designado a promover la conservación de la biodiversidad y sus componentes, en virtud de que hay una ausencia del mercado de biodiversidad o también se imposibilita a la sociedad a pagar o compensar por los bienes o servicios que la biodiversidad le brinda. Esto, debido al surgimiento de fallas en el proceso de uso y manejo de la biodiversidad, es el caso de la falla de bienes públicos que constituyen los servicios y en algunos casos los bienes de la biodiversidad, asimetrías de información en el manejo y uso, la ausencia de una valoración real que pueda reflejar la disposición de pago de los agentes y la existencia de externalidades positivas y negativas en los procesos mencionados. Basados en un Estado de Derecho es que se justifican este tipo de regulaciones por parte del Estado hacia el manejo y uso de la biodiversidad. Es en esta lógica en la que se fundamentan los incentivos promovidos por el Estado, considerando que éste tiene la posibilidad de regular a favor de la modificación de los actos de la sociedad, a favor del bien colectivo aún con algunos tipos de resistencia. Para que el Estado pueda regular a favor del bienestar social, es necesario que existan entes rectores, los que se encargan de operativizar la instrumentación propuesta por dicho Estado, es decir son los que definen y ejecutan la política pública. Las formas de implementar la política pública a través de mecanismos sociales, económicos o jurídicos eficientes y efectivos, los que en general se les ha llamado Incentivos.
2.6 Incentivos Según Fields (1997), un incentivo es algo que atrae o repele a las personas y las hace modificar su comportamiento en alguna dirección. Otra definición más específica a la temática de biodiversidad indica que un incentivo es un instrumento de política, de carácter moral, jurídico o económico, promovido por el Estado o por agentes privados, que atraen o repelen a las personas y las hace modificar su comportamiento a favor de la conservación de la biodiversidad o de desmotivarlas a realizar otras que atentan contra la biodiversidad, siendo estas, las mejores dentro de un conjunto de decisiones posibles para maximizar el bienestar social a través de actividades de consumo y producción (CONAP, 2005).
2.6.1 Incentivo económico Un incentivo económico es algo en “el mundo económico” que hace que las personas tomen una decisión en cierta dirección, siendo esta la mejor dentro de un conjunto de decisiones posibles, tal que los individuos maximicen su utilidad, tanto en actividades de consumo como de producción (Hanley, 1997). La base de los incentivos económicos es aumentar los costos de evadir el control de la contaminación bajo un escenario de flexibilidad que deje abierta la posibilidad de que el agente contaminador tome decisiones que impliquen un mínimo costo de ejecución.
2.6.2 Pago por servicios ambientales Es el pago o compensación económica o de otro tipo a ser acordado, que se hace de parte de quien se beneficia de un servicio ambiental, a favor de quien desarrolla acciones de conservación y manejo sostenible en la biodiversidad en la que se produce dicho servicio. Los pagos pueden darse en forma de pagos internos, bilaterales, transferencias o donaciones, en virtud de arreglos entre los actores demandantes y oferentes de estos servicios (CONAP, 2005a).
2.6.3 Servicios ambientales de la biodiversidad Son los beneficios ambientales derivados de la existencia, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y que inciden directa o indirectamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente y por lo tanto en la calidad de vida de las personas. Entre otros constituyen servicios ambientales provistos por el uso y manejo de la biodiversidad los siguientes: protección de suelos, regulación hídrica, belleza escénica, potencial científico, farmacéutico y mejoramiento genético, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (CONAP, 2005).
2.7
Marco de política nacional para incentivar la conservación
El marco político para la implementación de incentivos al manejo y conservación de la biodiversidad ha sido básicamente la Política para el desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y la Política 6