GESTIÓN DEL AGUA PÚBLICO VERSUS PRIVADOS
RATIFICACIONES CONSTITUCIONALES POR EL DERECHO AL AGUA
UN INSTITUTO DESBORDADO EN SU CAPACIDAD
UNA DISCUSIÓN ESTANCADA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
ANTECEDENTES
El proyecto de estudio de la Ley de Agua lleva una década estancado en la Asamblea Legislativa. Se habla de la conformación de la junta directiva de la autónoma que dirija el agua como el punto más discordante entre las fracciones, pero nadie menciona la administración del servicio y cómo mejorarlo. En definitiva, no es una ley que al solo aprobarse vaya a erradicar los problemas de deficiencia del recurso hídrico en el país; pero si se logra construir un buen acuerdo, debería solucionar problemas
de deficiencia en los próximos años. Durante las últimas tres legislaturas el proyecto ha sido politizado y representa – para todos los partidos políticos – un tema que levanta opinión pública, provocando controversia entre los ciudadanos. Cabe destacar que sobre el tema del agua existe una gran desinformación, un bombardeo mediático. Por ejemplo, se critica la presencia del sector privado en la administración, obviando que en la actual institucionalidad ya existe participación del mismo.
El pasado 2 de julio, cerca de 35 zonas del Gran San Salvador y 1.6 millones de personas aproximadamente amanecieron sin el servicio de agua potable por el daño ocasionado a una de las tuberías, ubicada en Nejapa, que abastece a esta zona. Una realidad que no escapa de muchos ciudadanos que a diario se enfrentan a esta problemática: la falta del vital líquido. Aún sin conocer si el hecho fue un acto vandálico o si obedece a intereses particulares, porque la investigación está en manos de la Fiscalía, se evidenciaron las dificultades que pueden enfrentar los ciudadanos ante la falta de agua. Y en ese devenir, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa se ha enfrascado en una discusión por la conformación de la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua, una autónoma que tendrá la máxima autoridad sobre el recurso hídrico del país. Por tres legislaturas se han analizado las propuestas, con distintas modificaciones presentadas por organizaciones, pero en concreto se estudian cuatro proyectos: Ley de Regantes, con apoyo de la ANEP; Ley General de Aguas, presentada por el Foro del Agua y otras organizaciones; Ley Integral del Agua, presentada por partidos de derecha; y una propuesta
similar a la Ley General de Aguas con algunas modificaciones en la autoridad hídrica presentada por la UCA y la Iglesia. Con la decisión tomada el pasado 10 de julio en la comisión medioambiental para retomar el estudio de los 4 anteproyectos se reinicia un proceso que mostró cierto avance en legislaturas pasadas, pero que siempre encontró una pared en la conformación de la autoridad hídrica. Todos los partidos políticos están de acuerdo con esta autónoma. Sin embargo, la conformación de la misma genera polos opuestos, provocando extensos debates en la comisión de medio ambiente, mismos que no llevan a la solución real del problema: la eficiencia de la administración del agua. En la comisión, el FMLN ha insistido en que con la propuesta de la conformación de la junta directiva se busca privatizar la institucionalidad y favorecer a los privados. La presentación de la iniciativa de Ley Integral del Agua, la más nueva de las propuestas, encendió las alarmas en el partido oficial, acusando a los grupos parlamentarios de derecha de iniciar un proceso para privatizar la institución que se acordó pública y autónoma.
El diputado Francis Zablah, de GANA, presidente de la comisión durante el periodo 2012-2015, trabajó en 92 artículos de la ley, frenándose nuevamente en la conformación de la directiva.
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Fue cuando presidí la comisión que se avanzó en 92 artículos de la ley, y cuando la presidencia la tomó el FMLN (Guillermo Mata) se desconocieron los artículos aprobados. No me vengan a decir acá que nosotros (partidos de derecha) queremos privatizar el agua, porque no se ha considerado en el proyecto. Francis Zablah, diputado de GANA
La autónoma, con representación pública y privada, aleja a los diputados del verdadero debate, brindar mecanismos legales para hacer eficiente una administración que no alcanza a llevar “agua para todos”, como señala su eslogan. Según la diputada Martha Evelyn Batres, quien preside la comisión medioambiental, se tomó la decisión de escoger como base de estudio la Ley Integral de Agua, incluyendo las demás propuestas. Pero ante eso, el FMLN denunció nuevamente. La idea era tener un cuadro comparativo,
una matriz elaborada desde la legislatura pasada, retomando elementos de los otros anteproyectos. Pero ante el acuerdo de la mayoría de diputados en la comisión, se decidió regresar a la base de los 4 anteproyectos. Lo que compete a la eficiencia del servicio prestado, aún no llega a su debate en la Asamblea, y con el desfile de organizaciones que arribarán al seno de la comisión, se espera un proceso largo hasta llegar a esta discusión.
