Contralinea 339

ISSN: 1665-1626

R E V I S TA S E M A N A L

ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@yahoo.com.mx

OFICIO DE PAPEL/PGR DESPILFARRA 600 MILLONES DE DÓLARES

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Miguel Badillo

SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx DIRECTOR JURÍDICO

PEDRO RODRÍGUEZ

COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx

PORTADA/TRASNACIONALES, CON PERMISO PARA SEMBRAR 2 MILLONES DE HECTÁREAS DE ALGODÓN TRANSGÉNICO Elva Mendoza

COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com NETZAÍ SANDOVAL netzai@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com

SOCIEDAD/CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, “PUEBLO MÁGICO” AMENAZADO POR MINERA Érika Ramírez

LÍNEA GLOBAL/DELITOS SEXUALES EN FUERZAS ARMADAS DE ESTADOS UNIDOS Roberto García Hernández/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/GOBIERNO Y TRASNACIONAL DESPOJAN A INDÍGENAS DE LIBERIA Wade C L Williams/IPS

LÍNEA GLOBAL/ASSAD HABLA, RUSIA ACTÚA Pepe Escobar/Red Voltaire

DEFENSOR DEL PERIODISTA AMENAZAS AL PERIODISTA RICARDO ALEMÁN

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CARTÓN

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DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR

LUCIO SÁNCHEZ CECILIA MARTÍNEZ ARMANDO COVARRUBIAS OCTAVIO SALAS

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS/CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO/CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx PÁGINA DE INTERNET

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OPINIÓN Jorge Meléndez Preciado

EL LENGUAJE DISCRIMINATORIO ANTE LA JUSTICIA MEXICANA

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Roberto E Galindo Domínguez

LA TURQUÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA REPRESIÓN

20 Adrián Ramírez López

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VÍCTIMA DE SU ENGAÑO

Avilés

DOLIA ESTEVEZ: 1823-2011 Y LOS EMBAJADORES

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Álvaro Cepeda Neri

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Marcos Chávez M

LECCIONES DE HISTORIA A LA TECNOCRACIA: DÍAZ APADRINÓ A LOS MONOPOLIOS

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EX LIBRIS

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Netzaí Sandoval Ballesteros

DONDE MANDA AZCÁRRAGA NO GOBIERNA PEÑA NIETO

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CARTÓN

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INFILTRADO

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OPINIÓN

Manrique CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN HUASTECA SALOMÓN HERNÁNDEZ LEÓN GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ

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DESAPARECIDOS EN MÉXICO: LA VIDA NO VALE NADA

Álvaro Cepeda Neri

PRESUNTUOSO

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PASO A DESNIVEL

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CIUDAD CAPITAL

Miguel Galindo

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Martín Esparza Flores

Ilustración de portada: Cecilia Martínez

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 12, número 339, del 17 al 23 de junio de 2013– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 14 de junio de 2013. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

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CONTRALÍNEA

OFICIO DE PAPEL

PGR despilfarra 600 millones de dólares Miguel Badillo*

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os gruesos legajos con cientos de averiguaciones previas y expedientes administrativos se acumulan en las oficinas de la Visitaduría General y del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR) que dirige el hidalguense Jesús Murillo Karam. Éste enfrenta el dilema de consignar las averiguaciones ante un juez federal por hechos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos, cometidos en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa o darle vuelta a la página y dar borrón y cuenta nueva. Más aún cuando algunas acusaciones apuntan al exoficial mayor de la PGR, Jesús Naime Libién, primo del actual abogado de la nación.

Es tal el despilfarro de recursos públicos en 101 aeronaves de la PGR que el mismo Murillo Karam se ha dado a la tarea de vigilar el proceso judicial de dichos expedientes. La razón es que hay una mafia en la Dirección General de Servicios Aéreos que involucra a muchos servidores públicos que, para impedir que avancen las indagatorias judiciales, hasta han amenazado de muerte a todo aquel que se atreva a intentar desmantelar la red de corrupción creada en torno a los aviones propiedad de la Procuraduría.

Para tener una idea de los intereses económicos que se mueven en esa Dirección General y las razones por las cuales nadie se ha atrevido a poner orden y enfrentar al cártel que controla el negocio de las aeronaves, nos remitimos al presupuesto público que maneja la Procuraduría para el mantenimiento de una flota aérea que desde el año pasado dejó de operar por estar simplemente en condiciones inservibles.

Hablamos de un gasto anual promedio de 100 millones de dólares que el gobierno de Calderón destinó durante todo su gobierno,

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lo cual multiplicado por los 6 años eleva la cifra a los 600 millones de dólares –unos 7 mil 800 millones de pesos a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar–, destinados a los servicios de 101 aeronaves que son sólo chatarra y que ya dejaron de volar. ¿A los bolsillos de quiénes fueron a parar esos miles de millones de pesos? Ésa es la respuesta que tendrá que contestar el procurador Jesús Murillo Karam.

A pesar de las cifras escandalosas del despilfarro del dinero público, en el último año de la administración calderonista, la procuradora Marisela Morales se vio obligada a dejar en tierra toda la flota aérea de la PGR y contrató a la empresa Rajet Aeroservicios, SA de CV, para el servicio de 10 aviones y dos helicópteros, a un costo de 5 millones de dólares en un periodo de 6 meses.

La razón de esa decisión de la ahora cónsul en Milán, Italia, se sustentó en una auditoría elaborada por la empresa estadunidense Joseph del Balzo Associates, en donde se concluye en tres informes parciales y otro final, la urgencia de retirar del espacio aéreo todas las aeronaves de la Procuraduría, porque no reúnen las condiciones internacionales y representan un alto riesgo porque se pueden desplomar en cualquier momento, como de hecho ocurrió en varias ocasiones.

Pero dicho contrato de 5 millones de dólares para el servicio de 12 aeronaves ya provocó un nuevo problema, pues la Procuraduría sólo ha pagado 2 millones de dólares a la empresa Rajet, con oficinas en las ciudades de Saltillo y Monterrey, y le adeuda el 60 por ciento, correspondiente a 3 millones, pero la PGR argumenta que dicha empresa norteña tiene penalizaciones equivalentes a 1 millón de dólares, dinero que primero tiene que pagar a la Secretaría de Hacienda para después poder cobrar el adeudo.

Esta deuda es negociada directamente por el procurador Murillo Karam, quien hizo la oferta a los directivos de la empresa Rajet CONTRALÍNEA

En la pasada administración, trabajadores de la PGR se dedicaron a desmantelar los aviones y helicópteros y a convertirlos en chatarra, o como dicen en el argot de la aviación, los aparatos de vuelo eran sujetos del “canibalismo”

de pagarles sólo 1 millón de dólares y finiquitar el contrato, lo cual fue rechazado y hay amenaza de demanda por incumplimiento.

Aunque se contaba con el presupuesto suficiente para mantener volando a dicha flota aérea, lo cierto es que trabajadores de la PGR se dedicaron a desmantelar los aviones y helicópteros y convertirlos en chatarra, o como dicen en el argot de la aviación, los aparatos de vuelo eran sujetos del “canibalismo”: les quitaban las piezas buenas para armar otras aeronaves, lo que impedía tener un control eficaz de éstas. ¿Qué hicieron los funcionarios responsables del manejo de esos recursos públicos? La única explicación que hay es el desvío de dinero y el enriquecimiento ilícito de directivos, administradores, almacenistas, pilotos y mecánicos de la PGR. Uno de los dos legajos corresponde a la investigación del Órgano Interno de Control, en donde aún se espera finque sanciones administrativas a oficiales mayores, directores de servicios aéreos, pilotos, mecánicos y otros funcionarios que despacharon en los últimos 6 años en esa Procuraduría.

Un segundo legajo con cientos de expedientes se integra en la Visitaduría General de la PGR, a cargo de María Concepción Cornejo Oliver, quien es la responsable de dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas por probables actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

En las averiguaciones previas que ahí se integran por el uso indebido de miles de millones de pesos, se pretende fincar responsabilidades penales a quienes hayan abusado de su cargo y se hayan enriquecido ilícitamente con el dinero público.

El problema de la flota aérea de la PGR era de tal dimensión, que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno anterior, Dionisio Pérez-Jácome, advirtió a la entonces procuradora Marisela Morales que dejara de utilizar esos aviones porque eran un peligro y podría tener algún accidente en cualquier momento.

Aunque en enero de 2012 la SCT envió un documento oficial a

la PGR en donde daba cuenta de las fallas en cada una de las aeronaves de esa dependencia, y también sugería retirar del aire a toda la flota, el entonces director general de Servicios Aéreos de la Procuraduría, Pedro Alberto Alcalá López, le decía al oficial mayor Enrique Girón Zenil que todo estaba bien con los aviones y que no había que hacer caso a las recomendaciones de Comunicaciones y Transportes.

Aunque ya no hay aviones en la PGR que puedan volar, una mala señal en esa dependencia fue la designación como director general de Servicios Aéreos de Jaime Alcántara Silva, exdiputado federal priísta y exsecretario particular de Beatriz Paredes, quien su conocimiento sobre el tema de los aviones se limita a viajar en líneas comerciales. Lo que revela que el problema no tiene solución y la pregunta es cómo transportaran ahora a reos de un penal a otro, pues ésa era la principal función de los aviones y helicópteros oficiales.

Una anécdota que les gusta recordar a los trabajadores de la PGR fue cuando la procuradora Marisela Morales se dirigía a Chile y recibió una llamada de México que le advertía que el avión oficial en el cual viajaba estaba reportado como peligroso para volar, pues tenía el parabrisas astillado, lo que podría provocar que el aparato se colapsara en el aire y explotara. En ese momento la aeronave había hecho una escala en Ecuador y Marisela Morales decidió que el avión siguiera su viaje, pero se aseguró de que ninguno de sus acompañantes de enterara del reporte que un subalterno le había dado. Para el regreso de Chile, la procuradora y las otras personas que la acompañaban decidieron abordar otro avión.

En la gestión de la exprocuradora había 300 pilotos contratados para tripular sólo 30 aviones que se utilizaban, pero lo más grave es que ninguno de ellos había pasado el examen de confianza que en la PGR es indispensable. En el último año del gobierno de Calderón, Marisela Morales cesó a 195 pilotos.3 *Periodista

Cuentan en la PGR que, en una ocasión, mientras la entonces procuradora Marisela Morales viajaba a Chile recibió una llamada de México. Un subalterno le advertía que el avión oficial en el que iba tenía el parabrisas astillado, que el aparato podría colapsar en el aire y explotar en cualquier instante CONTRALÍNEA

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

Amenazas al periodista Ricardo Alemán Álvaro Cepeda Neri*

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isentir de los juicios de quienes, de cara a la opinión pública, vierten sus opiniones para analizar y criticar cuanto aparece en la escena pública, es parte de las libertades de todos los mexicanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha puesto en vigencia como derecho positivo. En ese contexto, al escribir y publicar escritos, darlos de viva voz, en la prensa escrita o en cualquiera de los medios de comunicación actualmente implantados por la tecnología, deben caber todos los puntos de vista para que los mexicanos podamos ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Esos espacios también deben permitir las discrepancias, los comentarios y las réplicas, con lo cual se ofrece el más completo abanico de pareceres que alimentan a la democracia directa –donde todos debemos y podemos participar– y a la democracia indirecta o representativa. Y en ambas, para informar y cuestionar sobre todo lo que sucede en esos vasos comunicantes. Y permitir confrontarnos con la máxima tolerancia que facilita la máxima libertad para el intercambio, pues sobre lo que estamos de común acuerdo o en desacuerdo dentro de los límites que nos otorga la legalidad y legitimidad de nuestro orden jurídico.

Ya dentro de la etapa peñista y aunque se pretenda lo contrario, la violencia sangrienta todavía priva de la vida a un gran número de víctimas inocentes. A esto hay que agregar la violencia de las amenazas, tan comunes que se han vuelto contra el gremio periodístico y como las que ha recibido el periodista Ricardo Alemán (autor de la columna Itinerario Político, que se publica en El Universal, de domingo a viernes de cada semana). Estar en descuerdo con él, como con cualquier otro de quienes hacen del periodismo su trabajo o de quienes incursionan en los medios de comunicación de vez en cuando, no debe ir más allá de manifestarle su réplica o entablar una polémica, pues al fin y al cabo “la democracia es discusión” con las armas de la razón que son: tolerancia política, argumentación, crítica, desacuerdo y, finalmente lo sintetizado en la divisa de Voltaire: “Estaré hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo”.

Las amenazas que se han lanzado contra Ricardo Alemán –de las que dio cuenta en su columna titulada “Matar al periodista” (El Universal, 30 de mayo de 2013) y que han aparecido profusamente en Twitter– no solamente convocan a cometer homicidio, sino también muestran incitación a otros delitos que buscan conectar la violencia que sufre la nación con la intolerancia a las libertades de expresión, manifestación de las ideas y de libre examen y discusión de ellas. Tolerancia es la divisa pacífica para la convivencia en la diversidad neLas amenazas contra Alemán no sólo convocesaria, indispensable, de la democracia, sin can al homicidio, sino que incitan a otros deliderramamiento de sangre. Bien escribió Ricardo Alemán: “No puede y no debe ser parte del tos que buscan conectar la violencia que sufre paisaje democrático y de libertades la repetila nación con la intolerancia a las libertades de da amenaza de muerte, para nadie”.3

expresión y manifestación de las ideas

*Periodista 10

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CONTRALÍNEA

CARTÓN

Presuntuoso

CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Infiltrado Jorge Meléndez Preciado*

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odos los movimientos que pretenden un cambio importante, sin excepción, sufren de infiltrados. Hace años el gran teórico Víctor Serge –cuyo hijo, el estupendo artista plástico Vlady, vivió en México hasta su muerte– escribió el libro Lo que todo revolucionario debe saber acerca de la represión (editado por Era).

En la obra queda de manifiesto que la provocación y la penetración de agentes externos, especialmente policías, es una constante en las luchas populares.

Hoy sabemos que Manuel Cossío Ramos, el actual

director de Fuentes Alternas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, penetró al movimiento de los muchachos de la Universidad Iberoamericana, movilización que trajo por la calle de la amargura a Enrique Peña Nieto desde el 11 de mayo de 2012. El mencionado no únicamente calumnió a una serie de personajes, sino que desprestigió a Josefina Vázquez Mota, la abanderada panista en aquella elección presidencial, al parecer por órdenes de Pedro Joaquín Coldwell, el dirigente máximo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012.

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Cossío insistió que detrás de los jóvenes de la universidad ubicada en Santa Fe estaba Andrés Manuel López Obrador, algo que reprodujeron una buena cantidad de articulistas, lo cual era absolutamente falso. Pero además, grabó y editó declaraciones del líder Saúl Alvidrez, en las cuales se acusaba a Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas y Epigmenio Ibarra de apoyar a los estudiantes y tirarles línea, como se dice en la jerga política, cuando se dan órdenes.

En la revista Contralínea del 26 de mayo, su director, Miguel Badillo, publica el organigrama del Cisen, fundado el 13 de febrero de 1989, en el sexenio de Carlos Salinas. De esa manera vemos a detalle a los 39 altos mandos de esa institución, con salarios que rondan los 200 mil pesos mensuales.

Entre los directivos está Gerardo García Benavente, encargado de Seguridad Interior, uno de cuyos subordinados es Manuel Cossío, con un salario de 172 mil pesos, más 30 por ciento de sobresueldo por los riegos que corre en sus funciones.

