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DOXA
EDITORIAL
La legalidad en la construcción del Tren Maya
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resoluciones sobre controversias derivadas por proyectos de desarrollo en los pueblos indígenas, en donde se ponen en riesgo los recursos naturales
Rutilio Escandón ofertó la integración del gabinete con gente honesta y preparada. Con los nombramientos hay que señalar que no cumplió con lo uno ni con lo otro. Sobre todo con los funcionarios que ya se conocen como el Cártel del Tribunal. Que son aquellos que colaboraron con él y que se enriquecieron en el Poder Judicial.
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Sábado 15 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1530
ENCUESTA
DECLARACIÓN
El entorno económico del país no es el mejor: analistas del sector privado El porcentaje de especialistas que consideran que “es un buen momento para invertir”, y la fracción de aquellos que “no están seguros sobre la coyuntura actual para realizar inversiones”, disminuyó en relación con el mes precedente
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Urge cambiar estrategia para combatir la inseguridad en la frontera sur
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ACCIONES
Nestora Salgado entrega a la Segob lista de 199 presos políticos que deben ser liberados PAG. 9
Comunidades serranas de Tapachula registran hasta 5 grados centígrados
HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES
DENUNCIA
Integrantes de la ONPP perseguidos en los últimos seis años
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Roberto Domínguez Cortés PAG. 15
PRESENTE Y FUTURO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MÉXICO
Guillermo J. R. Garduño Valero PAG. 14
LO HISTÓRICO
Fabrizio Mejía Madrid PAG. 13
DEBATES SIN HIPOCRESÍA Pablo Gómez
PAG. 12
RESPALDO ENVENENADO Jorge Carrasco Araizaga PAG. 3
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Sábado 15 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER
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EDITORIAL La legalidad en la construcción del Tren Maya
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a Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resoluciones sobre controversias derivadas por proyectos de desarrollo en los pueblos indígenas, en donde se ponen en riesgo los recursos naturales, el territorio y supervivencia de estos pueblos, situación que viene acompañada de múltiples violaciones a derechos humanos. La ausencia de consulta para la implementación de los proyectos de desarrollo no sólo implican violaciones a los acuerdos internacionales sino que fortalece prácticas de discriminación hacia este grupo de población, pues se les niega el derecho a la opinión y el de decidir el futuro, así como se afecta el derecho a la propiedad, sobre todo porque estos proyectos de desarrollo se suele imponer de manera violenta y vienen acompañados por la destrucción ambiental del territorio, desalojos forzados, migración, cambios culturales, sociales o políticos y termina alterando, y en algunos casos destruyendo la forma de vida de las pueblos. Por ello, el derecho internacional contempla la obligatoriedad
de la consulta, que debe buscar construir un consentimiento libre, previo, informado y de buena fe. Esto con el fin de evitar conflictos y resistencias a los proyectos y que el Estado ofrezca soluciones justas y acordadas, con pleno respeto a la legalidad y los derechos humanos. Desafortunadamente esto no ha sido entendido del todo, y se suele criminalizar a los defensores del territorio que se oponen a proyectos de desarrollo, que violan masivamente los derechos de los pueblos y son muchas experiencias en América Latina de asesinatos a los defensores de derechos humanos. Con regularidad se suele poner por encima los beneficios económicos de la población y el ideal del progreso de la sociedad, sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, negando con ello el derecho que tienen a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe a los proyectos de desarrollo. Esto implica el reconocimiento a distintas visiones que existen sobre el desarrollo, en el que una diferente a los intereses del capital, es la de colocar a los derechos humanos como el objetivo del desarrollo y
esto es lo que debiera de hacer el nuevo gobierno antes de convocar a colocar la primer piedra de inicio de la obra. En el derecho internacional existen instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración al Derecho al Desarrollo, los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que dan luces sobre la importancia del consentimiento libre, previo e informado cuando se trate de un proyecto de desarrollo sobre territorio indígena. Todo esto viene al caso porque el gobierno de López Obrador convoca al inicio de la construcción de la obra sin haber realizado la consulta previa a los pueblos indios y sin haber presentado los estudios de impacto ambiental, social y cultural que exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana, situación que puede generar un litigio innecesario generado por la tozudez del
presidente Al respecto, en resoluciones de la Corte Interamericana como la del caso Saramaka contra Surinam, ya se definió que los Estudios de Impacto Social y Ambiental deben estar concluidos previamente al otorgamiento de las concesiones. Esto con el fin de garantizar el derecho de los pueblos de estar informados sobre los riesgos sociales y ambientales que representan los proyectos de desarrollo y con ello garantizar el derecho de participación efectiva de estos pueblos no solo en el consentimiento sino en el otorgamiento de las concesiones. Los proyectos de desarrollo para le región sur- sureste del país, que está proponiendo el gobierno de la república seguramente contienen muchas bondades y pueden resultar positivos para el bienestar de la región, pero éstos deben realizarse en el marco de la ley, como así lo manifestó el día de ayer el presidente, de que nadie puede estar por encima del Estado de derecho. y lo deseable en la construcción del Tren Maya, es que se colocaran los derechos humanos como el objetivo prioritario de este proyecto de desarrollo.
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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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Denuncian intento de agresión contra párroco Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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ntegrantes del Movimiento Por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán Chiapas denunciaron un intento de agresión perpetrado por sicarios al servicio de la familia Carpio Mayorga en contra del Párroco; José Domínguez Domínguez, cuyos hechos se registraron aproximadamente a las doce de la noche de este trece de diciembre. En un comunicado difundido a diversos medios de comunicación, como a la opinión pública, indican que dos sujetos vestidos de negro con armas de fuego, subieron al techo y quitaron una lámina en el domicilio del párroco, cuya acción tiene por objeto intimidarlo por el apoyo que ha brindado de manera pública a este movimiento, quienes apenas el pasado 30 de Noviembre eligieron a sus autoridades Consejales. Refieren que los agresores una vez que fueron descubiertos fueron rodeados por integrantes de la Policía Comunitaria, pero se dieron a la fuga para ingresar a la casa de Isidro Chávez San Sebastián, donde los integrantes de este grupo armado ingresaron para refugiarse. “Este atentado se suma a las graves agresiones en contra de los integrantes del movimiento de Amatan, pretendiendo hacer efectivas las amenazas. Hacemos del conoci-
Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) en voz del profesor Noé Hernández Caballero denunció este viernes que en toda la administración de Peña Nieto y Velasco Coello fueron víctimas de represión y persecución. Prueba de ello son los 14 muertos integrantes de la organización por diferentes conflictos que la administración pasada nunca atendió. Indicó también que se dio una serie de detenciones arbitrarias durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, y que hasta el momento no se han resuelto. Acompañado de familiares de las personas detenidas aseguró que durante la protesta social han sido detenidos desde el 2013, Manuel de Jesús Vázquez Hernández, dirigente de la zona Altos lo asesinaron a quien también lo privaron de la vida. Señaló además que fueron víctimas de los ataques de la policía
Refieren que los agresores una vez que fueron descubiertos fueron rodeados por integrantes de la Policía Comunitaria, pero se dieron a la fuga para ingresar a la casa de Isidro Chávez San Sebastián, donde los integrantes de este grupo armado ingresaron para refugiarse
miento público, así como el hecho real de la operatividad de este grupo armado tolerado y permitido por el
gobierno del estado. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos a estar
pendientes de la integridad física y psicológica de los integrantes del movimiento”, finalizan.
Integrantes de la ONPP perseguidos en los últimos seis años donde sus compañeros fueron han sido golpeados, todo ello como un intento de desaparecer la organización. Otra muestra de la embestida contra la organización ha ocurrido cuando los propios jueces han dado revés a los amparos ya ganados de los detenidos. “Es una situación realmente lamentable, es todo el aparato que se encuentra en contra de la protesta popular, existen casos en que no se tienen acusaciones claras, o el arraigo que se extiende por varios años”, precisó. En este punto expuso que una restructuración del sistema judicial es necesario toda vez que la impartición de justicia está en manos de corruptos. “Ahora salen los jueces a pedir que no se les baje el sueldo, cuando
sirven al mejor postor, el presidente debe comprende en esta Cuarta
Transformación el cambio de estos jueces y magistrados”, expuso.
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Comunidades serranas de Tapachula registran hasta 5 grados centígrados Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
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omunidades asentadas en las faldas del Volcán Tacaná resienten temperaturas gélidas debido a la entrada de los frentes fríos, por lo que autoridades de Protección Civil emitieron medidas preventivas para evitar daños a la salud, principalmente en niños y adultos mayores, que son los sectores más vulnerables. El Director de Protección Civil en Tapachula, Andrés Pascual Luna Aceituno, dio a conocer que algunas comunidades serranas de este municipio resienten de manera considerable el descenso de la temperatura y es que en algunos lugares el termómetro a alcanzado los 5 grados centígrados. Dijo que comunidades como Pavencul, Chespal, Soledad, entre otras, son las que más han resentido este descenso temperatura durante esta temporada invernal, por lo que se ha recomendado a la población abrigarse bien por las noches o mañanas, sobre todo a los niños y adultos mayores. Detalló que se ha emitido medidas precautorias sobre los riesgos de usar anafres al interior de las viviendas, ya que en esta zona se utiliza con más frecuencia este artefacto y más ahora con el descenso de temperaturas, por eso ya existe la vigilancia para alertar a la población en caso de cualquier contingencia.
Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
Los estrenados gobiernos estatal y federal, deberán cambiar la estrategia para combatir la inseguridad, debido a que con la sola presencia de un nuevo gobierno, los actos delictivos no han disminuido, por lo que en los primeros 100 de gobierno deberán verse resultados que vislumbren un nuevo destino para el país, afirmó el Presidente de Voces Progresistas del Soconusco, Vicente Yanini. Mencionó que la sociedad reclama mayor certeza y eficiencia en el tema de seguridad, así como en de materia económica, por ello las políticas públicas de los nuevos gobiernos deben aplicarse bajo un esquema de visión, debido a que hay sectores que están olvidados históricamente como la agricultura, que por más producción que se tenga cada año, los campesinos no logran salir de la pobreza. Sostuvo que 100 días de gobierno son suficientes para generar esperanzas de que en Chiapas y México habrá un cambio en los principales temas que vulneran la paz social y la economía de la población, por lo
El Presidente del Consejo Regional del Palmicultores, José Luis Méndez Hernández, dio a conocer que las certificaciones que se busca lograr facilitarán a los productores de los municipios de la Costa - Soconusco cumplir con las normas de calidad, y generar productos limpios y amigables con el medio ambiente
Puntualizó que a las comunidades asentadas en las faldas del coloso se les ha brindado todo el apoyo necesario para que durante esta temporada no se presenten mayores complicaciones y es que ya se hizo entrega de colchonetas y cobertores a las familias serranas. Enfatizó que el descenso de las
temperaturas genera enfermedades en las vías respiratorias, por lo que se recomienda a la población abrigarse bien por las mañanas sobre todo y poner mucha mayor atención en los grupos vulnerables que son niños y adultos mayores. Mencionó que hasta el momento no hay reportes de personas intoxi-
cadas ni muchos menos que hayan perdido la vida por la inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, consideró necesario mantener presente entre la población las consecuencias, por eso se pretende en esta temporada invernal que no se registre algún incidente de esta naturaleza, por mínimo que sea. (iM rrc)
Urge cambiar estrategia para combatir la inseguridad en la frontera sur que se tiene que actuar a partir de la causa de los problemas, para generar soluciones que sean permanentes en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, explicó que al contar con un estado y municipio descompuesto por la inseguridad y la corrupción, también la sociedad civil debe participar para contribuir al cambio; puso como ejemplo al Comité de Consulta y Participación Ciudadana COCOPARCI, que no ha sido la voz de los ciudadanos en los últimos 13 años, sino que se ha convertido en un club de amigos que aplaude a los gobernantes y no los critica. Indicó que como sociedad se debe exigir que prevalezca el Estado de Derecho que tiene que ver con el respeto a la Constitución y las Leyes que de ella emanen, ya que de cumplirse el acatamiento a las normas, se tendría mayor tranquilidad del que hasta el momento ha prevalecido; pero también deben cambiar la
actitud de los policías, debido a que en ocasiones son cómplices de los delincuentes. Puntualizó que tanto Andrés Manuel López Obrador como Rutilio
Escandón tienen una tarea difícil si es que quieren la transformación; sin embargo la sociedad le ha manifestado un respaldo que se espera no sea traicionado. (iM rrc)
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Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
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os más de seis mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cumplieron un mes sin cobrar. Por su lado, los empleados administrativos realizaron un paro de brazos caídos para exigir el pago de sus salarios y demás prestaciones. Tradicionalmente los trabajadores universitarios reciben el pago de las dos catorcenas del mes en la primera quincena de diciembre, así como 90 días de aguinaldo, además de la prima vacacional, pero esto no ocurrió por la crisis financiera que atraviesa la institución académica. La UAEM padece un déficit que rebasa los mil 600 millones de pesos, de manera que no completa el pago de la nómina y demás prestaciones a trabajadores activos y jubilados, así como el pago a proveedores, impuestos y otros compromisos. Tal déficit tiene como origen que el Estado, en ninguno de sus niveles, asume el compromiso del pago de jubilaciones y pensiones, además de que hay algunas prestaciones en el contrato colectivo de trabajo que no son reconocidas por el gobierno federal. Este año, el déficit que enfrenta la UAEM trajo como consecuencia que en los meses de julio y agosto se retrasaran los pagos, hasta que al 20 de septiembre se debía más de un mes, por lo que el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) estalló una huelga que duró 35 días, pero no se resolvió el tema de fondo. De hecho, lo único que consiguieron fue la regularización de los pagos
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Trabajadores de la UAEM cumplen un mes sin cobrar su salario Tradicionalmente los trabajadores universitarios reciben el pago de las dos catorcenas del mes en la primera quincena de diciembre, así como 90 días de aguinaldo, además de la prima vacacional, pero esto no ocurrió por la crisis financiera que atraviesa la institución académica
pendientes y una promesa de parte del gobierno del estado de que acompañaría las gestiones ante la federación. No obstante, desde mediados de noviembre no les han vuelto a depositar pagos. Han pasado 32 días sin recibir su pago; desde hace cinco catorcenas no
les pagan de vales, y ya varios meses en los que los investigadores no reciben la gratificación de estímulo al desempeño. Según las autoridades universitarias, se necesitan más de 400 millones de pesos sólo para resolver los temas de nómina. Por su parte, los más de 43 mil
estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UAEM se preparan para su última semana de semestre regular, pues el calendario escolar se extendió una semana, hasta el próximo viernes 21, para compensar las suspensiones generadas por la huelga.
Renuncian titulares del TSJ y FGE en Tabasco Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)
El presidente del Tribunal de Justicia (TSJ) y el Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Javier Priego Solís y Fernando Valenzuela Pernas, respectivamente, presentaron sus renuncias al cargo. El periodo del magistrado Priego Solís concluía en diciembre de 2020 y su renuncia se hará efectiva el 1 de enero de 2019. En enero de 2016 fue reelecto para un periodo de cinco como presidente del TSJ, luego de ocupar el cargo tres años, de 2013 a 2015. El fiscal Valenzuela Pernas terminaba igualmente su periodo en diciembre, pero de 2021, sin embargo, dejará el cargo a partir de este sábado 15. En diciembre de 2014 fue designado Fiscal General por el Congreso para un periodo de nueve años, pero le descontaron dos por haber fungido como Procurador de Justicia de 2012
a 2013, por lo que sólo le faltaban siete años que concluían en 2021. En su informe y clausura del segundo periodo de labores 2018 del TSJ, Priego Solís dijo que no quería ser obstáculo para el nuevo gobierno que, a partir del 1 de enero de 2019, encabezará el morenista Adán Augusto López Hernández. “La vida se compone por ciclos y en estos momentos mi tiempo de conclusión en este espacio judicial ha llegado”, anunció. “Ahora estamos frente a nuevos horizontes, los cuales abren oportunidades a otros servidores y jamás sería yo un obstáculo en los nuevos proyectos trazados”, añadió. El fiscal Valenzuela Pernas, por su lado, dijo sentirse satisfecho porque durante su administración se echó andar “una institución nueva” con buenas prácticas y experiencias que habrán de valorarse por quienes asuman la FGE. Consideró que la etapa de cimentación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio concluyó en Tabasco y que el nuevo gobierno tiene todo el espacio para el crecimiento de esta institución. Este mismo día, el fiscal acudió a la Quinta Grijalva, casa de los gobernadores, para informar de su renuncia al mandatario Arturo Núñez y notificó al Congreso del Estado para que inicie el proceso de designación de su sucesor. Agradeció personalmente al go-
bernador Arturo Núñez la oportunidad que le brindó para colaborar durante casi seis años al servicio de Tabasco. Asimismo, destacó que existe relación cordial y de respeto con el gobernador electo, Adán Augusto López Hernández. Quedará como encargado de despacho de la FGE el vice fiscal de Delitos Comunes, Nicolás Bautista Ovando.
