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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Lunes 18 de Julio de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 9 Gobierno realiza nuevo desmonte de selva, sin autorización ambiental, para el paso del Tren Maya
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Octavio Martínez
Puerto Morelos, Q.R. (proceso.com.mx).
Un nuevo desmonte de selva sin autorización ambiental en la ruta proyectada por el gobierno federal para el paso del Tren Maya tramo 5 norte, fue señalado en Puerto Morelos, Quintana Roo. Reporteros que han dado cobertura al hecho también denuncian actos de intimidación.
Los trabajos ocurren en el kilómetro 5 de la carretera Puerto Morelos- Leona Vicario, a unos 30 kilómetros al sur de Cancún, en la denominada Ruta de los Cenotes. Testimonios relatan que los trabajos fueron iniciados el 13 de julio, es decir, un día antes del ingreso de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto ferroviario por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El ingreso del documento técnico es apenas el inicio del procedimiento administrativo para su evaluación, mas no la autorización expresa del proyecto de impacto ambiental para llevarse a cabo; en este contexto, las dependencias federales partícipes en la obra federal, están repitiendo lo ocurrido en el tramo 5 sur, entre Playa del Carmen y Tulum, donde las obras fueron iniciadas sin las anuencias.
De acuerdo con reportes de medios de comunicación de Quintana Roo, en el lugar ha sido posible observar maquinaria pesada tumbando árboles de selva mediana, asimismo trabajadores vigilando la zona. Reporteros de al menos tres distintos medios de comunicación de aquella entidad junto con ambientalistas, han relatado que el jueves y viernes, cuando se acercaron a documentar
en la zona, fueron seguidos por hombres a bordo de una camioneta, quienes los interceptaron y les obligaron a borrar las imágenes recabadas.
Además, destaca el caso de una fotoperiodista y un creador de contenido audiovisual quienes fueron obligados a retirarse del lugar cuando documentaban el desmonte desde la vía pública. En este mismo hecho, los afectados advirtieron que había intención de derribar el dron con el que captaban imágenes de los trabajos desde las alturas. En las siguientes horas se espera el posicionamiento de los grupos de defensa de periodistas y derechos humanos en Quintana Roo sobre estos actos.
Ingreso de MIA Tren Maya tramo 5 norte
En un plazo máximo de cinco años proyectan concluir el tramo 5 norte del Tren Maya, es decir, posterior a la conclusión de la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, según la MIA del proyecto ingresada ante la Semarnat el pasado jueves. La longitud total es de 43.5 kilómetros que se extenderá entre la selva de Quintana Roo.
Según lo anunciado en una de las conferencias matutinas del presidente de México, los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En este trayecto el tren deberá pasar por los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad; el trazo busca conectar al Aeropuerto Internacional de Cancún con el resto del megaproyecto federal.
El documento consta de mil 994 páginas y se encuentra vinculado para su evaluación con diversas normas mexicanas y leyes federales. Contempla la demolición de viviendas en la comunidad rural de Vida y Esperanza, un asentamiento poblacional que se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de Playa del Carmen y frente a los terrenos de Punta Maroma, donde se ubican grandes hoteles de la Riviera Maya.
Mientras tanto, el tramo 5 sur — con trabajos suspendidos como medida cautelar impuesta por el juez primero de distrito, con residencia en Mérida, Yucatán, por diversas demandas de amparo que pesan sobre el proyecto—, espera resoluciones a finales de julio con audiencias incidentales y constitucionales programadas para decidir la suerte del pleito judicial iniciado por ambientalistas de Quintana Roo.
Ezequiel Flores Contreras
Ciudad de México (proceso.com.mx)
El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este fin de semana tres plantas para la elaboración de fertilizantes que se ubican en los estados de Baja California Sur, Michoacán y Veracruz.
El propósito fue supervisar los procesos de producción del insumo agrícola para garantizar el abasto de alimentos entre los campesinos de entidades marginadas como Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Entregaremos de manera gratuita este abono a dos millones de
AMLO promete fertilizantes a dos millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios
productores, ejidatarios y pequeños propietarios”, expresó el mandatario en su cuenta personal de Twitter.
Luego recordó que sin maíz, “no hay país independiente y justo”, indicó AMLO.
Además, ayer el titular del Ejecutivo federal estuvo presente en la inauguración de una planta de Nestlé para producir Café en el estado de Veracruz.