Así pues, el trabajo periodístico del semanario ha puesto al descubierto a uno más de quienes han tratado de distorsionar los movimientos sociales, intentar fortalecer a un grupo que tiene, cada vez más, nexos con el salinismo y mostrar un aparato que si bien debería “fortalecer el estado de derecho”, como se dice en uno de sus propósitos, en realidad sirve para que unos cuantos –antes panistas y ahora nuevamente priístas– hagan de las suyas en su beneficio.

Curiosamente, durante 24 años diversos reporteros y medios han tratado de conocer los datos gruesos del Cisen. Nunca se había tenido oportunidad, ni siquiera recurriendo al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Hoy debido a una pesquisa sabemos más de esa organización.

Y hete aquí que ese descubrimiento nos muestra a un espía que se decía estudiante y atacaba a los jóvenes que estaban por un cambio en las relaciones políticas.

Por cierto, según el portal HomoZapping, Cossío había mandado tuits que lo desnudaban mucho antes de lo que ahora sabemos. En uno de ellos dijo: “Cómo es posible que la #Ibero permita el acceso d rijosos del PRD en lo que debió ser un foro plural y de análisis de propuestas. #Fuerza EPN” (sic). En referencia al 11 de mayo. Y en otro comentó:”Es contundente el compromiso informativo de @lopezdoriga…” (sic).

Luego, como ocurre con este tipo de sujetos, borró ambos. Pero en los dos queda muy claro no su ideología, ya que no tiene ninguna, sino los objetivos que perseguía y los patrocinios que recibía. Es muy claro que si bien es imposible evitar que los agentes policiacos se cuelen en los movimientos –tanto, que los partidos de izquierda antes y después de la reforma política de Reyes Heroles no pudieron sacudirse ese mal–, resulta importante que haya un cuidado mayor de las organizaciones sociales en sus filas.

Aunque también es promisorio que informativos como Contralínea y HomoZapping nos den una serie de informaciones para desenmascarar a quienes gritan ¡al ladrón! siendo ellos los que realizan los hurtos a la sociedad.3 *Periodista CONTRALÍNEA

OPINIÓN

El lenguaje discriminatorio ante la justicia mexicana Netzaí Sandoval Ballesteros*

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ecientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en el amparo directo en revisión 2806/2012 que ha generado opiniones encontradas. En ésta consideró que las expresiones “maricones” y “puñal”, usadas en el contexto de un debate público entre medios de comunicación, no se encuentran protegidas por la libertad de expresión consagrada en la Constitución. Con ello se admitió la posibilidad de que una persona sea demandada por daño moral cuando emplea estos términos como insultos.

Varias personas han considerado equivocada o excesiva la decisión de nuestra SCJN y lo han señalado públicamente (ver la opinión del ministro José Ramón Cossío, en: www.letraslibres.com/revista/letrillas/palabras-prohibidas). Lejos de proponer una visión definitiva, intentaremos contribuir a la reflexión pública del tema.

Se ha llegado a equiparar la decisión de la Suprema Corte con un intento de eliminar palabras del diccionario. Parece que las críticas a la sentencia resultan injustas si se considera que la Primera Sala abiertamente admite que dichas palabras podrían ser amparadas por la libertad de expresión en ciertos casos y cita concretamente los contextos artísticos, literarios o de estudios científicos. Se sostiene también que no hubo una verdadera colisión entre la libertad de expresión y el derecho a no ser discriminado, pues si bien los términos fueron empleados como ofensa, ello no significa necesariamente una discriminación. Según esta argumentación solamente en caso de que el sujeto al que se dirige el insulto sea realmente parte de un grupo con preferencias homosexuales podría existir una colisión entre la libertad de expresión y el derecho a no ser discriminado.

Al exponer su teoría sobre La fórmula del peso para la ponderación de principios, Robert Alexy utiliza como un ejemplo palpable de una vulneración grave a los derechos fundamentales (entendidos como principios) un caso en el que una persona parapléjica es llamada “tullido” en una publicación periodística. Quienes critican la decisión de nuestra SCJN precisamente argumentarían que la diferencia consiste en que, en el caso mexicano, el sujeto insultado no pertenecía realmente a un grupo con preferencias homosexuales (mientras que en el caso alemán se hacía burla de una condición física inocultable de la persona). Esta argumentación pierde de vista que las palabras empleadas en el diario poblano podrían ser sólo insultantes para la persona concreta, pero claramente resultan discriminatorias para todo sujeto con una preferencia sexual diversa.

Podría decirse que el derecho a la no discriminación tiene también un carácter difuso o que al menos constituye un derecho de incidencia colectiva.

Atendiendo a ese carácter difuso o colectivo del titular, países como Argentina contemplan desde la Constitución (artículo 43) la posibilidad de promover acciones colectivas cuando se presenta cualquier forma de discriminación; y no solamente cuando se afectan derechos de consumidores y al medio ambiente como lamentablemente ocurre en México (artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles).

Lo que el ministro Cossío destaca es solamente la ausencia de vías procesales para hacer valer el derecho a la no discriminación en su vertiente difusa. Pero sus argumentos CONTRALÍNEA

son insuficientes para demostrar que las palabras publicadas en la revista poblana eran meros insultos sin llegar a la discriminación.

Hay que tomar en cuenta que la SCJN está analizando un caso de responsabilidad civil y que su decisión evidentemente no implica que alguna persona pueda terminar en prisión como consecuencia del uso de las palabras “maricones” y “puñal”. Existen situaciones mucho más graves en las que las simples palabras pueden llevar a que un tribunal encuentre responsabilidades penales. Por ejemplo, la instigación directa y pública a cometer un genocidio genera una responsabilidad penal (artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).

La Primera Sala de la SCJN sabe y admite que las palabras “maricones” o “puñal”, en el artículo concreto, no discriminaron a una de las partes en el juicio. Sobre eso no hay confusión alguna. La propia resolución explica que dichos insultos estaban dirigidos a los colaboradores y trabajadores del diario Síntesis, mientras que el actor en el juicio original y recurrente en el amparo directo en revisión era el dueño del diario Síntesis. Lo que sí afirmó la Suprema Corte es que la libertad de expresión prevista en la Constitución no protege a un columnista para emplear expresiones homofóbicas.

El fallo no condenó al pago de una indemnización por daño moral. Al corregir al tribunal colegiado de circuito (que afirmaba que los insultos del caso concreto estaban amparados por la libertad de expresión), la SCJN sólo afirma que el sujeto podrá ser condenado a una eventual indemnización. Pero es perfectamente posible que dicha condena se presentara solamente en un hipotético proceso judicial adicional en el que los actores sí fueran afectados por el lenguaje discriminatorio del columnista. Podría afirmarse que la Primera Sala se limitó a pronunciarse sobre el problema de constitucionalidad.

Por otro lado, la sentencia pone de manifiesto uno de los problemas que obstaculizan el intento de la SCJN de actuar plenamente como un tribunal constitucional. Si este caso se hubiera presentado en un país con un tribunal constitucional en sentido estricto (o una sala constitucional), la sentencia tendría que haber ponderado también el monto de la indemnización impuesta. Ello debido a que es posible que una indemnización exagerada lleve incluso a la quiebra de una revista o un diario y en tal sentido implicaría una afectación gravísima al principio de libertad de expresión. Sin embargo, la SCJN mexicana ignora tal aspecto y delega en un tribunal colegiado de circuito la determinación de la hipotética indemnización. Este problema se presenta como consecuencia del tipo de procedimiento en que se actúa y de que en algunas ocasiones la SCJN pretende fungir más bien como un tribunal de casación y no como uno con plena jurisdicción.

Las personas suelen pensar que sus palabras no causan un daño real. Sin embargo el discurso de odio contribuye a que la violencia se considere una conducta socialmente aceptable. Por eso también hay que analizar el contexto de la sentencia de la SCJN: México ocupa el segundo lugar en crímenes por homofobia, en toda Latinoamérica (http:// mexico.cnn.com/nacional/2011/05/17/los-crimenes-de-odio-en-contra-de-personashomosexuales-en-la-sombra). Queda claro que las agresiones motivadas en la discriminación son en nuestro país una realidad que atender y no una mera posibilidad. 3 *Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia 10 DE JUNIO DE 2013

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OPINIÓN

Donde manda Azcárraga no gobierna Peña Nieto El rey de la madera de Wisconsin acostumbraba amontonar y vender políticos en la misma forma que amontonaba y vendía leña.

Compañía de Ladrones Unidos… Es un monopolio… Están trabajando para una pandilla de ladrones.

No seas como el perro del cuento. No muerdas las manos del amo.

El aire que respiraba en los salones del comité, en las cámaras legislativas, el olor a suciedad de los políticos John Dos Passos Marcos Chávez M*/Segunda parte

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ice John Dos Passos en su novela La primera catástrofe (1919): “Un orador hablando desde la Cámara de una república perdida que nunca había existido”.

Nostálgico del sistema presidencialista fuerte, omnímodo, desde la máxima tribuna de la llamada república, un orador evoca la rehabilitación de la potestad rectora del Estado perdida durante la pesadilla teocrática panista, abyectamente entregada al vasallaje y la rapiña de los grupos de poder internos y externos, en particular de los oligárquicos, a cambio de su fallido respaldo para tratar de mantenerse en el gobierno, cuidándose, desde luego, de señalar que su debilitamiento no fue iniciado por los panistas. Ellos sólo continuaron el proceso de socavamiento iniciado por la triada priísta gobernante antecesora, en especial por el socialmente despreciable Carlos Salinas de Gortari, cuya tenebrosa sombra se proyecta sobre Enrique Peña Nieto. En justicia, empero, debe añadirse, que alternándose, priístas y panistas actuaron e intervienen al alimón.

El tribuno restaurador y sus pactistas invocan la Constitución y tallan su articulado en sus propuestas de reformas estructurales neoliberales: el 25 (el Estado planeará, conducirá, coordinará, orientará y fomentará la actividad económica); el 27 (corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional; dicho dominio es inalienable e imprescriptible y la explotación y el aprovechamiento de los bienes de la nación sólo podrán realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, según las leyes establecidas); el 28 (en caso de interés general, el Estado, sujetándose a las leyes, podrá concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación); o el 134 (los recursos económicos del Estado deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez).

En el caso de las telecomunicaciones, además, se invocó el artículo 4 de la ley en la materia: “la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social”.

Los alegres pactistas festejaban anticipadamente su curiosa democratización del sector y el tañer de las campanas que supuestamente doblarán a duelo por la muerte de los monopolios de Televisa, Tv Azteca y Telmex, al aprobar una ley que aún mantendrá su hegemonía oligopólica, y cuyo ocaso en el tiempo es incierto. Que en el mejor de los casos, sólo atemperaría su omnipotencia, dada las llamadas “barreras a la entrada” (restricciones que enfrenta toda empresa al ingresar, adaptarse y competir en un sector productivo y un mercado monopolizados: montos de inversión; escala y costos de producción, laborales, administrativos y de venta; ti-

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pos de productos; canales de distribución y gastos para captar clientes, entre otras). Que mejorará la calidad de la televisión a través de la competencia “democratizadora” y desnacionalizadora de dos cadenas oligopólicas más que disputarán rabiosamente el control de la industria y el mercado como lo hacen Televisa y Tv Azteca en contra de Telmex y demás corporaciones, y perpetuará la marginalidad de la pública y las sociales que puedan construirse.

Pero como agrega Dos Passos, “el porvenir de la democracia reformada, pintado con todos los colores del arcoíris, reventó como una pompa de jabón con un alfilerazo”.

“El encanto se había quebrado”. Acabó con “la ilusión del poder” (ibíd).

En un juego de lactantes, un simple pinchazo oligárquico hizo estallar la pompa del glamoroso encanto.

Un discreto manotazo en la mesa evidenció dónde está el poder económico-político, el cual obligó a la casta política a someterse apresuradamente a las exigencias del Dominus y retrasar el inicio de la última fase del proceso de transición de las transmisiones analógicas a las digitales.

Fue suficiente que Emilio Azcárraga Jean enseñara sus ofídicos colmillos. Ordenara a su fámulo Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Televisa, colocar un inocente cintillo en las pantallas locales de sus empresas (Gala Tv, los canales 5, 12 y de las Estrellas), parte del cual remitía al “ayuntamiento de Tijuana” a los afectados por el “apagón” de la televisión analógica, aun cuando sabía que en ese lugar nada se resolvería porque nada tenía que ver en el asunto, y que se generaría un irrelevante tumulto artificial, el cual amplificaron mediáticamente en su beneficios. Y soltara su jauría: Alejandro Puente, presidente de los cableros, que calificó el “apagón” como “desastre analógico”, o Federico J González Luna, asesor de los cableros y telediputado de la Comisión de Radio y Televisión, y sus hordas de desinformadores, para que descalificaran el proceso y lincharan a los burócratas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en especial a su presidente Mony de Swaan, en nombre del nebuloso “interés público”, de los miserables “jodidos” que quedarían marginados de la digitalización, su telebasura o los viscerales lavados de cerebro de los Loret de Mola, López Dóriga, Gómez Leyva y demás fauna.

CONTRALÍNEA

La petición de la cabeza del indefendible De Swaan, patiño del Herodes Juan Molinar, no es nueva.

En 2012 otro palafrenero de Azcárraga, Manlio Fabio Beltrones, ya la exigía, luego de su fracasado intento por imponer en el Congreso la llamada “ley Televisa”. Beltrones acusaba al panismo de “capturar” transexenalmente a la Cofetel con De Swaan. Lo mismo dijo Luis Téllez cuando Héctor Osuna, el empleado de los cableros, ocupaba ese puesto. ¿Se desgarrarán las vestiduras ahora que Peña hará lo mismo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones?

Su propósito apenas ocultado era descarrilar la tersa transición a la era de la televisión digital y no dudaron en manipular siniestramente a “esa clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida”, según se refería con desprecio Emilio Azcárraga Milmo, y que consideraba que “para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil”. El objetivo es obvio: retrasar lo más que se pueda los cambios –¿por qué no incluso pensar en su aborto?– para evitar la competencia y mantener los privilegios monopólicos de Televisa o Tv Azteca, la fuente de sus ganancias y su poder político.

Fue un movimiento desestabilizador, conspirativo en toda regla, en el cual son versados.

Y el Ejecutivo y el Legislativo, ipso facto, cedieron a la presión y el chantaje. ¿Dónde quedó la dignidad del supuesto poder político arbitralmente restaurado y la rectoría estatal?

Sin embargo, no deja de llamar la atención, primero, la ausencia de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la ceremonia del apagón organizado con pompa y circunstancia por la Cofetel; y después, lerdos en los casos, Andrés Granier, la guardería ABC o de los desaparecidos, por ejemplo, el inmediato reculón, en cascada, de Peña Nieto, Ruiz, Lorenzo Córdova –al cabo, el padre, respetado militante de izquierda, no es responsable si falló la doctrina o la ética–, o Marco A Baños y Benito Nacif, del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, a quienes les tocó asumir el papel de bufones, encargados de construir el cómico argumento para justificar la postergación de la desconexión hasta después de las elecciones locales.

Todo funcionó como si se siguiera un guión previamente escrito. Como si la decisión hubiera sido negociada previamente en las catacumbas y a Azcárraga se le encomendara la tarea de fabricar la risible coartada escenográfica. ¿Fue un montaje?

A menos que la debilidad de la elite política y la necesidad de los voluptuosos amores oligárquicos (dinero electoral, promoción de imágenes, relaciones públicas) CONTRALÍNEA

de Azcárraga y Ricardo Salinas hayan sido razones más que suficientes para obligarlos a doblar humillantemente la testuz. ¿O fríamente aceptaron el chantaje, en espera de cobrar venganza con el ambiguo desmantelamiento de sus monopolios? La suspicacia se nutre.

