Con un trabajo coordinado, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, junto con el gobernador Esteban Villegas Villarreal, informaron que ya se trabaja en un modelo de salud para que los duranguenses cuenten con calidad y calidez, que los deje satisfechos y puedan expresar: “fui al hospital, me atendió bien el doctor y me dieron el medicamento que necesitaba”, señaló el titular del INSABI al anunciar los insumos e inversión en materia de salud para Durango.

Juan Antonio Ferrer dijo que gracias a estos esfuerzos en unidad y con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se adquirieron medicamentos que serán distribuidos en todo el país, además de detallar sobre los avances que se tienen con el modelo de reingeniería en el tema de salud, para contar con los insumos, personal médico, así como hospitales bien equipados. Como parte de esta reingeniería en materia de salud, se hace una reconversión de clínicas y hospitales como el Hospital General 450, ampliando con equipamiento especializado, además de insumos y personal médico, enfermeras y todo lo que se requiera para una atención de calidad y calidez, afirmó.

Agregó que para ello se ha llevado a cabo trabajo de campo, casa por casa para determinar las necesidades de cada región y poder acercar la atención que se requiere; con la reingeniería completa estarán funcionando todos los centros de salud de Durango, además de atender en sus domicilios a pacientes que lo necesiten.

El Ejecutivo estatal informó que por parte de la instancia federal ha aportado 223.5 millones de pesos y 75 más de Durango, tan solo para atender esta enfermedad, además de todo su respaldo ante el escenario en el que se encontraba la Secretaría de Salud, en lo que se ha trabajado intensamente, lo que ha permitido mejorar esta situación a cinco meses del registro de los casos.

Fisgón En espera del veredicto México SA

AMLO: Internet para todos

Borolas: solo para los cuates Atracó a la CFE y a LFC

Carlos Fernández-Vega

E l presidente López Obrador y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dieron cuenta de cómo avanza el programa Internet para Todos, un compromiso de campaña tendiente a que al término de nuestro mandato dejemos conectadas a Internet a todas las comunidades, a todos los municipios del país, detalló el tabasqueño, mientras el poblano subrayó que política, social y económicamente, no es posible aceptar que 20 millones de mexicanos queden sometidos a un retraso secular, a una severa marginación.

Cuando llegó a Palacio Nacional, detalló López Obrador, alrededor de 500 municipios del país (algo así como el 20 por ciento del total) no tenían posibilidad de comunicarse por medio de Internet, ni las cabeceras municipales; no se podía siquiera hablar por teléfono celular, y ahora hemos avanzando con el citado programa. Por su parte, Bartlett enfatizó que millones de niños en México no pueden quedar en desventaja frente a sus contemporáneos porque viven en lugares a los que el acceso se considere antieconómico y no rentable. Esto es una inaceptable injusticia para el país.

El director de la CFE subrayó que en la rutina de la cotidianidad el tema puede pasar oculto para los otros millones, podía pasar inadvertido, pero el gobierno de la Cuarta Transformación sí los vio, sí los ha visto, por su estrecha vinculación con toda la sociedad y, pese a los enormes esfuerzos que se requieren, decidió integrar a estos 20 millones de mexicanos, a esos niños y adolescentes en formación, a este indispensable instrumento, Internet, pero para todos.

Bien, el gobierno de López Obrador procede como cualquier autoridad que se respete: atender las necesidades de la población y no a los jugosos negocios de un puñado de empresarios que en el festín privatizador se quedó con todo y nunca ve más allá del elevadísimo monto de sus ganancias, la mayoría de ellas, a costillas de la nación, facilitadas por el régimen neoliberal.

Tras el anuncio de López

Obrador y Bar-tlett, con el alto contenido social que implica, hay que recurrir a la memoria para conocer qué hizo otro gobierno,

Tesla: entusiasmo con prudencia

En días recientes ha generado revuelo la posibilidad de que Tesla instale una planta en nuestro país. La expectativa es producto del volumen de la inversión esperada (se estima que sería de miles de millones de dólares), del hecho de tratarse de la empresa automotriz más grande del mundo por capitalización de mercado, y todavía la mayor productora de autos eléctricos, así como del estatus de celebridad de su director general y principal accionista, Elon Musk. También ha sido motivo de interés mediático el planteamiento del gobierno federal para que las instalaciones se construyesen en Hidalgo y no en Nuevo León, pese a que el gobernador de esta última entidad, Samuel García Sepúlveda, ha cabildeado de manera intensa desde el año pasado para atraer a la compañía.

