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Fiscales interrogan a testigos en denuncia por acoso en CC
Fiscales interrogan 4 testigos por querella acoso Cámara de Cuentas
Finjus insta a la PGR investigar “rápido” por la imagen de la CC
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FUENTE EXTERNA
Marisol Aquino
SD. Los procuradores adjuntos designados para investigar la querella de acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas (CC), Janel Ramírez, presentada por dos empleadas de ese organismo, entrevistaron ayer a cuatro de los diez testigos de las supuestas víctimas. Los procuradores adjuntos Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte, designados para llevar a cabo las indagatorias, conversaron con Carlos Jafet Hernández Batlle, Loida Jiménez, Roberto Reyes y Fernelis Ortiz, también colaboradores del organismo fiscalizador, según informaron los representantes de las jóvenes querellantes Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez. Al salir de la Procuraduría General, los abogados Francisco García y Máximo Julio Correa, explicaron que las entrevistas continuarán toda la semana y que el Ministerio Público llamará a otros que considere, incluso, testigos a descargos.
Inicio caso
Las querellantes primero habían presentado, a través de ocho abogados, una denuncia ante la Procuradora Miriam Germán Brito y la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y, semanas después, formalizaron la querella, con la cual buscan demostrar la culpabilidad de Ramírez en la acusación de acoso sexual, por la cual aspiran a que se le condene penalmente y se le someta a un juicio político. En sus acusaciones, narraron que el presidente de la CC empezó a acosarlas en diciembre del pasado año al solicitarles sus números personales para hacerles preguntas y comentarios que nada tenían que ver con el trabajo que hacen en esa institución.
Al dar a conocer la pasada semana que presentarían las pruebas testimoniales, las jóvenes detallaron que, entre esas personas figuran Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro secretaria del pleno de la Cámara de Cuentas; Clarisbella Paulino García, Carlos Jafet Hernández Batlle, abogado II de la Dirección Jurídica de la institución; Jhonny Alfry García Ramírez, asistente en la Secretaría del Pleno y Loida Josefina Mejía Soto, secretaria de la Dirección Jurídica de la CC.
Además, Luis Eduardo Fernández H., encargado División Jurídica de Auditoría; Roberto Reyes Pérez, director interino, Dirección Jurídica; los abogados Dionisio de Jesús García Santos y Dolores Rosario Batista, Víctor Sosa y el psicólogo Eddy Paulino.
El artículo 333-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, establece que “constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. El acoso sexual se castiga con un año de prisión”, contempla.
Investigar “rápido”
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó a la Procuraduría General investigar en el “menor plazo posible” la querella contra Ramírez para evitar que la imagen de ese organismo se deteriore. El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños, dijo que por las expectativas que tiene la sociedad, en la actual Cámara de Cuentas, se deben concluir rápido las indagatorias de la querella y, de encontrarse indicios de responsabilidad penal, se “proceda en consecuencia” y en el hipotético caso de que no se confirme “que lo archive”.
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Congreso debió crear comisión
El vicepresidente Ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, dijo que el Congreso Nacional “debió haber nombrado una comisión de investigación” para determinar la veracidad de la denuncia contra el presidente de la CC. Aclaró que la indagatoria “no es para establecer responsabilidades, ni siquiera, sino para determinar qué es lo que está pasando” en la institución de control de los recursos públicos.
MP aún no deposita la acusación Operación Falcón
En 48 horas se vence la prórroga que se le había otorgado para la presentación
Edward Fernández
SANTIAGO. A dos días de que venza el plazo otorgado para presentar cargos formales en contra de los implicados en el caso de narcotráfico y lavado de activos denominado Operación Falcón, el Ministerio Público no ha depositado la acusación ante el despacho Penal del distrito judicial de Santiago.
El órgano acusador tiene hasta este viernes 14 de octubre para concluir con la investigación, o para agregar nuevos elementos acusatorios, en dado caso que lo tengan, en contra de los encartados.
Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, dijo a Diario Libre que están trabajando a tiempo completo para depositar la acusación antes de que venza el plazo. Las autoridades han sometido al menos 30 personas, a quienes han impuesto diferentes medidas de coerción.
ANEUDY TAVÁREZ
Parte de los imputados en el caso de Operación Falcón.
La acusación
Los detenidos están acusados de incurrir asociación de malhechores para la comisión de delitos como el narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas de fuego, actividades mediante las cuales acumularon bienes muebles e inmuebles, miles de millones de pesos en efectivo y vehículos.
La acusación del Ministerio Público establece que la red de la Operación Falcón se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad. También alegan que hay tres diputados vinculados en la práctica de lavado de activos producto del narcotráfico. La supuesta organización fue desmantelada durante más de 100 allanamientos.
Retiran grilletes a 3 acusados de la familia López Pilarte
Señalados como líderes de una red de lavado del narcotráfico
Edward Fernández
LA VEGA. El Segunda Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de La Vega dispuso el retiro de los grilletes electrónicos a tres de los miembros de la familia López Pilarte, acusados de integrar una presunta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal varió la medida de coerción que le fue impuesta a José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, así como a Ada María Pilarte.
El representante legal de los imputados, Esteban Pérez, considera que se trata de una decisión justa la del tribunal a favor de sus clientes.
Garantiza que sus defendidos se presentarán en la próxima instancia del proceso que se le sigue desde el año 2020.
El jurista sostiene que demostrarán que sus defendidos son inocentes de los cargos que le acusa el Ministerio Público.
Ada María Pilarte es una de las imputadas.
Juicio preliminar
Para conocer el juicio preliminar del caso fue apoderado el mismo tribunal (Segundo Juzgado de la Instrucción). La primera vista está programada para el 4 de noviembre próximo.
Además, por el caso están imputados Miguel López Florencio (Miky), señalado como el cabecilla de la presunta organización; la diputada del partido oficialista, Rosa Pilarte, y José Antonio Román.
Según el expediente del Ministerio Público, las empresas de la familia López Pilarte son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
Agrega que Miky López y su familia han realizado movilizaciones por más de RD$7,000 millones en los últimos años.
Según la investigación del órgano acusador, se pudo comprobar que esos miles de millones de pesos fueron movidos en el sector financiero nacional. Además de la supuesta procedencia ilícita del dinero, tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la DGII.
