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CONCIENCIA PÚBLICA
[Semana del 9 al 15 de noviembre 2014] Guadalajara | SEMANARIO
OPINIÓN Por | Modesto Barros González
Por | óscar Constantino Gutiérrez
TERCERA INSTANCIA
EN LA MIRA
EL UBER, EL TAXI Y LOS REGULADORES
L
Con disculpas a Sergio Leone
eí en Reforma una columna de Verónica Baz, la Directora General del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) sobre el servicio de transportación Uber. Ante la molestia de los taxistas y la actitud de los gobiernos, Baz pregunta: «Y ahora, ¿cómo lo regulamos? O ¿regulamos?». Ah, caray. ¿Entonces está en duda si deben regularse los servicios al público y los servicios públicos (que, por cierto, no son lo mismo)? Yo creo que no. Explico lo que veo: 1. Así funciona con los demás bienes y servicios. Se regula la sanidad de la comida ofrecida en restaurantes, la calidad de los alimentos básicos y (se supone) la del servicio público de trans«El problema no porte. Entendemos que las decisiones económicas de cada consumidor son soberanas, pero que hay un está en regular valor superior que es la dignidad humana y que, como o no regular, mínimo, se le debe informar al comprador si lo que va a adquirir es leche o suero pintado y, como máximo, sino en que los se le restringe el consumo de algo que puede enferreguladores marlo o matarlo (como unos tacos con salmonela o un camión sin frenos). Como el orden público es la son corruptos. suma de los derechos humanos de todos, se regula al ¿O de qué otra taquero, al camionero, al constructor y al taxista: unos prestan servicios al público (como el restaurantero) y forma se expliotros son concesionarios de servicios públicos (como ca que, a pesar el camionero y el taxista). La diferencia radica en que unos realizan actividades, en el ejercicio de sus libde las inspecertades básicas (como la de comercio y trabajo), reguciones y sisteladas para proteger el orden público, mientras que los concesionarios prestan un servicio que es del Estado, mas de «permipor lo que obviamente deben cumplir con regulaciosos», los taxis nes. En suma, si los servicios afectan al consumidor, sigan cobrando deben regularse, de lo contrario hay áreas de impunidad. sin taxímetro 2. Las cosas por su nombre. Lo que hace Uber es (o con aparatos un servicio público, como el que prestan taxistas y camioneros. Decir que Uber está «resolviendo un interalterados), sean cambio entre particulares» es sólo una buena puntada, malolientes, porque toda actividad económica de transporte implica un intercambio (hasta el taxista es un particular, que con láminas presta un servicio público, pero el dinero del pasaje cortantes en el va a su bolsa directamente). Además, resulta claro que hay una diferencia puntual entre llevar en el auto al acceso de pasavecino de la casa a lado (a cambio de un pago) y ofjeros y a veces recer transporte no gratuito a desconocidos. Aclarado el punto de que sí prestan un servicio público, esto no conducidos por significa que Uber (y otros servicios similares) debipersonajes digeran ser víctimas de las mafias que manejan las concesiones de transporte público. nos de una pelíAsí de claro: el problema no está en regular o no cula de Martin regular, sino en que los reguladores son corruptos. ¿O de qué otra forma se explica que, a pesar de las Scorsese?» inspecciones y sistemas de «permisos», los taxis sigan cobrando sin taxímetro (o con aparatos alterados), sean malolientes, con láminas cortantes en el acceso de pasajeros y a veces conducidos por personajes dignos de una película de Martin Scorsese? 3. Uber (o su modelo) llegó para quedarse. La existencia de estos servicios llena un hueco dejado por la mala regulación. Mientras Londres cuenta con vehículos especialmente construidos para que los usuarios de taxi vayan muy cómodos, en Guadalajara predomina el uso de tsurus, que son muy incómodos e incluso peligrosos para una persona de estatura normal. Los servicios como Uber existen por la mala calidad de los taxis. En conclusión, si a los taxistas les preocupa la existencia de Uber, tiene un arma letal; presten un mejor servicio, en mejores autos y con mejor precio. Lo demás es demagogia barata. oscarconstantino@gmail.com
E
¡PODERÍO!