UN INSTITUTO DESBORDADO EN SU CAPACIDAD
Foto de elsalvador.com
suministra agua potable al Gran San Salvador. Pero en la anterior administración de Marco Fortín, cada vez que fue invitado a la Asamblea a explicar cuestiones funcionales de la institución, siempre mencionaba que el presupuesto de la institución no era $76 millones en préstamos suficiente. aprobados para ANDA para
Lo que atañe a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es la administración del servicio de agua potable. Para ello, la institución cuenta con un presupuesto de $250 millones.
Sumado a las dos aprobaciones y ratificaciones de préstamos que los restablecer planta potabilizadora En los últimos 11 años diputados avalaron ANDA ha realizado el año pasado, uno del gobierno de Francia por $59 millones al menos ocho cambios en la legislación vinculante a cargos y tarifas. Para y otro del BCIE por $17 millones para el mismo destino: mejorar la planta abastecer de agua, ANDA debe suplir potabilizadora de Las Pavas, que una serie de elementos alrededor del
consuma más agua, servicio, desde la pagará una tarifa más acometida, medidor, 8 modificaciones de tarifas ha alta. El cambio más alcantarillado, realizado ANDA en los últimos reciente en la tarifa derecho de conexión, 11 años se constató el 10 de reconexión, el uso por septiembre de 2015, parte de explotaciones cuando se modificó también el pliego privadas, etc., la mayoría de tarifas de agua para consumo de estos aspectos han experimentado comercial e industrial. cambios en sus cargos. El ente estatal responsable de fijar la tarifa es la misma ANDA. Según el inciso “p” del artículo 3 de la Ley de ANDA, la faculta para proponer al Ministerio de Economía tarifas razonables tomando en cuenta los gastos realizados para su operación, bajo los siguientes criterios: lograr una institución autofinanciable para cubrir y manejar un margen de seguridad, mantenimiento, administración y mejoras, pago de intereses de los bonos o préstamos adquiridos.
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Estamos casi de acuerdo con las observaciones que se están haciendo en la Comisión de Economía.
Felipe Rivas, presidente de ANDA
Según Felipe Rivas, presidente de ANDA, el enfoque bajo el cual se han realizado los incrementos en los pliegos tarifarios durante los últimos años es que a medida que la unidad residencial
El mismo presidente de la institución reconoció en la comisión medioambiental que tanto el pliego tarifario como el mecanismo de subsidio está mal calculado. ANDA proporciona el servicio de agua potable a 95.3% de la población urbana y 42.5% de la zona rural, según memoria de labores de la autónoma hasta el 2017. Las tarifas de agua se diferencian entre tarifa residencial y tarifa industrial, y según la normativa se calcula basado en metros cúbicos consumidos por la tarifa del acueducto sumado a la tarifa de alcantarillado. Mientras, el subsidio, según los mismos datos de la ANDA, se da bajo el criterio del consumo de metros cúbicos y no por condición social. Este mecanismo, explicó Rivas en la comisión, también deberá ser revisado.
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Con la ejecución presupuestaria de la institución se esperaba una respuesta más eficaz por parte de la ANDA, más de un millón de personas, los pobres de los pobres, no pudieron recibir el vital líquido.
Cuestionó el diputado Raúl Beltrhán Bonilla, del PCN, al presidente de la ANDA el 17 de julio.
Bonilla es uno de los parlamentarios que espera respuesta de las autoridades
el pasado 2 de julio. Para el diputado, un hecho como este, en un momento en el que se estudia la ley, no parece estar aislado a una intencionalidad. ¿Mano criminal o daño estructural? Por ahora esa interrogante no cuenta con una respuesta. Mientras se sigue cuestionando a la autónoma encargada de suministrar el servicio de agua potable.
¿Mano criminal o daño estructural?
Foto de ANDA
UNA DISCUSIÓN ESTANCADA
EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Si en algo coinciden todos los grupos parlamentarios es que el agua debe ser una prioridad del Estado, pero no definen quiénes deben tomar decisiones respecto a esto. Lo cierto es que todas las organizaciones repiten al unísono que no quieren representación privada en la máxima autoridad hídrica. Desde el inicio de la discusión de la Ley de Agua en el congreso, esta se ha enfrentado a las distintas posturas políticas respecto a la conformación de la junta directiva o autónoma que tomaría las decisiones con respecto al agua. Todas las fracciones coinciden que el agua debe ser una prioridad y garantía del Estado. Pero las propuestas que más los alejan son las de la conformación de la autoridad hídrica. En el proyecto de la Ley General de Aguas,
la junta directiva estaría conformada por la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente, luego se cambió a una propuesta donde el presidente nombraría al director - en este nombramiento coinciden todos los grupos parlamentarios - y luego, la conformación cerraría con diversa representación, tanto pública, como privada y de ciudadanos. Hasta que la Ley Integral del Agua propuso una Autoridad Hídrica conformada por un nombramiento presidencial, dos representes de COMURES y dos de la empresa privada. Javier Argueta, director legal de la ANEP, explicó en la Comisión de Medio Ambiente que cuando se constituyó la propuesta de agua, la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, decidió dejar el nombre de la representación privada como ANEP, cosa que fue quedando para conocer de manera general la ley.
