su elaboración se requiere de una evaluación exhaustiva de la información ecológica y social de las áreas y sitios seleccionados (Ríos et al, 2003). En Guatemala, la metodología del PCA se ha aplicado en la elaboración de 5 planes maestros, entre ellos el del Parque Nacional Tikal y el de la Biosfera Maya. Asimismo, se han desarrollado planes de conservación de cuatro áreas prioritarias, incluyendo el Golfo de Honduras y la Cadena volcánica de Quetzaltenango (TNC, 2005). La metodología ha sido adaptada para la elaboración de 5 planes de Parques Regionales Municipales, de los cuales 3 han sido finalizados y 2 más están en proceso. A la vez, se ha utilizado esta metodología para elaborar los planes maestros de las reservas naturales privadas, de los que actualmente se tienen 10 planes piloto.
4. 4 Marco institucional El marco institucional de la conservación in situ de la biodiversidad lo componen los organismos gubernamentales encargados de velar por el uso sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad en Guatemala (Azurdia, 1999). Asimismo, el marco institucional de la conservación in situ se fortalece con la participación de universidades de carácter público, universidades privadas, municipalidades, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG) y organismos de carácter privado.
4.4.1 Instancias nacionales El Decreto Ley 4-89 relativo a la Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento establece que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) es la entidad pública responsable de asegurar la conservación de niveles socialmente deseables de biodiversidad. El CONAP es la institución responsable de la administración de áreas legalmente
protegidas y de la generación de servicios ambientales para el desarrollo social y económico de Guatemala, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. El CONAP, tiene entre sus fines principales propiciar y fomentar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala, y planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones internacionales ratificadas por Guatemala en materia de conservación de la biodiversidad (Sobenes, 2004; Decreto 101-96). A la vez, el CONAP es el ente encargado de administrar, coordinar, organizar, dirigir, desarrollar y evaluar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) (Decreto 4-89, Articulo 62(b)). El Consejo Nacional de Áreas Protegidas está integrado por: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quien preside; el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos (CECON-USAC); el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); el Instituto de Etnología, Antropología e Historia (IDAEH); el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM); y la Asociación de ONG´s de Recursos Naturales y Ambiente (Decreto Ley 4-89, Articulo 63). Entre las instancias de tipo gubernamental que están relacionadas con la conservación in situ y manejo de la biodiversidad, así como con la formulación de políticas de conservación incluyen: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); las autoridades forestales (INAB); las autoridades de agricultura, producción pecuaria e hidrobiológicos (MAGA e ICTA) y las instituciones de protección de sitios arqueológicos y de recursos culturales (IDAEH) (Secaira y Castro, 1999).
4.4.1.1 Administradores de áreas protegidas El artículo 17 del Reglamento del Decreto 4-89, 45
indica que corresponde al CONAP el manejo de las áreas protegidas legalmente declaradas. Pero, con el propósito de coadyuvar al eficaz manejo de las áreas protegidas y al eficiente funcionamiento del SIGAP, el CONAP tiene la potestad de delegar la administración y el manejo de las áreas a otras instancias del país, tanto públicas como privadas, por medio de un convenio de co-administración u otro mecanismo legal (Secaira y Castro, 1999; artículo 17, Reglamento 759-90; CONAP, 2004). La co-administración es una figura utilizada por el CONAP para la administración óptima de las áreas protegidas, independientemente de la entidad que las administre. Las entidades con las que se tienen convenios de co-administración son responsables de velar por la consecución de los objetivos propuestos para el manejo de las áreas a su cargo. La co-administración es frecuente entre el CONAP y otras entidades del Estado, así como entre el CONAP y las organizaciones civiles sin fines de lucro (CONAP, 2004). El arreglo de coadministración también surge entre administradores oficiales y otros entes, los cuales pueden ser entidades públicas, corporaciones municipales, organizaciones civiles sin fines de lucro y organizaciones comunales (CONAP, 2004). Las experiencias de co-administración están organizadas en Estado-ONG, Estado-Universidad, EstadoMunicipalidad y Estado-Comunidad (PROARCA/CMB/CI/TNC/WCPA, 2003). Las entidades co-administradoras de las áreas protegidas (Cuadro 12), en sus diferentes categorías de manejo, conforman la Mesa Nacional de Co-administración del SIGAP, misma que es presidida por el CONAP. Además de los convenios de co-administración, las áreas protegidas también se administran bajo la figura de administración delegada. La administración delegada existió previamente a la creación del CONAP y al Decreto Ley 4-89. Por medio de ella, se “delega” a una institución la
46
administración de un área protegida sin necesidad de establecer un convenio o instrumento legal. Actualmente son varias las áreas protegidas que están bajo administración delegada (Cuadro 12).
4.4.1.2 Privadas sin fines de lucro Las entidades privadas sin fines de lucro (ONG) coadyuvan con la conservación in situ, mediante una serie de esfuerzos para la protección y conservación de los recursos naturales de Guatemala. Estas instancias están dedicadas a la conservación de la naturaleza y al manejo de áreas ecológicas en distintos departamentos del país. Entre estas organizaciones se encuentran las que de forma voluntaria co-administran las áreas protegidas del SIGAP (Cuadro 12). Al mismo tiempo, estos organismos colaboran con la gestión de los sistemas marino costeros, el manejo y protección de humedales RAMSAR, iniciativas de corredores y otros mecanismos de conservación in situ. Dentro del proceso de consulta se estableció que las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que colaboran con la conservación in situ en Guatemala (Anexo 3), son las siguientes: a) Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) b) Fundación Mario Dary (FUNDARY) c) Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) d) Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de Oriente (ADISO) e) Asociación Balam f) Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS) g) Asociación Vivamos Mejor h) Fundación Pro-Petén i) Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) j) Organización A3K
4.4.1.3. Gobierno municipal (municipalidades) El gobierno municipal participa en la conservación in situ mediante el manejo de áreas protegidas en categoría de parques regionales municipales, parques ecológicos forestales y reservas forestales municipales. Actualmente, son 14 las municipalidades (Cuadro 12) que tienen convenios de co-administración con CONAP, INAB, comités de vecinos y otras organizaciones comunales interesadas en el co-manejo de las áreas protegidas, así como en el manejo de tierras que han sido designadas para fortalecer los corredores.
B. Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) Escuela de carácter público, dedicada a la formación de recursos humanos en carreras con orientación agrícola, forestal y de recursos naturales. La ENCA, por medio del PINFOR, promueve la conservación del bosque en 400 hectáreas de la Reserva Forestal La Montañita, localizada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. La ENCA es el ente rector de las escuelas de preparación agrícola a nivel preuniversitario.
C. Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) 4.4.1.4. Otras instancias nacionales A nivel nacional existen otras instancias que fortalecen y dinamizan las acciones de conservación in situ mediante la ejecución de programas y proyectos de investigación, monitoreo biológico, educación ambiental formal y no formal, formación de recurso humano y capacitación. También dan seguimiento a las políticas y normativas, colaboran con el control y vigilancia en las áreas y proponen proyectos para la captación de fondos. Ejemplos de estas instancias se describen a continuación:
A. Oficina Técnica de Biodiversidad (OTECBIO) del CONAP La OTECBIO fue creada para fortalecer la institucionalidad del CONAP, mediante tres aspectos medulares: 1) dar seguimiento a la implementación de Estrategia Nacional de la Biodiversidad, 2) dar seguimiento a los Acuerdos de la Convención de Diversidad Biológica, del cual Guatemala es signatario y 3) dar seguimiento al proceso de revisión y ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (OTECBIO-CONAP, 2002).
Es un programa de incentivos forestales que el Estado, a través del INAB, otorga a los propietarios de tierras e instituciones interesadas que se dedican a la reforestación y al mantenimiento de tierras con vocación forestal, así como al manejo de bosques naturales (Decreto Ley 101-95). Entre sus objetivos, el PINFOR busca incentivar el mantenimiento y establecimiento de bosques para la generación de servicios ambientales. A través del PINFOR se puede lograr el manejo de zonas boscosas con fines de protección de los recursos naturales, incluyendo la biodiversidad. El PINFOR también puede ser otorgado para desarrollarse en terrenos dentro de áreas protegidas (INAB, 2004a). En conservación in situ, el programa PINFOR es un excelente mecanismo financiero para promover la conservación de los bosques y las plantaciones existentes en las áreas protegidas. Aunque las especies incluidas en el PINFOR (Anexo 4) no toman en cuenta algunas especies nativas posiblemente amenazadas, el programa se considera una fortaleza en las iniciativas de conservación y desarrollo sostenible; ya que, por medio del él se obtienen recursos para proyectos productivos en
47
Cuadro 12. Entidades administradoras y co-administrados
de áreas protegidas y humedales RAMSAR
Entidad Gubernamental
No. de áreas protegidas
Hectáreas
En administración delegada y en co-administración
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
77
1,120,652
Centro de Estudios Conservacionistas (CECON-USAC)
7
121,558
Entidad de carácter público con jurisdicción a nivel nacional, designado entre otras funciones para administrar y coordinar el funcionamiento del SIGAP. Tiene a su cargo la administración de todo el SIGAP, aunque son 77 las áreas que no están en coadministración con otra entidad. Administrador de seis biotopos, un sitio Ramsar y un área de usos múltiples.
Instituto Nacional de Bosques (INAB) Instituto de Etnología, Antropología e Historia (IDAEH)
4
15,741
6
61,404
Administración delegada desde 1976 para cuatro parques nacionales. También tiene convenios de coadministración con ONG´s. En convenios de co-administración con CONAP y en administración delegada desde 1955, administra dos parques nacionales y cuatro monumentos culturales.
ONG´s
ADES
1
ADISO
1
ARCAS
1
FUNDARY
1
FUNDAECO
2
Fundación Defensores de la Naturaleza
4
no delimitada En co-administración con CONAP administra un área de protección especial. 2,012 En co-administración con CONAP, un área de usos múltiples. 3,600 En co-administración con CONAP, area propuesta para declaratoria legal. 66,900 En convenio de co-administración con CONAP, administra un refugio de vida silvestre, que a su vez es sitio RAMSAR. 82,409 En administración delegada, administra una reserva de manantiales y en co-administración con CONAP un área de uso múltiple, que a su vez es sitio RAMSAR. Maneja un área de protección especial, y en convenio con la municipalidad, el Parque Regional Municipal Montaña Chiclera en Morales, Izabal. 464,919 En co-administración con CONAP y en administración delegada tiene una reserva de biosfera, un refugio de vida silvestre a su vez sitio RAMSAR, dos parques nacionales.
Gobierno Municipal
Municipalidades
14
37,655.27
Estas áreas protegidas incluyen parques regionales municipales, parques ecológicos y reservas forestales municipales en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Quetzaltenango, Izabal, Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.
58
24, 412.00
Los propietarios se encargan del manejo de las reservas naturales privadas.
Propietarios Privados
Reservas Naturales Fuente: SIGAP (2005). 26
Información actualizada a septiembre del 2005.
