Alguien, en algún lugar, en este preciso momento está en un sótano con una aguja y una cuchara tratando de huir del dolor. De hecho, si quienes se inyectan drogas se reunieran en un lugar en este momento -16.000 millones de personas según estimaciones- representarían cuatro veces la población de Madrid. En galerías de inyección del mundo entero, de Mumbai a Managua, el frecuente uso compartido de agujas y jeringuillas sucias facilita la vía de transferencia de sangre contaminada de un cuerpo a otro. En pocas palabras, se trata del medio más efectivo de transmisión del Vih que da por tierra con los avances obtenidos durante años de duro empeño. Hay muchos motivos que llevan a consumir drogas por vía intravenosa en lugar de inhalarlas, fumarlas o tragarlas; el principal, es que son más baratas, más fáciles de encontrar, más rápidas de tomar (una ventaja si la policía merodea) y reputadas por provocar un “viaje” más rápido e intenso. El consumo de drogas por vía intravenosa se disparó en los últimos años, tendencia que se observa en todos los continentes. Cuando ese consumo se combina con el comercio sexual para costear la adicción crea un cóctel que aumenta significativamente la probabilidad de propagación del Vih a un público incauto. En la provincia china de Sichuan, por ejemplo, sabemos que casi el 60 por ciento de las mujeres que se libran al comercio sexual también consume drogas por vía intravenosa y comparte agujas contaminadas. En partes del Reino Unido lo hace un alto 78 por ciento y en Siria más del 50 por ciento. Muchos gobiernos del mundo -de hecho, más del 80 por ciento- no se diferencian de los propios consumidores de drogas,
pues propenden a realidades artificiales, insensibles a la evidencia de que tratar como delincuentes a quienes consumen drogas por vía intravenosa es una política fallida que contribuye a la propagación del Vih. Funcionarios de salud pública ignoran las pruebas de que para lograr contener el Vih, los servicios de salud deben proveer los denominados programas de reducción del daño que combinan el intercambio gratuito de agujas estériles, terapia de sustitución de drogas, asesoría sobre la adicción y otras formas de apoyo social y médico. Por el contrario, lo mejor que pueden esperar los usuarios de drogas inyectables es verse confinados y vivir con su adicción en oscuros barrios bajos y edificios abandonados de nuestros pueblos y ciudades. O lo que es peor, ser criminalizados y encarcelados con poco o ningún respeto por sus derechos a la atención de salud y sin tener en cuenta el impacto de esa política en la salud de sus comunidades. Sin duda alguna, la orientación errónea de las políticas estatales contribuye a la creciente tasa de transmisión del Vih que está en aumento en las comunidades de usuarios de drogas inyectables. Sabemos que más del 10 por ciento de las nuevas infecciones por Vih obedece al uso compartido de agujas. Si excluimos del cálculo el África subsahariana -donde ese uso es menos común, pero de todos modos, aumenta en forma sostenida- las nuevas tasas de infección por el incontrolado uso compartido de jeringuillas aumentan a más del 30 por ciento. Pasando al plano nacional, en Rusia, por ejemplo, la transmisión del Vih en usuarios de drogas inyectables asciende a un escalofriante 83 por ciento, en Ucrania al 64 por ciento, en Malasia al 72 por ciento,
Bekele Geleta es Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), la mayor red humanitaria del mundo. en Vietnam al 52 por ciento, etc. etc. En algunos países, los porcentajes de personas seropositivas entre usuarios de drogas inyectables son tan altos que están peligrosamente al borde de una epidemia generalizada. Aun así, leyes y políticas siguen fracasando debido a la aplicación de tácticas represivas. Sin controles ni tratamiento, el consumo de drogas por vía intravenosa es un grave problema de salud pública que solo se puede abordar mediante servicios de salud pública racionales que actúen de conformidad con la ciencia médica, no con leyes mal informadas. Todas las pruebas apuntan a la eficacia de los programas de reducción del daño. Vale la pena repetirlo. La reducción del daño funciona. Tratar a los drogadictos como delincuentes está destinado a propiciar el aumento de la infección por Vih no solo en aquellos tan desafortunados que tienen un grave problema de drogadicción, sino también en los recién nacidos aquejados de adicción y los miembros de la colectividad que habitualmente no están expuestos a los riesgos del Vih. El consumo de drogas por vía intravenosa es un problema de salud pública, una cuestión de derechos humanos, y aunque no se puede consentir, tampoco debería criminalizarse.