La furia oligárquica radica en la eventual reducción de sus ganancias netas en el futuro (10 mil millones de pesos para Televisa en 2012; 2.3 mil millones para Tv Azteca). Azcárraga y Salinas Pliego eran felices cuando la meta final de la transición fue fijada en 2021, ya que les permitiría maximizar monopólicamente la ordeña del sector, con la posibilidad de diferir más adelante la fecha. Pero Felipe Calderón, que les dio todo lo que querían, los irritó al decretar el término en 2015. Para colmo, la nueva ley sectorial los obligará a compartir el pillaje con otros dos consorcios.

La coartada fue digna de lisiados mentales. Supuestamente se horrorizaron porque el 7 por ciento de la población tijuanense estuvo a punto de quedar excluida del servicio digital, pese a que se había aceptado el 90 por ciento como un nivel adecuado para continuar con el proceso. Se les “olvidó” que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 5.7 por ciento de los hogares del país no cuenta con un televisor. Que la misma Televisa, en su informe de 2012 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, lo calcula en 9 por ciento del total (unos 27 millones). Que sólo el 29.7 por ciento (8.3 millones) recibe el servicio de televisión restringida. Que apenas el 13.2 por ciento cuenta con un televisor de pantalla plana que puede recibir señales la transmisión digital. Que el porcentaje oscila en 19.5-26.2 por ciento en Baja California, Estado de México, Distrito Federal y Nuevo León, y en 2.5-6.2 por ciento en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala y Durango. ¿Esos datos serán suficientes para justificar la postergación indefinida? ¿Por qué no propuso la manera de evitar que las elecciones interfieran en la transición?

Los peñistas mantienen la generosidad del sistema a sus hijos predilectos. Por ejemplo, a Televisa, quien sólo pagó 343 millones de pesos de los 3 mil 334 millones que adeudaba al fisco por concepto de créditos fiscales. También toleran que su filial Cablemás excluya de su programación a la televisora del gobierno del estado de Guerrero, según denunció el comunicólogo Gabriel Sosa Plata. Que Megacable, de la familia Bours, hiciera lo mismo con más de una decena de canales estatales en diferentes entidades de la República. Que exista una lista negra de televisoras estatales, públicas y universitarias, las cuales han sido expulsadas de unos 80 sistemas de televisión por cable (Tv UNAM, Once Tv, Televisión Mexiquense, Telemax de Sonora, Telemichoacán, Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, Canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, entre otras).

El escándalo de Tijuana fue una farsa. Un espectáculo hechizo, típico de la adulteración de la realidad ejercida por los medios. Recuérdese el papel de las televisoras privadas en Venezuela. Para ellas, primero, no existió el fallido golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, en el cual participaron activamente. Luego falsearon las imágenes para endosar a los chavistas los asesinatos cometidos por los golpistas y, finalmente, abrieron sus pantallas e intentaron asaltar el Estado. O la actual estrategia de desestabilización que realizan en contra de la presidenta Cristina Fernández, en Argentina, quien, a diferencia de México, avanza en el desmantelamiento de los monopolios de las telecomunicaciones y en su democratización, al conceder un tercio del sector al Estado y otro a la sociedad.

El hecho rememora a Jean Baudrillard y su trabajo La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Según Baudrillard, el poder político-económico ha creado lo que llama un “espacio hiperreal”: las estrategias de simulación determinan la actual condición del mundo social y político, en la que los hechos, como si ocurrieran en un territorio casi fantasmal, mediatizado por los medios, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como simple espectáculo, donde la sociedad, manipulada por los medios de comunicación, es incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. La razón es bloqueada y blanqueada por la forma en que los medios cubren la realidad, a la que vacían de contenido, o la modelan de acuerdo con los intereses del estatu quo. La noticia se hace omnímoda y opaca al mismo tiempo.3 *Economista 17 DE JUNIO DE 2013

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OPINIÓN

Lecciones de historia a la tecnocracia: Díaz apadrinó los monopolios Martín Esparza Flores*

A

pesar de que en los primeros 6 meses de gobierno la persistencia en la aplicación del modelo neoliberal ha estacando la economía, ha desplomado la generación de empleo y empobrecido a millones de mexicanos con el alza de la canasta básica, la energía eléctrica, el gas doméstico y las gasolinas, los nuevos tecnócratas –como el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray– insisten en alentar la reforma energética que, a su parecer, contribuirá a abaratar las tarifas eléctricas bajo el sofisma de que al existir una mayor participación de empresas privadas en el sector habrá mejores precios. Argumento similar al esgrimido para abrir las puertas de la privatización en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pero fue a raíz de la llegada al país, en 1902, de la empresa canadiense Mexican Ligth and Power Company (Mexligth) que nació uno de los monopolios más rentables para los extranjeros, apadrinado al igual que las compañías mineras y petroleras de capital foráneo por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien en la mayor de las irresponsabilidades históricas les entregó el manejo de nuestros recursos naturales y energéticos a precio de ganga.

A sólo 3 años de su fundación, la Mexligth ya controlaba a las empresas Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Compañía Exploradora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso. Y por si fuera poco, en 1906, la poderosa trasnacional obtuvo nuevas concesiones del gobierno de Porfirio Díaz y de las autoridades locales de Puebla, Hi-

Con la llegada al país, en 1902, de la empresa canadiense Mexligt nació uno de los monopolios más rentables para los extranjeros, apadrinado por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien le entregó el manejo de nuestros recursos naturales y energéticos a precio de ganga

Es por ello oportuno y conveniente recordarle a la actual tecnocracia, incrustada en la administración de Enrique Peña Nieto, algunas lecciones de la historia del pasado siglo en que el país debió remontar una dura cuesta en aras de nacionalizar los recursos naturales y energéticos que Porfirio Díaz entregó a las empresas extranjeras y que representaron un muy alto costo social y económico al desarrollo de México.

Desde que en 1880 se encendieron en la calle de Plateros (hoy Madero) las primeras bombillas eléctricas, pequeñas empresas productoras de electricidad hicieron paulatinamente su aparición en el escenario de las principales ciudades como Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Mérida y, evidentemente, la Ciudad de México.

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dalgo, Estado de México y Michoacán. Sobra decir que en esos años y con la manga ancha del dictador, la Mexlight contaba ya en la primera década del siglo XX con una poderosa filial, México-Trainways, la compañía de tranvías eléctricos de la Ciudad de México. En pocos años, el naciente monopolio se había encargado ya de liquidar a las pequeñas firmas locales, avanzando como voraz pulpo en la reproducción de sus tentáculos.

Además, las firmas extranjeras no tenían de qué preocuparse, pues en su erróneo sentido por “modernizar” al país, Díaz les había otorgado concesiones de 50 y 97 años de explotación a su favor no sólo en el área de la generación de electricidad, sino en las explotaciones de los recursos mineros y petroleros. Por citar un ejemplo de cómo se dilapidaban nuestros recursos naturales, CONTRALÍNEA

El 24 de marzo de 1903, la canadiense Mexligth obtuvo la concesión para explotar en su totalidad los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla. Lejos de modernizar al país, el gobierno porfirista entregó en bandeja de oro la dependencia económica al capital extranjero

el 24 de marzo de 1903, la Mexican Ligth obtuvo la concesión para explotar en su totalidad los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla.

El entonces presidente no estaba modernizando de forma alguna al país, sino entregando en bandeja de oro la dependencia económica al capital extranjero.

Por supuesto que tanto la electricidad como el servicio de los tranvías no eran nada baratos y la población que escasamente tenía acceso a los mismos debía pagar altas tarifas y soportar la imposición de arbitrarios aumentos; en sentido opuesto, el monopolio trasnacional pagaba sueldos de hambre a sus trabajadores, al tiempo que los obligaba a laborar en jornadas de más de 8 horas, en condiciones de inseguridad y sin el menor derecho a una indemnización en caso de accidentes.

Condiciones similares de injusticia fueron las que motivaron años atrás, en 1906 y 1907, las huelgas de Cananea y Río Blanco donde fueron masacrados cientos de obreros por exigir sus derechos.

Fue esta injusta relación laboral la que motivó el surgimiento de gremios como el de los tranviarios y los electricistas, lo que dio como resultado el nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en diciembre de 1914, ante los abusos cometidos por la Mexican Ligth y sus filiales, y que 1 año después, en 1915, conllevara a la consumación de la histórica huelga que abrió las puertas de la legítima lucha obrera en el país y –más tarde, en el Constituyente de 1917– representara una de las fuerzas sociales que alentaron la consumación de las conquistas de la clase trabajadora en el Artículo 123.

No obstante el triunfo de la Revolución y la promulgación de la nueva Carta Magna, el monopolio de la electricidad controlado en la década de 1920 –dominado además de la Mexlight, por la American and Foreign Power– llegó a tales excesos como el obligar a la ciudadanía a pagar altas tarifas por un deficiente servicio –algo similar a lo que ocurre hoy con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, que al entonces presidente Álvaro Obregón CONTRALÍNEA

no le quedó otra salida que crear, en 1923, la Comisión para el Fomento y Control de la Industria y Generación de la Fuerza Eléctrica, con lo cual trató de corregir los excesos prohijados por los permisos y concesiones de Díaz, así como restringir, en la medida de lo posible, sus excesivas ganancias.

Pero la medida no fue suficiente para acabar con los abusos de las ya entonces poderosas e intocables trasnacionales, y el 30 de abril de 1926, cuando era presidente Plutarco Elías Calles, se expidió el Código Nacional Eléctrico que permitió por primera vez al gobierno controlar las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, el manejo y la conservación de las empresas eléctricas.

También, se operó la reforma al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgó al Congreso la facultad de legislar en materia de electricidad, declarando a la industria eléctrica de utilidad pública, así como la exclusiva jurisdicción del poder federal en la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía por medios industriales. Además, por primera vez, reguló, en la medida de lo posible, las tarifas y obligó a las empresas generadoras a firmar contratos de suministro con los consumidores.

No obstante las nuevas reglamentaciones, el monopolio siguió haciendo lo que le venía en gana al grado de que en 1933 –y también como hoy sucede–, los consumidores de todo el país se organizaron para presionar a las autoridades a tomar medidas más drásticas contra los ya desmedidos e imparables abusos de ambas empresas extranjeras. Fue así que el gobierno de Abelardo L Rodríguez envió al Congreso el 2 de diciembre de ese año una iniciativa para dar facultades al Ejecutivo para la creación de la Comisión Federal de Electricidad, misma que fue aprobada en 20 de enero de 1934, pero que no se concretaría sino 3 años después, ya en el gobierno nacionalista del general Lázaro Cárdenas.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 17 DE JUNIO DE 2013

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OPINIÓN

Desaparecidos en México: La vida no vale nada Roberto Galindo Domínguez*

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n México la vida vale muy poco para nuestras autoridades, al menos eso es lo que le han hecho sentir a las madres, padres y familiares de los miles de desaparecidos en los últimos años. Pero no sólo a ellos: la mayoría de los mexicanos se siente absolutamente indefensa ante los secuestros, asesinatos y desapariciones perpetrados por el crimen organizado, las Fuerzas Armadas y las diferentes corporaciones policiacas. Además, padecemos la ineptitud, lentitud y falta de compromiso en el proceder de nuestras autoridades para impartir justicia.

La cifra de personas no localizadas –de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva– es de 24 mil 800, y día a día se incrementa en un laberinto de agencias gubernamentales y personal burocrático que no ha dado resultados ni siquiera en la contabilización de las víctimas, pues la cifra cambia según la dependencia o funcionario. Baste recordar que en febrero de este año Amnistía Internacional calificó de escalofriante la cifra de 27 mil desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón, misma que fue dada a conocer por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, y que no pudo ser corroborada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (Fabiola Martínez, La Jornada, 22 de febrero de 2013). ¿Entonces ya encontraron a más de 2 mil de ellos? Esa y muchas otras preguntas son las que se hacen diariamente los familiares de los desaparecidos.

Un puñado de madres y un padre andan fatigados de peregrinar de un lugar a otro, de entrevistarse con múltiples autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de los grupos defensores de los derechos humanos, así como de diversas agencias de investigación: Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO); Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros; Procuraduría General de la República (PGR); Policía Federal (PF) y en una infinidad de ministerios públicos. Enervados de escuchar siempre que no se tienen ni los recursos económicos ni el personal necesario ni capacitado para realizar la búsqueda de sus hijos. Varios de ellos, quebrados económicamente por haber destinado sus pocos recursos a realizar una tarea que debe hacer el gobierno, batidos por sobrevivir en una búsqueda interminable, por rogar a las autoridades que hagan su trabajo (por el que nosotros les pagamos exorbitantes sueldos con nuestros impuestos, que a ellos sí les permiten tener guaruras y sistemas de seguridad para sus seres queridos). Cansados de no obtener resultados y en el marco de múltiples y multitudinarias protestas a lo largo del país por la crisis de los miles de desaparecidos (Fernando Camacho Servín, La Jornada, 11 de mayo de 2013).

Ellos y un activista, hartos de la corrupción y la burocracia padecida en sus indagatorias iniciaron el pasado 9 de mayo, en la víspera del festejo del día de las madres, una huelga de hambre en un plantón sobre la avenida Reforma, frente a la PGR en el Distrito Federal. Se trató de un acto desesperado para exigir a nuestras autoridades que encuentren a sus hijos desaparecidos. Su principal petición: que Enrique Peña Nieto los recibiera y atendiera sus demandas, creyendo que nuestro señor presidente tiene las facultades, el talento y la sensibilidad para ordenar y organizar la localización de sus hijos. ¿Pero cómo creer eso si cuando fue gobernador del Estado de México las desapariciones de personas fueron cotidianas? Una investigación de Esteban Contreras da cuenta de ello. De acuerdo con el Centro de 18

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Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CICPC), entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 el Estado de México reportó 2 mil 552 desaparecidos, con 15.1 millones de habitantes. Entonces, desaparecen 17 personas por cada 100 (“Desaparecidos e invisibles”, Reporte Índigo, www.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/desaparecidos-e-invisibles, 12 de abril de 2013).

Los números son nada prometedores en el currículum del actual ocupante de Los Pinos; más aún, cuando en su búsqueda los resultados obtenidos por su administración estatal son vergonzosos, como señala en su reportaje Marcela Turati (“Rabia e impotencia”, Proceso, 2 de junio de 2013).