48
las tierras de los corredores, en las áreas protegidas y en los remanentes de bosques de manglar. No obstante, en materia de conservación, este tipo de plantaciones forestales tiene la deficiencia de conservar únicamente la especie comercial objeto de manejo. Este tipo de bosque no se puede comparar con un bosque original, en el cual se mantienen las diferentes especies que componen los distintos estratos del mismo, dando pie a la variabilidad. Sin embargo, es mejor tener un área cubierta con monocultivo de bosque antes de carecer de algún tipo de cobertura vegetal (Azurdia, com per). Las experiencias de acceso a los incentivos del PINFOR dentro y fuera de las áreas de conservación son numerosas. En las áreas protegidas, las Ong´s brindan asesoría técnica a las comunidades interesadas en aplicar al programa. Actualmente, se está promocionando el PINFOR en las áreas de uso múltiple de ciertas áreas protegidas. También, existe un convenio entre una ONG y el PINFOR para promover la siembra de encino (Quercus sp.), especie de importancia en la protección del ave migratoria Dendroica sp. Mientras tanto, el Parque Regional Municipal Montaña Chiclera ha sido beneficiado con un incentivo de Q 160,000.00 anuales por un período de cinco años.
4.4.1.5. Control y vigilancia Las entidades que apoyan el control y vigilancia tanto dentro de áreas protegidas como fuera de ellas, incluyen las encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley y sancionar a los que incurren en delitos ambientales. Estas instituciones son entre otros, el Servicio Protección al Ambiente (SEPRONA), el Ministerio de la Defensa, a través de la Base Naval del Atlántico y del Pacifico y las fiscalías del medio ambiente.
4.4.1.6. Ejemplos de la coordinación institucional vinculada a la conservación in situ En conservación, la coordinación interinstitucional es un mecanismo que los organismos utilizan para lograr sus objetivos de manejo (CONAP, 2005a). En ese contexto, el marco institucional de la conservación in situ está fortalecido por espacios de coordinación y alianzas que consolidan el funcionamiento del SIGAP, y que aumentan la capacidad en el manejo de los recursos naturales por medio de las decisiones conjuntas. Entre los cuerpos de coordinación institucional se consideran las alianzas estratégicas, los foros, comités y coordinadoras, entre otros. A. Comité de Orientación y Asesoría de Biodiversidad (CONADIBIO) Ente ad honorem creado para brindar la asesoría y orientación técnica en materia de conservación y manejo de la biodiversidad (CONADIBIO, 2004). Entre sus atribuciones, el CONADIBIO debe proponer y promover instrumentos de política e instrumentos legales encaminados a la conservación, uso y manejo integral de la biodiversidad del país y en toda aquella temática establecida en los ejes de acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) (CONADIBIO,2004). El CONADIBIO está integrado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), quien preside; el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); Universidades Nacionales y Organizaciones no Gubernamentales Conservacionistas de la Naturaleza debidamente inscritas en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- (CONADIBIO, 2004)
49
B. Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras (TRIGOH)
por parte de las autoridades de gobierno. E. Comité Nacional de Humedales
Es una alianza estratégica regional integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Guatemala, Honduras y Belice. Los socios de TRIGOH trabajan juntos en el manejo integrado de las áreas protegidas del Golfo, en beneficio de los tres países. El Golfo de Honduras es un sitio trinacional de ecosistemas compartidos.
El Comité Nacional de Humedales está conformado por la Secretaría Ejecutiva de CONAP, el CECON de la USAC, el CEMA, la Fundación Defensores de la Naturaleza, las escuelas de Biología de la Universidad de San Carlos y de la Universidad del Valle de Guatemala, el INAB, el MARN, FUNDARY, FUNDAECO, ARCAS, ASOREMA, UNIPESCA, CALAS y la entidad administradora del Sitio RAMSAR Manchón Guamuchal.
C. Foro de Directores de la RECOSMO El Foro de Directores es un equipo de trabajo organizado, conformado por los directores de las 9 áreas protegidas de la Región Recosmo, más las 2 nuevas áreas incluidas en el proyecto JADE. El Foro también lo integra el Ministerio de Educación (MINEDUC), la Organización Ak Tenamit y el Director de CONAP en la Región IV (Izabal). El Foro es un espacio de discusión avalado por la Mesa Nacional de Co-administración del SIGAP; su función es coordinar las acciones para el manejo integrado de las áreas de la región. El Foro está legalmente constituido y cuenta con su propio plan estratégico.
D. Coordinadora local del CBM Para el logro de los objetivos del corredor piloto (corredor del Caribe Punta de Manabique-Cerro San Gil-Sierra Caral), se conformó una coordinadora local en Izabal o coordinadora ambiental, la cual está integrada por representantes de entidades de carácter público y privado; entre ellos, el MARN, CONAP, MAGA, INAB, CBM, FUNDARY, FUNDAECO, Gremial Forestal, Asociación de Ganaderos, COBIGUA y representantes comunitarios (BIONESO, 2005). Por el momento, la coordinadora está inactiva debido a la falta de seguimiento y acompañamiento 50
El Comité fue constituido el 26 de marzo del 2001 con el fin de servir de órgano asesor del CONAP, así como velar por la aplicación de las políticas relacionadas con los humedales, proponer reglamentos, e identificar y establecer temas prioritarios de investigación y manejo para la conservación de los humedales. Sin embargo, el comité aun no está institucionalizado.
4.4.1.7 Convenios interinstitucionales Las organizaciones vinculadas al manejo in situ de la biodiversidad, como las co-administradoras de las áreas protegidas, incluyendo las reservas naturales privadas y las organizaciones de gobierno, fortalecen los mecanismos de coordinación mediante convenios interinstitucionales o cartas de intención. En este sentido, existe una serie de convenios de distinto término, cuyo primordial objetivo es optimizar el uso de los recursos disponibles. Ejemplos de coordinación entre actores por medio de convenios interinstitucionales: a) Convenios entre distintas organizaciones y las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad del Valle para conducir investigaciones prioritarias
b)
c) d) e)
f) g)
h) i)
j) k)
l)
m)
en las áreas protegidas y humedales RAMSAR, así como para estudiantes de tesis y practicantes del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). Convenios de cooperación entre las ONG´s y las Municipalidades para que el Gobierno Municipal asigne personal local en calidad de guarda recursos. El objetivo del convenio es el de coordinar esfuerzos y optimizar recursos. También se persigue impulsar la participación de los comunitarios para que ellos mismos velen por el bienestar de sus recursos. Convenios entre ONG´s y la empresa privada para el control de incendios forestales. Convenios entre las Ong´s y USAC para capacitación de promotores rurales. Convenio entre ProPetén y CDC de CECON, para hacer investigaciones y monitoreo en la región Maya Itzá. Convenios con SIPECIF para el control y la prevención de incendios forestales. Convenio entre ARNP y ANACAFE para utilizar el espacio físico de las oficinas de ANACAFE, y para accesar al servicio del SIG a un precio módico para los propietarios de reservas privadas. Convenio entre ONG´s y Seprona para el control y la vigilancia de las áreas protegidas. Convenio de colaboración entre FUNDARYOCRET para fortalecer procesos de certeza jurídica de la tierra. El convenio persigue propiciar la agilización en la legalización de tierras de las comunidades en Punta de Manabique. Convenio entre FUNDARY y MINEDUC para actividades de educación ambiental Convenio entre FUNDARY con la Base Naval del Atlántico para patrullajes en el área de Punta de Manabique. Convenio entre FDN y las Municipalidades para obtener en usufructo para la construcción de la Oficina de Dirección de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Patrullajes conjuntos entre los guarda recursos y SEPRONA; y los guarda recursos con la
base naval del Atlántico [Fuente: Entrevistas (2004 y 2005); Cuestionarios (2005) y Talleres de consulta (2005)].
4.4.2. Organismos internacionales y proyectos de cooperación Entre las instancias internacionales que complementan y fortalecen las actividades de conservación in situ en Guatemala, se identificaron las organizaciones que prestan su apoyo para la creación de capacidades, tanto en fortalecimiento institucional como en capacitación de recursos humanos y en el desarrollo de metodologías y aporte financiero. Entre ellas se mencionan las siguientes:
4.4.2.1. The Nature Conservancy (TNC) En Guatemala, TNC apoya la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas mediante la aplicación de las metodologías de planificación ecorregional y de planificación de áreas (PCA). Ambas metodologías sirven para identificar sitios prioritarios de trabajo, así como para identificar las estrategias para la conservación a escala de paisaje. En Guatemala, los sitios prioritarios de acuerdo a las metodologías de TNC son la Selva Maya, el Golfo de Honduras27, la Sierra Madre en Occidente, los Cuchumatanes, la región de la Sierra de las Minas, Bocas Polochic, Punta de Manabique y Cerro San Gil. En estos sitios TNC busca combatir las amenazas, fortalecer las instituciones o actores principales y garantizar la sostenibilidad de las áreas de conservación. En consecuencia, TNC aporta financiamiento para elementos tales como: patrullajes, equipamiento, elaboración de planes estratégicos, elaboración de planes maestros, desarrollo de metodologías de monitoreo y 51
evaluación, recaudación y manejo de fondos, mejora de mecanismos de cobro, desarrollo de turismo y protección de los servicios ambientales; entre ellos, agua y captación de carbono. La organización también provee fondos para la adquisición de tierras para la conservación. Además, brinda acompañamiento a las reservas naturales privadas y apoya el fortalecimiento de la Mesa de Co-administradores como soporte a la política de co-administración del SIGAP.
4.4.2.2. Conservation International (CI) En nuestra región, CI protege la biodiversidad y mantiene la conectividad entre el hábitat amenazado de la Selva Maya de Guatemala, México y Belice y la Sierra Madre de México hasta Guatemala. Provee financiamiento y asistencia técnica para fortalecer las organizaciones locales (CI, 2004).
Entre sus componentes se encuentra el Programa de Áreas Protegidas y Certificación Ambiental, el cual apoya la conservación in situ de la biodiversidad mediante el desarrollo y fortalecimiento de alianzas efectivas para el manejo de las áreas protegidas. En Guatemala, PROARCA/APM apoya las acciones para la gestión y sostenibilidad financiera de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, la aplicación de mejores prácticas de gestión, fortalecimiento para la venta de servicios ambientales, apoyo en el manejo de tierras privadas para la conservación, co-manejo y planificación de áreas (PCA), así como participación en la planificación eco-regional. El Proyecto acompaña acciones de manejo en las áreas protegidas de Punta de Manabique, Cerro San Gil y Sierra de las Minas.
4.4.2.5. Proyecto Justicia Ambiental, Empoderamiento Comunitario y Equidad Social para la Conservación de las Áreas Protegidas de la Región de Sarstún-Motagua (JADE)
4.4.2.3. Wildlife Conservation Society (WCS) WCS brinda apoyo en la investigación y conservación de la guacamaya roja (Ara macao). Participa en la planificación eco-regional de la Selva Maya, provee asistencia técnica y financiamiento a la Asociación Balam para la coadministración del Parque Nacional Mirador-Río Azul, apoya el manejo de Laguna del Tigre y el Corredor Biológico Laguna del Tigre-Mirador. Así también, brinda acompañamiento a la OMYC en el manejo de una concesión forestal (Balas, com per, 2004). 4.4.2.4. Programa de Áreas Protegidas y Certificación Ambiental (PROARCA-APM) PROARCA es un programa auspiciado por la CCAD y financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 52
Proyecto financiado por el Gobierno de Holanda para la consolidación de los esfuerzos de conservación sostenible de la Región RECOSMO. En el proyecto se abordan de manera prioritaria una serie de factores y amenazas que constituyen un contexto de viabilidad para la conservación y desarrollo sostenibles de la Región en el largo plazo (JADE, n.d.)
