Aspectos que se deben modificar en la Ley de la Cámara de Cuentas

Tania Molina Redactora Senior

SANTO DOMINGO. Cuestionado sobre las razones que le impiden actuar para hacer su trabajo más efectivo, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, no titubea en responder que es “la Ley”.

empaña a la institución fiscalizadora para que luego el pleno debata las conclusiones.

Cuando entregaron sus piezas de resoluciones, los diputados proponentes aclararon que los proyectos no buscan enjuiciar a Janel Ramírez y los demás miembros titulares, sino investigar para determinar la veracidad de que hayan cometido hechos graves, como lo denunció el propio presidente de la entidad.

La Cámara de Diputados sesionará, aparte del martes, el miércoles y el jueves para conocer otros proyectos pendientes. A diferencia de la Cámara Baja, los proyectos del Senado para investigar a la Cámara de Cuentas no prosperaron ya que la mayoría perremeísta vota en contra de las resoluciones que buscan invitar al Pleno a la Cámara Alta y que han sido sometidas por el vocero de los senadores del PLD, Yván Lorenzo. 

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Fuego cruzado de funcionarios

Desde el martes, la Cámara de Cuentas ha estado a fuego cruzado tras las declaraciones de Janel Ramírez, quien reveló irregularidades en la entidad que lidera, lo que alertó a la Cámara de Diputados, que ahora se apresta a escuchar a los funcionarios del órgano fiscalizador para que expliquen los conflictos que hay a lo interno del organismo fiscalizador.

Se refiere a la 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la que –asegura- le imposibilita poder tomar decisiones tales como la designación o desvinculación de personal.

Justo esa atribución, que la Ley le da al Pleno de la Cámara de Cuentas, es uno de los aspectos que deberían ser modificados, a juicio de algunos especialistas consultados por Diario Libre.

Otro punto tiene que ver con la forma de selección de los miembros del organismo, que debería ser más expedito para evitar que los intereses de partidos políticos sigan incidiendo en las actuaciones del órgano que fiscaliza a los demás actores del Estado.

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Miembros conforman el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana

En ello coinciden, además de lo ya expresado por Ramírez, el movimiento cívico Participación Ciudadana, que elaboró un documento sobre los principales problemas que advierte en la Cámara, así como el jurista Cándido Simón Polanco.

El artículo 19 de la Ley 1004 establece, entre otras cosas, que entre las atribuciones del Pleno están aprobar mediante resoluciones “los nombramientos, las remociones y los emolumentos salariales de todo el personal administrativo y técnico necesario para el buen desenvolvimiento de las actividades del organismo”.

“Eso es una locura”, dice el abogado Simón Polanco, que tiene el criterio de que esa debe ser una facultad propia del presidente, como ocurre en otras entidades estatales.

Durante las declaraciones públicas que dio Janel Ramírez a principio de la semana pasada en el programa El Día, manifestaba su inconformidad con el rendimiento de la Cámara que preside, pues, -ponía el ejemplo- de 100 auditorías que se proponen realizar en un año, apenas logran avanzar siete, en ocasiones, menos.

Esa realidad, aseguró, se ha dado desde 2013 hasta 2022, que fue el periodo que revisaron, y lo atribuyó a que siguen operando con la misma metodología de antes, así como con el mismo equipo técnico de hace varios años.

Ramírez dijo que, aunque designó personal calificado de alto nivel, esos nombramientos fueron dejados sin efecto en una sesión ilegal del Pleno, sin su participación.

Tras las declaraciones del Ramírez, varios sectores, entre ellos legisladores de ambas cámaras del Con- greso, han propuesto que se investigue al Pleno.

En el documento que elaboró Participación Ciudadana, relativo a la situación de ese órgano de fiscalización estatal, identifica entre sus males, el que la Cámara de Cuentas no exige, ni a sus miembros, ni a su personal, formación especializada en auditoria y que, por eso, la gran mayoría solo son contadores.

Tal situación, añade, se traduciría en la “tradicional ineficacia para detectar las irregularidades y el robo de los recursos públicos”.

“Una gran parte del personal más calificado que tenía la institución ha renunciado, tanto por los bajos salarios como por el ambiente de innumerables presiones en que tienen que desarrollar su trabajo”, dice PC.

Agrega que parte de los integrantes actuales del Pleno ha rechazado las propuestas del presidente de organizar los trabajos en cuatro áreas especializadas, encabezadas por auditores expertos seleccionados por concurso y que, en cerca de tres años, no se ha podido evaluar, renovar ni completar el personal. Sostiene el movimiento cívico que las mismas personas dentro del Pleno han bloqueado los intentos de apertura de concursos para llenar más de 100 posiciones vacantes que se necesitan para cumplir con el trabajo, pese a que hay recursos disponibles. Igual, habrían bloqueado un proyecto de automatización y modernización de los procesos con el propósito de hacer más eficiente y dotar de mayor calidad las auditorias.

Ante una situación que califica de insostenible, PC expone su esperanza de que el Congreso Nacional cumpla la responsabilidad de revisión de la ley para hacer ese organismo más operativo y gobernable. 

Alejarlos de los políticos

Aunque la forma de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas viene dada en la propia Constitución de la República, el jurista Cándido Simón Polanco entiende que se debe crear el mecanismo para que los políticos dejen de estar “metiendo la mano” en ese organismo.

“Lo que hay que cambiar en la norma es el método de designación de los miembros… Que los políticos dejen de meter las manos en la elección. Un mecanismo es que se tenga un mínimo de diez años de no militancia en partidos políticos. Que se depuren bien los candidatos”, dice el abogado.

El mismo planteamiento lo hace Lizzy Sánchez, directora de Participación Ciudadana, al insistir en que la selección de los miembros de Cámara de Cuentas debe ser distinto, con personas que no tengan un perfil político.