Aun a costa de su salud, esas madres y ese padre se emplazaron en una protesta inhumana: Margarita López, madre de Yahaira Guadalupe Bahena, desaparecida en Oaxaca el 13 de abril de 2011; Ana María Maldonado, madre de Carlos Palomares, desaparecido el 22 de septiembre de 2010 en la colonia Narvarte del Distrito Federal; Dolores Rodríguez, madre de Juan Eduardo Olivares Rodríguez, desaparecido el 1 de septiembre de 2011, en Tampico, Tamaulipas; Irma Alicia Trejo Trejo, madre de Francisco Albayera, desaparecido el 26 de marzo en la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal; Nancy Rosete Núñez, madre de Elvis Axell Torres, desaparecido el 30 de diciembre de 2010 en un viaje rumbo a Tamaulipas; Érika Montes de Oca Marín, tía de Sergio Eduardo Guillén, desaparecido el 28 de noviembre de 2012 en la Ciudad de México; y el único padre: Atanasio Rodríguez, en búsqueda de su hijo Alejandro Rodríguez González, quien tras la detención que sufrió por policías municipales de las patrullas 1250 y 1440 de San Luis Potosí, el 19 de julio de 2010, no volvió a ser visto. De acuerdo con los huelguistas, durante el plantón el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, les mandó decir con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, que “estaba muy molesto” por la instalación del campamento y que ellos no responderían por su salud o lo que les sucediera. En México si eres víctima del crimen también lo eres de las autoridades, pues por principio de cuentas CONTRALÍNEA

son éstas las que han prohijado el crecimiento de las bandas criminales desde hace mucho tiempo y aquí no se puede hablar de una u otra administración, de uno u otro partido, en general los encargados de gobernarnos y de “velar por nuestros intereses” han estado más preocupados en su imagen, en ganar elecciones con dinero del erario robado al pueblo y en mantenernos a raya, en la ignorancia, lejos de la toma de decisiones y sumidos en la preocupación de obtener alimentos y medicinas para sobrevivir el día a día, y así evitar actos contestatarios y de crítica como el plantón del 10 de mayo. ¿Qué lograron los progenitores en 9 días de huelga de hambre? Que el 17 de mayo en la PGR, en una rueda de prensa, Murillo Karam reconociera que las pesquisas para la localización de los desaparecidos, en muchos casos ha llegado tan lejos como lo han logrado los mismos padres, en un comentario que intentó mostrar su apoyo y reconocimiento a los familiares que han realizado las más de las veces una investigación sin el apoyo de las autoridades y salvando los múltiples obstáculos burocráticos, de corrupción y de indolencia de éstas. Comentario que sólo hizo más evidente la incompetencia de su jefe, la suya y la de sus subalternos. Además, Murillo Karam y Osorio Chong aseguraron que en 8 días estaría lista una nueva unidad de búsqueda especializada en desaparecidos, por lo que los reclamantes aceptaron levantar sus carpas y terminar la huelga de hambre, esperanzados de la próxima reunión en la que se anunciaría la creación formal de la mencionada unidad.

El 27 de mayo en las instalaciones de la PGR, en una reunión con funcionarios del más alto nivel, a la cual no asistió Peña Nieto, quien estaba ocupado en Los Pinos hablando del promisorio futuro económico de México, en un discurso como los que otros presidentes han dado en las últimas décadas y que no han sido más que palabrería llena de promesas que adornan su falsa preocupación por nuestro bienestar. Mientras, en la PGR las madres y padres de los desaparecidos fueron “atendidos” por Osorio Chong, Murillo Karam, Plascencia Villanueva y García Cervantes, pues Lía Limón y el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón Ikalb, entre otros funcionarios, sólo se subieron al estrado para tomarse la fotografía.

Y cuando digo “atendidos” me refiero a que les dieron un discurso también lleno de promesas: el anuncio de la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que se dedicará en “cuerpo y alma” a la búsqueda de los desaparecidos, integrada por 12 agentes del Ministerio Público federal y un equipo especial de elementos de la PF, del cual no se mencionó la cifra CONTRALÍNEA

–lo único nuevo después de la reunión del 17 de mayo– para atender más de 24 mil casos. A menos que esos elementos sean superhéroes, dudo mucho que resuelvan tal cantidad de investigaciones en la ventanilla única que Murillo Karam les dijo a los padres sería el único lugar a donde deberían dirigirse en adelante y en donde se les resolverían sus casos. Ni Murillo ni Osorio sabían el monto de los recursos asignados ni de donde los obtendrán y tampoco mencionaron la dirección exacta donde se ubicará la Unidad. Los padres salieron devastados y decepcionados, mientras se preguntaban: ¿dónde está la ventanilla, la Unidad? Y, como siempre, ¿qué sigue, a dónde dirigirse, a quién exponerle su caso? Además, en la reunión ni siquiera se les asignó un lugar al frente del salón, ya no digamos en el estrado, y en la que ninguno de los oradores se refirió a ellos por su nombre ¿Qué tan difícil era saberse sus nombres, los de seis madres y un padre desahuciados por su gobierno? En el acto sólo se le permitió la voz a Jaime Olivares, vocero del grupo y padre del desaparecido Juan Eduardo Olivares Rodríguez, quien, por solidaridad con sus compañeros, rechazó participar, pues la idea de ellos era hablar todos en la voz de los otros miles de padres y familiares que aún esperan una respuesta y resultados satisfactorios de sus autoridades.

Esos “detalles” de falta de atención para con las víctimas sólo muestra la indolencia de nuestras autoridades y su falso proceder. Un día después y ante la andanada de críticas en los medios por lo anunciado, Murillo Karam dijo que junto a los 12 agentes ministeriales ya se encontraban trabajando 30 policías federales (Gustavo Castillo García, La Jornada, 29 de mayo de 2013). Asimismo, García Cervantes sumó nuevas promesas y buenos deseos a los ya hechos por su jefe, al decir que se anunciarán los compromisos que asumirán los procuradores de todo el país, que no sólo serán 12 agentes y 30 policías, que los recursos ya se tienen y no faltarán, aunque no precisó montos y sólo señaló que se tomarán de los gastos de investigación (Castillo García, La Jornada, 30 de mayo de 2013). En lo que parece más una sucesión de ocurrencias que un plan bien detallado para la conformación de la UBPD, pues ahora se “atiende” a los familiares de los desaparecidos en una sede provisional en la calle de López, número 12, colonia Centro, Distrito Federal, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, en donde Salomón Baltazar Samayoa lleva los casos de los desaparecidos, y aunque en diversos medios Murillo Karam ha dicho que Baltazar será el encargado de la UBPD, hasta ahora los familiares de los desaparecidos que han asistido al lugar no tienen certeza de ello.

En resumidas cuentas, la reunión del 27 de mayo sólo sirvió de reflector para que nuestros altos funcionarios se tomaran la fotografía y aprovecharan la ocasión para ejercer sus facultades oratorias, al anunciar formalmente la creación de la UBPD de la manera más informal y con un alud de promesas que esperemos no terminen en mentiras para los padres, que a razón de la realización de ésta levantaron su plantón el 17 de mayo. El gobierno logró su cometido: no le conviene la imagen de un grupo de quejosos en la principal avenida del país y ante los ojos del mundo, víctimas que simplemente piden encontrar a sus hijos. Situación que evidencia el Estado fallido, con un gobierno incapaz de garantizar el derecho a la vida; encontrar a miles de desaparecidos; devolver a sus padres un hijo…

No es un gobierno; es una pantomima. De la incompetencia de nuestras autoridades para gobernar e impartir justicia no nos debemos sorprender, pues ésa ha sido una de sus constantes, además de la corrupción; pero como sociedad sí nos debemos asombrar de la triste y vergonzosa situación de esas madres y padres que han perdido lo más valioso que les dio la vida: uno o varios hijos. Debemos involucrarnos en su lucha, sumarnos a ellos y abogar por su causa, pues todos somos tan vulnerables como ellos y estamos diariamente en riesgo de ser desaparecidos o de que lo sean nuestros familiares, pues vivimos en un país donde La vida no vale nada o vale muy poco para nuestros gobernantes: una unidad sin sede, 12 agentes especiales y tomarse la fotografía en una reunión que carecerá de todo sentido si en breve no se localiza un considerable número de los miles de desaparecidos y en algo se restituye el dolor, el sufrimiento y el quebranto económico de las madres, padres y familiares de esos que nuestros gobernantes han reducido a números en cifras dispares y que han olvidado en el laberinto de la corrupción y la burocracia.3 *Maestro en ciencias; arqueólogo subacuático; diseñador gráfico; integrante del taller Madre Crónica 17 DE JUNIO DE 2013

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OPINIÓN

La Turquía de los derechos humanos y la represión Adrián Ramírez López*

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levados por la llamada Primavera Árabe y la apertura del proceso de transición a la democracia, y ante la falta de garantías en Túnez para la realización del 38 Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), nos dimos cita en Estambul, la ciudad más europea de Turquía: enclave estratégico, encrucijada de Europa, Asia y África, asiento del imperio otomano, la milenaria Constantinopla.

A 91 años de su fundación, la FIDH, primera organización internacional de derechos humanos fundada en 1922, de la cual la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos es parte, es una poderosa organización internacional. Su creación fue inspirada en la lucha vehemente contra el fascismo; luego desarrolló una acción intensa en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, hasta dar impulso a la creación del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998.

La FIDH continúa enfilando sus esfuerzos principales en cualquier parte del mundo: los países de la Primavera Árabe, los asiáticos, tiene un interés marcado por el apoyo a las ligas de los países de Europa del Este, y mantiene su impulso en las Américas y África.

Además, enfrenta los retos de las ligas europeas, en relación al grave deterioro económico que se vive en toda la región.

La FIDH camina hacia su centenario con un gran desarrollo, como se pudo apreciar en su 38 Congreso, que costó más de 700 mil euros y que logró reunir a cientos de personas de todos los continentes de más de 100 países y pasar de 164 a 178 organizaciones integrantes, además de contar con la presencia del presidente turco Abdullah Gül; Sang-Hyin Song, presidente de la CPI; la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda; la Premio Nóbel de la Paz, Shirin Ebadi; Estavros 20

17 DE JUNIO DE 2013

Lambrinidis, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, entre otras importantes personalidades del mundo de los derechos humanos.

La FIDH decidió organizar este evento en Turquía y dedicarlo al rol de los derechos humanos en las transiciones políticas, puesto que Turquía se encuentra actualmente en una etapa decisiva, caracterizada por las negociaciones de paz con los representantes del pueblo kurdo, tras largos años de conflicto armado. Los gobiernos de África del Norte y de Oriente Medio que han llegado al poder recientemente y que se encuentran en pleno periodo de transición observan atentamente a Turquía.

Este foro propició intercambios de experiencias entre defensores de derechos humanos y organizaciones de más de 100 países. Los participantes debatimos sobre la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento de la justicia, el apoyo a las instituciones y organizaciones no gubernamentales, el rol de la religión, el papel protagónico de las mujeres en la transición, los derechos de las minorías, los derechos económicos y sociales así como del papel de las empresas e instituciones financieras internacionales en periodos de transición. Los participantes forjamos alianzas y estrategias comunes con miras a hacer frente a estos desafíos.

La FIDH realizó su Congreso en Turquía, al atender la situación de los derechos humanos que se hallan en una encrucijada histórica: en el contexto de las negociaciones de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Parti Karkerani Kurdistan-PKK).

Destaca la presentación ante la Gran Asamblea Turca de la cuarta propuesta de reforma del sistema legal y judicial (seguidamente denominada el Cuarto Paquete de Reformas), con numerosas disposiciones que responden a las expectativas expresadas por la sociedad civil turca, así como a las recomendaciones de los organismos de supervisión del Consejo Europeo y de la Organización de las Naciones Unidas.

Se celebró la liberación de 22 miembros de sindicatos el 11 de abril de 2013, que demuestra el compromiso para hacer cumplir los derechos humanos en Turquía.

Sin embargo, para que estos avances perduren y contribuyan realmente a un cambio histórico en Turquía, es necesario que se garantice la libertad para ejercer la defensa de los derechos humanos y la defensa legal, dos actividades que se han visto seriamente obstaculizadas en el pasado reciente.

Por ello, la FIDH y sus organizaciones miembro en Turquía, la Fundación de Derechos Humanos (TIHV, sigla de Turkiye Insan Haklari Vakfi) y la Asociación de Derechos Humanos (IHD, sigla de Insan Haklari Demegi) destacan que se debe dar respuesta a la condena de Turquía por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: 1. Eliminación de la criminalización y de la denigración pública de la nación turca, de la identidad turca o de las autoridades del Estado (artículo 301 del Código Penal Turco, CPT); eliminación también de la penalización de la difamación (artículo 125 del CPT).

2. Limitación de las prohibiciones sobre expresiones, apología de odio y de hostilidad (artículo 216 del CPT) para incluir solamente las expresiones relativas a la incitación a la violencia.

3. Eliminación completa de la criminalización de la objeción de conciencia (artículo 318 del CPT), más allá de las recomendaciones recogidas en el Cuarto Paquete de Reformas. Garantizar que la lucha contra la violencia política se lleve a cabo dentro del respeto a los derechos humanos y que la tipificación del delito de “terrorismo” cumpla con el derecho internacional.

4. Modificación de la definición de actos de “terrorismo” (tal como ahora figura en el artículo 1 de la Ley sobre Terrorismo) y del delito de pertenencia a “organización armada” (artículo 314 del CPT), de modo que se garantice su conformidad con los términos y las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para la CONTRALÍNEA

Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo.

5. Urge la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente. Muchos defensores de los derechos humanos, líderes políticos, periodistas y otras personas públicas son perseguidos, acusados y condenados en virtud de los artículos anteriormente citados del CPT. La aplicación de estas disposiciones condujo a la condena de Turquía por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si se demostrara que entre las personas puestas en libertad hay algunas que hubieran cometido o intentado cometer actos de violencia física según las recomendaciones del relator especial para la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, el paso siguiente consistiría en iniciar los procedimientos legales correspondientes, basados en los fundamentos jurídicos adecuados y de conformidad con el respeto al derecho a un juicio justo.

Se destaca especialmente la situación de nueve líderes de la IHD, miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que en estos momentos se hallan en prisión o están siendo procesados: Muharrem Erbey, miembro de la sección de Aydin; Re it Teymur, miembro de la sección de Siirt; Veysi Parıltı, miembro de la sección de Mardin; aziye Önder, representante de Do ubeyazıt; Mensur I ık, expresidente de la sección de Mus; Bekir Gürbüz, expresidente de la sección de Adıyaman; Ali Tanrıverdi, presidente de la sección de Mersin; Dilek Ho, miembro de la sección de Adana. Estos líderes deben ser puestos en libertad y los cargos contra ellos deben ser retirados para que Turquía pueda cumplir con sus obligaciones en lo que al derecho internacional se refiere: lucha contra la impunidad y garantía del derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.

6. Ratificación del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional para incorporarlo a la legislación nacional.

7. Autorización de la reapertura, sin limitación temporal, de todas las investigaciones penales que se consideren insatisfactorias según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

8. Ampliación del periodo de prescripción para los asesinatos cometidos por los miembros de las fuerzas del orden público cuando sean sospechosas en casos de asesinatos de civiles.

La Turquía de la represión Hoy nos asomamos a Turquía entre nubes de gases y represión, una geopolítica de enredos e intereses que sacuden a su milenario pueblo. Tantos y tantos intereses en la encrucijada turca de Europa, Asia y África, convulsionan a los pueblos. Salimos del espejismo de la Turquía de los derechos humanos y, al día siguiente, aparece bañada en nubes de gases y represión.

La inusitada represión contra las manifestaciones a los opositores de un proyecto de urbanismo alrededor del Parque Gezi no puede ser explicada con base en el hecho mismo, sino en las causas estructurales y requieren la resolución de los 8 puntos señalados.

En carta abierta fechada en París, enviada a Ankara el 5 de junio de 2013, dirigida a Abdullah Gül, presidente de la República de Turquía; a Recep Tayyip Erdogan, primer ministro y a Besir Atalay, viceprimer ministro a cargo de Derechos Humanos, “ante la gravedad de los hechos recientes”, la FIDH y sus organizaciones miembro en Turquía, TIHV y IHD, expresan, su más profunda preocupación e indignación por la gran desproporción de la violencia policial en torno a las manifestaciones iniciadas el 27 de mayo de 2013, misma que reproducimos íntegra: “Estas manifestaciones inicialmente convocadas en contra de un proyecto de urbanismo alrededor del Parque Gezi se transformaron rápidamente en un movimiento de contestación contra la opresión, especialmente en respuesta a la violencia policial de la cual fueron objeto los manifestantes de la plaza Taksim.