Diana Hernández Gómez
Ciudad de México.
De acuerdo con el Índice Global de la Brecha de Género 2022, en México la participación política de las mujeres ha crecido de manera notable. Este impulso ha provocado que el país ascienda a la posición 31 de la lista de países que han buscado cerrar la brecha entre hombres y mujeres. A pesar de esto, en temas como la economía y educación, las mexicanas seguimos en una marcada situación de desigualdad.
Este año, el país se ubicó en el número 15 entre las naciones donde las mujeres tienen una gran participación y un empoderamiento en el ámbito político. Esto se refleja, por ejemplo, en que por primera vez en la historia nueve mujeres fueron electas para liderar los gobiernos de sus estados.
Sin embargo, en otros campos, México ha avanzado poco –o incluso ha empeorado– en materia de igualdad: el índice de brecha de género nacional no ha dejado de caer en el tema de la educación desde 2016; actualmente, se encuentra en la posición 60 a nivel global.
Para el caso del territorio mexicano, parece reproducirse lo que el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) describió en un informe sobre desigualdad en 2021. De acuerdo con el documento, 20 millones de niñas dejaron la escuela durante la pandemia y probablemente nunca regresarán a las aulas.
La brecha salarial es otro de los campos donde México se encuentra estancado en materia de igualdad.
Entre otros motivos posibles, estas niñas tuvieron que abandonar sus estudios por la reducción de ingresos económicos en sus hogares. Particularmente en México, tanto los ingresos de hombres como mujeres disminuyeron: para ellos, en un 10.3 por ciento; para nosotras, en un 8.1 por ciento.
Aunque en el caso mexicano la brecha en la disminución fue mayor en 2.2 por ciento para los hombres, de acuerdo con el Índice Global de la Brecha de Género 2022, las ganancias de las mujeres a nivel mundial representan, en promedio, la mitad de lo que ellos ganan.
Parte de los impulsos dados a la participación política de las mujeres en México puede relacionarse con las reformas constitucionales que se han hecho durante los últimos años.
Estas reformas –como “Paridad de género en todo”, realizada en 2019– tienen que ver con garantizar la paridad de género en ins-
México desciende en oportunidades de educación y pagos justos para las mujeres: Índice Global de la Brecha de Género
tancias como congresos federales y locales, cámaras de senadores, ayuntamientos, entre otras.
Además, los partidos políticos que conforman a muchos de estos organismos han sido obligados a destinar parte de su presupuesto anual a programas que promuevan y defiendan la participación política de las mujeres. Sin embargo, esto no significa que los recursos terminen por usarse adecuadamente.
Por lo menos durante 2022, partidos como el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han dispuesto cantidades millonarias para actividades aparentemente no han realizado y que tampoco plantean soluciones concretas para cerrar la brecha de género en el ámbito político.
Aunado a esto, persisten casos como el de Sergio Augusto López, un ex dirigente del PVEM vinculado a proceso por violencia política en razón de género. También se mantienen figuras conservadoras en las legislaturas locales –como sucede en Michoacán– que impulsan reformas violentas contra los derechos de las mujeres.
El gobierno mexicano ha fomentado la participación política de las mujeres por medio de medidas como acciones afirmativas. Sin embargo, esto no garantiza por completo la paridad en el ámbito de la política.
En esta esfera –así como en muchas otras–, las cerca de 66 millones de mujeres que conformamos México todavía somos atravesadas por diferentes violencias. Según el Índice Global de la Brecha de Género 2022, el 14 por ciento de nosotras experimenta violencia de género en algún momento.
Asimismo, el país está entre las naciones con economías más desiguales, donde las mujeres acumulamos un 65 por ciento menos de riqueza que los hombres a lo largo de nuestra vida. En gran parte, esto se vincula con que somos nosotras quienes dedicamos más tiempo al cuidado de hijas e hijos.
Según el Índice Global de este año, las mujeres con niñas o niños menores de seis años dedican un 55 por ciento de su tiempo al cuidado de sus hijos; en cambio, los hombres solo destinan un 15 por ciento de sus actividades diarias a estas tareas de cuidado no remunerado. Por estos y otros motivos, México ocupa el lugar 114 del índice en el rubro de participación económica de las mujeres.