4.4.2.6. Programa de Desarrollo Sostenible del Petén (CATIE-PDS) Cuenta con financiamiento para actividades orientadas hacia la protección de los recursos naturales y del patrimonio cultural en la zona de amortiguamiento de la RBM y de los Complejos I, II y III, en el departamento de Petén. El financiamiento incluye proyectos de manejo forestal
(aproximadamente 10,000 Ha) e implementación de sistemas silvopastoriles (aproximadamente 2,000 Ha) en los bosques naturales de las reservas privadas de: Cooperativa El Arbolito, Cooperativa Flor de la Esperanza, Cooperativa Los Laureles, Cooperativas Ixmucané (en La Libertad) y coope rativas Nueva Esperanza (Samayoa, com per, 2005). El área de trabajo de PDS abarca los municipios de Dolores, Poptún, Sayaxché, La Libertad, Flores y Melchor de Mencos. En ellos se beneficia a unas 60 comunidades (Samayoa, com per, 2005).
4.4.3. Huertos familiares y campos agrícolas En cuanto a las instituciones que manejan y coordinan acciones de conservación relativas a la agrobiodiversidad, se encuentran el Centro Universitario de Suroccidente de la USAC (CUNSUROC-USAC) y el ICTA como parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). El Centro Universitario de Suroccidente de la USAC (CUNSUROC-USAC) desarrolla investi-
Cuadro 13. Resumen
de entidades nacionales y su intervención en la conservación in situ de la biodiversidad. Modalidades de conservación in situ
Entidad
Áreas protegidas
Regiones de conservación
Corredores
Humedales RAMSAR
X X X
X
X X
X
Huertos familiares
Campos agrícolas
Otros
Gubernamental
CONAP INAB MAGA ENCA ICTA CECON-USAC CUNSORUC IDAEH AMSA AMSCLAE AMASURLI AMPI
X X X
X
X X
X
X X X X X
ONG’s
FUNDAECO FUNDARY FDN ADISO ADES ARCAS FPP Vivamos Mejor Balam FNP A3K
X X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X
X X X X
Fuente: Propia, a partir de los resultados obtenidos.
53
gación en huertos familiares, y a la vez brinda asesoría a personas interesadas en el establecimiento y manejo de sus huertos. Esta unidad académica tiene capacidad para proveer asesoría en el establecimiento de huertos caseros, así como para elaborar huertos con especies que respondan a las necesidades étnicas y culturales de las localidades, y que a la vez sean de beneficio económico y alimenticio para ellas; garantizando al mismo tiempo la conservación de la agrobiodiversidad. Por su parte, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) realiza investigación, brinda asistencia técnica, y colecta germoplasma en proyectos específicos de agricultura tradicional de maíz, xate y pita floja (Aechmea magdalenae) en las regiones del Usumacinta, la Selva Maya Itzá y Huehuetenango.
organizaciones que inició un proyecto piloto para estudiar el papel de los huertos familiares (Figura 5) en la conservación de recursos genéticos (IPGRI, 2001). El proyecto global denominado “Estudio de los huertos familiares para la conservación in situ de recursos genéticos vegetales” se realizó entre 1999 y 2001 con la participación de Guatemala, Ghana, Cuba, Vietnam y Venezuela (Leiva, et al., 2000). Los informes de las investigaciones realizadas sobre huertos familiares en los distintos países están contenidos en el documento Home gardens and in situ conservation of plant genetic resources in farming systems28.
4.5. Marco legal y de políticas
La legislación y la política vigente de ámbito nacional y mundial pertinente a la conservación y uso de la biodiversidad (Cuadro 14), comprende los instrumentos jurídicos relativos al establecimiento y manejo de las áreas protegidas, a la protección del ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Las distintas normativas e instrumentos de política han sido descritos y analizados en diagnósticos y documentos29 elaborados con el fin de proporcionar un inventario de la legislación y las instituciones de competencia. Sobenes (2004), indica que la legislación existente que regula la protección de los ecosistemas y los recursos naturales está constituida por una serie de normativas de ámbito nacional y mundial. El Cuadro 14 muestra solamente algunos de los instrumentos de normativa y de política vinculados al manejo Figura 5. Ejemplo de huerto familiar dentro de la Reserva de Manantiales sostenido de la biodiversidad en Cerro San Gil. Se observan algunas especies frutales y hortícolas Fotografía: Claudia Ruiz Guatemala.
Adicionalmente, el Internacional Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) tiene un Programa de Conservación de Recursos Genéticos en huertos familiares, pero este no incluye a Guatemala. Sin embargo, este Instituto fue una de las primeras
28 29
54
Watson, J.W. and Eyzaguirre, P.G., (Eds). 2001. Home gardens and in situ conservation of plant genetic resources in farming systems. Proceedings of the second internacional home gardens. Witzehausen, Federarl Republic of Germany. CONAP. Análisis y Actualización del inventario de normativa y legislación existente sobre el tema de biotecnología y seguridad de la biotecnología y análisis de competencias institucionales de Guatemala. Documento Técnico No. 16 (05-2004).
Cuadro 14. Marco jurídico y de política relativo a la conservación in situ de la biodiversidad.
De ámbito nacional
1. La Constitución Política de la República (artículo 64). 2. Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente. Decreto 68-86 del Congreso de la República. 3. Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), sus reformas (Decretos No. 110-96, No. 117-97) y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 759-90). 4. Ley Forestal (Decreto 101-96) y su Reglamento (Resolución 4.23.97) 5. Política Forestal de Guatemala. 6. Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 7. Política de Co-administración de las Áreas Protegidas. 8. Estrategia y Plan de Acción Multi-Institucional para la Conservación en Tierras Privadas en Guatemala. 9. Estrategia Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad (ENB) 10. Política Nacional de Humedales (en revisión). 11. Acuerdos gubernativos y decretos para la declaratoria legal de las áreas protegidas.
De ámbito regional
1. Convenio Centroamericano de Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias. Ratificado por Guatemala en 1994. 2. Convenio para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de Países de América. Ratificado por Guatemala el 22/11/89. 3. Convenio entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de México sobre la Protección y el Mejoramiento del Ambiente en las Zonas Transfronterizas. Ratificado por Guatemala el 11/2/88; 4. Convenio Centroamericano para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales. Ratificado por Guatemala el 2/2/94. 5. Política Centroamericana de Humedales. 6. Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB). 7. Programa Estratégico de Áreas Protegidas en Centroamérica.
De ámbito mundial
1. Convenio de Diversidad Biológica (1992) (Artículo 8), ratificado según Decreto 5-95 del Congreso de la República; y sus programas temáticos. de trabajo de áreas protegidas del CDB. Entre ellos: •Programa de trabajo sobre biodiversidad en montañas del CDB •Programa de trabajo de biodiversidad forestal del CDB •Programa de trabajo de biodiversidad marino costero del CDB 2. Convenio relativo a los humedales de importancia internacional (RAMSAR) (1971). Ratificado según Decreto Legislativo Número 4-85 del Congreso de la República. 3. Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), ratificado según Decreto Ley 63-79. 4. Convenio para la protección del Patrimonio Mundial Cultural Natural. Aprobado por Decreto No. 47-78 del 22/8/1978. Ratificado el 31/8/78. 5. Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar. Aprobada por el Decreto Legislativo No. 56-96 del 26/6/96. Ratificada el 11/2/97. 6. Protocolo relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna especialmente protegidas del Convenio para la Protección de Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe. Firmado el 18/1/90. 7. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Guatemala es signatario.
Fuente: PROARCA/CBM/CI/TNC/WCPA (2003); Sobenes (2004); CONAP (2005).
55
4.6. Limitantes de la conservación in situ
4.6.2. Recursos humanos
Las limitantes que en general afectan la gestión en la conservación in situ de la biodiversidad son de tipo técnico, financiero, administrativo y político. Específicamente, las más significativas son: 1) poca disponibilidad de personal, tanto especializado como no especializado, 2) infraestructura y equipo insuficientes e inadecuados, 3) débil coordinación entre los distintos actores, 4) inestabilidad laboral en las instituciones del Estado, 5) donaciones y financiamientos de corto plazo, 6) poca continuidad en los proyectos iniciados y 7) poca voluntad política para hacer eficientes las estrategias y políticas de conservación in situ.
Dentro del tema de capacidades técnicas, la poca disponibilidad de personal es una de las limitantes más significativas. La falta, tanto en número como en calidad de personal, entretiene el desarrollo de los programas y por lo tanto, dificulta el alcance de los objetivos planteados. Todos los procesos implicados en las actividades de conservación se ven afectados por el escaso número de personal.
4.6.1. Recursos financieros A pesar de que los esfuerzos para la conservación in situ han recibido un aporte financiero significativo por parte de cooperantes tanto nacionales como internacionales, los interesados indican que los presupuestos siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de la conservación in situ. En general, las instituciones encuentran dificultades presupuestarias para contratar personal con salarios competitivos, para adquirir equipo e infraestructura adecuados, para el mantenimiento y reparación del equipo e infraestructura, para desarrollar investigaciones científicas, para capacitaciones, para hacer divulgación y educación ambiental, para el cabildeo político, así como para mejorar las actividades de control y vigilancia. Además, el escaso financiamiento impide apoyar la implementación de la normativa y de las políticas ambientales. Por otro lado, no sólo los presupuestos son escasos; sino que además, en ciertas áreas gran parte de ellos se invierten en el combate de amenazas recurrentes, tales como los incendios forestales,30 entre otras. 30
56
La poca disponibilidad de personal en la conservación in situ se debe primordialmente a la reducida asignación presupuestaria que sufren algunas instituciones, en especial las instancias de carácter gubernamental. Sin embargo, el mal presupuestario es general para la mayoría de instituciones. A este respecto, algunas ONG´s indican que debido a la falta de financiamiento no es posible cubrir salarios competitivos, por lo que profesionales altamente calificados no pueden ser contratados. A esto se suma la poca disposición de los profesionales para residir en el interior del país, en especial en las áreas de conservación. Se destaca entre las limitantes de recurso humano, la alta rotación de personal en las oficinas del Gobierno, fenómeno que tiende a retrasar los procesos y los compromisos adquiridos. El personal para el control y vigilancia también es limitado, en especial en las áreas protegidas del Estado. A este respecto, CONAP (2004a) indica que el personal para el control y vigilancia asignado a las áreas protegidas es bajo en proporción a la extensión de las áreas. Por ejemplo, en el SIGAP existen áreas que poseen 1 guardarecurso por cada 79 ha, así como otras que poseen 1 guardarecurso por cada 41,119 ha; este es el caso del Biotopo Protegido Cerro Cahuí y de la Reserva de Biosfera Montañas Mayas-Chiquibul, respectivamente (CONAP, 2004a).
Los actores indican que gran parte de los presupuestos se utilizan en el combate de incendios forestales.
La falta de personal especializado y capacitado también es una seria limitante. Aunque las universidades del país y las escuelas de nivel medio contribuyen a la formación de recurso humano, la capacitación en temas específicos de conservación y manejo de la biodiversidad se desarrolla a nivel muy genérico; no sólo por la orientación de las carreras, sino también debido a la falta de profesores especializados, infraestructura y equipo adecuados (ejemplo: laboratorios) y a la poca actualización en los currícula. Además, no existe un plan de capacitación nacional orientado a fortalecer las capacidades del recurso humano laborando, tanto dentro de las áreas de conservación, como fuera de ellas. Entre tanto, la mayoría del personal recibe capacitación esporádicamente, la cual no responde a un plan estructurado y a las necesidades particulares de las áreas de conservación (CONAP, 2004a). Por su parte, el CONAP cuenta con su propio plan de capacitación, pero no se ha operativizado en su totalidad. En conclusión, la debilidad en los programas de capacitación de los distintos niveles limita la formación y actualización de recurso humano al paso de las tendencias mundiales.