EL FANTASMA DE
LA PRIVATIZACIÓN
Con ese nombre en mente, la sombra de la privatización salió a relucir desde las primeras marchas que llegaban a la Asamblea. Este fue uno de los cuestionamientos que hizo la diputada Mayteé Iraheta, de ARENA, a miembros de la UCA y la Iglesia Católica: ¿De dónde surge el tema de la privatización en el debate sobre la Ley del Agua? Sin una explicación a profundidad,
monseñor Escobar Alas se limitó a contestar que "es el rumor de la gente si se aprueba la ley integral". La postura de la UCA sigue siendo que la ley integral no permite la participación ciudadana en un marco regulatorio. El resto de organizaciones simplemente señalaron que el solo hecho de la participación de privados constituye un hecho privatizador.
¿Y LA EXPROPIACIÓN?
Caso contrario, el director de Asuntos Económicos de la ANEP, Waldo Jiménez, explicó que en la Ley General del Agua se establecen artículos que pueden considerarse confiscatorios.
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Los artículos 103, 104, 108 y 109 pueden considerarse atentatorios a la propiedad privada porque tienen un componente de expropiación; es decir, el MARN puede llegar a tomar control de un terreno porque tiene agua y después no regresar esa propiedad" Waldo Jiménez, ANEP
De todas las organizaciones que han participado en la Comisión de Medio Ambiente, la ANEP y los expertos hídricos aportaron datos concretos. En el país, el 90% del agua se desperdicia: al año caen 1,800 metros cúbicos de agua que no están siendo bien aprovechados. Al finalizar el concurso de las organizaciones, los diputados entrarán nuevamente en la disyuntiva sobre algunos artículos de la ley, entre ellos el polémico artículo 14 de la ley integral, que define la conformación de la junta directiva de la autoridad del agua, pero está por verse en los próximos días en el parlamento.
RATIFICACIONES CONSTITUCIONALES POR EL DERECHO AL AGUA
Art. 69 “El Estado proveerá de los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de organismos de vigilancia.
ratificada en la 2021-2024. La Comisión de Asimismo, el Estado controlará la calidad Legislación y Puntos de productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan Constitucionales afectar la salud y el bienestar” tiene en su estudio actualmente la Este es el artículo que se pretende modificar incluyendo el reconocimiento ratificación constial derecho humano y al agua. tucional por el En el 2012, el FMLN derecho al agua y propuso una ratificación saneamiento, que constitucional por el modificaría el artículo 2 y 69 de la derecho al agua. Esta no logró su ratifiConstitución de la República. cación en el parlamento, por lo que a Las ratificaciones constitucionales finales de la legislatura 2012-2015 – en la necesitan dos periodos legislativos (6 última plenaria – se realizó un nuevo años) para aprobarse, es decir, una acuerdo para su aprobación, logrado con legislatura la aprueba con un mínimo 49 votos. de 43 votos y la siguiente la ratifica con un mínimo de 56 votos. Le correspondía a la legislatura anterior En tres ocasiones se ha intentado aprobar la ratificación constitucional por el derecho al agua, pero por distintos motivos esta no ha logrado 56 votos.
(2015-2018) ratificar el compromiso, pero este no se dio, por lo que el proceso debe iniciar nuevamente; es decir, aprobar en esta legislatura (2018-2021) para que sea
A la par del estudio de la Ley de Agua, el acuerdo por reconocer el derecho puede llegar en esta legislatura para ser ratificada dentro de tres años.
HABLAN LOS
PRESIDENCIALES El tema del agua no pasa desapercibido para ningún político; y en el amanecer de la contienda por la silla presidencial, los candidatos de diversos partidos brindan sus posturas al respecto. El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, junto a diputados de ARENA, PCN y PDC propusieron una iniciativa para modificar la Constitución y reconocer el derecho al agua y al saneamiento. Dicha iniciativa fue presentada el 4 de julio de este año y es una de las propuestas que se estudia en la Comisión de Legislación. La enmienda busca que en el artículo 69 de la Carta Magna se especifique que “el Estado tendrá como prioridad proteger y preservar el derecho al agua como derecho humano y fundamental, debiendo regular el acceso, disposición y saneamiento a los habitantes. El Estado creará las políticas
públicas que garantice este derecho de forma equitativa y la ley regulará esta materia”. En su intervención, Carlos Calleja aseguró que no está a favor de la privatización del agua y que la administración de la misma debe ser competencia del Estado a través de un ente público. El FMLN, por su parte, volvió a presentar una propuesta de enmienda en la que solicita modificar la sección cuarta de Salud Pública, agua y asistencia social, siempre dentro del artículo 69, para incluir al agua como un derecho humano. A pesar de que aún no era el candidato oficial de GANA, Nayib Bukele ya había manifestado la necesidad de sacar a la empresa privada de la administración de la autoridad hídrica.