El país redujo su brecha de género en un 76.4 por ciento este 2022, lo que representó un avance de tres posiciones en el ranking mundial de sociedades más equitativas.
A pesar de esto, de acuerdo con el índice de brecha de género de este año, México está estancado en esferas como el acceso a la salud. Mientras tanto, la violencia feminicida sigue aumentando en regiones como Campeche.
El ascenso se ve en la superficie; sin embargo, falta mucho por hacer de fondo a fin de erradicar realmente todas las violencias que vivimos en distintos ámbitos.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
UN NUEVO MODELO CULTURAL LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y LA CORTE
La determinación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de controvertir el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán, aprobado en 2000 por la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y los actos de autoridad que derivaron en la expedición de licencias de construcción en favor de la sociedad Be Grand para edificar un complejo inmobiliario en la zona de Copilco El Bajo, excedía una simple disputa por el uso del suelo; su propósito era la defensa de los valores culturales mexicanos, que encuentran refugio en las medidas de protección que se desprenden de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado mexicano.
En estos eventos, la participación de la comunidad universitaria fue determinante: generó un legítimo sentimiento de ultraje a su identidad cultural y reivindicó el derecho a la cultura, en tanto derecho humano, como necesidad social. La difusión de la cultura por mandato constitucional es precisamente la que, entre otras funciones, da sentido al proyecto universitario.
Ante la acción incoada por la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la tesis que resolvió el Amparo en revisión 581/2020 (la tesis), elaboró todo un modelo cultural que prefija una de las grandes innovaciones jurisprudenciales elaboradas por la máxima intérprete de la Constitución.
Los antecedentes
La referida tesis jurisprudencial constituye la culminación de un proceso cultural en el sistema legal mexicano. El perímetro de este análisis se acota empero en la legislación relevante en la materia; se inicia con la ratificación, por parte del Estado mexicano, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Pacto), que carecía de toda operatividad hasta que el Comité ad hoc elaboró las Observaciones Generales, específicamente el numeral 21.
Las convenciones internacionales ratificadas por México han sido polifacéticas; entre ellas está la relativa al Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (la Convención) y sus Directrices Prácticas (DP) correlativas. Nuestro país ha inscrito 35 sitios en la lista del Patrimonio Cultural Mundial, lo que pone de manifiesto la recurrencia y puntual observancia de las DP y actualmente forma parte del Comité del Patrimonio Mundial (CPM).
En esa travesía destacan las enmiendas a los artículos 1°, 2° y 4° constitucionales, que transfiguraron el paisaje cultural mexicano; esta últiJorge Sánchez Cordero
ma introdujo el postulado del acceso a la cultura, que sirvió de soporte, entre otros aspectos, para crear una trama cultural en todo el territorio nacional, como lo fue la promulgación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (Diario Oficial de la Federación [DOF] del 19 de junio de 2017).
El precepto del artículo 4° fue desarrollado con amplitud por la Constitución de la Ciudad de México (CCM), especialmente en lo que respecta a los derechos culturales y al patrimonio cultural (artículos 8 D y 18 A), y con ello creó un modelo cultural para la ciudad que puede subsumirse en dos axiomas básicos: el acceso irrestricto al derecho a la cultura y la libertad absoluta de la ciencia y el arte, con la correlativa prohibición de toda clase de censura.
La redacción del artículo 18 A de la CCM reivindica ahora toda su relevancia; éste obliga a que las leyes que emita el Congreso de la Ciudad sean concordantes con las leyes federales y con los instrumentos internacionales en la materia, así como con sus reglas, directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales.
Los derechos humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en abril de 2009 que en las comunidades indígenas prevalece una tradición comunal en torno de la propiedad de la tierra, y sentenció que el eje de la pertenencia de ésta no es el individuo sino el grupo y la comunidad. Para aquellas comunidades el vínculo con la tierra no se reduce a un problema de producción o de tenencia de la propiedad, sino a un elemento fuertemente imbuido de espiritualidad. Para ellas, las nociones de tierra, territorio, cultura e identidad tienen acepciones particulares íntimamente vinculadas con su entorno (Precedente Comunidad Mayagna [Sumo] Awas Tingni vs. Nicaragua).
Este último es el precedente que inaugura la construcción jurisprudencial que provee a América Latina de un modelo genuino de culturalización de los derechos humanos. El avance jurisprudencial de la CIDH es significativo si se contrasta con las convenciones regionales.
La Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en 1969 (Pacto de San José) hace escasa referencia a los derechos culturales; esta carencia intentó ser suplida por el Pacto de San Salvador de 1988, que hace énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, pero con una efectividad muy cuestionable, ya que alude exclusivamente a los derechos laborales y de educación. Más grave aún es que en ambos textos no haya ninguna referencia explícita a los derechos colectivos, y menos a los difusos, aun cuando en su preámbulo subyace el principio de solidaridad.
La construcción jurisprudencial de la CIDH participa de la taxonomía de los derechos humanos propuesta por Karel Vasak, en la que el jurista checo sugiere que a la primera generación de éstos, como son los derechos civiles y políticos, le sucedieron los derechos económicos, sociales y culturales, de segunda generación pero que conservan un sustento esencialmente individual.
La CIDH diseñó el modelo de los derechos humanos de tercera generación sobre la idea primaria de solidaridad, en la que el sentido de pertenencia del individuo se explica en el grupo o comunidad. La consecuencia última de esta aseveración es la colectivización de los derechos humanos y su expresión cultural.
Los derechos humanos encuentran su basamento en la dignidad del grupo o comunidad cultural. En este modelo los derechos colectivos y los difusos tienen su propia autonomía, independientemente de cualquier vínculo con los derechos individuales. Así, los colectivos y los difusos son determinantes para los grupos y comunidades culturales y resultan indispensables para su existencia y su desarrollo integral. Es por ello que la construcción jurisprudencial de la CIDH, si bien tiene su origen en controversias cuyos actores principales son las comunidades indígenas, es extensiva a un modelo cultural comprensivo para todo grupo o comunidad cultural.
Es precisamente en este contexto en donde se inició un proceso de simbiosis entre derechos culturales, colectivos y difusos en la que la interfase entre cultura y derechos humanos queda evidenciada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de diciembre de 2007, y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de junio de 2016.
Ahora, en la tesis en cita la SCJN le da pleno efecto a la culturalización de los derechos humanos, con lo que concluye un largo y azaroso peregrinaje en el reconocimiento de los derechos humanos colectivos y difusos en su expresión cultural.
La intersección entre cultura y derechos humanos se inserta en un apasionante debate: la cultura no solamente implica el fomento y la protección de sus manifestaciones físicas, sino de su vínculo con los individuos, grupos o comunidades; es la diversidad de estos vínculos la que ahora merece la protección de esta tutela específica. En lo sucesivo todos esos sujetos, como titulares originarios del derecho a la cultura, tendrán la legitimación necesaria, indispensable para el ejercicio de los derechos culturales.
La culturalización de los derechos humanos, partícipe de este modelo cultural, se percibe ahora en tres aproximaciones: la aceptación cultural, su asimilación y su legitimación. Las comunidades y grupos culturales advierten ahora que la protección del patrimonio cultural es socialmente oportuna y necesaria, pues forma parte de su identidad cultural.
Los derechos humanos se insertan en un paradigma complejo con un claro sustrato de acrecencias de la experiencia humana en el que se observa una clara intersección entre los derechos humanos individuales, los colectivos y los difusos.
La SCJN reitera el criterio de que los derechos humanos no pueden quedar desvinculados del grupo o comunidad y tampoco pueden encontrar su realización si no es dentro de estos últimos. Tal carácter individual, colectivo y difuso pertenece a un mismo unum, que es la dignidad humana en una comunidad multidimensional como la mexicana.
Consistente con su jurisprudencia, la SCJN sostiene que para el ejercicio potencial de sus derechos culturales el individuo, el grupo o la colectividad cultural deben estar ubicados en una situación jurídica identificable, vinculada con el agravio que se hace valer. Ésta tiene que provenir de una circunstancia personal que la distinga del resto de la sociedad.
El presunto agravio, por lo tanto, ha de diferenciarse de los demás integrantes de la sociedad; para que la justicia de la Unión proteja este interés cultural legítimo y haga extensivos sus efectos a terceros ajenos a la controversia, debe acreditarse que se trata de un interés cultural cualificado, real, actual y jurídicamente relevante.