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López Obrador anticipa plan de universidades públicas Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)
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on una inversión inicial de mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el plan de construir 100 universidades públicas ya inició en zonas apartadas del país. El proyecto, promesa de campaña, ha sido polémico, principalmente porque los rectores de las universidades públicas, institutos de enseñanza y educación superior y los gobernadores de los estados, han reclamado deficiencias y restricciones presupuestales que complican su operación. La semana pasada, López Obrador aclaró a los gobernadores que su proyecto de educación superior, además de las 100 nuevas instituciones, incluye aumento de recursos a las universidades existentes. “Las cien universidades se están ya iniciando en las regiones más apartadas del país, van a tener todas las disciplinas y carreras acor-
El proyecto, promesa de campaña, ha sido polémico, principalmente porque los rectores de las universidades públicas, institutos de enseñanza y educación superior y los gobernadores de los estados, han reclamado deficiencias y restricciones presupuestales que complican su operación
des con la vocación de las regiones y tienen un presupuesto conside-
rado de mil millones de pesos”, dijo el mandatario en su conferencia de
prensa matutina. Los reclamos sumaron esta semana la ausencia del concepto de autonomía en la iniciativa de Reforma Educativa que López Obrador firmó y envió al congreso el pasado martes, aún cuando un día después, el mismo aclaró que corregirán la redacción a fin de dejar a salvo la autonomía universitaria en el rango constitucional. Dicha iniciativa contempla la ampliación de la obligatoriedad de la educación a todos los niveles educativos, una propuesta que se relaciona con el plan de las 100 nuevas universidades. El próximo martes, adelantó el mandatario, acudirá a presentar el plan en lo que fue la normal rural de El Mexe, en el estado de Hidalgo.
Ni ineficacia ni corrupción, si queremos un verdadero cambio: Carlos Martínez, nuevo director del Infonavit Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
Carlos Martínez Velázquez, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), asumió la dirección general del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en sustitución de David Penchyna Grub, quien encabezó el organismo desde 2015, bajo el mando de Enrique Peña Nieto. En el marco de la 117 Asamblea General del Infonavit, el también exasesor del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y exjefe de la oficina del procurador federal del Consumidor (Profeco) planteó un plan de acción inmediato en cuatro áreas. En primer lugar, adelantó que habrá una reducción de costos operativos del Instituto en su actividad sustancial, ya que en términos unitarios se ha duplicado el costo al otorgar cada crédito sin que haya una razón económica o contable, señaló Martínez Velázquez. “En el mejor de los casos, esto responde a ineficacias, en el peor a corrupción. Si queremos un verdadero
cambio no podemos solapar ninguna de las dos. Recordemos que el dinero del Infonavit no le pertenece ni a sus directores, ni al gobierno, es patrimonio exclusivo de las y los trabajadores de México”, recalcó. En segundo término, dejó claro que trabajará en la disminución de la cartera vencida que también ha crecido, y para esto –subrayó– “debemos de entender y prever las condiciones que llevan a la incapacidad de pago a nuestros trabajadores”. Y añadió: “Debemos de acercarnos a este problema desde un enfoque humano en vez de atender de forma punitiva. Muchos casos de incumplimiento se originan con la autorización de créditos para viviendas totalmente inútil; es decir, vivienda que no cuenta con los servicios públicos suficientes para una vida adecuada, que está lejos de los centros de trabajo o del grupo de capital social de las y los trabajadores”. En su turno, Penchyna aseguró que entrega un Infonavit con una cartera hipotecaria sana, “porque no existe mejor remedio para reducir la cartera vencida que un crédito en pesos a tasa fija, un crédito pagable y con total certidumbre para el acreditado”.
La cartera, dijo, ha tenido un comportamiento estable y tiene signos ciertos de tendencias a la baja. De hecho, al cierre del 2018 las reservas ascenderán a más de 230 mil millones de pesos, lo cual cubre el 200% de la cartera vencida del Instituto, detalló. “En este sentido, hemos fortalecido como nunca antes los esquemas de mediación, cobranza social y de manera particular el Fondo de Protección de Pagos, para cumplir con lo que nos ha demandado de forma justificada el sector obrero”, abundó Penchyna Luego, el nuevo director del Infonavit mencionó que, como tercer pun-
to en su plan de acción, supervisará un gasto responsable: “No me cansaré de decir que es su dinero, no se puede gastar en inversiones irresponsables o en el peor de los casos fraudulentas. Los intereses económicos particulares no pueden ser una directriz de gasto, es de hecho una traición a los trabajadores y a la confianza que les pedimos que nos tengan”. Finalmente, Martínez Velázquez propuso una estrategia de acercamiento con las y los trabajadores del país, porque “tiene que ser muy claro que ellos son los dueños de este fondo y que tienen derechos y obligaciones sobre él”.
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Exlíderes sindicales detectan contrato multimillonario entre la Ucol y el ISSSTE similar a la Estafa maestra Pedro Zamora Briseño Colima, Col. (apro)
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unque la Universidad de Colima (Ucol) no fue mencionada entre las instituciones educativas implicadas en la investigación de la llamada “Estafa maestra”, también firmó un contrato multimillonario con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el que, según exdirigentes sindicales, se detectó un “modus operandi” similar. Y a pesar de que desde hace más de un año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó estas anomalías, hasta ahora el ISSSTE y la institución académica no han ofrecido una explicación pública sobre este negocio. Mediante el contrato AD-CS-DASRMS-305/2014, adjudicado de manera directa y con vigencia del 24 de noviembre de 2014 al 23 de noviembre de 2017, la Ucol se comprometió a proporcionar al ISSSTE el “servicio de administración, desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones (ADMA) con la Unidad de Mantenimiento y Desarrollo de Software”, con un presupuesto máximo de 555 millones 753 mil 774 pesos y mínimo de 130 millones 945 mil 581 pesos. Sin embargo, en su informe de revisión del ejercicio fiscal 2014, dado a conocer el año pasado, la ASF exhibió que la universidad firmó el contrato sin cumplir con el perfil necesario para ofrecer el servicio, pues las evidencias mostradas fueron consideradas insuficientes para acreditar que sus actividades y objetivo social le permitían desarrollar el proyecto. El organismo fiscalizador también descubrió inconsistencias y pagos injustificados al proveedor (la Ucol), así como algunas limitaciones de este último para garantizar los trabajos, pues en materia de certificación de tecnologías sólo se acreditaron las habilidades de 20% de los recursos humanos, y en el caso de las “Certificaciones de PMP” (Director de Proyectos), sólo 5% del personal contaba con ella. Tras la revisión, la ASF determinó que se incumplieron las condiciones contractuales estipuladas y hasta ese momento se generaron pagos injustificados por 766.1 miles de pesos, sobre los cuales se informó a la instancia de control competente mediante el oficio número DGATIC-366/2015 del 2 de diciembre de 2015. De igual manera, el organismo dio a conocer que pidió al Órgano Interno de Control del ISSSTE investigar y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acredi-
taron las actividades comerciales y profesionales, ni el objetivo social del proveedor para prestar los servicios, además de que no verificaron que los entregables identificados en las actas de entrega-recepción fueran recibidos. No obstante, hasta la fecha se ignora el estado que guardan las investigaciones al interior del ISSSTE, mientras que la institución educativa ha mantenido este asunto prácticamente en secreto. Leonardo César Gutiérrez Chávez, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), considera que “falta mucho por dilucidar en este caso, que encuadra de manera muy clara en la ‘Estafa maestra’, pues sin tener la capacidad ni el perfil adecuado, la casa de estudios se prestó a suscribir ese convenio, para el que seguramente tuvo que subcontratar empresas privadas que podrían ser fantasmas, y ahí es donde está el negocio, tendría que aclararse a dónde fue a parar el dinero”. El hecho de que la universidad colimense no haya sido mencionada entre las implicadas en la investigación periodística es porque, como lo dijeron muy claro los autores, no hubo el tiempo ni los recursos suficientes para revisar todos los casos, comenta el exdirigente sindical. En los informes financieros de la Ucol correspondientes a los años de vigencia del contrato con el ISSSTE no se especifican con claridad los recursos económicos provenientes de éste, pero Gutiérrez Chávez presume que se les dio entrada a través de la partida de ingresos propios y salieron mediante el rubro de servicios generales. Los documentos obtenidos por Leonardo Gutiérrez en instancias federales mediante solicitudes vía ley de transparencia revelan que en 2014 la institución reportó ingresos propios por 370 millones de pesos, un año después la cifra se elevó sin mayores explicaciones a 887 millones y en 2016 el monto fue de 563 millones. En lo que se refiere al apartado de servicios generales, en 2014 la universidad pagó 409 millones de pesos, cantidad que en 2015 creció a más del doble: 954 millones, y un año después fue de 805 millones. Para Leonardo Gutiérrez resulta curioso que en los años 2015 y 2016
