editorial opinión

Abuso de la propiedad pública

Andrés

Continúa el abuso y la ilegalidad en el Club Central Huánuco. A las ya ilegales construcciones levantadas en el terreno del club, ahora ya han terminado de colocar puertas enrollables con la clara intención de comercializar los espacios y recibir un poquito más de dinero mensual, y por supuesto, a costas del bien del Estado.

Como sabemos, tanto por Ley como por medida judicial, el terreno del Club Central ha regresado a la administración del Colegio Leoncio Prado, por lo tanto, los actuales inquilinos del club tienen condición de precarios.

El director de la GUE del Colegio Leoncio Prado, profesor Julio Chávez, responsable de la administración de esta propiedad, ha llamado a las fuerzas vivas de Huánuco, a las autoridades y a la sociedad en general, a no permitir este abuso.

Los responsables del club, aprovechándose del cambio de alcalde en la provincia, ha levantado media docena de tiendas frente al Hospital Regional Hermilio Valdizán, que es una zona muy comercial y preferida para negocios relacionados a la salud, como consultorios médicos, farmacias y boticas.

Este terreno, que en un tiempo fue un lugar de reunión para la clase social y deportiva de Huánuco, ahora es caja chica de la directiva.

La forma de actuar de la directiva y del presidente Freddy Espinosa, es lamentable, se están apropiando de manera ilegal de una propiedad ajena, es un abuso y una falta de respeto hacia la sociedad huanuqueña.

Es necesario que se tomen medidas para detener este abuso que solo busca lucrar a expensas de la sociedad y de la educación que recibimos.

Sabemos que el actual alcalde es exalumno del Colegio Leoncio Prado y ayer ha afirmado brindar todo su apoyo a la institución para recuperar el terreno del Club Central. Más aún, afirmó que dichas construcciones no tienen ninguna autorización de edificación.

Lo cierto es que estas construcciones se realizan con total premeditación y conocimiento de la situación en que se encuentra el terreno. Dicho esto, el presidente del club y los que resulten responsables, deberán de responder a la justicia.

Los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Honduras y Cuba están tratando de reescribir la historia sobre los recientes acontecimientos en Perú, poniendo en duda la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte e instalando el falso relato de que hubo un golpe parlamentario allí.

Sin embargo, lo que dicen es totalmente falso.

Lo que es peor, están echándole leña al fuego a la crisis de Perú. Al menos 56 personas han muerto en las últimas semanas en enfrentamientos entre la policía y grupos violentos de izquierda que piden la renuncia de Boluarte.

La mayoría de los constitucionalistas peruanos coinciden en que, si bien hay que investigar y castigar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, no hay duda de que Boluarte es una presidente legítima.

La mandataria es una abogada y política que era la vicepresidenta del expresidente de izquierda Pedro Castillo, quien fue cesado por el Congreso después de que intentó un golpe de estado el 7 de diciembre para obtener poderes absolutos.

Castillo dio un discurso nacional por televisión ese día ordenando la disolución del Congreso y anunciando que gobernaría por decreto. Fue un autogolpe clásico, como el que llevó a cabo el expresidente peruano de derecha Alberto Fujimori en 1992.

Y, sin embargo, los presidentes de Argentina, Colombia, México y otros países ahora están tratando de cambiar los hechos y pintar a Castillo como una pobre víctima.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un mensaje grabado en video a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 24 de enero que “fue una infamia lo que le hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo” en Perú. Los presidentes de Colombia, Argentina, Bolivia y Chile hicieron declaraciones similares.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, cuyo país no ha permitido elecciones libres en los últimos 64 años, afirmó hace pocas semanas que la destitución de Castillo “es resultado de un proceso dirigido por las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular”. Sí, no es chiste, Cuba ahora está dando lecciones de democracia.

Pocos días atrás, entrevisté al expresidente peruano Francisco Sagasti, bajo cuyo mandato se realizaron las elecciones de 2021 y quien, aceptando su resultado, transfirió el poder a Castillo. Sagasti, un ingeniero y exasesor del Banco Mundial que la semana pasada se mudó a Washington para unirse al centro de estudios Wilson Center, me dijo no hay duda de que Castillo dio un golpe. “Lamentablemente, algunos líderes de otros países tienen una percepción muy distorsionada de los acontecimientos recientes en Perú”, me señaló.

Es cierto que los sectores más conservadores habían afirmado falsamente que la elección de Castillo había sido fraudulenta, y que trataron de hacerle la vida imposible desde el primer día, señaló.

Pero, al dar la orden de disolver el Congreso, Castillo violó la constitución y estaba “en camino de convertirse en un dictador, y eso es absolutamente inaceptable”, me dijo Sagasti.

En cuanto a la actual presidenta Boluarte, es una presidenta legítima, porque “no hemos visto una ruptura del orden constitucional, como algunos quisieran hacernos creer”, agregó.

Cuando le pregunté sobre la violencia actual en Perú, el expresidente dijo que a diferencia de otros países que sufren de polarización política, Perú sufre de atomización política, lo que significa que tiene muchas facciones étnicas y políticas que se oponen ferozmente entre sí.

Para salir de esta crisis, Sagasti propone un “mediador creíble” como el Consejo Interreligioso de Perú, un grupo integrado por 16 credos, para llevar las demandas de los manifestantes a las autoridades y buscar una solución negociada. La presidenta Boluarte ha ofrecido celebrar elecciones anticipadas este año o principios de 2024.

Los críticos del gobierno peruano tienen razón al exigir una investigación sobre si las fuerzas de seguridad hicieron un uso exagerado de la fuerza para sofocar las violentas protestas en las últimas semanas y liberar las rutas y aeropuertos tomados por los manifestantes. Pero los países latinoamericanos deberían estar ayudando a la asediada presidenta Boluarte de Perú, en lugar de estar moviéndole el piso.