4.6.3. Infraestructura y equipo Las capacidades en cuanto a infraestructura y equipo son diferentes para las distintas áreas de conservación. Algunas áreas de conservación cuentan con el equipo y la infraestructura adecuados para cubrir los distintos aspectos de gestión en las áreas. No obstante, la mayoría de ellas no tiene el equipo y la infraestructura mínimos para una gestión efectiva. CONAP (2004a), menciona que son muy pocas las áreas que cuentan con la infraestructura adecuada para la atención al visitante, situación que afecta los ingresos que se pueden obtener por concepto del turismo. Igualmente, las infraestructuras son poco adecuadas para brindar un ambiente apropiado de trabajo y
buenas condiciones de vida para los funcionarios en las áreas. Asimismo, son pocas las áreas de conservación que cuentan con rotulación, senderos artificiales, puestos de control y estaciones para la investigación. Además, no todas las áreas están físicamente delimitadas. De igual forma, son pocas las áreas cuyas instalaciones son propiedad de la institución que las administra. Ciertas infraestructuras son alquiladas, mientras que otras están en calidad de préstamo; ya sea por parte de las municipalidades o por parte de otras instituciones con presencia en la localidad. En general, la infraestructura no es suficiente para la gestión de la conservación. En lo referente al equipo, existe carencia del equipo básico en las distintas áreas de conservación. La carencia del equipo está relacionada con el poco mantenimiento que se le da al mismo, que por lo tanto afecta su duración a largo plazo (CONAP, 2004a). Dentro del equipo que hace falta en las áreas de conservación, se incluye el equipo de computación y “software” actualizados, membresías para actualizar los programas, equipo para posición geográfica (GPS), radios, motocicletas, lanchas, motores, celulares y equipos de comunicación, entre otros. 4.6.4. Instrumentos de gestión La Ley de Áreas Protegidas y sus Reformas indica que para la gestión de las áreas protegidas se debe contar con planes maestros y su respectivo plan operativo (POA). No obstante, a la fecha no todas las áreas cuentan planes maestros y muy pocas áreas tienen planes operativos aprobados por el CONAP (CONAP, 2004a). Además, no todos los planes operativos son compatibles con los planes maestros, poniendo de manifiesto que los POA´s y los planes maestros no son conocidos por el personal que labora en las áreas (CONAP, 2004a). 57
Por falta de recursos, no siempre se puede cumplir a cabalidad con el proceso de verificación del cumplimiento de los planes maestros, por lo que hasta cierto punto puede desconocerse el grado de ejecución de los mismos.
protegidas se refiere, debe modernizarse y automatizarse para que permita hacer consultas integradas.
4.6.6. De tipo institucional En cuanto a instrumentos de gestión nacionales, tales como la ENB y la Política del SIGAP, se reporta una implementación menor al 50% (CONAP-OTECBIO, 2005a).
4.6.5. Información y registros CONAP-OTECBIO (2005), reporta que a nivel nacional hay 18 instituciones, tanto públicas como privadas, que cuentan con bases de datos, registros e inventarios de biodiversidad. Pero, pese a esta capacidad, los actores indican que la información disponible en el tema de medio ambiente y biodiversidad sigue siendo escasa. La poca información existente está dispersa y es poco accesible, o bien está desactualizada; lo cual repercute en la toma de decisiones con respecto a la identificación y planificación de áreas para la conservación. Por otro lado, pese a que la agrobiodiversidad es parte de la biodiversidad, la misma ha sido poco estudiada. Por lo mismo, no existen registros sobre las acciones de conservación en agricultura tradicional. En lo referente a los registros de las áreas protegidas legalmente declaradas, los datos se almacenan en formato de hojas electrónicas. Tomando en cuenta que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es muy dinámico, los datos correspondientes no están almacenados en un formato que permita su actualización automática, con un mínimo de errores, y que además sea amigable para el usuario externo al CONAP. El Sistema Integrado de Información de CONAP (SII-CONAP), pretende tener ordenada la información que se genera dentro la institución. No obstante, este sistema, en cuanto a las áreas 58
Deberán fortalecerse las entidades responsables, tanto en los aspectos técnicos como administrativos. Para ello, se requiere de una mayor disponibilidad de personal, una mayor asignación presupuestaria y seguimiento a los procesos de consolidación. Los actores e involucrados (Gobierno, iniciativa privada, comunidades), concuerdan en que a pesar de que existen varios espacios de diálogo, los mismos deben consolidarse, ya que aún prevalecen obstáculos para una comunicación y coordinación efectiva entre ellos, lo cual conlleva a la gestión inadecuada de los varios componentes de la biodiversidad. Por ejemplo, debería existir mayor coordinación para el manejo de agrobiodiversidad, tanto dentro como fuera de áreas protegidas. La falta de presencia institucional en un buen número de áreas protegidas es otra limitante significativa. Se estima que, en promedio, se cuenta con un guardarecursos para cubrir más de 9,500 hectáreas.
4.6.7. De tipo político Dentro de las limitantes de tipo político se incluyen la falta de una política nacional ambiental de largo plazo, dificultad para gestionar fondos externos, desconocimiento del tema por parte de algunos políticos y tomadores de decisión. Asimismo, la situación agraria y certeza jurídica de la tierra, la alta inseguridad nacional, la extracción desmedida de los recursos naturales y la debilidad en las administraciones para mejorar la eficiencia en los instrumentos legales (PNUD, 2002), son algunas de las limitantes de tipo político con impacto en la conservación in situ.
5. Consideraciones generales 5.1. De la coordinación interinstitucional De acuerdo a la información recopilada se observa que en Guatemala existe un buen número de instituciones, tanto públicas como privadas, involucradas directamente en la conservación in situ. Entre las instancias identificadas se encuentran las que forman parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), así como las organizaciones que forman parte de la Mesa Nacional de Co-administración del SIGAP. De total de instituciones identificadas en el proceso de consulta, se estima que el 12% son de carácter gubernamental con competencia en el desarrollo e implementación de políticas de conservación y aprovechamiento de los componentes de la biodiversidad, y con competencia en el manejo de los recursos naturales y culturales. Las instancias del Gobierno Municipal con participación en el manejo de áreas protegidas también conforman el 12% del marco institucional. El 10% lo integran instancias de carácter privado sin fines de lucro (ONG’s), cuya misión es la conservación y el manejo sostenido de los recursos naturales. Estas organizaciones realizan una labor significativa en la conservación, tanto en la captación de fondos no competitivos, como en la gestión para la participación y el apoyo comunitario. El resto de las instituciones se integra de la siguiente manera: el 3% son instancias de carácter tanto público como privado, para la formación de recursos humanos a través de la docencia y la investigación; el 11% son organizaciones no gubernamentales internacionales que contribuyen técnica y financieramente para optimizar la gestión de las áreas protegidas y los esfuerzos de conservación y el 52% restante corresponde a los propietarios de tierras designadas como reservas naturales privadas. Además de las instancias con participación directa en el manejo in situ de la biodiversidad, existe un vasto número de instituciones, tanto públicas como
privadas, cuyo accionar puede impactar directa o indirectamente la gestión de la conservación in situ. Lidiar y coordinar con esta multitud de instituciones requiere de alta planificación, así como de suficientes recursos técnicos y financieros, los cuales como ya se indicó son escasos. Las distintas instancias fortalecen sus agendas a través de una serie de espacios de coordinación diseñados para aumentar la capacidad en la toma de decisiones y en el trabajo conjunto. A este respecto, se observa que existe un buen número de mecanismos de coordinación o de espacios de diálogo. Pero, a pesar de ello, la coordinación y el intercambio de información entre las instituciones no son del todo efectivos. Las causas para una débil y limitada coordinación son diversas; desde aspectos técnicos, financieros y administrativos; hasta la divergencia en criterios, así como el traslape de competencias entre las instancias del Gobierno. Por ejemplo, instancias como el MARN, CONAP, OCRET, INAB e IDAEH deben procurar una mayor coordinación, tanto dentro como fuera de áreas protegidas. En especial, en aquellas decisiones referentes a las concesiones forestales, la legitimidad de la tierra, la delimitación de las áreas protegidas, el acceso a las especies silvestres y la asignación de fondos producto del acceso a las áreas. ¿Significa esto que existe una dualidad de funciones o traslapes entre las competencias institucionales? De ser así, puede ser que algunos problemas de coordinación se deben a ambigüedades e imprecisiones en la normativa nacional. La coordinación interinstitucional es importante, dado a que con ello se evitan duplicidades y esfuerzos que llevan a resultados de bajo impacto. A este respecto, cabe mencionar que los mecanismos de coordinación existentes fortalecen el accionar de los diversos actores involucrados en el manejo de sitios prioritarios, en donde la planificación y el diseño de estrategias son eficientes, pero la implementación es limitada. 59
En tal sentido, para que los convenios y mecanismos de coordinación entre las distintas instancias sean efectivos, se necesita que se faciliten los aspectos administrativos relacionados a los convenios o espacios de coordinación existente. También, es necesario que el marco coordinador a nivel de Gobierno (por ejemplo: el Gabinete Ambiental) intervenga en la definición de temas prioritarios, acciones, actores responsables, así como en la asignación de presupuesto por parte del Estado; puesto que, para que el intercambio y la coordinación entre los actores sean efectivos, las instancias deberán contar los recursos técnicos y financieros necesarios. En este sentido, cabe indicar que la diferencia entre las capacidades institucionales para llevar a cabo los convenios limitan la efectividad de los proyectos, y por ende la consecución de objetivos conjuntos; ya que, mientras unas organizaciones cuentan con la capacidad técnica, administrativa y financiera adecuada para ejecutar sus acciones, otras carecen de las capacidades e información mínimas. Entre los recursos limitados se incluye el recurso humano, el cual debe cumplir con múltiples actividades dentro de la institución, entre ellas asistir y tomar nota de la gran cantidad de reuniones y agendas. Aspectos que contribuyen a la incertidumbre en la coordinación incluyen, dificultad para generar la coordinación y por ende la participación; conflictos de diversa índole, desde conflictos por la captación o asignación de presupuestos, hasta conflictos de carácter profesional o técnico y la posible ambigüedad en los convenios y en los compromisos contraídos. Por lo consiguiente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como ente rector del manejo y conservación de la biodiversidad, deberá mejorar los espacios de coordinación existentes, buscando construir y fortalecer relaciones para motivar la participación de los actores y sectores. Asimismo, habrá que identificar nuevas alianzas estratégicas para dar cumplimento a los compromisos 60
adquiridos por el país. Además de fortalecer el poder local y brindar asistencia técnica de calidad en las regiones prioritarias y en donde la presencia institucional sea escasa.