MACONDO SÍ EXISTE
Se dice que Carlos Fuentes olvidó a su personaje Lorenzo Gavilán en La muerte de Artemio Cruz, y que Gabriel García Márquez lo rescató en Cien años de soledad, donde murió en la masacre de la compañía bananera. La anécdota redondea el realismo mágico. Y eso sucede con Macondo, el pueblo mítico de la novela de Gabo, pero no fue invención suya, sino el nombre original de la finca bananera de la United Fruit (hoy una aldea), a 20 kilómetros de la tierra natal del escritor, Aracataca, según testimonios recogidos en Colombia por nuestro corresponsal.
Macondo, ese lugar mítico “a la orilla de un río de aguas diáfanas”, en el que transcurren las novelas Cien años de soledad y La hojarasca, así como varios cuentos de Gabriel García Márquez, es más que una creación literaria del escritor colombiano.
Macondo en realidad, sí existe. Y está en el mapa, justo 20 kilómetros al nororiente de Aracataca, la tierra natal del Premio Nobel de Literatura. Lo habitan unas 60 familias que siembran banano, palma de aceite, aguacate, zapote, mango y limón.
Oficialmente Macondo es una vereda que pertenece al corregimiento de Guacamayal y éste, a su vez, al municipio de Zona Bananera, en el departamento de Magdalena. Pero sus habitantes, unos 300, la consideran una aldea. Sólo tiene dos calles y ninguna con nombre pues nadie se pierde allí.
“Esto es más parecido al Macondo de Gabo que la misma Aracataca, porque es una aldea llena de vegetación que está ubicada en las mismas coordenadas que el Macondo de Cien años de soledad”, dice a Proceso la presidenta de la Junta de Acción Comunal del caserío, Vilma Arenilla Pombo.
En la novela, los referentes geográficos de Macondo los da José Arcadio Buendía, quien “ignoraba por completo la geografía de la región”, pero sabía que hacia el oriente “estaba la sierra impenetrable, y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas --según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo-- sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos”.
“Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la ciénaga grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites”.
Y, en efecto, el Macondo de la vida real queda al norte de una zona pantanosa, tiene al oriente la Sierra Nevada de Santa Marta y, más allá de ella, hacia el nororiente, queda Riohacha, la verdadera, la capital del departamento de La Guajira, de donde eran oriundas la madre de Gabo, Luis Santiaga Márquez, y su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, quien le contaba historias de ánimas en pena Rafael Croda
y cuyo mundo mágico le resultaba “fascinante”.
Vilma Arenilla Pombo, la líder social de Macondo, cuenta que esa vereda está ubicada en lo que fue la Finca Macondo, luego propiedad de la United Fruit Company --la “compañía bananera” de Cien años de soledad--, parcelada en 1979 por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), luego de que la trasnacional estadunidense saliera del país.
El letrero de esa finca llamó la atención de García Márquez cuando realizaba un viaje en tren con su abuelo, según relata el escritor en sus memorias, Vivir para contarlo.
“El tren --escribió Gabo-- hizo una parada en una estación sin pueblo, y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal: Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero sólo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética.
“Nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera qué significaba. Lo había usado ya en tres libros como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce flores ni frutos, y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina”.
Más tarde, García Márquez descubrió en la Enciclopedia Británica que en Tanganyika (zona continental de lo que hoy es Tanzania) existe la etnia errante de los macondos, y pensó que aquél podía ser el origen de la palabra.
“Pero nunca lo averigüé ni conocí el árbol, pues muchas veces pregunté por él en la zona bananera y nadie supo decírmelo. Tal vez no existió nunca”.
Una aldea evangélica
Lo que sí existe desde hace unos 200 años es ese territorio de 405 hectáreas que la United Fruit Company bautizó a principios del siglo XX como Macondo, quizá por el árbol, por la etnia errante o porque algún ejecutivo de la trasnacional bananera había escuchado el nombre por casualidad y le pareció exótico y con sonoridad tropical.
Vilma Arenilla Pombo, la líder social de la vereda --que tiene casco urbano, varias pequeñas fincas agrícolas y algunos predios más extensos pertenecientes a gente acaudalada que ni vive allí--, explica que Macondo cuenta con tienditas de vereda, una escuelita y hasta una iglesia Evangélica fundada por pastores macondianos con ayuda de la comunidad, que en su mayoría profesa esa religión.
Cantina no hay, pero en la aldea vive un joven llamado Gilmar que organiza unas parrandas memorables a las que se unen muchos vecinos.