¿EN QUÉ PAÍSES ESTÁ
“PRIVATIZADA
EL AGUA”?
En legislaciones de otros países, el servicio para llevar agua potable a través de entidades es privado, aunque esto implica solo una concesión del servicio y no “privatización del agua”.
En Chile, desde 1981 el Código de Aguas establece las concesiones del servicio de agua potable. La legislación en el país sudamericano se modificó a partir del 2016, estableciendo el reconocimiento al agua como derecho humano – pues no estaba contemplado en la legislación chilena – y la revisión de las concesiones por alguna causal como la contaminación de los mantos acuíferos. Pese a esto, no escapa de uno de los principales problemas del servicio de agua potable, que es la accesibilidad para todos. En Chile hay cerca de 400 mil personas
que no cuentan con este servicio; aun así, está muy por encima del nivel de escasez que señalan los estándares internacionales. La Dirección General de Aguas – entidad pública – es la encargada de regular el servicio prestado, y al igual que funciona el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), es la institución encargada de otorgar permisos de explotación del recurso hídrico. En Argentina existe una concesión a 30 años para los servicios de agua potable
y saneamiento. Una empresa francesa se encarga de brindar dicho servicio. Hasta el año pasado, estadísticas del m ismo gobierno señalaban que hay un 15% de la población sin acceso a agua potable, además un 40% de argentinos no cuenta con un sistema adecuado de aguas residuales. En este país, la empresa estatal AySA S. A. (Aguas y Saneamientos Argentinos) es la de los proyectos de agua, y al igual que el caso de Chile permite la concesión de los servicios de explotación y distribución del vital líquido. Hasta el año pasado existían al menos 100 compañías dispuestas a invertir en el manejo de aguas residuales, pero el proyecto sigue su curso en el poder legislativo de ese país, lo que significa que depende de la institucionalidad la agilización de este proyecto. En México, el pasado mes de junio el presidente Enrique Peña Nieto concesionó los servicios de agua potable (a través de decreto ejecutivo) para compañías privadas, lo que generó controversia con sus opositores. Según Peña Nieto lo que se busca con este decreto es llevar agua potable y saneamiento a donde la institucionalidad no alcanza a llegar. Datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en México reflejan que el 52% del agua suministrada
en el país está contaminada. México además enfrenta un servicio deficiente del servicio público. El último censo de ese país (año 2000) estima que el 55% de familias mexicanas con servicio de agua potable lo reciben de manera intermitente. No obstante, en el país norteamericano el 30% de las aguas residuales reciben un tipo de tratamiento, superando al promedio del resto de América Latina. Diversos países no cuentan con los recursos, ya sea de conocimientos, tecnología o financiamiento, para enfrentar la abrumadora demanda de agua en sus crecientes poblaciones. Conforme crece la demanda también debe hacerlo el nivel de sofisticación tecnológica para brindar servicios de agua, un problema al que se enfrentan muchos gobiernos y que, en este caso, concesionan los servicios para llevar mayor accesibilidad. Según las experiencias de estos países, que determinaron el concurso de privados, la participación de este sector en la administración del servicio de agua potable no riñe con el derecho al acceso al líquido. Mientras, la actual legislación salvadoreña intenta eliminar a los privados.
CONCLUSIONES El tema de la legislación del agua continuará siendo discutido en la Asamblea Legislativa por largo tiempo, pues parece no existir un acuerdo final para aprobarlo, ya que se ha convertido en mecanismo político ante la opinión pública. La principal disputa en la legislatura es el tema de la conformación de la Autoridad Nacional del Agua y la participación de la empresa privada, pese a que todas las autónomas del país tienen representación de privados en sus directivas. Queda demostrado que en algunos países la capacidad del sector público
es sobrepasada por la demanda de usuarios de agua potable, por lo que recurren a concesiones a través de la empresa privada. La eficiencia en el servicio que presta el sector público en El Salvador con respecto al agua ha sido desbordada por años, a pesar de los apoyos presupuestarios que pueda recibir la entidad. Es necesario incluir en cualquier proyecto de agua, ya sea como garantía del sector público o como iniciativa privada, el saneamiento.
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Ricardo Larín Gabriel Recinos Sandra Cárcamo