los gastos de la Ucol por servicios generales igualaron o hasta rebasaron los montos totales del salario base de los 4 mil 500 trabajadores: “No hay transparencia, ahí hay algo muy turbio, es mucho dinero y no fueron compras, sino servicios técnicos y profesionales; no se sabe a quién o a qué empresas les pagaron ese dinero, aunque se supondría que una universidad tiene el personal técnico y el personal profesional para hacer este tipo de trabajo”. Por su parte, José Miguel Rodríguez Reyes, dirigente fundador del Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), considera que existen inconsistencias muy notorias en las partidas de ingresos propios y servicios generales de un año a otro. “Para empezar —reflexiona— habría que ver qué servicios puede ofrecer una universidad que valgan tantos millones, ojalá fueran servicios legítimos, pero como no se sabe quiere decir que es algo que es importante aclarar. El dinero salió como entró, no se aprecia que haya existido un beneficio a la universidad; parece que la institución hubiera sido un agente pagador de un tercero, como hacen las compañías de outsourcing, parece que la universidad sólo prestó su nombre; es una suposición, porque no sabemos realmente qué pasó”. Al respecto, Leonardo Gutiérrez señala que ha sido muy evidente la opacidad y la falta de información en torno al contrato entre el ISSSTE y la Ucol, por lo que insiste en que la universidad debe rendir cuentas por este asunto que ni siquiera fue sometido a la discusión y aprobación del Consejo Universitario, pues el papel de la institución académica no es dar ese tipo de servicios, sino enfocarse al desarrollo de la docencia, la buena enseñanza, la buena investigación y la buena extensión y difusión de la cultura. Refiere, sin embargo, que después del escándalo generado por la revelación de la “Estafa maestra”, que involucró a dependencias federales y a una decena de universidades del país, “tal parece que la orden fue parar todo, tan es así que corrieron a la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosh, funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación que traía este tema, porque efectivamente estaba yendo a fondo
sobre este caso, y a nosotros nos queda muy claro que hay complicidades de las autoridades con los directivos universitarios y eso es grave”. Leonardo Gutiérrez y José Miguel Rodríguez forman parte de un grupo de académicos despedidos de la Universidad de Colima en los últimos años, después de haber participado en un movimiento, que incluyó una huelga de hambre, mediante el que exigían transparencia en el manejo del fondo de pensiones de la institución educativa. Además de ellos, las autoridades universitarias rescindieron los contratos a los profesores Pedro Vidrio Pulido, Teresa Hernández Ortiz, Hugo Marcelino Coronado Carreón, Yanalum Cerda Guzmán, Héctor Jesús Lara Chávez y Sergio Humberto Elenes Cepeda. Gutiérrez Chávez advierte que después de siete años de que se inició el movimiento por la transparencia del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap), el uso de los recursos continúa en la opacidad, de manera unilateral por parte de las autoridades universitarias, sin cumplir el reglamento ni tomar en cuenta al sindicato. Añade que a pesar de que en los informes financieros consta que en los últimos años el pago de la nómina de pensionados y jubilados proviene de recursos federales o estatales, no hay evidencias de que se deposite en las cuentas del Fosap el 5% que se descuenta del sueldo de los trabajadores activos ni la aportación del 10% a la que están obligadas las autoridades universitarias. Gutiérrez Chávez indica que de acuerdo con información obtenida de la ASF, en ningún momento se ha realizado alguna auditoría al Fosap, además de que al solicitarles información vía transparencia, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria manifestaron que la Ucol no tiene registrado el fideicomiso del fondo de pensiones. Dice que los informes financieros de la Ucol obtenidos en diversas instancias federales “nos ha permitido tener información que sustenta lo que hemos denunciado: la Universidad de Colima desvía los recursos del Fosap”. Según el exdirigente sindical, en los últimos años, en lugar de aumentar los recursos del fondo de pensiones, éstos se han reducido considerablemente, a pesar de los subsidios gubernamentales recibidos por la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados. Pone como ejemplo que en 2014 el saldo del Fosap era de 777 millones de pesos, pero en 2016, en lugar de incrementarse por las aportaciones de los trabajadores y la universidad, disminuyó a 597 millones.
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López Obrador y gobernadores del sur-sureste firman convenio para federalizar salud Rosa Santana Mérida, Yuc. (apro)
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l presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con los gobernadores de los ocho estados del sursureste del país el “Acuerdo para Garantizar el Derecho de Acceso a los Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos de la Población sin Seguridad Social”, con lo que dio el primer paso para federalizar ese sector que, dijo, “está peor que el educativo”. El mandatario lanzó así la primera fase del programa para instituir el nuevo “sistema nacional de salud para el bienestar de los mexicanos”, pues si bien ese derecho está consagrado en la Constitución, en los hechos ha sido “letra muerta”. De acuerdo con el Ejecutivo federal, el plan arrancó en los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque es “la región más abandonada del país que vive y padece la paradoja de ser la que tiene más recursos naturales y más riquezas, pero al mismo tiempo es la región con más pobreza en México”. López Obrador explicó que el documento firmado con los gobernadores Mauricio Vila (Yucatán), Héctor Astudillo (Guerrero), Alejandro Murat (Oaxaca), Rutilio Escandón (Chiapas), Cuitláhuac García (Veracruz), Alejandro Moreno (Campeche), Carlos Joaquín (Quintana Roo), y Arturo Núñez y su próximo sucesor, Augusto López, de Tabasco, “es un acuerdo general”. “Es la intención de trabajar juntos y de ponernos de acuerdo para sumar
De la redacción Ciudad de México (apro)
Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición del Seguro Popular, las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa hicieron un llamado para que se atiendan las denuncias por irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las organizaciones recordaron que la ASF detectó irregularidades por 88 mil 405 millones de pesos en el Seguro Popular y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 y 2016. Jacqueline Peschard Mariscal, Luis Pérez de Acha y Federico Reyes
El mandatario lanzó así la primera fase del programa para instituir el nuevo “sistema nacional de salud para el bienestar de los mexicanos”, pues si bien ese derecho está consagrado en la Constitución, en los hechos ha sido “letra muerta”
recursos, voluntades y acuerdos, y ya luego, pronto, muy pronto, llegar a los detalles de cómo sería la integración”. De igual manera, expresó que podrían reformarse la Constitución y las leyes para federalizar el sistema de salud, pero “eso es hacer las cosas a la fuerza y no queremos hacerlo de esa forma; afortunadamente los gobernadores son muy sensibles y hay el acuerdo de que se unifique todo el sistema de salud. Si logramos esto, va a ser extraordinario”. Según el presidente, para este programa se dispondrá de 90 mil millones de pesos provenientes del fondo de salud, adicionales a los 25 mil millones que tendrán presupuestados la federación y los estados, y se utilizarán para mejorar sustancialmente la calidad de los servicios y para que el “plan dé resultados y
garantice atención médica y medicamentos gratuitos”. Manifestó que es tan grave y complejo el problema en el sector salud, que la estrategia para revertirlo se echará a andar por partes. “Vamos a iniciar con ocho estados, a los seis meses otros ocho estados, y en dos años debemos tener establecido, afianzado, funcionado bien, el nuevo sistema de salud para el bienestar de los mexicanos”, expuso. Prosiguió: “Es una demanda, una necesidad sentida, que se mejore el sistema de salud pública; se le dio atención por cuestiones políticas al problema educativo y se olvidó el problema de desatención en materia de salud. Todo se orientó al debate en lo educativo, y podría decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo”. Luego de precisar que para garan-
tizar el derecho a la salud se eliminará el cuadro básico de medicamentos, destacó que México retrocedió en esa materia, “por eso queremos avanzar en ese viaje, hacia esa utopía, algo que se sitúa distante, pero es lo que nos hace caminar hacia un ideal, un propósito, para convertir nuestros sueños en realidad”. Y lanzó: “Queremos un sistema de salud de calidad, que la atención médica mejore, que los medicamentos sean gratuitos, que se garantice el derecho a la salud”. Comentó que actualmente más de la mitad de los mexicanos carecen de seguridad social, por ello se dará prioridad en esta etapa a ese sector de la población. “Queremos que se convierta en realidad el derecho a la salud, tener un sistema de salud como en Dinamarca, como en los países nórdicos, como en Canadá, donde está establecido el derecho a la salud con medicamentos gratuitos para todos los habitantes”, insistió. La tarea no será fácil, porque para que el plan funcione también se necesitará contar con el apoyo de los trabajadores del sector salud, expresó, y en ese sentido –dijo– debe regularizarse a 80 mil empleados que tienen muchos años trabajando por contrato y honorarios, de manera que “tenemos que basificar y homologar prestaciones”.
Ante desaparición del Seguro Popular, piden investigar desvíos por 88 mil 405 mdp Heroles presentaron, a nombre de las organizaciones, un total de 64 denuncias en contra de funcionarios y exfuncionarios de las 32 entidades federativas ante la Procuraduría General de la República (PGR). “Independientemente del destino del Seguro Popular, se debe continuar con las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes”, escribieron las organizaciones en un comunicado. “El mal uso de los recursos públicos en el sector salud es especialmente grave, pues representa una violación directa al derecho a
la salud” y “la falta de sanción a los funcionarios responsables por las irregularidades detectadas permite
que se sigan cometiendo estos abusos”, escribieron Impunidad Cero y Justicia Justa en un comunicado.
