14 ESPECIAL
LA PRIMERA
MARTES 15 DE ENERO DE 2013
LA ACCIÓN fue cometida por un grupo de encapuchados, que entró el
viernes 4 en la casa de la hacienda Lumahue. El predio pertenecía a Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivian Mackay, de 69, miembros de una de las familias de terratenientes más reconocidas de la zona.
LA MUERTE DE UNOS TERRATENIENTES sacó a la luz
el despojo de tierras de las comunidades mapuches que reclaman la recuperación de sus territorios ancestrales. “Los vamos a perseguir donde estén y no vamos a parar hasta encontrarlos”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras el atentado. Efraín Rúa Editor de Mundo La muerte de dos esposos, propietarios de una finca en tierras araucanas, puso en evidencia que el conflicto con el pueblo mapuche por el despojo de sus territorios no está liquidado y que el Estado chileno tiene cuentas que saldar antes de dar por consumada una política que acrecienta la violencia. Hoy está claro que las acciones de exterminio que emprendió el Estado chileno contra los mapuches hace casi dos siglos les está pasando la factura a aquellos que creyeron en la política de los hechos consumados. Los recientes atentados cometidos en la Araucanía demuestran que la guerra no ha terminado y que la lucha continúa. La acción fue cometida por un grupo de encapuchados, que entró el viernes 4 en la casa de la hacienda Lumahue. El predio pertenecía a Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivian Mackay, de 69, miembros de una de las familias de terratenientes más reconocidas de la zona. El matrimonio dormía en el segundo piso de la vivienda. El anciano alcanzó a usar su arma de fuego y recibió un golpe que lo dejó inconsciente. La mujer se hallaba en el dormitorio y alcanzó a llamar por teléfono a Carabineros. Pero a los pocos minutos, ambos fallecieron
EN CHILE REACTIVAN LEY ANTITERRO
Violencia en la
por asfixia. Los atacantes habían vertido combustible líquido para prender fuego a la casona. SOSPECHOSOS COMUNES Tras la muerte de los propietarios, la policía detuvo a dos sospechosos: Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, y su hermano José, de 30. El primero, un curandero mapuche, fue sorprendido la misma noche del asesinato en una finca cercana cuando caminaba herido. El segundo estaba en su vivienda con ropajes que lo vinculan con el atentado de Vilcún. El doble crimen coincidió con la conmemoración del quinto aniversario de la muerte del activista mapuche Matías Catrileo y la policía encontró en la hacienda panfletos alusivos. El joven murió mientras participaba en la ocupación de la finca Santa Margarita de la familia Luchsinger. La justicia estableció que un carabinero que participaba en el desalojo le disparó por la espalda. Pero no fue el único. Además de Catrileo, fueron muertos en otras acciones policiales Alex Lemun y Jaime Mendoza Collío. Así que el crimen de los propietarios está marcado por muertes precedentes. “¿Cómo se entiende que el asesino de Catrileo, el cabo Walter Ramírez, continúe en la institución avalado por la Contraloría
EN MEDIO DEL DEBATE,
el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, enfatizó que el grave problema debe ser solucionado por el Estado chileno y no por el Poder Judicial. “La situación es grave y esperamos que Chile, el país entero, arbitre las medidas que sean necesarias para resolver este problema. No es de días, es un trabajo conjunto de mucho tiempo y de reconocer los derechos de esta gente”, agregó.
General de la República? O que los tribunales hayan dictaminado que “su conducta merece ser reconocida en los términos que dispone la norma en cuestión”, preguntó Tito Tricot, director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe. También se conoce el nombre del asesino de Alex Lemun, pero el mayor Marco Treurer fue absuelto por la corte marcial y sigue trabajando en la policía;
más aún, fue ascendido a teniente coronel. El asesino de Mendoza Collío, el cabo Patricio Jara, fue sentenciado a cumplir su pena en libertad vigilada. Tras los hechos, la principal organización radical, Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), negó cualquier vinculación con el crimen de los propietarios de tierras y acusó a los responsables de “demonizar al pueblo mapuche en su conjunto y deslegitimar sus reivindicaciones”. La
agrupación comandada por Héctor Llaitul, que lleva más de 50 días de huelga de hambre en prisión, recordó que algunos dirigentes de las localidades de Ercilla, Vilcún y Lleu Lleu abandonaron la CAM en 2010 y que, desde entonces, “no existe relación política ni orgánica de dichas personas” con el grupo. Los líderes de las comunidades mapuches también condenaron el ataque. . El historiador Jorge Pinto Rodríguez