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Los bufetes directivos del Congreso se comprometen a agilizar leyes trancadas
El PRM fue quien propuso la composición de los equipos
I. Hiraldo/Y. Suero
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SD. El Congreso Nacional dejó instalados ayer sus bufetes directivos para el actual período congresual que concluye en un año. En la Cámara de Diputados, se ratificó al mismo equipo que ha venido dirigiendo el órgano legislativo desde hace tres años, mientras que en el Senado se efectuó un cambio completo de todo el bufete.
Ambos bufetes legislativos, dirigidos por Alfredo Pacheco (Cámara de Diputados) y Ricardo de los Santos (Senado), se comprometieron con la agilización
Nuevas reglas para funcionarios en la campaña política
JCE prohíbe la propaganda electoral en los edificios públicos
Ycell Suero
SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE), emitió una resolución que regula la participación de los funcionarios públicos en los períodos de precampaña y la campaña electoral de cara a las elecciones del 2024.
A través de la resolución 28-2023, el organismo comicial establece la prohibición del uso de los recursos del Estado para ser utilizados en provecho de los funcionarios o de terceras personas y que quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar tres años de prisión.
campaña. Señala que los partidos que reciban financiamiento por parte de funcionarios públicos, sin perjuicio de que terceras personas que participen en dicha operación y que no son funcionarios públicos también puedan ser sancionados por las vías que establece la ley, serán susceptibles de ser condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada.
En edificios de importantes proyectos de ley que han estado trancados y engavetados por años en el Congreso Nacional por falta de consenso entre los congresistas.
Pacheco Tras ser juramentado una vez más como presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco destacó que impulsará la aprobación de “proyectos trascendentales” como el Código Penal de la República Dominicana, el proyecto del Código Civil y la Ley de Agua. Otras iniciativas que serán prioridad en este nuevo año congresual son el proyecto de ley de Referendo Consultivo, el proyecto de ley para administrar bienes incautados y la reforma a la Ley de Seguridad Social, que, manifestó
Pacheco, es “un pendiente” que tiene el Congreso Nacional con el país.

De los Santos
El nuevo presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también se refirió a las leyes pendientes al decir que la “mejor forma de hacer política” es agilizando los proyectos dilatados y reimpulsando la labor de la Cámara Alta.
En ese sentido, vaticinó que el periodo 2023-2024 será un año productivo para el Senado donde, en lo que respecta a los legisladores, se “verán mejorías en el desempeño” para sacar las leyes pendientes.
La resolución está dirigida a todos los funcionarios públicos que hayan sido designados por decreto del Poder Ejecutivo, o por instituciones públicas y a los funcionarios de los ayuntamientos.
“En el caso de los funcionarios y autoridades que pertenecen a otros poderes del Estado u órganos constitucionales y que hayan decidido manifestar sus aspiraciones a un cargo de elección popular a través de una organización política, los mismos se regirán conforme a las prohibiciones, limitaciones e incompatibilidades previstas en las leyes y normas de sus respectivos ámbitos”, establece la resolución.
Dinero ilícito
La resolución también prohíbe aceptar dinero ilícito durante la pre-
Asimismo, queda prohibida la propaganda en los edificios de las instituciones públicas por lo cual los funcionarios deberán abstenerse de utilizar, bajo cualquier circunstancia, estas instalaciones del estado que se encuentran a su cargo para difundir propaganda o para la promoción de aspiraciones a lo interno de las organizaciones políticas.
Sanciones administrativas
La JCE estableció una serie de sanciones administrativas para quienes no cumplan con lo dispuesto en la resolución. De acuerdo al organismo electoral, las sanciones para los funcionarios públicos que incumplan con lo dictaminado serán de uno a 200 salarios mínimos; para los candidatos será de uno a 200 salarios mínimos y una multa de 50 a 100 salarios mínimos, vigentes en el sector Público.