l acaudalado y ambicioso empresario Francisco Cornejo Reynoso demuestra su poderío y busca por todos los medios que no se le «caiga» el millonario negocio de la Villa Panamericana y hasta su abogado Víctor Manuel Peña Briseño declaró que se retirará del litigio porque ya no hay dinero para pagarle sus honorarios y para el mantenimiento del complejo. Ahora el presidente del Sindicato Empresarial COPARMEX, José Medina Mora, parece que pretende proteger al empresario al decir que se espanta a inversionistas por el tironeo en la Villa Panamericana que mantiene sin ser usada. El líder empresarial declaró que «esto está deteniendo otras inversiones que vienen a Jalisco, sabemos de empresas que quieren invertir en esta misma zona y que están detenidos esperando a ver cuál es la solución del Gobierno, porque no se animan a hacer la inversión, aun teniendo los permisos del Ayuntamiento, por temor a que pase algo similar», según publicación del periódico Mural. Es verdad que Medina Mora pudiera tener razón, sin embargo también se debe de tomar en cuenta que el Parlamento de Colonias, el notario Salvador Cosío Gaona y la agrupación Conciencia Cívica, A.C., han interpuesto sendas demandas en el asunto. Tan sólo hay que recordar que el mes pasado este semanario «Conciencia Pública», le dio a conocer que el magistrado Alberto Barba Gómez, presidente de la sexta sala unitaria del Tribunal de lo Administrativo de Jalisco, bajo el expediente VI-3817/2013 contra Corey Integra, S.A. de C.V., no se apersonó en el juicio, con todo y que fue emplazado en tiempo y forma. En ese expediente Salvador Cosío Gaona demanda además de Corey Integra, S.A. de C.V., a la Inmobiliaria y Promotora de la Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco, la que tampoco realizó comentario alguno, lo mismo que hicieron las unidades de transparencia de la Secretaría General de Gobierno y la de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. También llama poderosamente la atención que el Ejecutivo del Estado advirtió que por su cuenta «tirará más dinero», perdón, pagará los gastos de mantenimiento de la Villa Panamericana, que representa entre 800 mil y un millón de pesos, siendo que aparece una empresa particular que es Corey Integra, o sea dar dinero que tanta falta hace para «apoyar» a una poderosa empresa que presuntamente se ha beneficiado desde un inicio con la construcción de ese complejo y la venta del terreno. Bueno, total el dinero existe en abundancia en el gobierno de Jalisco. ¡OTRA DE PODEROSOS! Tal parece que algunos dueños del dinero quieren pasarse por alto los ordenamientos legales que son obligatorios para todos, como se está haciendo en el Hotel Casa Grande del Aeropuerto de Guadalajara, el cual fue el primer dueño Arturo Altamirano Shehab. El pasado 30 de octubre el Hotel Casa Grande fue desalojado por orden de un Juez de Distrito y el inmueble debió ser entregado en su totalidad al influyente Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), empresa española que también opera terminales aéreas en México. Según se supo, desde 2008 se venció el contrato de arrendamiento a la empresa Coco Club Hoteles y Moradas de México, S.A. de C.V. y que entonces había contrato con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), pero que no había entregado las instalaciones de la hostería por haberse amparado. Todo hace ver que GAP ganó el pleito con la hotelera y por eso el juzgador ordenó la desocupación, pero existen 163 empleados que están en la calle y nadie responde ante ellos. Por tal motivo y con justicia los trabajadores y su sindicato acudieron con la autoridad laboral competente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, cuyo titular Eduardo Almaguer Ramírez se apersonó el pasado jueves para hacer diligencia con quien o quienes representen a los nuevos patrones. La prepotencia de los empleados del GAP se hizo manifiesta y exigieron que el Secretario del Trabajo acudiera a las oficinas del aeropuerto para hablar con alguno de ellos, como si Almaguer Ramírez fuera su empleado. La gente del GAP siempre se ha sentido intocable, nada más hay que recordar su prepotente comportamiento con el entonces presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Enrique Alfaro Ramírez, cuando les exigió que pagaran impuestos los comerciantes de locales de la terminal aérea, los anuncios espectaculares y por el estacionamiento, lo que no han querido cumplir con esa obligación. Un empleado de menor nivel del GAP se apersonó con Almaguer Ramírez y al negarse a las actuaciones que hacía la autoridad laboral local tuvo que ser retenido y remitido a la fiscalía central de Jalisco. Los 163 trabajadores del Hotel Casa Grande esperan que les paguen su salario y si los van a despedir les entreguen su indemnización que por ley merecen, con todo y que los españoles se quieren deslindar de esas obligaciones por ser el patrón sustituto. Cabe señalar que las enormes influencias que han tenido los del GAP ya se mueven en el Distrito Federal para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias les tiendan el manto protector y sigan haciendo lo que les pegue la gana. Hay que esperar cuándo llega el dinero de los trabajadores y en qué termina el arbitrario desempeño del GAP. Mobago1948@gmail.com