“A la fecha, y de acuerdo con la información de la Asociación Médica de Turquía, 2 mil 800 personas resultaron heridas en las manifestaciones en Ankara, Izmir y Estambul únicamente. La primera muerte fue anunciada el lunes 3 de junio; la segunda, el martes. Más de 3 mil personas fueron detenidas y actos de tortura y/o tratos inhumanos y degradantes han sido reportados según la TIHV, miembro de la FIDH. “Nuestras organizaciones miembro, TIHV e IHD, pudieron documentar el uso excesivo y desproporcionado de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, en violación del derecho internacional, especialmente los Principios de la ONU sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, por los agentes de las fuerzas del orden.

“Así, los cartuchos de gas lacrimógeno fueron reiteradamente lanzados para reprimir las manifestaciones inicialmente pacíficas. Muchos de ellos también fueron dispersados desde helicópteros situados sobre zonas residenCONTRALÍNEA

ciales sin manifestantes. En varias ocasiones, cartuchos fueron lanzados al interior de las residencias, en violación, sobre todo, de los principios de necesidad y de proporcionalidad.

“Además, en varias ocasiones los cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia, y dirigidos hacia la cabeza de los manifestantes. Esto ha dado lugar a numerosas lesiones en los ojos y ha causado numerosos traumatismos craneanos.

“Igualmente, el uso de gas de naturaleza indeterminada y muchos de los ataques contra ambulancia[s] impidieron repetidamente la asistencia médica a los heridos en las protestas.

“Con este contexto, los instamos a garantizar el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión, liberar a todos los manifestantes pacíficos detenidos, garantizar el acceso a la atención médica a las personas necesitadas, poner fin de manera inmediata a todos los actos de violencia policial contra los manifestantes, establecer una comisión de investigación, independiente e imparcial, sobre las denuncias de tortura y tratos inhumanos, así como sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los órganos policiales.

“Como lo señalamos recientemente durante el 38 Congreso de la FIDH, al presidente de la República y al primer ministro, la FIDH se encuentra particularmente preocupada por las violaciones sistemáticas y recurrentes de la libertad de expresión en Turquía. Los recientes acontecimientos sólo pueden reforzar nuestra preocupación de que el gobierno favorece el autoritarismo y la represión como respuesta a las preocupaciones legítimas expresadas por los manifestantes, en vez del diálogo y la concertación.

“Los instamos una vez más a profundizar sobre las reformas necesarias para el éxito de la transición en Turquía, tal como lo habíamos expresado en nuestro llamado para implementar las Ocho Medidas Esenciales. La garantía de la libertad de expresión y su corolario, la libertad de manifestación pacífica, constituyen una de las piedras angulares de estas reformas.

“Agradeciéndoles de antemano por la atención prestada a nuestra carta, nos suscribimos ante ustedes muy respetuosamente, Karim Lahidji, presidente de la FIDH; Ozturk Turkdogan, presidente de la IHD; y Metin Bakkalci, secretario general de la HRFT.” El pueblo turco requiere de nuestra solidaridad y por ello nos sumamos a los reclamos de la FIDH y sus organizaciones miembro en Turquía, la TIHV e IHD.3 *Presidente de la Limeddh 17 DE JUN IO DE 2013

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C321 063 2/8/13 2:05 PM Pรกgina 63

CARTÓN

Víctima de su engaño

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Cecilia Martínez

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Trasnacionales PERMISOS PARA SEMBRAR 2 MILLONES DE HECTÁREAS DE ALGODÓN TRANSGÉNICO CONTRALÍNEA

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México ha concedido a trasnacionales 359 permisos para la siembra de algodón transgénico.

Más de la mitad fueron emitidos durante el gobierno de Felipe Calderón, quien –al frente del Poder Ejecutivo– aprobó las solicitudes para la siembra experimental, piloto y comercial en 2 millones de hectáreas en 10 estados de la República. La superficie aprobada equivale al territorio de países enteros, como El Salvador o Belice. Monsanto y Bayer son las principales beneficiarias. A la primera se le autorizaron, tan sólo para siembra comercial, 350 mil hectáreas. Otras 13 solicitudes de estas dos trasnacionales se encuentran en etapa de análisis y el gobierno de Peña Nieto deberá decidir si las aprueba o las rechaza. México es centro de origen y diversidad genética del algodón, sin embargo hasta ahora no se ha emitido medida alguna para proteger a las especies nativas de la contaminación transgénica Elva Mendoza, @elva_contra

l gobierno federal ha otorgado 359 permisos para la liberación al ambiente de algodón genéticamente modificado en territorio nacional, a petición de Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred, revelan las bases de datos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Las autorizaciones posibilitan la siembra experimental, piloto y comercial en, al menos, 2 millones 206 mil 836 hectáreas, reconoce la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en respuesta a una solicitud de información presentada por Contralínea.

Más de la mitad de los permisos fueron emitidos durante la gestión de Felipe Calderón, quien al frente del Poder Ejecutivo aprobó 187 solicitudes para la siembra en más de 2 millones de hectáreas. La superficie es equivalente a países como El Salvador, Israel, Eslovenia o Belice.

De acuerdo con la revisión hecha por Contralínea, Monsanto y Bayer –a través de sus filiales en México: Monsanto Comercial, SA de CV, y Bayer de México, SA de CV– han sido las mayores beneficiarias. Tan sólo en fase comercial, a la primera le fueron concedidos cinco permisos para liberar su semilla sobre una superficie de 350 mil 500 hectáreas.

Al menos a partir de 2007, de las 187 solicitudes autorizadas por el gobierno de Felipe Calderón, 103 se otorgaron a la trasnacional Monsanto y 84 a la farmacéutica alemana Bayer.

Previamente, en el último año de su administración, el gobierno de Vicente Fox había otorgado 22 permisos a Monsanto.

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Lilia Aguilar, diputada federal por el Partido del Trabajo e integrante de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados, insta a la Comisión Federal de Competencia a abordar el tema de los transgénicos y a revisar el papel de las trasnacionales dedicadas a su producción.

Lo anterior, “aunque el tema no forme parte de la agenda de dicha Comisión, pues desgraciadamente sólo se dedica a dar opiniones”.

México, centro de origen y diversidad del algodón A partir de 1995 las trasnacionales Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred han ingresado solicitudes al Senasica para la introducción de su producto biotecnológico.

Desde entonces, el órgano dependiente de la Sagarpa “no ha encontrado inconveniente alguno” para que la semilla patentada, resistente al ataque de lepidópteros y tolerante a herbicidas, se venda a los productores de 10 estados de la República: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Durango, Zacatecas, CoahuiCONTRALÍNEA

Benjamín Flores/Procesofoto

4En la Cibiogem,

la y Nuevo León.

No obstante, el país es centro de origen y diversidad genética del algodón Gossypium hirsutum L. Además, de las 13 especies que existen en el Continente Americano, 11 crecen en México, divididas en seis unidades geográficas que comprenden ocho metapoblaciones, explica Ana Wegier, doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El hecho obliga a las autoridades –por ley– a proteger la especie, y sus variedades, “por ser un valioso reservorio de riqueza en moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país”, como lo señala el artículo 9 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

En los artículos 86, 87 y 88, la misma ley mandata a las autoridades de la CONTRALÍNEA

Sagarpa y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a determinar las áreas geográficas en las que se localicen las especies de las que México sea centro de origen y de diversidad genética. Además de expedir las medidas necesarias para la protección de dichas especies y áreas geográficas.

Tras 18 años de la introducción de variedades de algodón transgénico en México, el mapa de localización así como el estudio y las medidas para la protección del Gossypium hirsutum no han sido expedidas. El resultado: presencia de transgenes en las poblaciones silvestres, fenómeno comúnmente conocido como contaminación transgénica.

Wegier logró documentar la presencia de transgenes en las poblaciones silvestres de algodón en su centro de origen y diversidad. A través de la prueba de ELISA (sigla del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas), la experta detectó 18 de los 21 eventos aprobados en México en las especies silvestres.

La tesis de Wegier Briuolo, Diversidad genética y conservación de Gossypium hirsutum silvestre y cultivado en México, fechada en enero de 2013, permite asegurar que los transgenes

impensable frenar los permisos a trasnacionales para siembra masiva de algodón transgénico.

En la imagen, integrantes de Greenpeace se manifiestan contra las decisiones de las autoridades federales

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3.5 millones para Monsanto al año través del programa algodonero de la Alianza para el Campo, desde 1998 y hasta 2002 el gobierno federal apoyó directamente la siembra de alrededor de 42 mil hectáreas de algodón transgénico y pagó a Monsanto más de 14 millones de pesos, denunció en 2002 Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

Según dio a conocer la investigadora en el diario La Jornada, el programa apoyó explícitamente la compra de la semilla transgénica y el pago de regalías a Monsanto en nueve estados productores del Norte del país.

“Después del primer año de la Alianza con Monsanto, aumentó 70 por ciento la superficie de algodón transgénico, y 10 por ciento de los productores adoptaron esta tecnología, cuando anteriormente sólo la utilizaba 3 por ciento de ellos.”

La investigadora dio a conocer que, en términos reales, Monsanto recibió alrededor de 15 por ciento de los recursos destinados al programa. En promedio 3.5 millones de pesos anuales, 10 veces el monto tope de 350 mil pesos por beneficiario individual definido por el programa.

Aclaró que el cultivo del algodón transgénico representa costos de producción más altos; la semilla es 25 por ciento más cara que la no transgénica y el pago de la licencia es de 80 dólares por hectárea. El gobierno mexicano subsidia a Monsanto con 45 por ciento del valor de estos insumos, en 40 por ciento de la superficie sembrada con algodón transgénico, y le permite obtener el resto del bolsillo de los productores. El subsidio permite que los costos de la semilla transgénica más la licencia se reduzcan, pero representan más del doble del costo de la semilla convencional, que no paga licencia ni tiene apoyos estatales.

“Es uno de los casos típicos de apoyo con recursos públicos a intereses privados.”3

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4En su tesis, la doctora Ana Wegier documenta la presencia de transgenes en las poblaciones silvestres de algodón en México, su centro de origen y diversidad

ya se encuentran en cuatro de las ocho metapoblaciones.

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación radica en establecer que las barreras por distancia no son una medida de bioseguridad en el caso del algodón. Pues, pese a la distancia, ha habido flujo de transgenes a las poblaciones silvestres.

A partir de ello, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha emitido opiniones negativas para la siembra de algodón genéticamente modificado, dicen a Contralínea –en entrevista– Elleli Huerta, coordinadora de Recursos Biológicos y Genéticos, y Francisca Acevedo, coordinadora de Análisis de Riesgo y Bioseguridad.

CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

Saúl López/Cuartoscuro

A decir de Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Cibiogem, el flujo de polen es natural y la presencia de transgenes en las poblaciones nativas no representa un riesgo per se. “Sí hubo flujo, pero no nos han dicho dónde está el daño, cuál es la consecuencia de la presencia de esos genes… En la Cibiogem seguimos esperando que nos digan cuál es el riesgo”.

—Y en lugar de esperar, ¿no tendrían que ser ustedes quienes desarrollen esa investigación? –se le cuestiona.

—La Cibiogem no es un centro de investigación; nosotros apoyamos con recursos aquellas investigaciones que van a generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones.

—¿Ya hay proyectos aprobados en ese sentido?

4El gobierno de Felipe Calderón cedió permisos para sembrar 2 millones de hectáreas con algodón genéticamente modificado

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Prometeo Lucero/Cuartoscuro

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4En los 18 años de siembra de algodón genéticamente modificado, las autoridades federales no han realizado una sola investigación para comprobar o descartar contaminación de las especies naturales

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— De algodón no ha llegado ninguno. Absolutamente ninguno.

—Tomando en cuenta que son ya más de 18 años de siembra de algodón genéticamente modificado, ¿no tendría que hacerse esa investigación antes de que se sigan autorizando?

—Yo creo que las investigaciones deben tener una razón; sí hubo flujo… pero dónde está el daño, cuál es la consecuencia, quién nos dice que va a pasar algo; son genes.

—Tampoco tienen certeza de que no va a pasar nada…

—Como no sabemos que no va a pasar nada, ¿mejor no lo hacemos? Ese tipo de filosofía no se vale. Así no funciona la ciencia.

—Si en otros 15 años nadie se interesa por hacer una investigación al respecto, ¿se va a continuar autorizando?

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—Si en 15 años nadie se interesa probablemente será porque ya tendremos 30 años de experiencia y sabremos que por ahí no van los riesgos; eso es lo que yo esperaría.

—No aplica entonces aquí el principio precautorio.

—El principio precautorio dice que cuando no se tiene la certidumbre total tienes que buscar y encontrar el conoCONTRALÍNEA

Rashide Frías/Cuartoscuro

4De las cuatro especimiento. Cuando no lo tienes no puedes decir ni que es seguro ni tampoco que el riesgo es muy alto... No dice que no se haga. Álvarez Morales dice a Contralínea que de lo único que sí hay certeza es de los “beneficios” que ha traído el algodón transgénico. “De eso sí hay datos”, apunta desde su oficina en la colonia del Valle, en el Distrito Federal.

CONTRALÍNEA

Entre los beneficios que enumera está la recuperación de la industria algodonera y que de 1998 a 2010 se hayan dejado de aplicar, por lo menos, 153 mil 409 kilogramos de compuestos químicos e insecticidas a los cultivos de algodón.

La Sagarpa coincide en ello. En respuesta a la solicitud de entrevista hecha por Contralínea, la Secretaría envió vía correo electrónico un documento en el que indica que se recuperó una producción que a mediados de la década de 1990 casi desaparecía, se redujo de 13 a sólo tres aplicaciones de insecticidas, como también la cantidad de herbicidas aplica-

cies de algodón domesticadas, Gossypium hirsutum ocupa el 95 por ciento de la producción actual y la mayoría de las poblaciones silvestres de esta especie habitan en México

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Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

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4José Sarukhán: las autorizaciones para la liberación de transgénicos al medio ambiente se deben detener mientras no se cuente con la capacidad de hacer monitoreo y remediación

dos para el control de maleza.

Ariel Álvarez subraya que en la Cibiogem “no se vale que prevalezca la opinión de una sola de las partes. La opinión de la Conabio será bienvenida pero no es un elemento de peso suficiente para que detenga el uso de una tecnología que está siendo útil”.

Para el investigador, el órgano intersecretarial de bioseguridad también debe escuchar a las secretarías de Agricultura y de Economía, y lo que para ellas significa la introducción de los transgénicos.

Sobre la falta del establecimiento de los polígonos sujetos a protección, Ariel Álvarez no tiene prisa. Dice a Contralínea que habrá que proponerlo, pero antes “tenemos que averiguar de qué los vamos a proteger”.

—Pero también dice que no hay investigaciones al respecto, entonces ¿cuándo sabremos y cuándo se cumplirá la ley?

—Los materiales que hay ahorita no nos dicen que haya un problema tal que se tengan que proteger esos centros de diversidad.

—A diferencia del algodón, en el caso del maíz ¿han identificado riesgos como para que ahí sí se hayan trazado los polígonos de protección?

—Lo que pasa es que el maíz tienen una connotación muy diferente para este país. Es un alimento básico para los mexicanos y las áreas para el uso son mucho más grandes. Los recursos se tienen que destinar a las prioridades. Le estamos poniendo más énfasis al trabajo del maíz por lo que representa.