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El entorno económico del país no es el mejor: analistas del sector privado De la redacción Ciudad de México (apro)
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os primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejaron un aire de pesimismo entre los analistas del sector privado que fueron consultados por el Banco de México (Banxico). De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, aplicada por el banco central entre 32 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, el entorno económico del país no es el mejor. Así, la proporción de analistas que piensan que la economía “no está mejor que hace un año”, aumentó y es la predominante, de la misma forma que el mes previo. El porcentaje de especialistas que consideran que “es un buen momento para invertir”, y la fracción de aquellos que “no están seguros sobre la coyuntura actual para realizar inversiones”, disminuyó en relación con el mes precedente. Por el contrario, la proporción de analistas que opinan que “es un mal momento para invertir”, aumentó respecto a noviembre y continúa siendo la preponderante. Pero hubo matices en la encuesta. Por ejemplo, las fracciones de analistas que consideran que el clima de negocios “mejorará o permanecerá
Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)
La senadora Nestora Salgado entregó hoy a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, una lista de quienes considera presos políticos y que por lo tanto deben ser liberados inmediatamente.
En conferencia de prensa, dijo Salgado: “Sabemos que va a haber indulto, amnistía. Todos (los presos políticos), la mayoría, viven de una lucha, se opusieron a seguir talando bosques, son maestros, son activistas”. Recalcó que fueron detenidos simplemente por su “forma de pensar”, por lo que son “presos de conciencia” que merecen libertad. Mencionó que entre estos presos hay indígenas y comuneros que “se
De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, aplicada por el banco central entre 32 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, el entorno económico del país no es el mejor
igual”, aumentaron en relación con la encuesta de noviembre. Por su parte, el porcentaje de especialistas que opinan que el clima de negocios “empeorará”, disminuyó en relación con el mes anterior, si bien continúa siendo el preponderante. Para los analistas del sector privado, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico del país se asocian con la gobernanza (52%) y las condiciones económicas internas (18%).
A nivel particular, los principales factores son, en orden de importancia: la incertidumbre política interna (23% de las respuestas), problemas de inseguridad pública (11%), ausencia de estado de Derecho (11%), incertidumbre sobre la situación económica interna (10%) y la plataforma de producción petrolera (7% de las respuestas). En términos de indicadores macroeconómicos, los especialistas anticiparon un crecimiento econó-
mico de 2.14% para el presente año, mientras que para 2019 pronosticaron un Producto Interno Bruto (PIB) de 1.89%, cifra menor a la encuesta de noviembre, que fue de 1.97%. Por otra parte, la previsión de inflación para el presente año pasó de 4.58% a 4.67%; el tipo de cambio aumentó de 20.22 pesos por dólar a 20.33; mientras que el pronóstico de las tasas de interés incrementó de 8.09% a 8.16%.
Nestora Salgado entrega a la Segob lista de 199 presos políticos que deben ser liberados vuelven activistas en contra de un sistema que les ha fallado”. Y como los primeros presos políticos que deben ser excarcelados, entre el próximo 24 y 31 de diciembre, mencionó a Marco Antonio Suástegui, Domingo González Martínez, Sara Altamirano, Enrique Guerrero Aviña y Leonel Manzano Sosa. Indicó que se han identificado 199 presos –180 hombres y 19 mujeres–, en 18 estados del país, principalmente en Guerreo, Oaxaca y el Estado de México. Salgado se reunió esta mañana con el titular de esa subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con el fin de revisar los casos más emblemáticos de este tipo de detenidos.
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Gobierno de Murat afirma que hay 59 probables feminicidas bajo proceso y 31 fueron sentenciados Pedro Matías Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias/Pagina3.mx)
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n los dos primeros años del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se han integrado 79 Carpetas de Investigación por feminicidio y 143 por homicidio doloso (asesinato de mujeres), afirmó el vocero del gobierno del estado, Alfonso Martínez Córdova, contrario a lo que afirman organizaciones civiles. Y agregó que mientras que en 2016 (en el gobierno aliancista de Gabino Cué Monteagudo) se resolvían 10 por ciento de los casos de feminicidio, en este año (2018) más del 60 por ciento están judicializados, ya que se tienen procesados a 59 probables homicidas o feminicidas. Hizo hincapié que en estos dos primeros años del gobierno priista se han logrado 31 sentencias condenatorias, de las cuales 12 son por feminicidio y 19 por homicidio doloso contra mujeres. Detalló que las sentencias van desde los dos años hasta los 210 años de cárcel, sin embargo, el promedio de los oscila entre los 30 y 40 años. Luego que la organización civil “Consorcio para el Diálogo Parlamen-
Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
Mujeres sindicalistas y militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) manifestaron su apoyo a la secretaria de Mujeres del partido, Carol Arriaga García, para que sea designada como titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). En conferencia de prensa las mujeres manifestaron su apoyo a la abogada, quien ha destacado por ser secretaria en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y por ayudar a elaborar el “Femsplaining”, un documento de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador donde se expusieron las problemáticas de las mexicanas. La abogada fue respaldada por la consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María Ampudia González y la empresaria Adriana Sánchez Scott, entre otras, quienes destacaron su sensibilidad, honestidad y su militancia morenista, que calificaron de una ventaja frente a las otras contendientes. Arriaga García es abogada por la Universidad La Salle, especialista en Derecho Internacional Público y maestra en Derecho por la UNAM.
Hizo hincapié que en estos dos primeros años del gobierno priista se han logrado 31 sentencias condenatorias, de las cuales 12 son por feminicidio y 19 por homicidio doloso contra mujeres
tario” cuestionó al gobierno priista de Alejandro Murat por los 239 casos de feminicidio registrados en sus dos primeros años, de los cuales 28 se cometieron después de que el gobierno federal declaró la Alerta de Violencia de Género en 40 municipios de la entidad, el vocero gubernamental precisó que “en 2018 hay 23 carpetas de investigación por feminicidio menos que las iniciadas en 2017”. Respecto a la crítica que realizaron a la presente administración por el “desbarajuste” que hay en la Fiscalía
General de Oaxaca por las malas decisiones en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género donde han desfilado, en menos de dos años, Rosario Villalobos Rueda, Edna Liliana Sánchez Cortés y la actual María del Carmen Chiñas Salinas, no opinó. De igual forma pasó con el desfile de servidoras públicas en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña donde Miriam Liborio Hernández, Mariuma Vadillo Bravo y la actual titular Ana Vásquez Colmenares se han carac-
terizado por su desconocimiento en el tema, su omisión o pago de cuotas políticas. Martínez Córdova hizo llegar estas cifras de la Fiscalía General de Oaxaca para desmentir las cifras de organizaciones civiles, mencionó que en 2017 y 2018 fueron sentenciados 40 casos. Según los legajos de investigación 93(FZIM) 2017, en valles centrales el feminicida fue sentenciado a 53 años y 4 meses de cárcel; en el Istmo según la causa penal 258/2016 se le sentenció a 88 años; mientras que en el expediente 146/2016 al homicida le dieron 210 años de cárcel y el de legajo 185/FZAA/2016 por feminicidio agravado al que le dieron 106 años y ocho meses de presión. Hay dos casos, uno de un parricida que le dieron dos años y seis meses de internamiento según la causa penal 0072/2017 por ser menor de edad concluyó la Fiscalía en Justicia para Adolescentes y a otro menor por feminicidio le dieron un internamiento de 5 años, amonestación y el pago de reparación del daño.
Secretaria de Comité Ejecutivo Nacional de Morena aspira a dirigir el Inmujeres En el proceso para dirigir el Inmujeres también participan la psicóloga y doctora Candelaria Ochoa, la ex delegada de Tlalpan Maricela Contreras, la economista Magdalena García Hernández, la feminista oaxaqueña Anabel López Sánchez así como la médica y representante de ONU Mujeres en Brasil, Nadine Gasman Zylbermann. Cuestionada sobre el proceso de designación en el que participan mujeres de amplia trayectoria, Arriaga García destacó que ha sido un proceso transparente porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue designada por López Obrador para coordinar la transición en el Inmujeres, ha sido abierta y ha escuchado a todas las aspirantes. Expuso que Sánchez Cordero entrevistó a las candidatas y les ha dado igualdad en oportunidad de condiciones; también explicó que ante la carga de trabajo la ministra en retiro delegó parte de la coordinación del proceso en la senadora Martha Lucía Mícher Camarena.
Para la militante de Morena el problema es que la Ley del Inmujeres no tiene un proceso estructurado para nombrar a la titular de la institución encargada de transversalizar la igualdad de género en toda la administración pública federal y en todo el país, por ello declaró que no se trata de falta de transparencia sino de detallar y delimitar procesos para que éstos se realicen de cara a la ciudadanía. Carol Arriaga aseguró además que en caso de no ser electa para integrar la terna que la Junta de Gobierno del Inmujeres enviará al Presidente para que elija a la próxima presidenta de la institución, aún tiene un año más
para trabajar al frente de la Secretaría de las Mujeres de Morena, lugar desde donde impulsará la erradicación del feminicidio, el embarazo adolescente y la autodeterminación económica de las mujeres. Es de recordar que el 4 de diciembre algunas candidatas difundieron una carta donde exhortaron transparentar el proceso de selección por lo que este miércoles 12 de diciembre las integrantes del Consejo Consultivo y Social de la institución llamaron a la Junta de Gobierno del Inmujeres a considerar una ruta clara para elegir la terna, proceso que se realizará este 14 de diciembre.