Ayer, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una conversación telefónica con Musk para definir el anuncio de la posible llegada de la automotriz. El canciller aseguró que Tesla busca desarrollar un ecosistema en México con sus proveedores (20 por ciento de los componentes que emplean sus vehículos ya son manufacturados aquí), logística y el potencial para diversificar su producción. Además, mencionó la oportunidad de una sinergia con la industria de baterías de litio que arranca en Sonora.

Cuando ya se da prácticamente por sentado que la multinacional arribará a territorio mexicano, y que lo hará en el norte del país, es necesario exponer algunas consideraciones en torno a lo que se ha convertido en el movimiento corporativo más comentado en años. Sin subestimar la importancia y los beneficios de una inversión de esta magnitud, es necesario cuidar que, en el afán de cortejar a la iniciativa privada, no se incurra en políticas erróneas como las que tuvieron lugar durante el auge de la industria maquiladora, es decir, atraer capitales a costa de los salarios, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y la hacienda pública, por ejemplo, al dar tantos incentivos para que en realidad la inversión termine corriendo a cuenta del erario. En este sentido, es una señal de preocupación que desde junio de 2022 el gobierno de García Sepúlveda entregó a los proveedores de Tesla un carril exclusivo en un puesto de control fronterizo, sin brindar a la ciudadanía información alguna acerca de los términos en que se pactó este privilegio ni de cómo se gestionan los trámites de cruce de dichas empresas.

El tema laboral cobra particular relevancia por la conocida hostilidad del magnate de origen sudafricano a la organización de los trabajadores y las múltiples denuncias de malas prácticas patronales en sus compañías, las cuales se han disparado desde que se hizo con el control de Twitter, en octubre pasado. Sin ir más lejos, esta semana más de 30 empleados de la planta ubicada en Búfalo, Nueva York, fueron despedidos tras intentar sindicalizarse. Como en otras ocasiones, Musk mostró su desprecio por la ley al imponer una nueva directriz que prohíbe grabar las reuniones en el lugar de trabajo sin el permiso de todos los participantes, lo cual contraviene tanto la normativa federal estadunidense como las disposiciones neoyorquinas. Curiosamente, quienes mantienen un golpeteo permanente contra el gobierno mexicano por las supuestas infracciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética, nada dicen de las dificultades de conciliar las embestidas antilaborales del multimillonario con los compromisos del acuerdo trilateral para la protección del derecho de los trabajadores a la libertad sindical y la negociación colectiva.

Cabe esperar que la esperada inversión de Tesla se concrete para beneficio de la zona donde finalmente se instale y del conjunto de la economía nacional, pero también que las autoridades tomen todas las previsiones a su alcance con el propósito de evitar que las buenas noticias financieras acarreen indeseables costos sociales y humanos.

el de Felipe Calderón, en materia de Internet. ¿Cómo procedió? Descaradamente entregó al capital privado (Televisa-Telefónica Movistar-Megacable), mediante hoteles de conexión, 34 mil 500 kilómetros (propiedad del Estado) de tendido de fibra óptica, con cobertura nacional, que en ese momento tenían la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) para dar servicio de Internet.

En mayo de 2009, como inquilino de Los Pinos Calderón presumió “la puesta en operación de una red de fibra óptica a nivel nacional con la cual México se moderniza en materia de telecomunicaciones. El objetivo del gobierno es buscar la expansión ordenada, competitiva, bajo reglas claras y no discriminatorias a los servicios de telecomunicaciones en las próximas dos décadas al menos”.

Sin embargo, para entregar al gran capital la red de fibra óptica del Estado, Borolas necesitaba deshacerse de un obstáculo: la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, por ser la que poseía no el mayor tendido de fibra óptica, pero sí un inmejorable potencial económico. ¿Por qué? En ese momento, la red de fibra óptica de la CFE tenía un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; en cambio, el correspondiente a LFC era de 27 mil 273 clientes por kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico), es decir, una diferencia cercana a 10 veces.

