Solo empresas de seguridad podrán importar armas

Ministro de Interior y Policía garantiza se cumplirá con el decreto 30-20

Ramón Rodríguez

SANTO DOMINGO. El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, garantizó que las armas que serán importadas al país se usarán exclusivamente por las empresas de seguridad privada como establece el decreto del Poder Ejecutivo que lo autoriza.

“Eso está garantizado, va a ser solamente exportación de armas para empresas privadas, con una determinada cantidad y sobre todo con las especificaciones necesarias, porque solamente son armas para ese tipo de empresas”, dijo Vásquez al referirse al decreto 30-20.

En torno a la resolución que el propio decreto establece debe emitir el Ministerio de Interior y Policía para establecer la cantidad de armas que se traerán, dijo que se está trabajando.

“Se está trabajando en la resolución y en los próximos días se dará a conocer”, informó Vásquez.

El decreto 30-23, deroga el 309-06, que desde hace 17 años prohibía la entrada legal de armas de fuego al país. Establece para ello un plazo de seis meses e instruye a Interior y Policía a establecer, mediante resolución, la cantidad de armas de fuego que pueden importar las empresas debidamente registradas en ese tiempo.

“Las gestiones para la tramitación de las licencias de importación de armas de fuego deberán ser realizadas por las empresas correspondientes de conformidad con el procedimiento y los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados”, dice la pieza.

En el país hay alrededor de 500 empresas reguladas que se dedican a la venta de armas, pero operan otras 900 que no están formalizadas. 

¿Qué hará la DNI?

Con la aprobación del proyecto de ley, la DNI tendrá la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, las instituciones democráticas, la seguridad y la defensa de la nación.

En ese sentido, tendrá la responsabilidad de investigar a cualquier persona, grupos o asociaciones que traten de lesionar el Estado de derecho, independientemente de las acciones del Ministerio Público.

Se encargará de recopilar y procesar informaciones relevantes, evaluar amenazas de orden interno y externo, así como contrarrestar actividades de nacionales o extranjeros que representen peligro para la seguridad nacional, la paz social y la soberanía.