Sagarpa

Medidas de mitigación, inexistentes

4El gobierno federal se niega a establecer polígonos de protección para evitar la contaminación transgénica de las especies de algodón

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Álvarez reitera que el flujo de transgenes no es un riesgo. “Que no nos guste está bien, pero para eso hay medidas de mitigación”. Las medidas de mitigación a que se refiere derivan del monitoreo al que están obligadas las autoridades mexicanas.

CONTRALÍNEA

Importancia del algodón De acuerdo con la investigación de WeCONTRALÍNEA

Sagarpa

4Resistencia ante plagas, “beneficio” de las semillas genéticamente modificadas

Embajada estadunidense quiere sembrar algodón transgénico en México n 2009, la Embajada de Estados Unidos en México ingresó dos solicitudes al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria –dependiente de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación– para sembrar algodón genéticamente modificado. Las peticiones, para liberar al ambiente los eventos 28124-236 x 3006-210-23 y MON-88913-8 en un área de más de 5 hectáreas, fueron negadas.

Sobre el tema, Pat Mooney –director ejecutivo del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración o Grupo ETC, Premio Nóbel Alternativo 1985 y exmiembro del comité asesor internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura– se muestra sor-

E

David Cilia

Acordada su creación desde mayo de 2008, la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados, dependiente de la Cibiogem, no ha iniciado sus labores, tal como lo reconoce Álvarez Morales.

—¿En qué trabaja la Red? —Lo primero que tiene que hacer para terminar de consolidarse es establecer cuáles van a ser las metodologías. Hasta ahorita el monitoreo lo han hecho a través del Senasica pero no necesariamente a través de la Red. Tenemos ya el programa y el dinero y estamos echando a andar el proyecto.

—Pero hasta ahora no se ha monitoreado nada…

—Ahorita no. No a través de la Red. —¿México tiene la capacidad de monitorear y remediar?

—Para eso fue instalada la Red Mexicana.

—¿Y para cuándo se tiene pensado que ya empiece a hacer monitoreo?

—Cuando nos digan las autoridades competentes; es para auxiliar a la Sagarpa, Salud, Semarnat, pero debe sostenerse sobre una hipótesis de riesgo.

Aunque el investigador sostiene que México cuenta con la capacidad de hacer monitoreo y remediación, José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Conabio, piensa lo contrario.

En entrevista con Contralínea, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1989-1997) considera que mientras no se cuente con esa capacidad, debieran detenerse las autorizaciones para la liberación de transgénicos al medio ambiente.

La razón, coinciden Elleli Huerta, Francisca Acevedo y Ana Wegier, es que “aún se desconocen las consecuencias que pudieran tener sobre las especies y las interacciones que éstas sostienen en los ecosistemas en que habitan”.

prendido: “No lo sabía y me parece tremendo. Eso querría decir que usan a México

como conejillo de indias para hacer experiencias de siembra”.3

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PORTADA Autorizaciones para liberar algodón transgénico en México Año

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Permisos Permisos aprobados otorgados a Monsanto 1 5 9 4 5 12 18 24 17 28 27 22 43 38 28 33 33 12 359

22 33 23 14 15 14 4 125

Permisos Permisos otorgados sin registro a Bayer 10 15 14 18 19 8 84

1 20 21

Permisos En Equivalente negados análisis en hectáreas 3 9 2 5 19

10 3 13

Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro Sin registro 132,556.5 202,923 376,420 731,930 445,000 1,888,829.5

Saúl López/Cuartoscuro

Fuente: Bases de datos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

4En 2011, en fase piloto se le autorizó a Bayer liberar la 4La administración de Peña Nieto deberá decidir si aprueba o no seis solicitudes de Monsanto (cuatro en etapa experimental y dos, en comercial) y siete de Bayer (todas en etapa experimental) para un total de 194 mil 150 hectáreas 34

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semilla reas en Chihuahua, 35 mil en Baja California y Sonora, 25 mil e

gier, hasta la fecha se han liberado al ambiente plantas genéticamente modificadas de algodón en 14 países, incluido México. Se trata de la fibra natural más utilizada y la tercera fuente de aceite vegetal. Ocupa el sexto lugar mundial de superficie cultivada. Y el algodón genéticamente modificado CONTRALÍNEA

Bayer

berar la semilla modificada en superficies de hasta 60 mil hectáSonora, 25 mil en Coahuila y Durango, y 20 mil en Tamaulipas

Panismo permitió siembra masiva de algodón transgénico es el tercer lugar de los cultivos biotecnológicos más sembrados.

De las cuatro especies de algodón domesticadas, Gossypium hirsutum ocupa el 95 por ciento de la producción actual y la mayoría de las poblaciones silvestres de esta especie habitan en México.

CONTRALÍNEA

Gobierno

Periodo

Número de autorizaciones

Ernesto Zedillo Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa Total

1995-2000 2001-2006 2007-2012

36 136 187 359

Fuente: bases de datos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

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PORTADA Etapas experimental y piloto superan comercial

35 mil en Baja California y Sonora, 25 mil en Coahuila y Durango, y 20 mil en Tamaulipas. Para Monsanto, las autorizaciones en este rubro correspondieron a una superficie de 25 mil hectáreas también en Tamaulipas.

Monsanto obtuvo permisos para liberar algodón modificado, en fase experimental, durante 2012, sobre superficies de hasta 40 mil hectáreas de Sinaloa, 25 mil de Chihuahua, Coahuila y Durango; y Bayer, en 15 mil hectáreas de Sinaloa.

En fase piloto, las autorizaciones entregadas a Bayer alcanzaron las 100 mil hectáreas en Chihuahua, 100 mil hectáreas más en Baja California y Sonora, 50 mil en Tamaulipas, 50 mil en Coahuila y Durango, y 20 mil en Chihuahua y Coahuila.

De acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la liberación comercial es el último peldaño de un proceso que, antes, comprende las etapas experimental y piloto. Mientras que la etapa comercial tiene fines industriales y no requiere medidas de contención, la etapa experimental requiere barreras de contención y su único fin es de investigación.

Aunque en México se cultiva algodón genéticamente modificado desde hace 18 años, fue en 2010 cuando el gobierno federal permitió la primera siembra comercial. Monsanto obtuvo la autorización para liberar la semilla en 9 mil 500 hectáreas de las regiones algodoneras de Chihuahua, Coahuila y Durango.

No obstante que el permiso es el primero en etapa comercial, en las etapas experimental y piloto las trasnacionales han logrado autorizaciones para liberar su semilla en superficies mayores.

Ejemplo de ello es que en fase experimental, durante 2008, a Bayer se le permitió la liberación en 30 mil hectáreas y Monsanto obtuvo permiso para liberar al ambiente semilla de algodón modificado en 18 mil 152 hectáreas en Chihuahua.

En 2011, en fase piloto se le autorizó a Bayer liberar la semilla en superficies de hasta 60 mil hectáreas en Chihuahua, Sagarpa

Nuevas peticiones

4Según la Sagarpa y la Cibiogem, el algodón transgénico reactivó a la industria nacional, por sus beneficios: se han dejado de aplicar 153 mil 409 kilogramos de compuestos químicos e insecticidas

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En los próximos meses, la administración de Enrique Peña Nieto deberá decidir si aprueba o rechaza 13 solicitudes que se encuentran en etapa de análisis y que fueron ingresadas entre 2012 y 2013, seis de ellas realizadas por Monsanto (cuatro en etapa experimental y dos, en comercial) y siete por Bayer (todas en etapa experimental) para un total de 194 mil 150 hectáreas.

Aunque los diputados federales, presidente e integrantes de la Comisión de Agricultura, los priístas José Antonio García, José Rubén Escajeda y Blas Ramón Rubio, y el perredista Pedro Porras; y la diputada ecologista Lourdes Adriana López, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, coinciden en que el tema debe discutirse en el Congreso, con voces de especialistas e instituciones de investigación para revisar los permisos hasta ahora autorizados y los que se encuentran en etapa de análisis, reconocen que el gobierno federal podrá autorizar las solicitudes en cualquier momento: la ley no lo obliga a llevar el tema a discusión pública.3 CONTRALÍNEA

SOCIEDAD

CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ

“Pueblo Mágico” AMENAZADO POR MINERA El último manantial en Capulálpam de Méndez, comunidad indígena zapoteca, podría estar en riesgo: este año vence la suspención temporal que decretó en 2006 la Profepa contra la minera Natividad, por considerarla altamente contaminante. De no conseguirse un fallo definitivo de las autoridades ambientales, en breve la filial de la canadiense Sundance podría reactivar los trabajos extractivos de oro y plata en la zona. En 2007, la comunidad que perdió 13 veneros por la actividad minera fue declarada Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo federal Érika Ramírez, @erika_contra/enviada

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CONTRALÍNEA

Miguel Galindo CONTRALÍNEA

17 DE JUNIO DE 2013

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Érika Ramírez

SOCIEDAD

4En este 2013

vence la suspención del trabajo de extracción de la mina Natividad (en la imagen), que ordenó en 2006 la Profepa tras considerarla altamente contaminante

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apulálpam de Méndez, Oaxaca. “Éste es el último manantial que nos queda; si regresa la mina, acaba con él”, dice Mario Santiago Urrutia, habitante del municipio. El hombre señala el recorrido del agua: el espacio a su alrededor es completamente verde. Los árboles, altos y gruesos, resguardan la frescura de la Sierra Norte del estado. El frío cala, pese al sol.

Mario fue trabajador de la mina Natividad durante su juventud. Ahora es opositor a la empresa que les quitó el agua durante 1 década y forma parte del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales de Capulálpam. “Vivimos por más de 10 años con escasez de agua. Los 13 veneros que había aquí se filtraron por los trabajos de la mina; se los acabó”, asegura el indígena zapoteco.

A sus más de 70 años de edad rememora que en “1960 esos manantiales todavía nos daban vida, pero se filtraron en las excavaciones hechas por la minera”. Luego, en la década de 1970, “se hicieron gestiones para obtener el agua del manantial que nos abastece ahora. El gobierno puso muchas trabas, nos condicionó; dijo que si queríamos agua debíamos poner de nuestra parte como ciudadanos. Tuvimos que hacer te-

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quios [trabajo comunitario] por 1 año para construir un camino de 8 kilómetros. Trabajamos todos domingos con pala y pico”.

El proyecto fue programado por la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, a través de la Comisión del Papaloapam, que tenía facultad para la planeación, proyección y construcción de todas las obras de defensa de los ríos, entre otros.

Para 2006 tuvieron que acudir, nuevamente, a las instancias de gobierno y solicitar la suspensión de la mina por contaminación al medio ambiente. La lucha se ganó: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió el trabajo de extracción.

En 2010, tres presas de jales (desechos) de la Minera Natividad se derrumbaron hacia el río Capulálpam, por lo que se contaminó el afluente. Las aguas CONTRALÍNEA

De pueblo minero a Pueblo Mágico Históricamente, Capulálpam de Méndez había sido un pueblo minero. La escasez de agua y contaminación del suelo hizo a los pobladores buscar la manera de expulsar a la empresa canadiense, que explotaba a cielo abierto el oro de esta comunidad.

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Juan Pérez Santiago, presidente municipal, dice a Contralínea: “Tenemos toda una historia de minería, más de 200 años de extracción. La experiencia que sufrieron nuestros abuelos y padres fue enseñanza para buscar nuevas oportunidades a sus descendientes”.

En esta comunidad se inició un movimiento de rechazo a la minería en 1997. Fue un proceso paulatino, comentan los habitantes, pues anteriormente la forma y el nivel de vida, así como sus expectativas, no eran muy amplias. La minería era su única opción de empleo.

“A finales de la década de 1990 inició un proceso de decadencia de la mina; se empezaron a terminar las vetas de oro y plata en el Sur de nuestra comunidad, donde el subsuelo es ya una telaraña de socavones. Ahí dejaron de trabajar un tiempo, Érika Ramírez

de éste alimentan al Río Grande, corriente que cruza la Sierra para descargar en el Golfo de México. En su curso, las aguas se desplazan hacia las partes bajas de la Sierra Norte por áreas comunales de Jaltianguis, Analco, Atepec, Luvina, Macuiltianguis, Comaltepec, Maninaltepec y otras comunidades hacia el Golfo de México.

El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha documentado que el uso del agua por parte de las empresas mineras genera una “pérdida patrimonial” en las zonas donde opera esta industria extractiva.

En el documento Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias –elaborado por el organismo internacional– se indica que “es fundamental entender que los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino que también son una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”.

Expone que “para extraer 1 tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua, o 1 mil litros de agua por segundo para obtener 1 gramo de oro”. Además, producir 1 onza de oro (31 gramos) genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos y el proceso de lixiviación provoca la contaminación río abajo con cianuro.

4“Vivimos por más bajaron su producción; pensamos que ya se iba a terminar. Por esos años, nuestros padres iniciaron el movimiento de resistencia y lucha para que sus hijos buscaran otro modo de vida”, relata el presidente municipal.

El turismo y la generación de proyectos productivos en este municipio ha dado estabilidad económica entre la población, lo que motiva a la gente a permanecer en esta comunidad indígena. Éste es uno de los municipios en donde la población ha dejado de migrar, una vez reactivada su economía a partir de la puesta en marcha de proyectos de la población, dice Juan Pérez Santiago.

de 10 años con escasez de agua.

Los 13 veneros que había aquí se filtraron por los trabajos de la mina; se los acabó”: Mario Santiago Urrutia

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SOCIEDAD

Aquí, los pobladores han buscado alternativas económicas para no depender del trabajo que genera la mina. Los resultados han sido favorables. El índice de marginación es “bajo” y su categoría migratoria en “equilibrio”, muestran los indicadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El municipio es habitado por 1 mil 467personas de origen zapoteco, muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El 3 de diciembre de 2007, este lugar fue evaluado por el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos, dependiente de la Secretaría de Turismo (Sectur), y 10 días después se anunció de la incorporación formal de este poblado al Programa Pueblos Mágicos.

“Capulálpam de Méndez se ubica en 42

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la Sierra Norte de Oaxaca, a 70 kilómetros de la capital del estado, y cuenta con gran riqueza artística y cultural. Alberga como uno de sus principales iconos al templo dominico de San Mateo, edificación religiosa del siglo XVII [que cuenta] con 15 retablos de estilo barroco y churrigueresco”, dice la información de la Sectur.

Minera suspendida La Natividad es uno de los siete proyectos mineros suspendidos en Oaxaca, de los 58 que han tenido que parar actividades en todo el país, según datos de la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía. Esta misma oficina federal muestra que existen 803 proyectos operados por compañías de capital extranjero.

En 2006, la Asamblea General de Comuneros, máxima autoridad en la comunidad indígena zapoteca, consiguió la expulsión temporal de la compañía canadiense Continuum Resources (actualmente Sundance, de la que es filial la empresa Natividad), al demostrar ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) el daño causado por la minera. La suspensión se ejecutó para el periodo 2006-2013.

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SOCIEDAD El Consejo Económico y Social de la ONU indica en su informe que los pasivos ambientales son tema de conflicto entre las empresas mineras canadienses, por un lado, y las sociedades locales y grupos ambientalistas, por el otro. Éstos son “residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente o la salud humana que quedan como remanentes de una actividad minera”.

El riesgo que conllevan y su potencial impacto son proporcionales a la escala del proyecto, pero, por otra parte, su control se relaciona tanto con la cantidad y calidad de información transferida a la comunidad local para su toma de decisiones como por los resguardos financieros y técnicos que las empresas tomen y se comprometan a aplicar según la normativa y con la vigilancia efectiva

del Estado. Es decir, para que la minería sea responsable con el medio ambiente y la población indígena en los territorios donde desarrolle sus actividades, es necesaria una presencia proactiva y coherente del Estado, que no permita un desfase en la legislación ni que las instituciones que la implementen estén por debajo del nivel operativo requerido”.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha detectado 164 conflictos mineros en 17 países de América Latina, con 228 comunidades afectadas; el mayor número de conflictos se registra en Perú (29), Brasil (28), Chile (27), Argentina (25) y México (19).