5.2. De las áreas de conservación y su efectividad en el alcance de sus objetivos La consecución de los objetivos de conservación y de las acciones planteadas para el manejo efectivo de las unidades de conservación se ve afectada por una serie de amenazas y factores externos a las áreas y a las instituciones mismas. En este sentido, los actores indican que las áreas de conservación no han sido efectivas en el alcance de sus objetivos debido a una serie de razonamientos, a saber: a) Existen una gran cantidad de áreas protegidas que no es posible manejar adecuadamente por la falta de recursos técnicos y financieros. Muchas de las áreas legalmente declaradas no tienen presencia institucional, por lo que no son operacionales; además, se carece de los recursos mínimos para trabajar en ellas. A la vez, existen limitaciones en el alcance de los objetivos debido a la falta de compromisos de algunos gobiernos de turno en dar seguimiento a los procesos de manejo, principalmente los que son a largo plazo (Núñez, 2004). b) La mayor parte de las áreas protegidas que integran el SIGAP no garantizan la conservación de sitios de alta diversidad. De acuerdo a diagnósticos anteriores, el Sistema Nacional no cubre todas las zonas de vida ni todas las eco-regiones, por lo que no hay representación de los diferentes niveles de organización de la biodiversidad. c) La declaratoria de áreas protegidas debe reforzar la selección de servicios y especies como elementos de conservación prioritarios, no sólo por su función dentro de los ecosistemas sino por su importancia en el contexto social y económico. La conservación in situ
d)
e)
f)
g)
h)
i)
de los componentes de la biodiversidad debe considerar la utilidad de los mismos hacia la sociedad. En otros casos, el poco alcance de los objetivos se debe a que los mismos no se han establecido de acuerdo a una visión de largo plazo; misma que posiblemente no ha tomado en cuenta las tendencias, y las fuentes de las tendencias en el contexto político, social y económico. Los objetivos de conservación se interrumpen cuando hay poca participación social lo cual, al mismo tiempo, se debe a la poca o ninguna participación de las comunidades en el diseño de los programas o estrategias de conservación; mismos que deben incluir aspectos económicos y sociales, así como el aspecto cultural. No deben olvidarse la diversidad de actividades antropogénicas que constantemente amenazan la biodiversidad y los recursos contenidos en las áreas silvestres tanto protegidas como no protegidas. Los planes no pueden desarrollarse con éxito, debido a las constantes amenazas y a la falta de voluntad de los gobiernos centrales y locales para hacer eficiente la aplicación de las políticas existentes. Entre los factores que limitan la consecución de las acciones de conservación, se incluyen la falta de información (inventarios) sobre la biodiversidad presente en ciertas áreas protegidas, escasa información de tipo social y ecológico, poco personal disponible para desarrollar las actividades de control y vigilancia y la poca disponibilidad de la población para respetar las épocas de veda y los calendarios cinergéticos. Aspectos adicionales incluyen la poca capacidad de algunas organizaciones para captar financiamiento externo; la poca o ninguna implementación de las leyes; así como situaciones de tipo político, tales como la tenencia de la tierra en cuanto a la legalidad y traslape de tierras y límites. Por otro lado, los grupos de interés y la
j)
ciudadanía en general no conocen los bienes y servicios de las áreas de conservación, debido a la escasa divulgación y a la falta de planes locales de educación ambiental; así como a la falta de estudios que indiquen la cantidad de bienes y servicios que provee la biodiversidad, sus implicaciones y oportunidades, entre otros. En cuanto al proceso de gestión, se considera que no existen instrumentos de monitoreo y evaluación que permitan medir el desempeño o impacto de la planificación diseñada a nivel nacional. Por ejemplo, la ENB y la Política del SIGAP.
¿Qué se necesita para mejorar el proceso de conservación? Con base a lo anterior, el proceso de consulta arroja una serie de acciones que coadyuvarían a que las instancias sean más eficientes en proteger lo que actualmente tenemos. Varias de las recomendaciones expuestas coinciden con las acciones incluidas en la ENB y en otros planes nacionales. En resumen, los actores consideran que para mejorar la efectividad en el manejo in situ es imperante que los distintos actores e involucrados adopten la ENB y su plan de acción; así como la Política del SIGAP, otras políticas institucionales y los Convenios internacionales. Seguidamente, es importante que las instituciones encargadas del manejo reciban el apoyo del Estado; es decir, el apoyo del gobierno central y de los gobiernos locales (Gobernación Departamental y municipalidades), así como de la sociedad misma y de los beneficiarios directos de la biodiversidad. En este sentido, se debe propiciar la participación comunitaria otorgando responsabilidades a las comunidades y a los propietarios privados para que, mediante convenios de comanejo, se pueda lograr un mejor uso de la biodiversidad y un manejo efectivo de las áreas de conservación (Núñez, 2004).
61
La participación comunitaria debe hacerse acompañar de acciones orientadas hacia la sensibilización de la población. Las acciones deben promover un sentido de pertenencia, así como el entendimiento sobre el valor de la biodiversidad. Por lo consiguiente, para que las comunidades participen de manera efectiva en la conservación, y que además esta participación permanezca, es imperante incluir en los planes de manejo, el aspecto cultural y la cosmovisión de los usuarios directos de los recursos de tal manera que se propicie una intervención genuina. En adición, el CONAP, como institución líder en la conservación in situ, deberá promover la implementación de incentivos y alternativas económicas. Los incentivos deben ser formulados de tal forma que éstos sean de utilidad a las presentes y futuras generaciones, en pos de asegurar que las futuras generaciones continúen conservando los recursos. Por ejemplo, para el caso de las reservas privadas, los mismos incentivos que guían a los actuales propietarios a proponer sus tierras para la conservación deben trasladarse a los descendientes y por ende herederos de las tierras; con el objetivo de que los proyectos de conservación no se vean interrumpidos. Del mismo modo, puesto que la biodiversidad y los servicios ambientales son un bien común que debe ser aprovechado, la protección de los recursos debe considerar el valor y el uso de los recursos para generar fondos que puedan ser utilizados en la conservación. De tal manera que parte de los fondos generados por la venta de estos servicios sean invertidos en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en las comunidades y áreas protegidas. En ese sentido, se recomienda efectuar estudios que identifiquen los diversos usos de los componentes de biodiversidad, así como mercados potenciales sostenibles. En lo referente a los financiamientos, las institu-
62
ciones deberán utilizar técnicas más creativas en la generación de los fondos y en la re-inversión de los mismos. En la actualidad, algunas instituciones no tienen capacidad financiera y carecen de planes financieros, lo que en gran medida ocasiona la dependencia de fondos provenientes de donaciones. Por lo tanto, se deberán desarrollar mecanismos financieros que apoyen la gestión de las áreas de conservación en el largo plazo (CONAMA, 2001). Acciones adicionales para mejorar la efectividad en el manejo de las áreas de conservación, incluyen la divulgación, la capacitación y la investigación. La divulgación de los planes de conservación es imperante tanto a nivel de los distintos actores, como a nivel de las comunidades; ya que fue posible detectar que varias de las entidades, principalmente las unidades técnicas municipales, no están familiarizadas con la ENB y su plan de acción. Por lo que, deberá realizarse una extensa y sistemática labor en la divulgación de la Estrategia, así como de los avances en su implementación. La capacitación continua y la investigación sistemática, también fortalecerán el manejo de las áreas de conservación mediante la generación de información nueva. En cuanto a la educación y la capacitación, la educación debe ser orientada hacia promover el sentido de pertenencia y cambios de conducta, por lo tanto se debe impulsar en edades tempranas. En tal sentido, la educación ambiental, formal y no formal, debe considerar ampliamente la participación de los niños y jóvenes. En términos de investigación se necesita realizar inventarios de biodiversidad, así como inventarios del conocimiento cultural asociado a la biodiversidad. Esto permitirá seleccionar áreas en donde se pueda encontrar conjuntamente diversidad biológica (biodiversidad) y diversidad cultural (Azurdia, com per, 2005). También se debe apoyar
la investigación básica, así como realizar evaluaciones sobre la efectividad y representatividad ecosistemática del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto último, requiere la revisión o establecimiento de criterios adicionales para la declaratoria de nuevas áreas, mismas que deben ubicarse en regiones en donde se encuentre la mayor diversidad. Otras acciones incluyen el promover y optimizar la conservación ex situ de las especies cinegéticas para disminuir la presión de las poblaciones in situ, buscar mecanismos para proteger biodiversidad en los remanentes de bosques o parques urbanos, utilizar programas modernos para identificar “hot spots” de biodiversidad, hacer caracterizaciones de la biodiversidad y recursos existentes en los corredores; así como utilizar nuevas metodologías y herramientas para conservación in situ (ejemplo: core collection), establecimiento de áreas mínimas de conservación, estudios de genética de poblaciones y otros (Azurdia, com per, 2005). En lo referente a la planificación, los actores recomiendan desarrollar herramientas de control para evaluar el avance y la efectividad de los planes de manejo, las políticas institucionales, las estrategias, planes operativos, normativas y todos aquellos instrumentos destinados a facilitar la planificación y gestión de las actividades de conservación.
