Tope de deuda y sanciones en propuesta de ley fiscal

Mariela Mejía

SANTO DOMINGO. El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, propuesto la semana pasada al Senado por el Poder Ejecutivo, establece sanciones para los funcionarios que la incumplan, que van desde suspensión del cargo por hasta dos años, destitución e inhabilitación de cualquier puesto por hasta cinco años y otras penales previstas en las leyes.

La propuesta, depositada por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, busca poner reglas para nuevas exoneraciones, financiamientos y tope al endeudamiento. Esto ante lo dispuesto por la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que se arribe a un pacto fiscal. “Para ello se requiere el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal”, indica el presidente Luis Abinader en su carta de presentación.

Principales propuestas

La iniciativa, de 22 artículos, establece un objetivo de deuda de no más de 40 % del producto interno bruto nominal (PIBN) en el Gobierno General Nacional para el 2035. Actualmente está en 45.1 %, precisa Abinader.

Señala que el gobierno “adoptará medidas apropiadas para garantizar que, en ningún ejercicio fiscal, la tasa de crecimiento del gasto primario del sector público no financiero supere la tasa de inflación promedio anual proyectada más 3.0 puntos porcentuales”.

Propone establecer la posibilidad de revisar la regla de gasto en caso de producirse un incremento permanente y estructural de los ingresos.

Deja delimitada una cláusula de suspensión por desastres naturales que impliquen erogaciones mayores del 0.3 % del producto interno bruto (PIB) y en el caso de recesión o crecimiento menor del 1 % del PIB.

Indica que todo proyecto de ley que se presente, que implique un incremento en el gasto o la adición de nuevas funciones a la Administración Pública, deberá ir acompañado de un plan que garantice su financiamiento de mediano y largo plazo “con pleno apego a los principios que rigen” dicha ley. Otros requisitos también se aplicarían para aprobar cualquier nueva exoneración que no responda al principio de capacidad económica o para aprobar otros incentivos fiscales, entre estos, estudios que cuantifiquen los beneficios y el monto estimado del sacrificio fiscal.

Para vigilar el cumplimiento de la ley, manda la creación del Comité de Supervisión de Responsabilidad Fiscal, adscrito a Hacienda.

Es un avance Para Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), “es un avance” que se discuta el tema y se someta un proyecto de ley. Sin embargo, señala que, tal como se plasmó en otro proyecto de ley sometido hace 10 años, elaborado por el Crees y la Fundación Institucionalidad y Justicia, “el país se beneficiaría de una ley que contenga reglas fiscales que, de forma explícita propongan una reducción mayor del endeudamiento público en un plazo más rápido”. “Incluso, permitiendo la creación de un fondo de estabilidad fiscal (fondo soberano)”, agregó. 

Global y Variable Reemplazo total

Gustavo Volmar

Cada vez que ponen en marcha un nuevo mecanismo de hacer las cosas, las empresas, y hasta los individuos en su vida personal, suelen ser precavidos en cuanto a dejar del todo la forma en que antes las hacían. En lugar de cambiar abruptamente, es probable que lo hagan gradualmente, a fin de poder retornar a los mecanismos ya probados en caso de que algo salga mal con los nuevos. En lo que concierne a las innovaciones técnicas, ese elemento de prudencia es reforzado por la usual imposibilidad, por razones económicas y logísticas, de reemplazar de inmediato la tecnología anterior en todas sus aplicaciones. Así sucedió con la difusión de la electricidad. Su introducción en el alumbrado público y privado fue progresiva, y otros usos tuvieron que aguardar el desarrollo de productos como la radio, la refrigeración y el transporte vehicular. En el ámbito de la informática, esa prudencia y limitación a la velocidad de reemplazo parecen haber sido relevantes sólo de forma fugaz. En un lapso de pocos años, la transformación de las operaciones empresariales y los estilos de vida ha sido radical. Y se ha generado una notoria dependencia de los sistemas informáticos en cuanto a las comunicaciones, los procesamientos de cobros y pagos, los inventarios, la distribución de productos, los traslados de fondos y un gran número de actividades que hasta hace poco se realizaban manualmente. Se ha llegado al punto en que la falla de un sistema puede paralizar el funcionamiento de una compañía.

Particularmente conspicuo es que los registros del pasado, previamente ubicados en documentos tangibles, están siendo convertidos en ceros y unos sólo interpretables por las computadoras. Los documentos originales son descartados, y se confía en que las fuentes de electricidad y los equipos informáticos sean redundantes y seguros.

No hay motivo de preocupación, dicen los abanderados de la informática. La documentación virtual es más duradera, almacenable y recuperable que la que está plasmada en papel.  gvolmar@diariolibre.com

Proponen huelgas sean por tiempo indefinido y sin perder sueldo

La clase sindical sugiere cambios al Código de Trabajo en 6 artículos del tema

Irmgard De La Cruz

SD. El Artículo 406 del actual Código de Trabajo establece que son ilegales “las huelgas que continúen por 72 horas después de vencido el término legal para la reanudación del trabajo por el juez compe- tente”, una disposición que los sindicatos proponen eliminar en su propuesta de reforma a dicha ley. Esta supresión les daría a quienes se manifiestan en contra de sus empleadores la libertad de paralizar sus labores por tiempo indefinido sin que se considere esta acción como contraria a la ley, y “sin pérdida de salario para los trabajadores”, como se propone agregar al Artículo 411, que indica que una huelga “no pone fin al contrato de trabajo, solo suspende su ejecución”.

Reducir los votos La parte sindical propone, además, que se reduzca 21 % la cantidad de votos que se necesitan entre los trabajadores para apoyar una huelga, que actualmente es del 51 %, de acuerdo con el Artículo 407. Esto significa que, si se requería el voto de 51 empleados en una empresa con 100 trabaja- dores para apoyar la protesta, se podría hacer, entonces, con el apoyo de 30.

El exministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito considera que estos cambios “no son nodales” a las cuestiones más fundamentales que deben ser reformadas en la ley.

Explicó que las huelgas formales “son casi inexistentes” y los empleados jóvenes son más dados a la movilidad laboral antes que reclamar mejores con- diciones de trabajo. El sindicalista Pepe Abreu considera oportuno incluir estos cambios, porque reducirían las huelgas informales, evitarían que no surtan efecto en el tiempo y protegerían a los trabajadores de arriesgarse al despido. 

Esta nota es parte de una serie de publicaciones del equipo de Economía de Diario Libre sobre las propuestas de reforma al Código de Trabajo.