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RESPALDO ENVENENADO Jorge Carrasco Araizaga
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etrás del apoyo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, está la cómoda posición de desentenderse de su obligación de dar seguridad a sus gobernados. Los afanes centralistas del presidente les vinieron estupendos a los gobernadores, porque de esa manera le dan la vuelta a uno de los principales problemas que tienen encima. No es la primera vez que ocurre. Con su declaratoria de guerra al narco, el entonces presidente Felipe Calderón se quiso consagrar como el jefe de Estado “valiente” que por fin combatía de frente a esa expresión de la delincuencia organizada. Tal era el discurso oficial. Su sucesor, Enrique Peña, dejó de lado la retórica de guerra, pero mantuvo la estrategia. Cada uno pretendió resolver desde el centro el problema. Con la Secretaría de Seguridad Pública al mando de García Luna y de la Comisión Nacional de Seguridad con distintos titulares en cada uno de los gobiernos. Además de quitarle la
responsabilidad a los gobernadores, ambos gobiernos les dieron millones de pesos a través de distintos subsidios de fondos federales de seguridad pública para equipar a sus policías, comprar patrullas, armas y equipos. Lo que los gobiernos estatales hicieron con ese dinero no se sabe, a la luz de las condiciones de inseguridad en todo el país y la ausencia de cuerpos policiales civiles profesionalizados. Ante el fracaso de los gobiernos de Calderón y Peña, con un alto costo humano y económico, López Obrador se la pasó durante años criticando la estrategia. Razón no le faltaba. Su propuesta de no apagar el fuego con el fuego tuvo respaldo porque suponía un nuevo paradigma. Para sorpresa de todos, el nuevo presidente no sólo mantiene la estrategia, sino que la profundizó. Calderón, ni en sus más preciadas ambiciones, se atrevió a reformar la Constitución para darle a los militares, de plano, todas las tareas de seguridad, incluida la que corresponde a los policías, que tiene que ver con los delitos comunes. La Guardia Nacional de López Obrador no supone ningún cambio. Sólo que ahora los gobernadores
quedan a salvo completamente de las tareas de seguridad. Por eso es que expresaron su respaldo “sin regateos”. Claro, porque cualquier fracaso se le atribuirá directamente al gobierno de López Obrador y a su Guardia Nacional que, a pesar de no haber sido aprobada constitucionalmente, ya está desplegada en 11 regiones del país. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no dijo cuáles, pero es fácil pensar en las 12 regiones en las que el Ejército tiene dividido al país. Antes de ser una realidad legal, La Guardia Nacional deberá pasar por las impugnaciones que acabarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que pase en el máximo tribunal tampoco se sabe, no sólo porque no sabemos cómo va a terminar el actual conflicto por la polémica Ley de Remuneraciones, sino porque cuando desecharon la Ley de Seguridad Interior, los ministros establecieron que los militares no deben cumplir funciones de seguridad pública. El titular del Ejecutivo piensa lo contrario y su mayoría en el Legislativo lo respalda, lo que podría derivar en otro conflicto entre poderes.
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DEBATES SIN HIPOCRESÍA Pablo Gómez
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e critica a Andrés Manuel López Obrador de participar directamente en debates políticos ventilados en medios y redes. El principal argumento es que el presidente de la República tiene tanto poder que resulta ventajosa su intervención en las confrontaciones políticas. Algunos agregan que cualquier debate en el que tome parte viene a ser un uso de recursos públicos a favor o en contra de uno o varios partidos. El Poder Ejecutivo siempre ha participado en todo debate público e, incluso, privado, que tenga que ver con la lucha política. Los presidentes fueron mucho más lejos que eso, al mandar callar a políticos y periodistas. Eso ocurría hasta hace muy poco. La parafernalia del poder y el ropaje del poderoso llevaban a ubicar al jefe de gobierno como un político diferente porque era más o menos intocable y estaba por encima de las pugnas. Sin embargo, el mandatario siempre se hacía sentir, aunque muchas veces de manera indirecta, a través de toda clase de intermediaciones, cuando se trataba del debate o la defenestración de
adversarios o críticos. Ese no parece ser el estilo de López Obrador porque la política ha empezado a cambiar en el país. Hay una nueva fuerza gobernante cuyo líder no requiere de subterfugios ni intermediarios sino del lenguaje franco. En otras palabras, esa clase de liderazgo que ejerce López Obrador requiere medios directos. El ahora presidente tiene la misma situación dentro de su partido. Las controversias en Morena tienen con frecuencia la participación de Andrés Manuel en la misma forma en que se produce el debate con partidos, medios de comunicación y críticos de diversas inclinaciones ideológicas. En el México de estos días la opinión crítica es mucho mayor que nunca antes. El ensanchado marco de libertad de comunicación de ideas es producto de una muy larga lucha contra los poderes que tenían la censura y la supresión como instrumento de prevalencia. Además, las nuevas redes han traído libertad a millones de personas que ahora pueden comunicar sin ser dueños o trabajadores de los medios formales.
Al mismo tiempo, el presidente de la República es y seguirá siendo uno de los principales objetivos de la crítica. A éste le corresponde, en consecuencia, la misma libertad de replicar, alegar, argumentar, responder, criticar. Los tiempos no son los de la vieja hipocresía de los poderosos quienes movían a otros, hablaban mediante picos ajenos, daban órdenes encubiertas. Si se quiere vivir en democracia, trascender el formalismo en todos los sentidos, profundizar en los temas, informar en la libertad y criticar sin miedo, tenemos que admitir que podemos discutir entre nosotros y que el presidente es uno más en este terreno. En reciente reunión entre Andrés Manuel y la mayoría parlamentaria de ambas cámaras, aquél repitió que no tiene halcones ni palomas mensajeras, que nadie habla por él y que cuando tenga desacuerdo lo dirá, tal como lo hacen los mismos legisladores y legisladoras. Si ha llegado un nuevo momento de debates políticos, de seguro habrá de ser mejor que los tiempos de la hipocresía.
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LO HISTÓRICO
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Qué significa lo histórico cuando se habla del ascenso al poder de la izquierda mexicana el sábado 1 de diciembre? De entrada, no podemos asumir la idea de nuestros historiadores positivistas que siguen pensando, como en tiempos de Porfirio Díaz, que el pasado es un hecho objetivo y no un hecho de la memoria. La historia priista es la que apela a las secuencias de causas y efectos, paternidades, influencias como si el pasado fuera un punto fijo al que se investiga para detallarlo y, así, decir que se le conoce. La historia no es un punto fijo; tampoco un relato de causas y efectos. Este tipo de historia ha sido utilizado por el poder en México como una forma de dominación: del hijo de conquistados y conquistadores nace, tarde o temprano, el priista. Hay una adherencia que nos sofoca: todos llevamos un priista adentro. Eso, nos han dicho, es lo verdadero. Pero sabemos que los hechos del pasado no son cosas inertes para aislar y, luego, recogerlos en un relato causal. Lo que nos presentan los positivistas que hacen la historia de México en la televisión es un pasado inmóvil que es la suma de hechos que llenan un tiempo vacío, ya dado para siempre, incuestionable. Los términos a debate son, del lado de los victoriosos, la Cuarta Transformación que se asimila a las otras: Independencia, Reforma y Revolución. Se le otorga la historicidad de una nueva separación como las demás: de la Corona española, de la Iglesia Católica, de la Dictadura. Esta vez es entre el Estado y las corporaciones empresariales. Del lado de los derrotados, lo histórico parece otra repetición: la reinstauración del Partido Único, ya no como el PRI –desde la Presidencia y absorbiendo a los sindicatos obreros y agrícolas–, sino desde la imprevisible votación masiva. Poco probable, la reinstauración de un poder unívoco se confunde con la conformación de una mayoría por obra del sufragio de 30 millones de ciudadanos. Roland Barthes llamó a esto “la retórica del tiempo explorado”. ¿Cómo no reducir el momento actual a una simple “semejanza” banal con el pasado priista o idealizarlo como un momento de absoluto puro? Walter Benjamin quiso resolver el dilema de cómo leer un acontecimiento como una supervivencia que de pronto nos asalta. Escribió, por ejemplo, de la supervivencia del infierno en las bocas del Metro, de los desfiles y las protestas en las calles como parte de los rituales de paso, de las cajeras de los supermercados como oráculos:
Fabrizio Mejía Madrid
“Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como ‘realmente ha sido’. Significa, más bien, adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un momento de peligro. El historicismo se contenta con establecer el nexo causal entre los diversos momentos de la historia. Pero ningún hecho es histórico por ser causa”. Como narración desde el presente que se interroga con el pasado y lo historiza como su memoria narrada, esa manera de montar los hechos es lo que Benjamin llama “la esperanza del pasado”. En efecto, el horizonte no está en el futuro sino en los pasados todavía no narrados, engarzados en una trama nueva. En la disputa por lo histórico del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el recuerdo y la memoria que lo sostiene no es un resultado definitivo sino un debate: es justo lo que recordamos del sueño al instante de despertar. Es un pasaje entre un mundo y otro. Entre el sueño y la mañana. Los despojos, las huellas borrosas de lo recordado. ¿Qué quiere decir el montaje histórico de una Cuarta Transformación? ¿Qué sentido tiene profetizar el apocalipsis nacional sólo para tener razón sobre los odios que les suscita a algunos López Obrador? El pasado como latente, el presente como relámpago de un acontecimiento y el futuro como deseo chocan todos en la metáfora de la Cuarta Transformación. Para esos instantes en los que el tiempo reminiscente y el del deseo convergen en un acontecimiento, Benjamin describe un cuadro pintado por Andrea Pisano en 1321 llamado La esperanza: “Ella está sentada e impotente y tiende sus brazos hacia un fruto que le resulta inalcanzable. Y, sin embargo, ella tiene alas”. De lo que se habló el sábado 1 de diciembre con la toma de protesta