5.3. De la conservación de la agro-biodiversidad La diversidad vegetal se puede conservar in situ en ecosistemas agrícolas, como los huertos familiares y los campos de agricultura tradicional. Es importante señalar que en Guatemala el término huerto familiar tiende a ser mal interpretado con el término hortaliza. La hortaliza, se refiere al cultivo de vegetales como rábanos, zanahorias y
repollo, en tablones (Ovando, 2001); mientras que, los huertos familiares simulan un ecosistema completo que puede albergar especies de plantas importantes para la salud y para la seguridad alimentaria. Por lo tanto, los huertos familiares son sistemas apropiados para la conservación de germoplasma in situ, tanto de especies cultivadas (plantas y animales) como de sus parientes silvestres. No obstante, en Guatemala la información acerca de huertos familiares y otros sistemas agrícolas es escasa. La poca información disponible ha recibido poca atención. En tal virtud, una forma para mejorar la conservación in situ de la agrobiodiversidad es en primer lugar, integrar este grupo de la biodiversidad, dentro de los planes de manejo de las áreas protegidas, humedales y otros. Al mismo tiempo, se debe conducir un análisis de la situación actual de los huertos familiares y de los campos de los agricultores, ya que la pérdida de la agrobiodiversidad no solamente está ligada a las amenazas antropogénicas, sino también a la poca información que existe sobre la misma. Por lo consiguiente, las acciones de conservación deberán considerar la recoleta de datos y los monitoreos sistemáticos, así como un marco de trabajo conjunto entre las instancias relacionadas con la agricultura y la forestería (ejemplo: ICTA, MAGA, escuelas de agricultura, universidades). Además, es imperante detectar localidades en donde prevalezca la mayor diversidad genética de agrobiodiversidad que amerite ser conservada. Igualmente, cualquier estudio dirigido hacia el conocimiento de la diversidad vegetal cultivada debe incluir los aspectos étnicos y culturales; puesto que los distintos grupos étnicos tienden a conservar o a mantener la agrobiodiversidad que les es útil por tradición. Por ende, los factores culturales son un factor importante en la conservación de las especies. La pérdida de agrobiodiversidad no solamente responde al deterioro y extinción del hábitat. 63
También responde a la pérdida en las costumbres y a la falta de espacios en el mercado para comercializar los productos obtenidos del huerto. Esto provoca, entre otras cosas, el cese en el cultivo de ciertas especies dejándolas a merced de las amenazas. Por ejemplo, el cacao (Theobroma cacao), especie del cual Guatemala es cuna, pero cuyo cultivo va en decadencia debido a que la producción actual no puede competir con los productos importados. Considerándose este ejemplo, una forma de conservar la agrobiodiversidad in situ (huertos familiares), es promover el potencial de uso para la exportación, de tal manera que aunque no se pueda competir a escalas mayores, las comunidades locales se beneficien de la venta de los productos. La conservación in situ de la agrobiodiversidad puede fortalecerse a través del establecimiento y mantenimiento de huertos familiares, tanto fuera como dentro de áreas protegidas. Dentro de las áreas protegidas, se debe promover el cultivo de especies tradicionales en las comunidades asentadas en las zonas de usos múltiples o en las zonas de amortiguamiento. Adicionalmente, se puede trabajar con los propietarios de las reservas naturales privadas, para que dentro de sus fincas se establezcan espacios para el cultivo de especies tradicionales. Así también, el establecimiento de nuevas áreas protegidas debe tomar en cuenta ecorregiones con representatividad en cuanto especies de agrobiodiversidad. Por ejemplo, en México se han protegido áreas específicas (tipo Biotopo) en donde se encuentra distribuida la única especie de maíz perenne. Experiencias similares podrían trasladarse a la zona de Huehuetenango, en donde existe el cultivar Zea mays subsp. huehuetenangensis (Azurdia, com per, 2005; Ayala, com per, 2005). Conjuntamente se debe promover el establecimiento de estaciones de biodiversidad de plantas con importancia agrícola para el país, como fuente 64
de germoplasma; por ejemplo: chico, maíz y frijol. Por lo mismo, instituciones como el ICTA, en convenio con otras instancias interesadas (por ejemplo IPGRI y GTZ), deben buscar el apoyo técnico y financiero para el establecimiento de estas estaciones y para el manejo de los huertos familiares. Las estrategias a seguir deberán consolidarse con otras estrategias de conservación como las establecidas para la conservación de recursos genéticos animales, vegetales y de los hidrobiológicos. 5.4. Del financiamiento En lo referente a los recursos financieros, los presupuestos actuales, ya sea asignados o generados por las instituciones, siguen siendo escasos y no garantizan la sostenibilidad de las áreas de conservación. Por un lado, el presupuesto nacional asignado para el tema de ambiente y recursos naturales es escaso en relación al presupuesto general de la Nación. Por otro lado, la inexistencia de planes financieros a largo plazo que indiquen los objetivos, las actividades, las proyecciones de gastos y los posibles recursos de financiamiento, limitan la consecución de los objetivos de manejo. Además, del poco presupuesto adquirido sólo una fracción se ha logrado invertir en una gestión efectiva de las áreas de conservación. En síntesis, el financiamiento es limitado debido a los siguientes factores: 1) reducido aporte del presupuesto estatal, 2) reducciones presupuestarias imprevistas, 3) falta de planes o programas de financiamiento a largo plazo, 4) limitada capacidad de las instituciones para reinvertir los fondos generados por ellas y 5) limitada capacidad institucional para la gestión fondos externos. Debido a la escasez en los presupuestos estatales, la mayor parte de las instituciones involucradas en el manejo in situ dependen de financiamientos externos, mismos que provienen de donantes
nacionales e internacionales. Los financiamientos externos se utilizan para cubrir proyectos de distinta índole pero, pese a su disponibilidad, estos mecanismos son de corta duración, no son suficientes y no tienen continuidad. La poca continuidad en los financiamientos responde a diversos factores, entre ellos, a las políticas de reducción de fondos; a que los proyectos solicitados no estén enmarcados dentro de las líneas prioritarias del donante; a que los procedimientos para evaluación de las propuestas algunas veces son burocráticos, a nivel de algunos donantes; a la gran cantidad requisitos para optar al financiamiento; a los resultados de las evaluaciones de proyectos anteriores; y, a la poca capacidad de las instituciones para cumplir con los requerimientos de contrapartida. A esto se suma que algunas instituciones carecen de personal con entrenamiento para elaborar propuestas y para gestionar a tiempo los fondos para una segunda fase de los proyectos. Por otro lado, los plazos establecidos por los donantes en ocasiones no son suficientes para lograr los resultados esperados, siendo necesario competir nuevamente, incluso ante el mismo donante. En cuanto a los plazos para los financiamientos, estos son variados. Ciertos donantes nacionales apoyan la continuidad de los proyectos por un periodo de hasta tres años, mientras que otras fuentes otorgan fondos por un período de 12 ó 18 meses. En estos plazos, aunque es posible obtener resultados inmediatos, es relativamente corto el tiempo para lograr cambios e impactos a largo plazo. Conjuntamente con los fondos externos, las instituciones generan fondos propios a través de por lo menos 16 mecanismos diversos. Entre los más comunes se encuentran la venta de paquetes ecoturísticos, las membresías y el cobro por ingreso a los parques nacionales. Estos mecanismos
fortalecen los presupuestos, pero no garantizan la sostenibilidad financiera de las áreas de conservación; ya que, si bien estos ingresos tienen alguna continuidad, los montos obtenidos son variables y la reinversión para el manejo de las áreas es mínima. Los ingresos por concepto del turismo apoyan de manera sustancial la sostenibilidad de las áreas, siempre y cuando las mismas mantengan sus bienes ambientales y su belleza escénica, así como la infraestructura básica para atención al visitante. En este sentido, para optimizar los ingresos por concepto del turismo (nacional y extranjero) las instituciones encargadas del manejo deberán elaborar planes de desarrollo turístico, los cuales deben contemplar programas para mejorar la infraestructura, capacitar a los comunitarios y por ende promover la participación social, promover los atractivos de las áreas tanto dentro como fuera del país, mejorar los mecanismos de cobro e implementar nuevos y promover la cultura por el pago de acceso a las áreas de conservación como atractivos naturales31 Conjuntamente, se deberán identificar los problemas financieros de la conservación in situ, así como las posibles soluciones a la escasez de fondos. También es necesario conducir un análisis financiero profundo y detallado que permita conocer, entre otros aspectos, la manera en que las instituciones pueden ser más efectivas para utilizar los fondos adquiridos. A la vez, es importante conocer las capacidades financieras institucionales de forma individual, y detectar aquellas áreas protegidas que tienen potencial para ser autofinanciables.
5.5. De los instrumentos de gestión Los instrumentos de gestión en la conservación in situ, incluyen los estipulados por el Decreto 4-89
31
Atractivos, también conocidos como amenidades o espacios de interés para la recreación y el esparcimiento.
65
para la gestión del SIGAP. También se incluyen los instrumentos de planificación a nivel nacional que fueron diseñados para orientar y coordinar las acciones de manejo de la biodiversidad y para alcanzar objetivos comunes. Entre estos últimos se incluyen la ENB y su Plan de Acción, así como la Política del SIGAP. Pero, pese a la existencia de varios instrumentos de gestión, se indica que los mismos no son suficientes, ni efectivos, ni han podido ser implementados en su totalidad. Por ejemplo, la Política del SIGAP y la ENB han sido implementadas en un 34% y un 44% , respectivamente (García, com per, 2005). En lo referente al componente de conservación in situ contenido de la ENB, este ha sido implementado en un 25% (OTECBIO-CONAP, 2005a). Es de notar que el principal problema en la efectividad de los instrumentos es su falta de ejecución debido, entre otros, a una serie de limitantes técnicas y financieras. Por ejemplo, los planes maestros y los planes operativos anuales de las áreas protegidas, tienden a incluir programas y actividades ambiciosas, imposibles de cumplir sin el respaldo respectivo y en los tiempos establecidos. En consecuencia, los planes no son totalmente implementados y no funcionan adecuadamente (Ríos et al, 2003). En cuanto a los planes maestros, éstos son una herramienta importante porque constituyen el documento rector para la ordenación territorial del área protegida. En el plan maestro se indican los programas de manejo para controlar actividades no compatibles con el ambiente. Sin embargo, algunos planes carecen de elementos técnicos y de información para que los mismos sean más operativos y estratégicos (Ríos et al, 2003). Además, la elaboración de un plan maestro requiere de una inversión onerosa, no sólo por el proceso de consulta, sino porque además es necesario adquirir los servicios de expertos que recopilen la información, faciliten, coordinen y guíen el proceso. 32
66
El CONAP tiene 12 sedes regionales en todo el país.
A este respecto, aunque los lineamientos del los instrumentos de gestión del SIGAP indican que la elaboración del plan debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario que involucre directamente a los administradores y guardarecursos, los actores consideran que son los facilitadores los que se fortalecen con la experiencia. Por lo que, al mismo tiempo que se desarrolla el plan, se debe transferir el conocimiento, así como los datos, hacia los técnicos y directivos que en el futuro serán los encargados de la ejecución de los planes. Los instrumentos para la gestión del SIGAP incluyen la metodología de monitoreo y evaluación de las áreas protegidas; misma que desde el año 2003 ha sido aplicada únicamente a 47 de las 156 áreas. La falta de aplicación al resto de las áreas del SIGAP se debe primordialmente a la escasez de presupuesto y de personal; y que además, la metodología es aplicable únicamente en aquellas áreas que cuentan con planes maestros y planes operativos aprobados y vigentes. La evaluación es dirigida a nivel de la oficina central del CONAP, en donde uno o dos profesionales son asignados para conducir las visitas, encuestas, y por lo consiguiente para elaborar los informes de resultados. Pero, aunque existe colaboración por parte del personal ubicado en las sedes regionales32, el personal de la sede central es insuficiente para llevar a cabo toda la evaluación. La metodología de monitoreo y evaluación presenta algunas debilidades. Esta incluye indicadores que no aplican a todas las categorías de manejo de las áreas protegidas. Por ejemplo, el ámbito de los recursos naturales contiene entre los indicadores de evaluación varios que aplican únicamente a las áreas que cuentan con monumentos arqueológicos. Consecuentemente, las áreas que no tienen estos recursos no reciben calificación, lo cual afecta la ponderación final. En tal sentido, se sugiere hacer una revisión de la metodología y modificarla de tal manera que se incluyan indicadores más
específicos para las diferentes categorías de manejo del SIGAP. ¿Qué se necesita mejorar para asegurar la efectividad de los instrumentos de gestión? a) El proceso de aprobación y revisión de los planes maestros y operativos debe ser más eficiente. Para ello, la Secretaria Ejecutiva del CONAP deberá fortalecer los espacios de coordinación existentes, o bien crear nuevos, para agilizar la revisión y aprobación de los planes maestros, los estudios técnicos y otros instrumentos de gestión de las áreas protegidas. b) Los planes maestros, en la medida de lo posible deben ser realistas, para que los programas propuestos se ejecuten en el tiempo, y con el presupuesto estipulado. c) Los planes operativos deben ser compatibles con los planes maestros. Además, éstos deben respaldarse con planes financieros respectivos, para asegurar agenciarse de financiamiento que permita la ejecución de los planes, y por lo tanto el alcance de los objetivos. d) Los procesos de planificación deben mejorar los mecanismos de consulta y participación de la sociedad, tanto en la elaboración de los planes como en su implementación. e) La población debe ser informada continuamente sobre la necesidad de ejecución de los planes. Para ello, se deberá divulgar la información en un lenguaje que sea entendible para la población. Entendiéndose como población, no sólo las comunidades dentro de las áreas protegidas, sino también a la ciudadanía en general. f) Toda planificación debe elaborarse con visión a largo plazo, considerando las tendencias globales en el contexto social y económico, para no dejar de lado los riesgos que en algún momento pueden truncar la ejecución de los planes. En resumen, para que los instrumentos de gestión
sean efectivos, se necesita el financiamiento para los procesos de consulta; el financiamiento para la implementación de los planes; así como la capacidad técnica y administrativa para desarrollar las acciones y para evaluar sistemáticamente la efectividad y el desempeño de los instrumentos. También se hace necesaria la participación ciudadana, así como la voluntad y apoyo político a nivel local y central.
