Miércoles, 18 de abril de 2012
nacional
DESPERTAR DE OAXACA
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Editora: Iliana Ortiz
Se han emitido medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública
CNDH: “Tutelares son una bomba de tiempo” En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigadores y legisladores advierten que los consejos tutelares se han convertido en un problema mayor Agencias
E
l tercer visitador general de la CNDH, Andrés Aguirre, señala que los centros de internamiento para adolescentes en el país padecen de inseguridad y abandono de autoridades. “Es un problema serio que, de no atenderse, podría generar más condiciones de violencia como los que observamos en los penales federales, en los que ha quedado en evidencia el control que ejercen algunos grupos de la delincuencia organizada”. Y como ejemplo lo que sucedió en Escobedo, Nuevo León. “No queremos Z”, esa fue la consigna que, en una manta, expresaron los internos del Centro de Internamiento del Sistema de Justicia para Adolescentes. En aquella ocasión, el primero de septiembre de 2011, un grupo de jóvenes subió a la azotea del tutelar para protes-
Ambas naciones intercambiarán información para combatir al tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional
En general, hay abandono de las autoridades respecto a la operación de estos centros.
tar y regresar a sus dormitorios sin mayores incidentes. Desde entonces, en el lapso de siete meses se han reportado dos motines, el último de los cuales generó una solicitud de medidas cautelares que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública local a fin de brindar protección a los internos y evitar “la consumación irreparable de cualquier violación a los derechos humanos”. Este no ha sido el único tutelar que ha reportado conflictos y fugas de internos. En los últimos ocho meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
ha registrado conflictos en los centros de internamiento de Culiacán, Zacatecas, Tijuana, Cuernavaca, Hermosillo, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, en los que se han reportado fugas, el rescate de jóvenes por parte de “comandos armados”, riñas y motines. El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Nuevo León, César Garza, considera que los tutelares de ésta entidad están colapsados por sobrecupo y son una “bomba de tiempo”. “Los centros de internamiento para menores infractores no son centros de máxima seguridad, los custodios no usan armas y al estar los jóve-
nes vinculados con la delincuencia organizada crecen las amenazas de inseguridad”, destaca. Roberto Meneses, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señala que es evidente que los centros de internamiento para adolescentes han empezado a ser controlados por los cárteles de la droga. “Hemos visto cómo son captados muchos de los jóvenes por los cárteles y algunos de ellos están detenidos en los tutelares, así que es lógico que las riñas entre bandas rivales se trasladen al interior de estos centros, tal y como ocurre en las prisiones de adultos”. Justicia juvenil Según datos de la CNDH, 12 mil 509 adolescentes mexicanos están sujetos al sistema de justicia. De ellos, tres mil 60 están internos en los tutelares; siete mil 163 siguen en proceso de ser sentenciados y dos mil 286 fueron sometidos a tratamientos de reinserción social en la modalidad de externos. En entrevista, el tercer visitador general de la CNDH señala que aunque el sistema de justicia para adolescentes está regulado por la Constitución, la mayor parte de los 64 centros de internamiento que hay en el país, y que son dependientes de los gobiernos estatales, tienen serias deficiencias.
México y Colombia irán juntos contra narcos
Notimex
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la Nación de la República declaran que la cooperación se enmarca en el contexto del seguimiento a la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno, emitida por los 33 países participantes en la VI Cumbre de las Américas para crear un sistema hemisférico contra el crimen organizado transnacional. Agregó, a través de un comunicado, que el acuerdo fue firmado en Bogotá, Colombia, por su titular, Marisela Morales Ibáñez, y el Fiscal General de Colombia,
“El equipamiento e instalaciones son inadecuadas, falta capacitación de personal y jueces especializados, la edad penal es variable en los estados de la República, muchos internos desconocen el motivo de su encierro, no hay registro sistematizado de los jóvenes detenidos en el país y no hay reglas de clasificación de los internos, por lo que un adolescente acusado de robo puede convivir con alguien que cometió un homicidio”, declaró. Añadió: “No hay reglamentos internos ni atención especializada para los menores de 18 años que tienen alguna discapacidad, se carece de programas de tratamiento para quienes consumen drogas y varios de los custodios proceden de los penales federales, por lo que su trato hacia los adolescentes es inadecuado”. En general, dice, hay abandono de las autoridades respecto a la operación de estos centros. Por ello, reconoce que hay un riesgo latente de que estos lugares sean vulnerables al control de los grupos de la delincuencia organizada. “Puede haber jóvenes que pertenezcan a bandos contrarios del crimen organizado en el interior de estos centros y si no existe una clasificación de los internos, hay el riesgo de que ocurran riñas como las que hemos visto en penales de adultos”, finalizó.
Buscan crear un sistema contra el crimen.
Luis Eduardo Montealegre Lynett. El acuerdo tiene entre sus objetivos y campos de aplicación la detección de todo tipo de operaciones transnacionales relacionadas con el tráfico de drogas y
delincuencia organizada transnacional. Además, de la identificación de las organizaciones transnacionales dedicadas a esas actividades o al terrorismo, secuestro, tráfico de
armas, lavado de dinero, tráfico y trata de personas. También se intercambiará información acerca de las rutas utilizadas para el tráfico de armas, la identificación de blancos espe-
cíficos, la alerta temprana en los dos países y la coordinación de investigaciones que permitan desarrollar acciones simultáneas en el territorio de cada país. La PGR añadió en un comunicado que también firmó con el Director General de la Policía Nacional de Colombia, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, un acuerdo sobre capacitación con la Policía Federal Ministerial, para el Combate a la Delincuencia. Con este acuerdo se desarrollarán programas de capacitación en varias materias, entre éstas: Identificación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores químicos y químicos esenciales. Además del combate a la delincuencia organizada, también se verán programas de inteligencia policial, medidas de seguridad para funcionarios, técnicas de entrevista para interrogatorios, operaciones especiales y traslado de personas detenidas, inculpadas o procesadas.