En México se estima que hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales. En abril pasado, Contralínea (edición 331) documentó la existencia de 35 focos rojos en todo el país, de acuerdo con datos del OCMAL y un análisis de Rurik Hernández, integrante la Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

El primer lugar en conflictos lo ocupa San Luis Potosí, al registrar 10 casos donde la población se ha opuesto a la presencia de las mineras.

l Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que México padece una “importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones de las instituciones y de las empresas extractivas nacionales y trasnacionales”.

De acuerdo con el informe Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias, las compañías mineras locales y extranjeras, que exploran y explotan el territorio nacional se han encontrado con una administración estatal “favorable” a sus intereses empresariales.

Además, con la “negligencia” de instituciones mexicanas

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Érika Ramírez

El Estado no garantiza derechos ante la minería: ONU

4Las oficinas en Capulálpam de Méndez de la minera Natividad, filial de la canadiense Sundance encargadas de atender las cuestiones indígenas y la tenencia de la tierra, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria.

“La preocupación por la re-

lación entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas en México ha llegado al ámbito de las Naciones Unidas. Así, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó ‘seria preocupación ante las cre-

cientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales, destacando en particular los casos de explotación minera’”, apunta el informe.3 CONTRALÍNEA

Érika Ramírez

4Los remanentes de la actividad minera: residuos sólidos o líquidos

En Oaxaca, las autoridades han aceptado que las concesiones mineras violan los derechos humanos, pues no han sometido los proyectos a consulta.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso (otro de los conflictos sociales por la presencia minera en la entidad).

La comisionada reconoció que “el

En el panismo se otorgaron más de 31 mil concesiones mineras, de las cuales 5 mil 7 se dieron en los 2 últimos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa

generalmente peligrosos para el ambiente y la salud humana

Le sigue Oaxaca, con cuatro; Michoacán y Guerrero, con tres; Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Zacatecas, cada uno con dos conflictos, y Chiapas, Colima, Jalisco, Durango, Morelos y Veracruz, con uno, respectivamente.

Concesiones en Capulálpam El Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Economía –actualmente encabezada por Ildefonso Guajardo Villarreal– revela que en el municipio hay expedientes vigentes por 4 mil 915 hectáreas concesionadas.

Los datos registrados por el SIAM indican que las concesiones abarcan ocho lotes de este territorio zapoteco, para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc.

Durante el panismo se otorgaron más de 31 mil concesiones mineras, de las cuales 5 mil 7 se dieron en los 2 últimos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Son 301 compañías extranjeras las que acaparan 39 millones 743 mil 690 hectáreas.

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origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado” (Contralínea 326).

En el informe de la ONU se señala que las empresas mineras justifican su presencia en los pueblos porque “proporcionan empleos”. Sin embargo, en el mismo documento se advierte que esto es cierto “sólo en un sentido restringido, ya que el actual patrón tecnológico minero requiere un bajo nivel de ocupación de mano de obra altamente calificada en comparación con la minería de socavón, razón por la cual muchos de los empleados provienen de fuera de las localidades e, incluso, del país anfitrión”.3 17 DE JUNIO DE 2013

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En sólo 1 año se cometieron 26 mil delitos sexuales al interior de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Violaciones y agresiones que acabaron, incluso, con la muerte de las víctimas, se reproducen por miles y no sólo afectan a los activos, sino a los aspirantes a ingresar a las milicias estadunidenses. Mujeres, las más vulnerables Roberto García Hernández/Prensa Latina

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os escándalos sobre conductas sexuales inapropiadas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llegan a niveles sin precedentes, por lo que el presidente Barack Obama y el Congreso tomaron cartas en el asunto.

El 7 de mayo pasado el Pentágono informó que en 2012 se cometieron un total de 26 mil delitos sexuales en las instituciones castrenses, lo cual significa un incremento de 37 por ciento en relación con periodos anteriores.

La cifra incluye los casos reportados y aquellos que no fueron informados por las víctimas por temor a represalias, y supera los 19 mil que se calculan tuvieron lugar en 2010, sobre la base de datos obtenidos en encuestas anónimas, las cuales no se realizaron en 2011.

Pero estas actitudes impropias no sólo las sufren

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los miembros en activo de las instituciones armadas, sino también los jóvenes que aspiran a integrarlas.

En ese sentido, el Pentágono investiga una cadena de delitos sexuales protagonizados por militares estadunidenses que participan en actividades de captación de adolescentes para ingresar a dichos servicios castrenses.

Por ejemplo, un miembro de la Fuerza Aérea enfrentará un juicio ante una corte militar en junio en el estado de Texas, donde afrontará cargos por violación, sodomía forzosa y otros delitos contra 18 muchachas, en un caso que la jefatura de la institución califica como el más grave de su tipo.

Un incidente de asesinato y suicidio se investiga en el estado de Maryland, protagonizado por el sargento reclutador Adam Arndt, quien mató a una muchacha de 17 años con la que mantenía relaciones íntimas y después se suicidó.

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4Difícil de evaluar, la gravedad y extensión de los ataques sexuales por parte del personal cas-

La gravedad y extensión de los ataques sexuales por parte del personal que recluta a jóvenes en escuelas y otras instituciones es difícil de evaluar con exactitud porque el Pentágono no ofrece estadísticas confiables sobre estos delitos, señala un artículo reciente del diario The Washington Post.

En la mayoría de los casos son adolescentes con interés en comenzar la carrera militar pero no se han alistado, por lo cual son excluidas de las pesquisas que muestran un ascenso alarmante en el número de soldados y oficiales en servicio activo víctimas de estas acciones.

El Comando de Reclutamiento del Ejército, con sede en Fort Knox, Kentucky, detectó en los últimos 5 años un total de 387 casos de conductas sexuales impropias por parte de reclutadores, la mayoría contra jóvenes menores de 16 años.

Los mandos militares son objeto de Casa Blanca

trense que recluta a jóvenes; el Pentágono carece de estadísticas sobre estos delitos

4El presidente Barack Obama busca frenar la violencia sexual en la milicia. Tan sólo en 2012 se cometieron 26 mil delitos sexuales en las instituciones castrenses

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fuertes críticas en el Congreso estadunidense por la forma en que abordan estas infracciones y los castigos impuestos a los culpables.

La controversia tomó fuerza en el Capitolio en 2012, después de que más de 20 instructores de la base de la fuerza aérea en Lackland, estado de Texas, fueron exonerados de cargos por sus superiores tras ser hallados culpables por una corte militar de cometer abusos sexuales de diferentes tipos contra 54 alumnas.

El presidente Barack Obama señaló que ya es hora de tomar medidas urgentes contra estas actitudes inapropiadas, y dijo que no quiere más discursos, entrenamientos ni programas educativos sobre el tema.

En medio de la controversia, el vocero del Pentágono, George Little, afirmó el 13 de mayo pasado que el secretario de Defensa, Charles Hagel, está abierto a evaluar todas las opciones para acabar con estos comportamientos inadecuados, y no descarta transformaciones en el sistema de justicia militar.

Para algunos analistas, esto significa un cambio de tono, pues Hagel había dicho anteriormente que se oponía a privar a la cadena de mando de sus prerrogativas en torno a los casos de delitos sexuales.

Hasta la fecha, el jefe del Pentágono y otros altos funcionarios se resistieron a realizar cambios en las prerrogativas de los jefes, quienes en la actualidad tienen una autoridad amplia para decidir la forma en que procesan estos casos.

La publicación del reporte del Pentágono, las declaraciones del mandatario y directivos del Departamento de Defensa, así como otros incidentes generaron un impulso sin precedentes para que el legislativo obligue a los militares a cambiar la manera en la cual los uniformados enfrentan los ataques sexuales.

El Comité de Servicios Armados del Senado efectuó su primera audiencia en cerca de 1 década sobre el tema de los delitos sexuales, y el presidente del Comité homólogo en la Cámara de Representantes, el republicano Buck McKeon, indicó su disposición a cambiar la legislación vigente.

Los miembros del Congreso introdujeron varios proyectos de leyes a inicios de mayo pasado sobre el asunto, mientras Hagel daba a conocer su propia propuesta en abril.

Los comités que atienden los asuntos del Pentágono en ambas cámaras legislativas pudieran considerar estas provisiones a partir de este junio, como parte de los debates en torno al proyecto de presupuesto de Defensa para 2014.

La controversia se centra en qué autoridad debe

4En el Pentágono tener los jefes para investigar y procesar los casos de asaltos sexuales, destaca el diario Stars and Stripes.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand y su correligionaria en la Cámara de Representantes Jackie Speier propusieron acciones para impedir que la cadena de mando de los servicios armados sea la que procese los delitos sexuales, porque las víctimas temen represalias si denuncian a los victimarios.

Sin embargo, los militares se oponen a una medida de ese tipo, con el pretexto de que socavaría el mando único en las instituciones castrenses, donde el jefe tiene la misión de mantener el orden y la disciplina.

En este contexto, no queda claro el nivel de posibilidades de aprobación que tienen las propuestas presentadas en el Capitolio sobre este asunto.

no se descarta transformar el sistema de justicia militar para acabar con las “conductas sexuales inapropiadas”

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4Militares rechazan la propuesta de que la cadena de mando de los servicios armados deje de ser la que procese los delitos sexuales, a pesar de que las víctimas temen represalias si denuncian

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Algunos miembros del Comité de Servicios Armados del Senado dijeron que evaluarían la propuesta de Gillibrand, pero no expresaron su apoyo concreto, entre ellos el presidente de dicha Comisión, el demócrata Carl Levin.

Un consenso más amplio al parecer existe en torno a la propuesta de Hagel, elaborada después de que ordenó revisar el caso de la Fuerza Aérea donde fue sobreseído un veredicto de culpabilidad contra un oficial acusado de conducta sexual inapropiada.

El jefe del Pentágono propuso quitarles a los jefes la autoridad para desestimar los veredictos de culpabilidad en este tema, al tiempo que se les permitiría reducir las sentencias si se incluye una explicación por escrito de los hechos.

McCaskill introdujo en el Senado un proyecto de ley que incluye esas provisiones, mientras otros legisladores presentaron una versión similar en la Cámara de Representantes que cambiaría el Código de Justicia Militar, el cual ya tiene varias décadas de aprobado.

Esta sucesión de escándalos llegó al punto de que hasta el teniente coronel Jeff Krusinski, jefe del Departamento contra Delitos Sexuales de la Fuerza Aérea

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estadunidense, fue formalmente acusado de intentar violar a una mujer en un estacionamiento de Arlington, Virginia.

Además, el 15 de mayo la prensa informó que un sargento asignado a un programa contra agresiones sexuales en la sede del Tercer Cuerpo de Ejército, en Fort Hood, Texas, fue suspendido de su puesto y acusado de proxenetismo, agresión, contacto sexual abusivo y maltrato a sus subordinados.

Pero éstos y otros males afectan hoy a las instituciones armadas estadunidenses, como es el caso de la expulsión de 17 oficiales que trabajaban directamente con los controles de lanzamientos de cohetes balísticos intercontinentales en una unidad estratégica en Dakota del Norte.

Las autoridades no han aclarado aún las verdaderas causas de esta purga, pero quedó claro el gran desorden allí, a tal punto que uno de sus jefes expresó en un correo electrónico confidencial filtrado a la prensa que existía un estado de podredumbre moral en sus filas.

La aseveración de este oficial parece ser reflejo de un mal que, a juzgar por todas las informaciones disponibles, abunda por estos días en las instalaciones castrenses.3 CONTRALÍNEA

Manrique

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GOBIERNO Y TRASNACIONAL despojan a indígenas de Liberia Con la anuencia del gobierno de Liberia, la compañia Equatorial Palm Oil despoja de sus tierras a indígenas africanos. Sembradíos, huertas y modestas fincas son destruidas y los legítimos dueños deben contratarse como peones para poder subsistir. La trasnacional se dedica a la explotación del aceite de palma Wade C L Williams/IPS

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LÍNEA GLOBAL oegbor, Liberia. Para poder sobrevivir, Sackie Qwemie está obligado a trabajar para la compañía Equatorial Palm Oil (EPO), que se quedó con sus tierras en el noroeste de Liberia.

Qwemie, de unos 50 años de edad, trabaja en la plantación de EPO desde hace 3 años, cuando las autoridades otorgaron a la empresa en concesión sus tierras en el condado de Grand Bassa, una de las 15 que tiene este país de África occidental.

No está para nada contento con el trabajo, que más bien le deja un gusto amargo. Pero no tiene más remedio que hacerlo si quiere sobrevivir.

“Donde estaba mi huerta, arrasaron con mis cultivos de berenjena, pimiento, mandioca (yuca); destruyeron todo”, comenta Qwemie a Inter Press Service (IPS) en Boegbor, un pueblo del distrito cuatro del condado de Grand Bassa.

“Tenía el terreno más grande. Llegué del hospital y me enteré; las máquinas habían arrasado todo. Desde entonces no tengo propiedad”, relata.

Qwemie se muestra preocupado y enojado al explicar su situación; acusa al gobierno liberiano de entregar sus tierras y de ignorar los intereses de la gente a la que se debe.

La decisión gubernamental creó innumerables dificultades a los campesinos, pues Equatorial Palm Oil paga poco y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

“Antes de comer pimientos, tengo que comprarlos. No sé qué decir. No puedo luchar contra la compañía porque ella dice que el gobierno le concedió las tierras”, se queja Qwemie.

EPO ocupa Palm Bay, una concesión de unas 34 mil hectáreas para producir palma aceitera. La concesión por 50 años se negoció y se promulgó en 2011, cuando comenzó la plantación.

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4La concesión de tierras afecta a las comunidades más empobrecidas de Liberia.

Equatorial Palm Oil paga poco y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas

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www.wikimedia.org

4“No hay duda de que las comunidades tienen derechos sobre sus tierras. Aun así decidimos negociar concesiones porque no tienen recursos para trabajarlas”: presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf

4“Al otorgar grandes porciones de tierras de las comunidades rurales a las multinacionales, sin ofrecer a los legítimos dueños mejores alternativas para sobrevivir, el gobierno les está quitando el derecho a vivir y está aumentando su pobreza”

La expansión al distrito cuarto de Grand Bassa, que empezó este año, enfureció a la población local y generó resistencia.

“Vienen, destruyen nuestro monte, nuestra forma de vida. Incluso el arroyo: dañan el agua que bebemos”, dice, enojado, Joe Bah, jefe de Boegbor.

Joe Bah y otros campesinos se quejan de que no fueron consultados sobre el arrendamiento de sus tierras. La compañía utilizó topadoras para limpiar los terrenos, incluso sitios sagrados y ancestrales, sin remordimiento ni respeto por la cultura local, protesta.

La población local también acusa al gobierno de usar al jefe del Consejo Nacional Tradicional, Zanzan Kawar, el anciano más reverenciado del país, para desalentarlos a no reclamar sus derechos.

“Cuando Kawar se presenta en cualquier comunidad, todos los zoes de Grand Bassa y de otros condados pueden estar presentes”, señala Isaac Gartaryon, dirigente juvenil.

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Los zoes son autoridades religiosas tradicionales a los que se atribuyen poderes sobrenaturales y la gente les teme.

