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Colombia entre violencia y derecho
Colombia (2007)31; Caso Escué Zapata vs. Colombia (2007)32; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. (2008)33; y Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. (2010)34. Y también en otras muchas decisiones sobre medidas provisionales35. Aunque la responsabilidad por los crímenes no es exclusiva de las fuerzas armadas y otros órganos del Estado la implicación mayoritaria de los mismos en ellas de manera directa o indirecta a través de su conexión con el paramilitarismo está fuera de toda duda. Lo prueban las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, numerosos informes no gubernamentales e incluso lo corroboran las propias declaraciones de los jefes paramilitares36. No obstante, como se ha indicado, a efectos de este trabajo interesa especialmente el periodo posterior a octubre de 2002, que coincide de hecho en su mayor parte, con los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez. En relación con los primeros años del mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos37 señaló en 2004 que: “63. Fuentes oficiales alegan que a partir del año 2003 se habría producido una disminución en el número de homicidios y masacres perpetrados tanto por grupos armados disidentes —FARC-EP, ELN, EPL— como por las AUC. Se habla de una reducción del 29% de homicidios perpetrados por grupos armados disidentes y del 63.7% de homicidios perpetrados por las AUC en el periodo agosto 2002-junio 2003, en relación con el periodo agosto 31
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Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C N° 163. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C N° 165. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C N° 192. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C N° 213 Véase la página web de la Corte: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=9 “En la medida que avancemos en la reconstrucción histórica de la verdad y los hechos, va a ser cada vez más difícil disimular la vinculación de las FF.MM, de policía y de inteligencia con los diferentes actores del conflicto que nos ha tocado vivir. Cada vez más la evidencia, la contundencia, y la dimensión descomunal de los hechos, mostrará lo inocultable. En un principio esa vinculación se podrá mostrar como casos aislados que no comprometen la responsabilidad de estas instituciones militares, pero al final se evidenciará que todo esto no fue objeto de decisiones individuales, sino de una política de Estado, que surgió después del asesinato de Gaitán, cuando el Estado se vinculó al crimen. En los años siguientes a 1948, en pleno desarrollo de la guerra fría la doctrina de seguridad nacional convirtió la lucha internacional anticomunista, en la promoción y conformación desde las fuerzas del Estado del paramilitarismo, lo cual dio origen a perversas deformaciones de una política para enfrentar a la insurgencia armada y convirtió a la población civil no solo en víctima, sino que también la reclutó, convirtiéndolos de victimas a victimarios, para hacerle frente al comunismo, como en mi caso particular.” De la carta abierta de Salvatore Mancuso al presidente Álvaro Uribe Vélez, de 22 de marzo de 2009. “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60; cit., párrs. 63-65.