de Andrés Manuel López Obrador es de una historia que no parte de los hechos en sí mismos (que nunca han existido más que en la imaginación), sino del movimiento que los recuerda y los construye en el presente. La historicidad del momento actual existe porque el presente interroga al pasado, desmonta sus secuencias envejecidas y vuelve a montarlas como memoria nueva. Sabemos que existe una diferencia entre recuerdos y memoria. El recuerdo es singular y evocativo. Es, por ejemplo, el retrato de la abuela, el encendedor de papá, la muñeca de la infancia, la fotografía de las vacaciones. La memoria es la que narra, enlaza los recuerdos, discierne entre ellos y arroja un sentido que los conserva como trama. No es el retrato en sí mismo, sino la historia familiar que cuenta. Walter Benjamin tuvo una imagen para esta profesión de historiar: el niño que juega con trapos, con restos de cosas, y se queda dormido sobre ellos, exhausto de imaginar. Ese niño juega a recombinar los datos con cada nuevo relato que arma. Es el mismo chico en el que Freud estudió nuestras relaciones con el amor y el abandono maternos: es un infante –su nieto de 18 meses– que tira una bola de estambre debajo de la cama y jala de la hebra para sacarlo y volverla a tirar. Es así como procedemos con el relato al que llamamos “histórico” y que no es el tiempo de las fechas, sino el de la memoria. Lo que desaparece, pero reaparece a voluntad del juego del niño. Benjamin le añadió un giro más: en vez de estambre, el nieto de Freud arroja un pretzel amarrado con una cuerda. El pretzel tiene la forma de un ocho; es decir, del infinito. Tanto Benjamin como Freud están jugando cuando escriben sobre el juego. El creador del psicoanálisis está divirtiéndose entre la cercanía y la lejanía de la
madre. El filósofo de lo concreto lo hace con la historia que está lejos hasta que se jala el estambre. Decir que López Obrador representa una restitución del presidencialismo o, más dramático, de la intención monárquica, es incurrir en lo que Benjamin llamó “la cobardía de la academia”; es decir, “transformar un ‘algo más’ sobre lo que debieran reflexionar, en ‘otra cosa’, sobre lo que se está autorizado para no reflexionar”. Sólo por esa cobardía de descalificar lo nuevo como algo ya ocurrido y juzgado, puede entenderse cierta crítica al movimiento de transformación mexicano como simple psicología anecdótica –el nuevo presidente es necio, autoritario, no escucha– que acaba por reducir la historia a los defectos y virtudes de un hombre sentado en la soledad del Palacio Nacional. La disputa de Benjamin con los historiadores positivistas es, también, sobre la idea de origen. Para ellos es un punto fijo, una fuente de la que mana todo, un arquetipo flotante por encima de las cosas que le siguen. Para el filósofo el origen es “un torbellino en el río del devenir que entraña en su ritmo la materia de lo que está por aparecer. Pide ser reconocido como una restauración y, al tiempo, como algo por sí mismo inacabado, siempre abierto”. Todo acontecimiento histórico lo es porque encarna, al mismo tiempo, una restitución y un carácter incompleto. La memoria se niega a someterse al pasado y estalla en un relámpago del presente. Para explicar esta idea, Benjamin recurre a otro juguete, el llamado “el transfigurador francés” de 1818 y que hoy todos conocemos como “caleidoscopio”. Está hecho de un espejo y un lente en cuya distancia se revuelven pedazos de vidrios de colores, rastros de conchitas de mar, hilos. El origen está justo en el momento en que se le revuelve para hacer las formas geométricas en su interior. Se recombina con cada nueva agitación y es sólo el ojo el que la fija por un instante o la considera inacabada, es decir, lista para otra combinación. Escribe Hans Blumenberg en Trabajo sobre el mito: “La historia es lo que queda de lo emprendido cuando lo ya sucedido es considerado de un modo determinado”. Sin duda, el momento que vivimos se percibe como histórico, como un nuevo torbellino al interior de nuestro caleidoscopio. Como los niños, habrá que quedarse un rato maravillado por su nueva forma. Será una imagen irremplazable del pasado que se desvanecerá en cada presente que no sepa reconocerse observado por ella.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MÉXICO Guillermo J. R. Garduño Valero
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artamos de un hecho que pone al descubierto el Banco Mundial y que gira en derredor del gasto en investigación y desarrollo para impulsar la ciencia y la tecnología en el mundo. Para comenzar estamos en presencia de uno de los contrastes abismales que enfrenta la humanidad, pues mientras la región Asia Pacifico invierte el 2.46% cada año de su PIB; la Unión Europea aporta el 1.93 % de su producto a este rubro y Norteamerica y Canadá invierten el 2.79%, mientras el área Latinoamericana solo alcanza el 0.77% y en particular México se maneja con un escaso 0.55%. Varias situaciones vienen a alterar significativamente la visión que podamos tener para un futuro próximo debido a que es posible establecer una relación directa entre niveles de bienestar con la elevación de los niveles de escolaridad, salud y del bienestar con respecto a su acceso al desarrollo. En las actuales condiciones podemos asegurar que el ámbito de la educación es una zona de desastre, pues las bases del saber en que descansa están siendo rebasadas hace mucho tiempo por una revolución científico técnica que modifica constantemente la tecnología, las bases de organización en que descansan; los sistemas de energía que la impulsan dejando atrás los medios que antes la producían y por supuesto generan estrategias de dirección hacia nuevos fines. En este último punto los Estados Nacionales presas de su vieja configuración jurídico política poco o nada pueden hacer para modificar el avance de la innovación que surge en estructuras más flexibles y adaptables como son las corporaciones multinacionales. Con lo anterior las instancias
institucionales del Estado quedan rezagadas en materias tan importantes como es el desarrollo del conocimiento en sus más variadas formas, sobre todo si lo comparamos con países como Corea del Sur donde una sola empresa de electrónica como Samsung tiene más patentes registradas en sus productos que México en sus distintas áreas de conocimiento. Impulsadas por una fuerte inversión en Investigacion y Desarrollo. Bajo estas condiciones los sistemas de ordenación de las distintas ramas del saber agrupadas bajo una visión disciplinaria y tradicional propia de las viejas comunidades científicas nada tiene que hacer frente a las revoluciones científicas tal como lo planteó desde hace más de medio siglo Thomas Kuhn. Porque esa vieja jerarquía solo termina creando supuestos notables que acaparan la débil oferta institucional y la distribuyen entre sus temporales seguidores. Uno de estos casos para nuestros países es CONACYT, surgido desde hace más de cuatro décadas como una política pública para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología y dentro de su compleja estructura burocrática que ha girado según el régimen, plantea una distinción denominada Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tendiente supuestamente a estimular el trabajo científico técnico producido desde las universidades. Dentro del SNI se encierran también todas las contradicciones de una sistema quien parte de una visión disciplinaria que agrupa a conjunto y colegios profesionales en VII áreas de conocimiento que no podrán agrupar jamás todas las alternativas de los sistemas de conocimiento. Por lo que valdría la pena pensar reestructurar esta
rígida visión por una que partiendo de problemas sustantivos que se vinculen a necesidades del país y que posibiliten una visión más amplia. En mi ámbito personal, mi problemática central parte del estudio de la seguridad en tres ámbitos: Nacional con referencia al Estado; Interna con respecto a las instituciones y a la gobernanza y Pública en derredor de la vinculación instituciones y ciudadanía. Quien quiera aproximarse a estos problemas lo podría hacer desde el ángulo que se quiera: pues se requiere ingeniería de sistemas para el manejo del C5 ; en el plano de la policía científica reclama multiples saberes y en el ámbito social y humanístico descansa también la responsabilidad de la institución y los derechos humanos frente al poder. Y como este ejemplo habría multiples problemas que debieran constituirse en motivo de reflexión y seguimiento, por lo que habría que asentarlo sobre una base de su historicidad y por tanto susceptibles de desplazamiento garantizando así su no permanencia y flexibilizándose de modo adaptativo cuando las condiciones y los paradigmas se hayan reorientado, en lugar de la simulación actual. Pero el punto más débil esta en el sistema de evaluación integrado por 14 notables que temporalmente asumen el carácter de evaluadores de una comunidad que les es ajena, regida bajo enfoques disciplinarios e incapaces de cubrir todos los matices de conocimiento y que se presentan como incapaces de una valoración del trabajo académico regidos por un reglamento obsoleto que no establece con claridad los puntajes de valoración de la obra presentada y sujeta al arbitrio y descalificación a discreción mediante adjetivos.
