estado. Si se generan cambios en las reformas políticas estas sí impactan sobre el modelo de la administración pública. Si se aprueba el Ministerio del Deporte se llegaría a tener 25 ministerios, lo cual es excesivo. Además es ineficiente desde la perspectiva de la coherencia de las políticas públicas, hoy más integradas y complejas, ya que es mejor y eficiente vincular instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente y Energía. Por lo tanto, terminadas las propuestas iniciales del programa, debemos ser capaces de hacer una propuesta de diseño institucional del Estado.