Papaya Gate estancado: consejeros piden que Fiscalía informe avances

Algunos representantes de la zona cuestionaron esta demora y señalaron que están haciendo gestiones para que la Fiscalía de Valparaíso dé a conocer le estado de la investigación. A la fecha no hay formalizados.

Han pasado casi 2 años y 5 meses desde que se hizo conocido el mediático caso conocido como “Papaya Gate” y según lo dado a conocer por la Fiscalía de Valparaíso, -quienes evitaron referirse al tema al ser contactados por nuestro medio-, la causa sigue vigente y en proceso de investigación, pero desformalizada y sin nuevos antecedentes que se puedan entregar a los medios. Cabe recordar que el querellante de esta investigación es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que interpuso la acción legal el 24 de julio del 2021, frente a la situación de compraventa de terrenos ubicados en San Ramón que está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Repaso De Los Hechos

Todo comenzó cuando el Ministerio Público inició las diligencias para esclarecer el presunto delito de fraude al Fisco, luego que la ex intendenta, Lucía Pinto (UDI) y ex funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo, adquirieron un terreno de 61 mil metros cuadrados por $9.800 millones a una empresa inmobiliaria, a pesar de que la tasación de dicho terreno apenas superaba los 4 mil millones, lo que dio origen a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Esta situación le costó el cargo de intendenta a Lucía Pinto, junto a dos ex altos directivos del GORE Coquimbo y un particular: El jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza y el jefe de la División de Planificación y luego administrador regional, José Cáceres; a quienes el CDE les interpuso una querella por fraude al Fisco, junto a Pablo

Demora Importante

En abril del 2022, el ex fiscal de delitos de alta complejidad, Carlos Gajardo, -quien estuvo contratado por un mes y dejó de asesorar al Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo en junio del 2022, por acuerdo en común, según lo señalado por el GORE-, advirtió que en ese entonces, ya se encontraban los antecedentes necesarios para presentar cargos, agregando que había una demora importante, “pero debiera ya proceder a la etapa de formalización y es eso lo que estamos instando”, insistió.

Una vez ocurrido esto, se deberían solicitar medidas cautelares reales en contra de los bienes que se pudieron haber ocultado con los dineros del fraude y también cautelares personales, como prisión preventiva o arresto domiciliario, entre otras.

En esa oportunidad, Gajardo no se arriesgó a pronosticar cuánto más se tendría que esperar para un juicio oral, pero indicó que “la formalización no debería pasar más allá de seis meses”, periodo de tiempo que claramente ha excedido sus expectativas, ya que han pasado más de 9 meses desde aquel entonces.

Opini N Del Core

Si bien al cierre de esta edición no se pudo contar con la opinión de la Gobernadora Regional, Krist Naranjo, -quien está de vacaciones-, algunos consejeros regionales sí se refirieron al tema y a la lentitud del proceso investigativo. Con respecto a esto, la consejera regional por la provincia del Elqui, Paola Cortés, quien además es la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del CORE, reveló que “tomamos un acuerdo para solicitar que la Fiscalía nos entregue información respecto a en qué etapa va proceso de la investigación, ya que solo nos ha llegado lo que envío Contraloría”.

El Consejero Regional Lombardo Toledo, también se refirió a este tema, señalando que “los esfuerzos que se hicieron con el ex fiscal Carlos Gajardo no han dado sus frutos, por lo que esperamos que todos los representantes del Gobierno y la justicia puedan agilizar esta situación, que amerita una resolución, para llegar al término de este capítulo del GORE de Coquimbo y fallar a favor de la inversión social que se podrían traducir en obras y proyectos”.

Por su parte, la consejera regional Tatiana Cortés hizo hincapié en que “mi postura y la de mi bancada es que se sepa toda la verdad, para que se puedan aplicar sanciones ejemplificadoras, ya que debemos erradicar todas las malas prácticas de los aparatos públicos del Estado”.

“Nadie puede estar por encima de la Ley, mucho menos los funciona rios públicos, hayan sido electos o designados, ya que la política institucional está justamente desprestigiada por conductas como estas”, insistió la consejera.

En relación al tiempo que está tomando llegar a la formalización, la consejera aseguró que “se está muy al debe con la ciudadanía, porque estos procesos son eternos y eso es una mala señal, por lo que esperamos que se dé una mayor celeridad y que de una vez por todas podamos dar señales de transparencia y que todos los sectores políticos confluyamos en eso”.

A La Espera De Respuestas

Respecto a este tema, la consejera regional Ximena Ampuero relató que hace varios meses solicitaron contar con “un buen fiscal” y acelerar los procesos de la investigación, añadiendo que también “le pedimos a la Gobernadora Regional que nos entregara un informe detallado cuando contactó al ex fiscal Gajardo, -a través de trato directo y por una suma considerable de dinero-, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta ni verbal o escrita”.

En cuanto al objetivo que se busca lograr, Ampuero afirmó que “no vamos a parar hasta que se haga justicia y que la empresa devuelva el dinero de estos terrenos”, añadiendo que también esperan contar con una respuesta de la Gobernadora Regional, ya que la contratación del ex fiscal fue con fondos fiscales.

Asimismo, el consejero regional Marcelo Castagneto detalló que según el acuerdo tomado en enero, se determinó hacer la gestión a través del equipo técnico del CORE y solicitar en Contraloría, Fiscalía y los otros organismos involucrados, para determinar el estado de avance de esta investigación, recalcando que “a quien le corresponde tomar las acciones legales en esto, es a la gobernadora regional”.

“Nuestro interés como CORE es que esto se resuelva lo más pronto posible, ya que es un caso muy delicado, porque es probable que involucre a muchas personas influyentes y aunque se han hecho una serie de gestiones para destrabarlo, da la impresión que no avanza, ya que incluso la contratación del ex fiscal Gajardo por parte de la gobernadora, fue cuestionada”, señaló el consejero.