En este sentido si hay obra publicada con ISBN e ISSN puede ser descalificada arguyendo falta de rigurosidad sin siquiera haberla leído, pues un numero limitado de evaluadores escasamente considera cada caso en un tiempo de cinco minutos por caso, pues son miles. Al mismo tiempo es posible distinguir los parentescos, amistades, redes de complicidad y los núcleos filiales de los elegidos. El resultado esta a la vista las áreas más próximas al desarrollo tecnológico y científico no muestran interés por el SNI debido a que sus nexos de financiamiento son externos y están próximos a los grandes centros de investigación y desarrollo que son auspiciados por corporaciones con planteamientos y proyectos específicos. De hecho CONACYT no participa en proyectos de gran envergadura más que como marginal. El resto se queda a la rapiña para favorecer la estructura de grupos temporalmente dominantes y donde la presencia de universidades públicas es mayoritaria por áreas. Hay que llamar la atención del nuevo régimen en el sentido de que continuar con estos rituales no conducirá a ningún lado, si es que el desarrollo científico y tecnológico no esta ubicado dentro de planes y programas estatales, respondiendo a problemáticas siempre temporales y sobre todo valorando de manera real resultados. Lo que hoy se hace es únicamente contribuir con un sobresueldo a un núcleo limitado de académicos próximos al régimen en turno. Apelemos a la razón, pensemos en una visión de futuro para una nación que hoy sigue presa de la dependencia científico tecnológica que es la forma de continuar con la simulación, la ausencia de transparencia y la corrupción.
CONTRAPODER
EN CHIAPAS
Sábado 15 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés
• Guardia Nacional, institución civil, y no militar, en la Constitución • Proponer la reforma a 13 artículos de la Carta Magna puede exacerbar los ánimos y aumentar las muertes violentas
C
uando candidato, el Presidente Andrés Manuel ópez Obrador propuso acabar con la violencia a través de una fuerza policiaca profesional para la desmilitarización al país; hoy, el discurso y la propuesta original han tenido un giro de 180 grados Después de la consulta popular sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, dos temas trascendentales han acaparado la atención nacional y el rechazo abierto de una buena parte de los gobernadores del país: La creación de la Guardia Nacional y el envío de ministros plenipotenciarios –llamados coloquialmente superdelegados- a cada una de las 32 entidades federativas. La forma en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende crear la Guardia Nacional –hoy inexistente- en México riñe con nueve dispositivos constitucionales que reglamentan el funcionamiento de esa organización paramilitar para la defensa del país y del orden público, pero bajo un mando civil. De acuerdo a lo expresado por el Presidente López Obrador, la Guardia Nacional deberá de estar formada por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y bajo mando militar. Sólo que, a diferencia de lo manifestado por el Ejecutivo federal, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece textual: “El Congreso tiene facultad para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose, a los CIUDADANOS que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los ESTADOS la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos”. La anterior transcripción permite establecer que de instituirse la Guardia Nacional bajo la Constitución vigente, la misma es de índole local y bajo la autoridad de cada uno de los 32 gobernadores de los estados, es decir, está prevista la existencia de 32 guardias nacionales. El carácter civil de la Guardia Nacional queda puntual y exactamente definido en el artículo 31 de la Carta Magna, que establece como obligaciones de los mexica-
nos “alistarse y servir en la Guardia Nacional para asegurar y defender la independencia, el honor de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior”. La condición civil de la Guardia Nacional queda todavía más de manifiesto de acuerdo a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución al determinar el mandato de que los ciudadanos de la República tienen el derecho y la obligación de tomar las armas y alistarse en la Guardia Nacional para la defensa de la República y sus instituciones. Queda claro, entonces, que al ciudadano mexicano se le otorga una doble personalidad constitucional: El honor y la prerrogativa de defender a su patria. Así, la Guardia Nacional es una institución formada por el pueblo en armas, como complemento del Ejército Mexicano. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre una y otro. La Guardia Nacional es, en esencia, territorial al quedar circunscrita a cada uno de los 32 estados de la República; en cambio, el Ejército puede ser movilizado hacia cualquier parte del país y aún fuera del territorio nacional. Hay una característica más de la Guardia Nacional respecto al Ejército y la Armada nacionales. La primera tiene un carácter semiprofesional, que se reúne, únicamente, cuando debe cumplir con labores de seguridad y tranquilidad públicas en virtud de que sus integrantes tienen sus propias ocupaciones e ingresos. Por su parte, el Ejército y la Marina tienen como función principal la preservación de la seguridad nacional como fuerza permanentemente organizada y bajo el imperio del Presidente de
la República. Cuando candidato, el Presidente López Obrador propuso acabar con la violencia a través de una fuerza policiaca profesional para la desmilitarización al país. Hoy, el discurso y la propuesta original han tenido un giro de 180 grados. El Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla ampliar las facultades de la fuerza armada permanente –Ejército, Armada y Fuerza Aérea- para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico. Bajo esas circunstancias, el Presidente de la República pretende crear una Guardia Nacional compuesta por militares y marinos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y bajo el mando del general secretario. Esa sola disposición pone en riesgo el aumento en la incidencia de muertes. El Ejército lleva cerca de 40 años en tareas de seguridad pública, lo cual no le compete y viola el espíritu del artículo 129 de la Constitución: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Lo anterior quiere decir que el Ejército únicamente permanecerá en las comandancias y regiones militares en que se divide el país militarmente de acuerdo a criterios de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lamentablemente, el poder civil ha dado a las Fuerzas Armadas un sesgo político indebido. Dos son los más emblemáticos. México 1968, en Tlatelolco, cuando el poder civil, con apoyo de las armas, reprimió una manifestación estudiantil que en nada atentaba contra la segu-
ridad nacional y bastaba la fuerza policiaca del Distrito Federal para controlar al estudiantado. El otro momento indebido de utilización del Ejército fue cuando Felipe Calderón declaró la guerra, su propia guerra, al narcotráfico. Era una forma de distraer la atención y legitimar su espuria Presidencia, sustentada en un descomunal fraude electoral y apoyada por Vicente Fox. Los datos de la militarización del país son alarmantes. Durante el calderonato, las ejecuciones en los seis años de combate a las drogas arrojaron 122 mil muertos. Peña Nieto superó la hazaña del antecesor. Su sexenio se manchó de sangre con la vida de más de 150 mil personas. Hay una razón de fondo en ello. La experiencia demuestra que militarizar la seguridad pública no disminuye la violencia de la delincuencia organizada; por el contrario, la agudiza y la empeora cuando los enemigos del Estado responden con mayor rudeza. Sin embargo, hay otro elemento más de preocupación. Cuando el poder militar se excede, el poder civil, con todo y ser el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, está acotado para exigir cuentas de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Ayotzinapa y Tlatlaya son tan sólo dos trágicos emblemas de este aserto. El general secretario Salvador Cienfuegos siempre se negó a la comparecencia de sus subordinados ante la autoridad ministerial. Así, proponer la reforma a 13 artículos de la Constitución para extenderle a la Guardia Nacional una personalidad militar, en lugar de darle una condición civil, puede exacerbar los ánimos y aumentar las muertes violentas. Ampliaremos… P.D. Rutilio Escandón no ha dado a conocer su gabinete. Por el bien de Chiapas, ojalá lo integre con gente de trayectoria política, académica y de reconocida honorabilidad. Que no se vuelvan a repetir los Eduardo Ramírez y los Gómez Aranda en la Secretaría de Gobierno. Los Humberto Pedrero y Carlos Bermúdez en la Secretaría de Hacienda. Los Amador Rodríguez y Raciel López, que trituraron la procuración de justicia.
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Sábado 15 de Diciembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1530 ACUERDO
López Obrador y gobernadores del sursureste firman convenio para federalizar salud
ACUSACIÓN
Denuncian intento de agresión contra párroco
PAG. 8
LLAMADO
Ante desaparición del Seguro Popular, piden investigar desvíos por 88 mil 405 mdp PAG. 3
PARO
Trabajadores de la UAEM cumplen un mes sin cobrar su salario PAG. 8
ANUNCIO
López Obrador anticipa plan de universidades públicas
PAG. 6
Los más de seis mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cumplieron un mes sin cobrar. Por su lado, los empleados administrativos realizaron un paro de brazos caídos para exigir el pago de sus salarios y demás prestaciones.
PAG. 5
PAG. 7
Exlíderes sindicales detectan contrato multimillonario entre la Ucol y el ISSSTE similar a la Estafa maestra