Fiscalía investigará denuncias de abusos en jardín de niños

Josefina Quintero M

Tras dos días de bloqueos en avenidas principales de la alcaldía Gustavo A. Madero para exigir el cierre del jardín de niños Ana Pavlova por presuntos abusos sexuales contra los pequeños, padres de la familia lograron ser atendidos por la Fiscalía General de Justicia.

Ante las alteraciones que presentaban los pequeños por los presuntos abusos, los padres salieron a la calle el 15 de febrero y se plantaron en la avenida Francisco Morazán para pedir la interven- ción de las autoridades para el cierre definitivo de la escuela.

Los señores acusan a Mario Alberto Rubio Torres, hijo de la directora del plantel, como el agresor, por lo que presentaron varias denuncias y señalaron que son alrededor de 10 menores los que fueron víctimas de abuso. Luego del bloqueo, la escuela decidió suspender las actividades; sin embargo, los afectados siguieron en espera de la intervención de las autoridades, por lo que decidieron extender su protesta al día siguiente sobre el Eje Central

Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Poniente 112.

Los quejosos señalaron que pese a las denuncias la Fiscalía no ha actuado con prontitud y programó la atención a los pequeños hasta marzo, por lo cual decidieron tomar las vialidades como medida de presión.

Ante el caos que ocasionaron, la dependencia instaló una mesa de trabajo para atender a los denunciantes que ratificaron abusos físicos y sexuales contra los niños.

Personal de la Coordinación General de Investigación de De- litos de Género, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, así como del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y de la Dirección General de Atención a Víctimas, se comprometió a dar atención integral a las niñas y niños. Además, se acordó una reunión de seguimiento, se brindará terapia grupal a padres y se les explicó cómo se realizará el proceso penal.

Pide fiscalía 52 años de cárcel a exfuncionarios por caída de L12

Josefina Quintero M.

Ciudad de México. Después de que un juez de control negara la reapertura de la investigación por el colapso de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Fiscalía General de Justicia solicitó 52 años de prisión para los ex funcionarios acusados como responsables de la muerte de 26 personas.

La dependencia realizó la acusación directa contra siete ex servidores públicos, entre los que se encuentran Enrique Horcasitas, quien fungió como director del Proyecto Metro durante la construcción de la también conocida línea dorada.

Además, se solicitó imponer una pena de 24 años de cárcel a los acusados de las lesiones que denunciaron 34 personas a consecuencia del desplome. El pasado 13 de febrero, el agente del Ministerio Público hizo la querella por escrito ante la unidad de gestión judicial cinco del Tribunal Superior de Justicia de Ciu- dad de México.

Apenas el jueves 16 la defensa de los imputados fue notificada, por lo que su abogado Gabriel Regino se inconformó y manifestó su desacuerdo por medio de su cuenta de Twitter, donde expresó: “la Fiscalía ha formulado acusación y solicita 52 años de prisión contra nuestros representados”.

De acuerdo con los plazos del proceso que se realiza, está prevista que la próxima audiencia intermedia tenga lugar el 17 de marzo, en la que el Ministerio

Público hará la acusación y presentará las pruebas que sustenten los señalamientos, las cuales serán evaluadas por el juez, quien determinará su validez.

Horcasitas, Juan Antonio, Moisés, Fernando, Enrique, Ricardo, Juan Carlos, y Fernando fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de homicidio y lesiones, ambos con la agravante de culposos, así como daños a la propiedad.

De cuerdo con las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, el desplome de la trabe de la línea 12, en la intersección de las estaciones Tezonco-Olivos, fue a consecuencia de “errores graves en el diseño de construcción”, por lo cual se hicieron los señalamientos contra los servidores públicos que estuvieron a cargo de las obras, además de la falta de revisión.

En los próximos días se girarán los oficios para citar a audiencia intermedia y los imputados o representantes legales deberán acudir, de lo contrario el juez podría determinar que se giren las respectivas órdenes de aprehensión en su contra.

El Palacio Municipal de Teloloapan, Guerrero, fue tomado ayer por integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, quienes retuvieron a ocho policías locales, luego de que estos y agentes de la Guardia Nacional mataran al dueño de una ferretería y les requisaran radios y teléfonos celulares. Acusan que los uniformados se dedican a saquear a los pobladores. Foto

Sergio Ocampo

Teloloapan, Gro., Elementos de la Policía Comunitaria Tecampanera (PCT) tomaron las instalaciones del ayuntamiento de Teloloapan, ubicado en la zona norte, y retuvieron a un grupo de policías municipales, luego de que efectivos de la Guardia Nacional les decomisaron dos radios de banda civil y ocho teléfonos celulares.

La detención de los agentes fue para lograr negociaciones con autoridades del gobierno estatal, precisaron.

Sin embargo, media hora después fueron liberados y trasladados al 41 Batallón de Infantería, luego de la intervención del alcalde de Teloloapan, el perredista Homero Hurtado Flores, quien negoció con los miembros de la PCT.

Al respecto, Raúl Bahena, comerciante y miembro de la PCT, denunció que el 11 de febrero, cuando incursionó el Grupo Jaguar, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, les quitaron 50 radios y de-cenas de teléfonos celulares que no les han devuelto.

Recordó que en ese operativo perdió la vida el dueño de una ferretería por los golpes que le propinaron los elementos estatales.

Destacó que desde hace una semana Teloloapan vive un ambiente de tensión, pues las corporaciones policíacas y militares actuaron de manera prepotente: “nosotros no estamos en contra de que se presenten, al contrario, pero hace una semana hubo saqueo en varios domicilios que resulta-ron afectados”.

Más de mil 500 desplazados En ese sentido, demandó la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda: “cuando andaba buscando el voto, nos visitó y hoy que la necesitamos no ha venido a vernos”, lamentó.

Otro de los problemas que no se ha resuelto, tan solo en Teloloapan, sin incluir los de los municipios vecinos de Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, es el de los desplazados por la violencia que, según la PCT, suman poco más de mil 500, aunque la cifra podría ser mucho más elevada, mencionaron. El territorio de estos tres municipios se los disputan los grupos criminales de La Familia michoacana, Los Tlacos, Bandera, y Guerreros Unidos.