El ganador de la licitación

(léase un traje a la medida para el único postor, es decir, el grupo Televisa-Megacable-Telefónica Movistar) tuvo pilón: no solo se quedó con la fibra óptica del Estado (concesión por 20 años, renovables), sino que se obligó a la CFE a pagar el mantenimiento del tendido de fibra óptica que Borolas privatizó. Hasta ese momento, el tendido de fibra óptica del Estado implicó una inversión por alrededor de 30 mil millones de pesos, pero el grupo “ganador se quedó con todo por 858.6 millones, o lo que

El maíz en disputa

Mariana Bermúdez es lo mismo, 2.8 por ciento de lo que al erario costó dicho tendido. Entonces, del descarado atraco de Borolas a un gobierno que garantiza Internet para Todos. Las rebanadas del pastel ¿A quién debe entregar López Obrador la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico? ¿A una golpista y represora como Dina Boluarte y lo que representa? Que se pronuncien los integrantes de esa agrupación (México, Colombia, Chile y Perú).

Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com

México es centro de origen y diversificación constante del maíz. El grano es el cereal base de la alimentación de la población mexicana, por ser fuente principal de energía en las dietas regionales, siendo así los maíces nativos un bien común. Además, también tienen un valor histórico, cultural, social, espiritual, económico, lo cual hace a esta semilla objetivo de intentos de privatización por parte de empresas agroindustriales trasnacionales a partir de su modificación genética.

El maíz genéticamente modificado (GM) es diametralmente distinto de los maíces nativos, pues está hecho sobre todo para forraje y para la industria de alimentos ultraprocesados, por lo cual no comparte las bondades que los granos nativos conservan. Sin embargo, sobresalen las afectaciones en diversos ámbitos que conlleva su producción: en la salud de las personas, en el medio ambiente, en la biodiversidad. El maíz GM es parte de un paquete tecnológico que incluye agroquímicos tóxicos como el glifosato, herbicida que es probable cancerígeno, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Ante ello, han sido las comunidades campesinas, los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos, quienes durante más de 20 años han visibilizado los daños ocasionados por la liberación al ambiente del maíz GM y desarrollado propuestas de acciones contundentes para respetar los derechos de campesinas y campesinos, y los derechos humanos vinculados de la sociedad en general. Por ejemplo, en 2019 y 2020, un grupo plural y diverso de personas entregaron al representante del Ejecutivo federal una petición de decreto presidencial que estableciera condiciones suficientes para preservar la integridad de México como centro de origen del maíz, y la riqueza cultural e histórica en torno, a partir de legislaciones y políticas públicas.

No hubo respuesta inmediatamente por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2020, el Estado mexicano publicó un decreto presidencial para sustituir gradualmente el uso de glifosato, para cambiarlo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, además de revocar y abstenerse de dar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz GM. La fecha límite en la que se cumpliría este decreto: el 31 de enero de 2024. A partir de su publicación, empresas agroindustriales nacionales y trasnacionales han presionado al gobierno mexicano para revertir los efectos del decreto a partir de amparos y la desestimación de la evidencia científica existente en relación con los daños a la salud ocasionados por el maíz GM y el glifosato. Presiones a las que se han sumado representantes del gobierno de Estados Unidos. Los intereses que se trastocan a partir de las restricciones de importación de maíz GM a México son meramente económicos y están vinculados con los tratados de libre comercio, en particular con el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

El lunes pasado se publicó un decreto presidencial que deroga el publicado en diciembre de 2020, y donde se busca resolver ambigüedades en torno al maíz GM. Este nuevo decreto continúa con la prohibición del uso del maíz genéticamente modificado en alimentos, como las tortillas, pero permite su utilización para el forraje y alimentos ultraprocesados. En un análisis comparativo (https://bit.ly/3k0sA7A) de ambos decretos, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha presentado diversos temas que es necesario revisar con detenimiento. Entre ellos, resalta la importancia del principio de precaución para prevenir los posibles daños derivados de la liberación del maíz GM; pone atención en cómo los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los Estados, y lo indispensable de garantizar la autosuficiencia a partir de políticas públicas. Preocupa, principalmente, que la importación de maíz genéticamente modificado para uso en la industria y el forraje, en algún momento de la cadena de producción llegue a la alimentación humana, por lo cual la diferenciación propuesta en este nuevo decreto no es suficiente para evitar que exista una liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado.

Los tratados de libre comercio como el T-MEC no deberían estar por encima de los acuerdos internacionales de derechos humanos. Por tanto, el bienestar común es prioridad en México, buscándose así garantizar los derechos humanos de la población, entre ellos el de una alimentación adecuada, el de la salud y el de un medio ambiente sano. Trayendo al presente a don Miguel Concha Malo, decía: necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas; de seguir con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas ( La Jornada, 13/6/20).