Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia: cuatro casos de estudio
procesos organizativos, para “conversar” sobre las necesidades de las veredas. Los paramilitares expresan “que ellos han llegado con el propósito de ayudar y que van a utilizar el diálogo como mecanismo para resolver los problemas que se presenten entre vecinos, como hacía la insurgencia”. En este contexto, también se han hecho frecuentes las ofertas económicas a grupos u organizaciones para promover actividades sociales, que constituye un riesgo para los líderes y lideresas y configura un escenario de coacción a las comunidades para desarrollar sus procesos de participación y organización. Se identifican a Santa Rosa, Don Matías, Yarumal, Valdivia, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño como los sitios donde más riesgos existen para la labor de los líderes y las lideresas. En Ituango han aparecido panfletos amenazantes que han ocasionado desplazamientos desde la vereda El Cedral. El accionar es similar a otras subregiones. Obligan a los líderes de las Junta de Acción Comunal a reunirse con ellos, solicitan los libros de actas, contables y listados de asistencia, razones suficientes para entender el riesgo de la labor de los liderazgos. (CJL & Fundación Sumapaz, 2017, p.24) La incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el municipio de Ituango, comenzó a sentirse con mayor rigor a lo largo del mes de enero de 2017, cuando iniciaron sus recorridos por la zona rural en camionetas de gama alta, imponiendo por la vía armada la participación de la población en reuniones forzadas, intimidando con ello a los habitantes de las veredas Pascuita, Villegas, El Recreo y Camelia Baja en el corregimiento Santa Rita, vereda La América en el corregimiento El Aro, veredas Chontaduro y El Zancudo en el corregimiento La Granja y las veredas El Cedral, Guacharaquero y Santa Ana. (Defensoría del Pueblo- SAT, Informe de Riesgo N° 037-17, 2017a, p.5)
Para generar recursos monetarios adicionales y controlar las maneras de resolver los conflictos surgidos en las comunidades, los grupos paramilitares imponen multas por “alterar el orden público” y contaminar las aguas. Los habitantes son amenazados para cuidar las quebradas, respetar los retiros y evitar las riñas. Estos grupos, últimamente, han apelado a un discurso en defensa del medio ambiente, como una táctica que se utiliza para ganar simpatías y adeptos dentro de la población. Queda claro que no se trata exclusivamente del manejo de una agenda militar sino también de carácter social, con lo que pretenden asegurar su presencia en el territorio e influir en el imaginario social. (Testimonio de una participante, 2017, p. 5) Briceño: Cuando se presentan casos de alteración del orden público las AGC cobran “multas” cercanas a los 250 mil pesos o imponen castigos ejemplarizantes; despojan a pobladores de bienes como motocicletas e imponen reuniones a comunidades y comerciantes, ya sea para el cobro de exacciones o para justificar sus acciones, señalando a las víctimas como responsables directas de las acciones sufridas. (Defensoría del Pueblo - SAT, Informe de Riesgo N° 003-17, 2017e, p.18)
Este tipo de estrategias buscan instalar una agenda social para ganar legitimidad combinando acciones cívico-militares que afectan gravemente el derecho a la participación ciudadana. En el Norte, es frecuente encontrar movilizaciones sociales contra la imposición de megaproyectos minero - energéticos, contra la erradicación forzosa de los cultivos de coca y por el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Todas estas acciones organizativas se hallan en peligro por la presencia paramilitar, que se ha expandido al salir las FARC - EP de territorios como Ituango, Toledo y Briceño. Casos de estudio
71