Tampoco se atreven a hablar mal de ellos por miedo a las consecuencias. “Utilizan su enorme influencia para que nadie hable”, explica a IPS. Ancianos de la comunidad, con cargos en el gobierno y cercanos a autoridades de la compañía, criticaron duramente a los ciudadanos que se oponen a la expansión, sostiene Gartaryon.

“No se consultó a los jóvenes, las mujeres ni los jefes sobre la expansión, así que nos resistimos”, explica.

“Pero el Consejo Nacional Tradicional todavía mantiene su posición y sostiene que en lo que le concierne, la presidenta de la República de Liberia [Ellen Johnson Sirleaf ] concedió las tierras a EPO y que cualquiera que se oponga será detenido”, añade.

Por su parte, EPO alega que las tierras que ocupa son una concesión del gobierno tras las negociaciones de 2008. La 17 DE JUNIO DE 2013

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WWF

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4La compañía Equatorial Palm Oil consiguió en 2010 una concesión de 34 mil hectáreas para producir palma aceitera. Actualmente, asegura la empresa, sus operaciones se extienden en 13 mil hectáreas

compañía señaló que sólo opera 13 mil hectáreas, y que no ha ocupado todo el territorio por la resistencia de la población local.

Sobre las acusaciones de que no se consultó a la población, Thomas Borshua, contador y administrador de Equatorial Palm Oil, dice: “No diría que fue así. Mantuvimos varias reuniones con los jefes locales”.

“No hablamos con la gente en forma personal.

Tienen sus líderes que se presentaron como sus representantes, y con ellos es con quien conversó la compañía”, explica a IPS. Borshua declara que la compañía sólo ocupa una parte de la concesión, aunque se ven tractores circulando en toda su extensión. Además, es común ver árboles recién talados en zonas que, según la población local, no forman parte de las 34 mil 398 hectáreas concedidas.

“Vamos a resistir desde el monte y lo decimos en serio”, dice, enojado, Gartaryon.

La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dijo en Estados Unidos, en conversación con Reuters Insider publicada en mayo pasado, que el go56

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bierno trabajaba para atender la actual crisis de la tierra.

“No hay duda respecto a lo que dijimos de que las comunidades tienen derechos sobre sus tierras.

Aun así decidimos negociar concesiones porque no tienen recursos para trabajarla, esto los terminará favoreciendo con vivienda, empleo y beneficios sociales, pero tendrán una completa participación”, aseguró.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI, por su sigla en inglés), dedicado a crear conciencia y a aumentar la participación pública en lo que respecta a los recursos naturales, cree que el gobierno debe dejar de hablar y hacer lo correcto.

“El problema de la tierra en Liberia es más que una asunto legal. Se trata del sustento de las comunidades rurales”, dice a IPS Nora Bowier, del SDI. “Si el gobierno otorga grandes porciones de tierras de las comunidades rurales y se las otorga a las multinacionales, sin asegurarles ni ofrecerles mejores alternativas para sobrevivir, es como quitarles el derecho a vivir y aumentar su pobreza”, añade.3 CONTRALÍNEA

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Assad habla

RUSIA ACTÚA Al neocolonialismo energético estadunidense y de otras potencias en Oriente Medio, disfrazado de fomento a la democracia, Rusia responde con un discurso y una acción política tendiente a posicionarla como defensor de la no injerencia y del respeto del derecho internacional y la soberanía de los intereses de los países del Tercer Mundo. En el ajedrez político de la región, Rusia parece detener el avance de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia Pepe Escobar/Red Voltaire/Ilustraciones: Manrique

sí que Bashar al-Assad –presidente de Siria– ha hablado, exclusivamente, con el periódico argentino Clarín (hay una inmensa diáspora siria en Argentina, así como en el vecino Brasil).

Viendo a través de la niebla de la histeria occidental, hizo algunas observaciones valiosas. El historial muestra que sí, que el régimen ha aceptado varias veces hablar con la oposición, pero la miríada de grupos “rebeldes” sin una dirigencia creíble y unificada siempre se ha negado. Por lo tanto, no existe un camino hacia el cese del fuego que pueda finalmente acordar-

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se en una cumbre –como la próxima conferencia en Ginebra– de Estados Unidos y Rusia.

Assad tiene algo de sentido cuando dice: “Nosotros no podemos discutir una hoja de ruta con una parte si no sabemos quiénes son”.

A estas alturas, cualquiera que observe la tragedia siria sabe quiénes son en su mayoría. Se sabe que el Ejército de Caníbales Sirios No-Libres, perdón, el Ejército Libre Sirio (ELS) es una colección variopinta de señores de la guerra, gánsteres y oportunistas de todo tipo cruzados con yihadistas de la línea dura del tipo de Jabhat al-Nusra (pero también con otros grupos vinculados a Al Qaeda o inspirados en él).

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LÍNEA GLOBAL Reuters tardó meses en admitir finalmente que los yihadistas dominan el show sobre el terreno. Un comandante “rebelde” incluso se quejó ante Reuters, “Nusra es ahora dos Nusras. Uno que sigue la agenda de Al Qaeda, de una gran nación islámica, y otro que es sirio, con una agenda nacional para ayudarnos a combatir a Assad”. Lo que no dijo es que el grupo realmente efectivo está vinculado a Al Qaeda.

Siria es ahora el infierno de las milicias; muy parecido a Irak a mediados de la década de 2000, y similar al “liberado” Estado fracasado libio. Esta afganización/somalización es una consecuencia directa de la interferencia del eje Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)/Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)/Israel. Por lo tanto Assad también tiene razón cuando dice que Occidente está avivando el fuego y que sólo está interesado en el cambio de régimen, sea cual sea el costo.

Lo que no dijo Assad No se puede decir que Assad sea exactamente un político brillante, por lo tanto desperdició una excelente

El presidente Vladimir Putin –consciente de que las conversaciones de Ginebra están siendo descarriladas por diversos actores antes de que tengan lugar– envió barcos de la armada rusa al Mediterráneo oriental y ofreció a Siria una cantidad de ultramodernos misiles

oportunidad para explicar a la opinión pública occidental, aunque sea brevemente, por qué las petromonarquías del CCG, Arabia Saudí y Catar, más Turquía, están interesados en incendiar Siria. Pudo hablar de que Catar quiere entregar Siria a la Hermandad Musulmana y Arabia Saudí sueña con una colonia que sea un “cripto-emirato”. Pudo hablar de que ambos están aterrorizados por los chiítas del Golfo Pérsico que albergan legítimos ideales de la Primavera Árabe.

Pudo señalar la ruina absoluta de la política exterior turca de “cero problemas con nuestros vecinos”: un día hay una tríada de colaboración AnkaraDamasco-Bagdad, y al día siguiente Ankara quiere 60

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cambio de régimen en Damasco y se pone enfrente de Bagdad. Y para colmo Turquía se desconcierta al ver que los kurdos se sienten alentados desde el Norte de Irak hasta el Norte de Siria.

Pudo detallar que de la OTAN, Gran Bretaña y Francia –para no mencionar a Estados Unidos– y sus petromonarcas marionetas están utilizando la desintegración de Siria para perjudicar a Irán y que a ninguno de estos actores que suministran las armas y mucho dinero les interesan los sufrimientos del “pueblo sirio”. Lo único que importa son sus objetivos estratégicos.

Mientras hablaba Bashar al-Assad, Rusia actuaba.

El presidente Vladimir Putin –perfectamente consciente de que las conversaciones de Ginebra están siendo descarriladas por diversos actores incluso antes de que tengan lugar– envió barcos de la armada rusa al Mediterráneo oriental y ofreció a Siria una cantidad de ultramodernos misiles Yakhont tierra-mar, más una cantidad de misiles antiaéreos S-300, el equivalente ruso del Patriot estadunidense. Además Siria ya tiene misiles antiaé-reos rusos SA-17.

Entonces, tratar, cualquiera de ustedes, miembros de la banda OTAN-CCG, incluso dejando de lado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de lanzar una miniconmoción y pavor contra Damasco, o de instalar una zona de exclusión aérea: Catar y la Casa de Saud son un chiste desde el punto de vista militar. Los británicos y Francia están seriamente tentados, pero no tienen los medios o las agallas. Washington tiene los medios, pero no las agallas.

Putin estaba perfectamente seguro de que el Pentágono comprendería su mensaje claramente.

Y no hay que olvidar el “Oleoductistán” Bashar al-Assad también pudo hablar de –¿qué más?– el “Oleoductistán”. Le hubieran bastado 2 minutos para explicar el significado del acuerdo del gasoducto Irán-Irak-Siria por 10 mil millones de dólares que se firmó en julio de 2012. Este nodo crucial del “Oleoductistán” exportará gas desde el campo South Pars de Irán (el mayor del mundo, compartido con Catar), a través de Irak hacia Siria, con una posible extensión al Líbano, con clientes confirmados en Europa occidental. Es lo que los chinos llaman una situación en la que no se puede perder.

CONTRALÍNEA

Pero no para –¿quién será?– Catar y Turquía.

Catar sueña con un gasoducto rival desde su campo North (contiguo al campo South Pars de Irán), pasando por Arabia Saudí, Jordania, Siria y finalmente Turquía (que se presenta como el centro privilegiado de tránsito de energía entre Oriente y Occidente). Destino final, una vez más: Europa occidental.

CONTRALÍNEA

Como en todo lo que tiene que ver con “Oleoductistán”, el punto crucial del juego es dejar de lado a Irán y Rusia. Es lo que pasa con el gasoducto catarí, frenéticamente apoyado por Estados Unidos. Pero en el caso del gasoducto Irán-IrakSiria, la ruta de exportación no puede originarse en otro sitio que en Tartus, el puerto sirio en el 17 DE JUNIO DE 2013

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LÍNEA GLOBAL

Mediterráneo oriental que alberga la marina rusa.

Obviamente Gazprom formaría parte de todo el asunto, desde la inversión hasta la distribución.

Que no quepa duda: el “Oleoductistán” –nuevamente vinculado a circunvalar Rusia e Irán– explica muchas cosas sobre la destrucción de Siria.

Artilugio petrolero de la UE para Al Qaeda Mientras tanto el verdadero ejército sirio –respaldado por Hezbollah– está recuperando metódicamente Al-Qusayr del control “rebelde”. Su próximo paso será mirar hacia el Este, donde Jabhat al-Nusra se está beneficiando alegremente de otra metedura de pata típica de la Unión Europea: la decisión de levantar las sanciones petroleras contra Siria.

El bloguero de Syria Comment, Joshua Landis, sacó las conclusiones necesarias: quienquiera que se apodere del petróleo, el agua y la agricultura tendrá en sus manos a la Siria suní. Por el momento es al-Nusra. El hecho de que Europa abriera el mercado al petróleo impuso esta situación. De ahí 62

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la conclusión de esta demencia de que Europa esté financiando a Al Qaeda”. Llamémoslo el artilugio petrolero de la Unión Europea para Al Qaeda.

El Suroeste de Asia –lo que Occidente llama Oriente Medio– seguirá siendo un campo privilegiado de irracionalidad. Tal como están las cosas en Siria, en lugar de una zona de exclusión aérea lo que en realidad debería establecerse es “todos vuelan por la paz”, y cada cual y su vecino debería estar involucrado: Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y también Hezbollah, Israel y por cierto Irán, como ha subrayado con entusiasmo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Mucho más allá de la obsesión occidental con el cambio de régimen, lo que la ya problemática conferencia de Ginebra podría producir es un acuerdo según la constitución siria que, a propósito, es absolutamente legítima, adoptada en 2012 por una mayoría de votos del verdadero y sufriente “pueblo sirio”. Eso incluso podría significar que Bashar al-Assad no fuera candidato a presidente en las elecciones programadas para 2014. Cambio de régimen, sí. Pero por medios pacíficos. ¿Permitirán la OTAN, el CCG e Israel que ocurra? No.3 CONTRALÍNEA

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COPALA, emergencia humanitaria

VIDEORREPORTAJE DE SAN JUAN COPALA, EMERGENCIA HUMANITARIA

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EX LIBRIS

Dolia Estevez: 1823-2011 y los embajadores Álvaro Cepeda Neri*

Para Felipe García Murillo

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L

a periodista sonorense críticamente combativa Dolia Estévez es autora del valioso libro El embajador. Es una reportera de pies a cabeza, entregada a su oficio con su formación, voluntad y talento que insistentemente busca información. Realiza a carta cabal su faceta de corresponsal, de reportera de noticieros y analista de política exterior. De ascendencia jalisciense, Dolia Estévez lleva casi 3 décadas en el trabajo de prensa.

Su foto aparece en la solapa de dicho libro con sus datos más relevantes. Y la dedicatoria: “A la memoria de los periodistas que perdieron la vida por hacer su trabajo, en un clima de desprotección y desdén hacia nuestra profesión del gobierno de Felipe Calderón”, me parece buen epitafio para la muerte política del borrachín panista (esto es como un insulto para el panismo calderonista).

De los nueve embajadores-representantes del presidencialismo estadunidense que hubo de 1977 a 2011,

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la reportera entrevistó a ocho; pero, a mi juicio de lector, ni falta que hizo. Bastó con Lucey, Nava, Gavin, Negroponte, Jones, Davidow, Garza y Pascual. Los hace contestar a una colección de preguntas incisivas, ya no tan diplomáticamente, pero sí como embajadores que fueron. Tiene un índice onomástico utilísimo y una selecta bibliografía. “La lectura de cientos de cables diplomáticos estadunidenses desclasificados bajo la Ley para la Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, despertaron mi interés por entrevistar a los exembajadores y conocer de voz propia sus experiencias”. Ella retrata con sus cuestionamientos a esos enviados de Washington que, ya en la Embajada, tienen poder policiaco (la DEA, agencia antidrogas estadunidense, y para esto darse a la lectura del libro de J Jesús Esquivel, La DEA en México; la CIA, Agencia Central de Inteligencia; el FBI, Oficina Federal de Investigación) y un gran poder de espionaje, aunado a sus presiones económicas y desde 1970 su colaboracionismo-intervencionista respecto del narcotráfico.

En la portada del libro viene el transporte de Barack Obama: la bestia (lo único que trajo en su visita a nuestro país); y en él, Dolia Estévez nos pone al tanto de esa historia que, desde el Poinsentt aquel de 1845, culminó con el progolpista de Henry Lane Wilson (de aquí derivó la fase: me vale Wilson). Las entrevistas son un dar la cara, si bien con maquillaje, de los embajadores. Contiene un prólogo de Lorenzo Meyer y el listado cronológico de los embajadores, de 1823 a 2011.

La observación es que Liébano Sáenz, secretario particular de Zedillo, nunca fue “jefe del gabinete de Zedillo”, como se asienta en la nota 201 (página 181). Tuvo demasiado poder porque a Zedillo le valía rábano atender asuntos, más dedicado a privatizar y servir a los gringos; por eso lo premiaron al concluir su sexenio que salvó a los banqueros con el multimillonario Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) sin autorización del Congreso, como manda la Constitución. La entrevista a Jeffrey Davidow es interesante, ya que representó a Clinton y Bush y se las vio con Zedillo y Fox. Un libro que ve a México desde Washington y viceversa.3

Ficha bibliográfica: Autora: Dolia Estévez Título: El embajador Editorial: Planeta-Temas de Hoy, 2013 *Periodista CONTRALÍNEA

REDES SOCIALES 1/18/13 1:41 PM Pรกgina 63

PASO A DESNIVEL

Ciudad capital

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17 DE JUNIO DE 2013

Miguel Galindo

CONTRALÍNEA

ISSN: 1665-1626

R E V I S TA S E M A N A L