“Gilmar es un muchacho muy macondiano: pone su sonido, agarra su micrófono, porque es como un locutor frustrado, y dura días tomando trago con la música a todo volumen. Dedica canciones y todos se ponen a tomar ahí con él”, dice la señora Vilma.
Macondo es, al fin y al cabo, región caribe, donde la gente baila y canta al menor pretexto, las familias escuchan vallenatos casi todo el día y se bebe cerveza y ron para calmar la sed que produce el calor “denso y reverberante” que nunca había de olvidar García Márquez.
Los habitantes de la aldea tienen muchas necesidades y un alto número de familias vive en la pobreza extrema, pero algo ayuda la fertilidad de la tierra, y que todo lo que se siembra allí fructifica. La gente la pasó peor cuando la United Fruit Company abandonó la zona, en los 70, pues toda la actividad económica giraba alrededor de esa multinacional.
Incluso hay pobladores de Macondo que extrañan a esa empresa --los padres y abuelos de la actual generación--, a pesar de que sus ejecutivos gringos provocaron en diciembre de 1928 la “masacre de las bananeras” al enviar al Ejército colombiano a reprimir una huelga. Unos mil 800 trabajadores fueron asesinados en Ciénaga, ciudad cercana a Macondo.
Ese hecho histórico se convirtió en Cien años de soledad en la masacre de trabajadores bananeros de Macondo, en la cual el único sobreviviente fue José Arcadio Segundo.
Horas después de la matanza --respuesta del Ejército y del superintendente de la compañía, el “señor Jack Brown”, a la huelga--, José Arcadio Segundo despertó en un vagón de ferrocarril repleto de cadáveres que iban a ser arrojados al mar, según el relato de García Márquez.
Fue entonces cuando el sobreviviente se lanzó a un lado de la vía y vio pasar 200 vagones cargados con los cuerpos. Calculó que ahí iban tres mil muertos.
El historiador y maestro en literatura Nicolás Pernett señala que para García Márquez la masacre de las bananeras es “un punto de no retorno en la historia colombiana, y si se sigue la historia de Macondo como una alegoría de la propia Colombia, es muy diciente que no hayan sido las guerras civiles ni la violencia política las que acabaran con el pueblo, sino la masacre”.
El mapa macondiano
En 1928, año de la masacre verdadera en el municipio de Ciénaga, la United Fruit Company encomendó a un grupo de cartógrafos hacer un mapa para demarcar sus dominios en esa región caribe del norte de Colombia.
Fue la primera vez que la finca, cuyo nombre tomó García Márquez para su pueblo imaginario, apareció en un mapa. Allí las indicaciones están en inglés: “Macondo Farm”, pusieron los cartógrafos, no “Finca Macondo”.
La descripción topográfica del extenso terreno muestra una vía de ferrocarril, canales de riego, sembradíos de banano y, al pie de la vereda, serpenteante, al río Sevilla, semejante al “río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos” que está a la orilla del Macondo de Cien años de soledad.
El catedrático de la Universidad del Atlántico Ariel Castillo Mier, un experto en la obra de García Márquez, dice que el mapa con la Finca Macondo y la existencia de la vereda Macondo corroboran que “a pesar del vuelo imaginativo del escritor, siempre se apoyó fuertemente en la realidad” para construir sus universos literarios.
“Gabo decía que era un notario de la realidad, y siempre nos topamos con hechos que así lo demuestran. Él y maestros que lo influyeron, como William Faulkner y Juan Rulfo, desarrollaron en sus obras mundos imaginarios que, sin embargo, tienen su asiento en circunstancias reales, en mundos que ellos vivieron y conocieron”, señala el doctor en Letras Hispánicas de El Colegio de México.
Los “gabólogos”, como Castillo Mier, saben desde siempre de la existencia de la Finca Macondo cerca de Aracataca, y para ellos no es una novedad que ese territorio rural aparezca en un mapa, pero, como dice el catedrático, es posible que mucha gente crea “que García Márquez se inventaba todo, y vemos que no es así”.
Castillo Mier explica que incluso antes de que el Premio Nobel de Literatura 1982 incorporara a su obra el pueblo mítico de Macondo, otro escritor y médico colombiano, José Francisco Socarrás, había mencionado la Finca Macondo en su cuento “Viento de trópico”, escrito en los 40.