5.6. Del recurso humano La mayoría de las instituciones involucradas en la conservación in situ han detectado la necesidad de personal adicional. Sin embargo, debido a la escasez de presupuesto las instituciones tienen dificultad para aumentar la cantidad de personal, así como para proveer al mismo de salarios competitivos y beneficios (seguros de vida) e incentivos. Los bajos salarios y la falta de incentivos, tanto económicos como profesionales, limitan el número de especialistas que pueda estar interesado en trabajar en conservación. En general, el personal que labora de forma permanente en las instituciones, es escaso. La mayor deficiencia en cuanto al número de personal se observa en el recurso humano asignado a las actividades de campo, principalmente en lo que se refiere a los guarda recursos, cuyo número es insuficiente para cubrir las grandes extensiones de las áreas protegidas. Adicionalmente, el recurso humano con especialización en el manejo de áreas protegidas y en el desarrollo de los planes, es limitado. En tal sentido, para subsanar las necesidades de personal, las instituciones recurren a programas de voluntariado que les permite aprovechar la oferta existente. Sin embargo, no todas las instituciones, especialmente las de tipo gubernamental y las municipalidades, cuentan con este tipo programas y en las que existen, no se aprovechan a cabalidad para que respondan a las necesidades de manejo de las áreas. 67
Considerando que nunca se tendrá un número adecuado de personal, una forma de solventar la necesidad en recurso humano es promover la participación ciudadana y del sector académico. Estas instancias deben intervenir no solamente en el diseño de las estrategias de conservación in situ, sino además en la implementación de las mismas. Para ello, las instituciones encargadas del manejo in situ de la biodiversidad deberán proponer marcos de trabajo conjunto, y buscar los mecanismos para contratar los servicios de los comunitarios, así como para promover la participación formal y sistemática de estudiantes de disciplinas afines.
información referente al número de áreas protegidas, sus categorías de manejo, extensiones y cobertura ecológica. Estos registros incluyen el número de planes que han sido aprobados o están en proceso de aprobación, así como las áreas en co-administración; pero, no incluye información referente al personal asignado a cada una de las áreas.
En cuanto a la capacitación, debido a que los procesos de inducción internos, intercambios y programas de capacitación son insuficientes, el personal de reciente ingreso33 tiene que aprender en el trayecto. Por lo que, no estaría demás que las instituciones elaboren programas de capacitación que incluyan procesos de inducción, aunque sea de corto plazo; así como, proveer capacitaciones tanto a nivel técnico y científico, como a nivel de gerencia en lo relacionado a elaboración de propuestas, planificación financiera y manejo de presupuestos. Los foros científicos dentro de las instituciones constituyen otro mecanismo que permitirá al personal estar al día de los avances en las técnicas modernas que se puedan aplicar a la conservación. Esto se podría solucionar parcial-mente mediante el desarrollo de por lo menos una sesión científica mensual para todos los trabajadores (Azurdia, com per, 2005).
Con respecto a la conservación in situ en general, no existen registros para huertos familiares y para los campos de los agricultores. Aunque algunas instituciones llevan registros sobre sus colecciones de campo, la información con respecto a la agrobiodiversidad en medios in situ es escasa. Las tierras de los corredores, las reservas naturales privadas, los humedales RAMSAR que al mismo tiempo son áreas protegidas, así como las áreas que conforman las regiones de conservación están integrados en los registros del SIGAP.
A pesar de que los datos están almacenados en un formato sencillo, debe procurarse su automatización, actualización constante y modernización.
En lo referente a los registros del recurso humano, el CONAP cuenta con un registro casi completo acerca del número de personal permanente que trabaja en las distintas áreas protegidas. Es recomendable que esta información se incorporada en el SII-CONAP.
5.8. De la infraestructura y equipo 5.7. De la documentación, manejo y administración de la información El Departamento de Unidades de Conservación del CONAP es el encargado de facilitar la coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Este Departamento cuenta con un registro actualizado muy completo que integra la 33
68
Aunque algunas estrategias de conservación no necesitan de infraestructura y equipo sofisticado o de mayor inversión, una infraestructura, equipo y tecnología adecuados siempre garantizan el manejo óptimo de las unidades de conservación. Pero, con la información disponible no es posible determinar el estado y la calidad de la
Se refiere al personal nuevo o personal que dentro de la institución se traslada de un departamento a otro.
infraestructura presente en todas las áreas de conservación.
cios de las áreas se utilizan para subsanar las necesidades de la administración municipal.
En lo referente a huertos familiares y campos agrícolas, la información sobre infraestructura y equipo es incipiente. Con respecto a las áreas del SIGAP se concluye que no todas las áreas cuentan con el equipo mínimo e infraestructura adecuada para la gestión. En la mayoría de los casos, la infraestructura y el equipo ha sido calificada por los interesados como insuficiente para cumplir con los planes de conservación. En otros casos, el equipo es obsoleto y ha dejado de ser funcional.
5.10. De las limitantes
En cuanto a la modernización de la infraestructura y el equipo tecnológico, se ha tenido adelanto con el uso de computadoras, equipo de comunicación y sistemas de información geográfica; sin embargo, esta modernización no aplica para la totalidad de las áreas. En ese sentido, para mejorar la infraestructura y las tecnologías, se requiere de una planificación adecuada dentro del proceso de conservación, en el cual se planifique la adquisición del equipo idóneo tanto en calidad como en cantidad. Esto contribuirá con el cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, deben realizarse capacitaciones para el uso y manejo adecuado de los equipos, así como para su mantenimiento. Además, parte los fondos generados en las áreas de conservación, se deberán reinvertir en la adquisición y mantenimiento del equipo necesario.
a) Poca disponibilidad de personal y falta de personal entrenado b) Pobre presencia institucional en las áreas protegidas c) Falta de recursos económicos para mejorar las actividades de control y vigilancia, y hacer investigación d) Falta de una política nacional en medio ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales e) Falta de aplicación de las políticas existentes f) Bajo nivel de educación ambiental de pobladores aledaños y de la población en general g) Falta de programas de sensibilización pública y de divulgación en general h) Inseguridad nacional para realizar las actividades de control y vigilancia, investigación, y ecoturismo i) Poca aplicación de las leyes j) Falta de delimitación física de algunas áreas protegidas k) Problemas con la tenencia de la tierra en algunas áreas protegidas
5.9. De la administración pública Del total de organizaciones, se observa que las municipalidades cuentan con menos recursos para hacer una gestión efectiva de las áreas de conservación. Los presupuestos asignados varían entre municipalidades. Por ejemplo, mientras una municipalidad recibe Q 165,000 para la gestión ambiental, otra percibe hasta medio millón de quetzales. No obstante, el presupuesto sigue siendo limitado, por lo que es necesario gestionar fondos externos. En otros casos, los ingresos por concepto de los servi-
Es importante recalcar que la mayoría de las limitantes identificadas durante el proceso de diagnóstico han sido señaladas en documentos y estudios anteriores, lo cual es preocupante, ya que esto indica que el avance en la solución de los problemas ha sido mínimo. Las limitantes detectadas se resumen en:
5.11. Del marco legal y políticas En lo referente a las disposiciones legales en materia de biodiversidad, éstas se encuentran dispersas en varios instrumentos de normativa, tales como la Ley de Áreas Protegidas, la Ley de 69
Protección y Mejoramiento del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Pesca y otras. En materia legal, los expertos opinan que la problemática en la conservación de los componente de la biodiversidad no se debe a falta de legislación; más bien, se debe a que los marcos legales existentes están diseñados para regular la distribución y el aprovechamiento de los recursos naturales. Además, la normativa existente no responde a un marco de conservación general, ni a una política nacional ambiental a largo plazo; la cual tampoco existe (Sobenes, com per, 2005). Las políticas nacionales en materia de gestión ambiental deben estar ligadas a las políticas nacionales de salud, economía y agricultura. Pero, debido a que existe una visión sectorial en la que separadamente se atienden las políticas de los tres sectores, no se perciben los beneficios de la biodiversidad hacia la salud, la economía y la seguridad alimentaria. En ese sentido, cabe mencionar que los posibles traslapes en las competencias institucionales no se derivan de traslapes en la normativa, sino de la forma en que las instituciones aplican las mismas. Es por ello, que la Estrategia Nacional para la Conservación y uso Sostenido de la Biodiversidad (ENB) se considera como el único instrumento que a nivel nacional tiene el objetivo de orientar, coordinar y ordenar
70
las acciones de distintos actores relacionados al manejo de la biodiversidad (URL/IIA/FACC/IARNA, 2004). Por otro lado, hay que reconocer que las leyes no trabajan por sí solas. Las múltiples regulaciones no solucionan los problemas si no existe la voluntad política, recursos suficientes para su implementación (presupuesto y recurso humano), y si no se cuenta con información suficiente para apoyar la capacidad decisoria de las instituciones. A esto se suma la debilidad en la administración de la justicia en la implementación eficaz de los instrumentos legales (PNUD, 2002).
5.12. De las amenazas Los incendios forestales, las invasiones de tierra, la colecta ilegal de biodiversidad (caza ilegal y tala ilegal), el cambio de uso del suelo, el avance de la frontera agrícola, la contaminación de los ríos y otras actividades ilícitas, son las principales amenazas que enfrentan las áreas de conservación. En las áreas protegidas, la ingobernabilidad debido a la poca presencia institucional ocasiona que muchas de las áreas protegidas y otros hábitat naturales permanezcan a la merced de las amenazas.
6. Conclusiones a) La conservación in situ en Guatemala está dada por 162 áreas protegidas delimitadas para proteger cierta vida silvestre y comunidades naturales. Sin embargo, aún así no garantiza la protección de todos los sistemas naturales y recursos bióticos del país. b) Los esfuerzos de conservación tanto in situ como ex situ no responden a un programa integrado de conservación, dando como resultado acciones dispersas y poca complementariedad de doble vía entre ambas formas de conservación. c) Debido a la falta de una política nacional de conservación a largo plazo, lo relativo a la regulación de la conservación y manejo de la biodiversidad está disperso en varios instrumentos de normativa; dando como resultado dilución de responsabilidades y acciones de manejo inconclusas. d) La principal limitante en la conservación in situ es la falta de recursos financieros, lo que a su vez impide contratar personal capacitado, habilitar infraestructuras, brindar adecuado mantenimiento a los equipos adquiridos, brindar asistencia técnica y efectuar campañas de divulgación masiva para fomentar la participación pública y el empoderamiento de las comunidades. e) En Guatemala existen buenas experiencias de planificación para la conservación in situ, sin
embargo deben identificarse mecanismos que permitan al país ser más eficientes en la implementación de dichos planes. f) La Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Política del SIGAP, se consideran como los únicos instrumentos diseñados para ordenar y coordinar las acciones de conservación de la biodiversidad en el país. No obstante, debe trabajarse en una mayor implementación de las mismas. g) A nivel político, las áreas protegidas y la biodiversidad no se reconocen como generadoras de ingresos; asimismo se desconoce el aporte de estos recursos hacia la economía del país. h) A pesar de las limitantes encontradas existen oportunidades que favorecen la gestión de la conservación in situ. Entre ellas, se encuentran los cuerpos de coordinación interinstitucional, recurso humano capacitado en el exterior e instrumentos de gestión nacional. i) Los instrumentos de planificación existentes deben contener indicadores que permitan evaluar su implementación y por lo tanto su efectividad en la consecución de los objetivos planteados. No obstante, se considera que no se han diseñados herramientas específicas para evaluar la efectividad y desempeño de la planificación nacional.
