Programas de Bienestar contribuyen al fortalecimiento de la educación

Bajo el principio de que la educación es un derecho, nunca un privilegio, jamás en la historia del país se habían distribuido tantos recursos en beneficio de los que menos tienen a través de los Programas de Bienestar, asegurando que la educación extienda sus beneficios en las distintas regiones del país, señaló la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Indicó que algo que caracteriza al Gobierno de México es la forma de distribuir el presupuesto público para disminuir las desigualdades, sin corrupción; por eso, los Programas de Bienestar se entregan directamente a la gente, sin intermediarios, porque se confía en ella, en su trabajo, en su participación y en su honestidad. Detalló que el programa de La Escuela es Nuestra (LEN) considera la participación de la comunidad escolar, por medio de los comités escolares de administración participativa, y se han atendido más de 113 mil escuelas en donde madres y padres se han integrado a la vida escolar. Agregó que son más de 12 millones de apoyos a beneficiarios de las Becas Benito Juárez, que permiten a los alumnos tener la posibilidad, al menos, de sí llegar a las escuelas, y recordó la inversión de este año que se aplica en Universidades para el Bienestar Benito Juárez en los lugares más apartados, en un esfuerzo sin precedentes.

Finalmente, insistió en la importancia de la apropiación de la escuela, que es un espacio colectivo que permite disfrutar, y es donde deben estar las niñas, los niños, los jóvenes y adolescentes, porque ahí se les necesita, ya que es un lugar donde se aprende, se convive y se juega pero, sobre todo, se es feliz.

Inadmisible, cancelación de normas de salud: Vero Pérez

El bufete jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Fader y Cipol) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) celebró su 56 aniversario de brindar servicios de asesoría jurídica gratuita a la comunidad duranguense en situación de vulnerabilidad.

Humberto Raúl Calderón

Chávez, director del bufete jurídico, destacó que esta iniciativa comenzó en 1967 por un grupo de estudiantes de la entonces Facultad de Derecho, con el objetivo de realizar su práctica forense y responder a la necesidad de ejercer la práctica jurídica.

A lo largo de sus 56 años de existencia, el bufete ha sido un lugar donde han participado destacados profesionales que posteriormente se han desempeñado como agentes del Ministerio Público, jueces, magistrados y funcionarios públicos. Calderón

Chávez resaltó especialmente la dirección de Ernesto Galindo Romero, quien estuvo al frente del bufete durante 26 años consecutivos.

También mencionó la contribución de los exdirectores que, durante su gestión, orientaron a los estudiantes de la Fader y Cipol en sus prácticas profesionales, con el propósito de brindar un enfoque más humanista a este despacho y establecer un vínculo sólido con la sociedad en situación vulnerable. Como parte de la conmemoración de este aniversario, se entregaron reconocimientos a los exdirectores o sus representantes, destacando la familia del Lic. Ernesto Galindo Romero (19661992) Lic. Carlos Augusto Leyva Gutiérrez (1992-1996) Lic. Jesús Rivera Ortiz (1996-2000) M.D. Luis Tomás Castro Hidalgo (2000-2005) Lic. Humberto Raúl Calderón Chávez (20052012) Dr. Rafael Mier Cisneros (2012-2015) M.D. Hugo Fernando Herrera Duéñez (20152021) y nuevamente el Lic. Humberto Raúl Calderón Chávez (2021-2023).

Rafael Mier Cisneros, director de la Fader y Cipol, agradeció a cada uno de los exdirectores por su contribución significativa a la historia de la Facultad, ya que este tipo de vínculos con la sociedad fortalecen la democracia y resaltan la importancia del sentido humanista en el campo del Derecho.

En el evento estuvieron presentes Paulino Córdova Quiñones, subsecretario de Desarrollo Político y Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno; Enrique García Carranza, abogado y representante jurídico de la UJED; Susana Pacheco Rodríguez, magistrada del Poder Judicial del Estado de Durango, así como académicos, estudiantes universitarios e integrantes del despacho jurídico.

Es inadmisible la cancelación de las 34 Normas Oficiales de salud, ya que deja a millones de mexicanas y mexicanos que padecen diversas enfermedades en total incertidumbre respecto a diagnósticos y tratamientos, tanto en sector público como en el privado, consideró la diputada Verónica Pérez Herrera al atentar contra millones de mexicanos.

“Exigimos a las autoridades explicar si esta cancelación implica que ya no habrá normas en esas materias y cuál será la alternativa para regular los procesos técnicos que las mismas establecen. El Ejecutivo federal debe explicar las razones de la cancelación tal y como lo exige la Ley de Infraestructura de la Calidad”, expresó la también presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Además, señaló que no toma en cuenta las necesidades de las pacientes que sufren cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en mujeres de entre 20 y 50 años en el país.

“Sin normas, se relajan las medidas preventivas eficaces”, precisó al poner como ejemplo que con la baja en la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se podrían incrementar los casos de cáncer cérvico uterino.

Entre las normas canceladas, mencionó vigilancia epidemiológica, fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, de la diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, control de las adicciones, cáncer de la próstata, osteoporosis, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama, entre otras no menos importantes.

“En Acción Nacional estamos en contra de esto que pretende el Gobierno Federal de Morena, ya que atenta en contra de la salud de los mexicanos. La decisión, creemos, carece de todo sentido y desconoce de manera discrecional los mandatos expresos de la Ley general de Salud”, acotó durante la sesión de la Comisión Permanente.

Agregó que a la desaparición de las guarderías familiares, el seguro popular, las medicinas contra el cáncer, los apoyos para las mujeres violentadas, recursos a la cultura, el Fonden, Financiera Rural, perjuicio de millones de mexicanos, ahora se suma la cancelación de 34 normas de salud.