“. . . en los lugares donde los servicios públicos son ostensiblemente gratuitos, los pacientes y sus familias pueden ser coaccionados para que paguen informalmente para tener acceso a los servicios o se les exige que aporten sus propios alimentos, el colchón y la ropa de cama, e incluso los suministros médicos.” 202 | Las prioridades de la salud
pretenden estimular a las personas a dejar de fumar o a beber de una manera más responsable. El financiamiento público desempeña una función importante en los servicios de salud, especialmente en los países de ingreso alto, incluso en Estados Unidos, donde el seguro de salud público para los ancianos (Medicare), los pobres (Medicaid) y los militares (Administración de los Veteranos de Guerra) representa más de la mitad de los gastos en salud. El fundamento lógico en favor del financiamiento público de la salud es sólido; los economistas han demostrado que los mercados de servicios de asistencia sanitaria no funcionan bien por sí solos: por ejemplo, los consumidores no pueden comparar fácilmente los servicios de asistencia sanitaria y elegir el de mejor calidad y más bajo precio, cosa que sí pueden hacer con otro tipo de servicios. Además, es poco probable que los mercados privados asignen recursos suficientes a las medidas preventivas que surten un gran efecto en la situación colectiva de salud de una población, como la vacunación infantil o el control de los riesgos ambientales. El financiamiento público también le confiere a la sociedad un instrumento de política pública que puede utilizarse para crear incentivos con el fin de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, contener los costos, reparar inequidades o mejorar el acceso. Lo notable es que el financiamiento público es un rasgo esencial de la mayoría, si no es que de todos, los éxitos logrados en el campo de la salud pública en el mundo (véase el capítulo 2 del presente volumen y el capítulo 8 de DCP2). La participación pública en la asistencia sanitaria no es una panacea, pero representa la forma principal que muchos países han elegido para ocuparse de la salud pública, y en DCP2 se exponen los argumentos a favor del financiamiento público de al menos algunos servicios de salud pública en todos los países. En los países de ingreso bajo y mediano, donde el gasto público es bajo, el acceso a la asistencia sanitaria a menudo depende de la capacidad familiar para pagarla. Y esto sucede no solo cuando se recurre a los proveedores privados, sino también se produce muchas veces tratándose de los proveedores públicos. Los servicios de salud pública a veces cobran cuotas para recuperar una parte de sus costos, pero incluso en los lugares donde los servicios públicos son ostensiblemente gratuitos, los pacientes y sus familias pueden ser coaccionados para que paguen informalmente para tener acceso a los servicios o se les exige que aporten sus propios alimentos, el colchón y la ropa de cama, e incluso los suministros médicos.