71
7. Recomendaciones a) Buscar financiamiento dirigido al fortalecimiento de la gestión institucional, en especial para fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional existentes.
f) Efectuar estudios sobre las necesidades financieras por área de conservación, así como identificar el aporte de las áreas de conservación a la economía del país.
b) Realizar estudios, inventarios y monitoreos de biodiversidad que sirvan de base para identificar áreas prioritarias con alta riqueza en biodiversidad, y que pueden ser incorporadas al sistema de áreas protegidas.
g) Considerar criterios para la protección de áreas marinas que garanticen la conservación de recursos hidrobiológicos especiales, de importancia científica y económica para el país.
c) Crear un sólo marco jurídico para el manejo y uso sostenido de la biodiversidad, que tome en cuenta la integración de todos los actores e involucrados, y que al mismo tiempo considere mecanismos para la conservación de la biodiversidad tanto in situ como ex situ. d) Identificar y adoptar mecanismos técnicos, científicos, financieros y legales orientados a garantizar la complementariedad entre las acciones de conservación ex situ e in situ. e) Desarrollar estudios para evaluar la participación comunitaria, los mecanismos de participación y las estructuras de participación en la conservación in situ.
72
h) Considerar la agrobiodiversidad como un grupo de la biodiversidad que merece ser estudiado y conservado. i) Revisar y actualizar la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad y proponer acciones coherentes que permitan evitar la duplicidad entre actores. j) Modernizar y automatizar el Sistema de Integración de Información del SIGAP y promover el uso del Clearing House Mecanism de Guatemala a nivel de todo los actores. k) Proponer medidas para evaluar el desempeño y efectividad de los instrumentos de política, normativa y estrategias nacionales actuales.
8. Glosario Áreas protegidas: área marina o terrestre, geográficamente delimitada que ha sido designada, regulada y manejada para alcanzar ciertos objetivos de conservación (UNEP/CDB, 2001). Administración delegada: cuando el CONAP delega, la administración de un área protegida en otra institución, la cual se hace cargo informando regularmente al CONAP (Pérez, comunicación personal, 2005). Agrobiodiversidad: parte de la biodiversidad, tanto de especies cultivadas como sus parientes silvestres, que contribuye a la alimentación, a los medios de subsistencia, y a la conservación de espacios vitales dentro del marco de la producción agropecuaria (REMERFI, 2002). Biodiversidad o diversidad biológica: la variabilidad de organismos, incluidos los ecosistemas y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprenden la diversidad dentro de cada especies, entre las especies y de los ecosistemas (UNEP/CDB, 2001). Bio-regiones: conjunto de ecosistemas silvestres y sistemas agropecuarios altamente relacionados y dependientes, definidos por fronteras ecológicas, fisiográficas y sociales. Comprenden áreas silvestres de interés para la conservación o áreas protegidas unidas por corredores ecológicos compuestos por plantaciones forestales y agroforestales y sistemas agrícolas compatibles (CONAMA, 2001). Campos agrícolas tradicionales: sistemas de producción agrícola en donde se usa tecnología tradicional y se cultivan cultivares tradicionales. Normalmente son de subsistencia, en donde la agrobiodiversidad puede desarrollar sus propiedades distintivas permitiendo la continuidad de procesos de evolución y adaptación, asegurando
que nuevo material genético sea generado en el tiempo (Ayala, com, per, 2004; IPGRI, 2004). Corredores biológicos: espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos (CBM, n.d.). Corredores ecológicos: extensas superficies de terreno heterogéneos, compuestos por varios tipos de ecosistemas y comunidades naturales en diversos grados de intervención humana, desde prístinos hasta espacios “urbanos” (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación-Bolivia, 2001). Capacidades de gestión: habilidades, facultades, competencias y aptitudes que existen a nivel nacional y que facilitan los procesos de conservación in situ y gestión de la biodiversidad nacional. Co-administración: figura técnica, administrativa e institucional reconocida por el CONAP con el propósito de coadyuvar a la coordinadamente al eficaz manejo de las áreas protegidas, y por ende al eficiente funcionamiento del SIGAP (CONAP, 2004). Conservación in situ: es la conservación de los componentes de la diversidad biológica en los hábitat en donde ocurren de forma natural (UNEP/CDB, 2001). Se considera la forma más importante para la conservación de las especies (Saunier y Meganck, 1995). Conservación in situ de agrobiodiversidad: es el mantenimiento de la diversidad presente en poblaciones utilizadas directamente en la agricultura, o utilizadas como fuente de genes, en hábitat en donde dicha diversidad crece y se mantiene (IPGRI, 2004).
73
Conservación ex situ: es la conservación de los componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales (UNEP/CDB, 2001). Ecorregión: son unidades relativamente grandes de tierra que contienen distintos arreglos de comunidades naturales y especies con límites que se aproximan a las extensiones que originalmente tenían las comunidades naturales previo a los cambios generados por el uso de la tierra (URL/IIA/FACC/IARNA, 2004). Especie endémica: especie con distribución geográfica restringida a un área determinada (REMERFI, 2002). Huertos familiares: sistemas de cultivo desarrollado en forma adyacente a una casa. El mismo incluye una combinación de plantas destinados para el consumo del hogar; entre ellas árboles, arbustos y hierba (Azurdia y Leiva, 1999).
74
Hortaliza: cultivo de vegetales (Ejemplo: zanahorias, rábanos, repollo) en tablones (Ovando, 2001). Humedal: son sistemas cuyas características están determinadas por la presencia de agua, sea ésta dulce, salobre o salada (CONAP/USAC/UICN, 2001). Regiones de conservación: son unidades territoriales administrativamente delimitadas para facilitar el manejo de los factores sociales y ecológicos locales (CONAMA, 2001). Puede contener varias bio-regiones, o bien un conjunto de áreas protegidas interconectadas entre si. Planificación eco-regional: agenda de conservación que implica la selección y diseño de un portafolio, es decir un conjunto coherente de áreas estratégicas que contengan muestras representativas de la diversidad de especies, comunidades y sistemas ecológicos de cada ecorregión (Secaira, et al., 2001).
9. Referencias bibliográficas 1. Amezaga, J.M., Santamaría, L. y Green, A.J. (2002). Biotic wetland connectivity supporting a new approach for wetland policy. Acta Oecologia, 23: 213-222. 2. Asociación Nacional de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. (2003). Plan Estratégico de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. Guatemala. 16 p. 3. Azurdia, C. (1999). Usando los recursos genéticos: un acercamiento al acceso y tecnología. Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)/CONAP/MAGA/GEF-PNUD/FONACON. Guatemala. 88 p. 4. Azurdia, C. (2004). Priorización de la diversidad biológica de Guatemala en riesgo potencial por la introducción y manipulación de organismos vivos modificados. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Guatemala. 108 p. 5. Azurdia, C. y Leiva, J.M. (1999). Conservación de la biodiversidad: su relación dentro del contexto de los huertos familiares en Mesoamérica. Revista Tikalia 17(1):7-24. 6. Azurdia, C., et al. (2004). Propuesta para definir unidades de conservación in situ en huertos familiares: caso del chayote (Sechium edule L.) en Guatemala. Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala/ Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, San José, Costa Rica/ Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos. Cali, Colombia. 67-76 p. 7. Ayala, H. (1999). Conservando los recursos genéticos de Guatemala. Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). Guatemala. 33 p.
8. Baena, M., Jaramillo, S. y Montoya, J.E. (2003). Material de apoyo a la capacitación en conservación in situ de la diversidad vegetal en áreas protegidas y en fincas. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, Cali, Colombia. IPGRI. Roma, Italia. 125 p. 9. Bennett, A. (2004). Enlazando el paisaje: el papel de los corredores y la conectividad en la conservación de la vida silvestre. UICN. San José, C.R. 1278 p. 10. Burge, A., Secaira, E., Cardona., J., Medinilla, O. y Leiva, X. (2004). Plan de manejo de la reserva natural privada Los Tarrales, Vesubio y Chusita, Patulul, Suchitepéquez, Guatemala. The Nature Consevancy (TNC). AID/ARNPG. 33 p. 11. Castañeda C., y Ayala, H. (1996). Vida en la zona semiárida de Guatemala. Facultad de Agronomía. Documento técnico. Guatemala. 17 p. 12. Centro de Acción Legal (CALAS). Ley de Creación del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente. Decreto 90-2000. CD Legislación Ambiental de Guatemala. Segunda edición. Guatemala. 13. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). (2001). Estrategia Nacional para la conservación y uso Sostenible de la Biodiversidad y Plan de Acción Guatemala. GEF/PNUD. Guatemala. 137 p. 14. Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. (1997). Directrices para organismos de ayuda para mejorar la conservación y el uso sostenible de los humedales tropicales y subtropicales. Directrices sobre la Ayuda y el Medio Ambiente. París, Francia. 79 p.
75
15. Comité de orientación y asesoría de Biodiversidad–CONADIBIO-. (2004). Reglamento interno de funcionamiento. 6 p. 16. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 90-200. Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Guatemala. 17. Congreso de la República de Guatemala. Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento. Decreto Ley No. 4-89 y sus Reformas Decreto No. 1898, 110-96 y 117-97. Guatemala. 81 p. 18. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). (1999). Parque Nacional Sierra de Lancandón. Plan Maestro 1999-2003. CONAP/TNC/USAID. Guatemala. 46 p. 19. -------------------------------------- (1999a). Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). Secretaria Ejecutiva. Guatemala. 50 p. 20. -------------------------------------- /Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). UICNMesoamérica (UICN). (2001). Dix, M. y Fernández, J. (eds.). Inventario Nacional de los Humedales de Guatemala. San José, Costa Rica. 155 p. 21. -------------------------------------- (2004). Política de Co-administración de áreas protegidas. 2ª edición. Documento No. 41 (12-2004) Presidencia de la República. 20 p. 22. -------------------------------------- (2004a). Evaluación de la gestión del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-. Sección de evaluación y monitoreo del SIGAP. Informe de Resultados. 60 p.
76
23. -------------------------------------- (2004b). Memoria de Labores 2004. Guatemala. 79 p. 24. -------------------------------------- sf. Plan Estratégico 2002-2006 de la Oficina Técnica de Biodiversidad del CONAP. CONAP/OTECBIO. Guatemala. 40 p. 25. -------------------------------------- (2005). Brechas de la ley de áreas protegidas en materia de biodiversidad frente al convenio de diversidad biológica. CONAP-FlACSO. Proyecto apoyo a la implementación del INBAP. Guatemala.33 p. 26. -------------------------------------- (2005a). Caracterización del monitoreo de la biodiversidad en Guatemala. Documento para discusión. Guatemala. 38 p. 27. -------------------------------------- (2005b). Desarrollo de mecanismos de intercambio de información en la Estrategia de Biodiversidad. Informe de Diagnóstico. CONAP/ Oficina Técnica de Biodiversidad (OTECBIO). Guatemala. 37 p. 28. -------------------------------------- (2005c). Línea base de la implementación de la estrategia nacional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Documento para discusión. CONAP/OTECBIO. Guatemala. 121 p. 29. Conservación ex situ de especies y recursos genéticos en los países del trópico andino. Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino. (2001). Documento Temático. La Paz, Bolivia. 119 p. 30. Díaz, M. (2004). Conservación de germoplasma forestal de Guatemala. Departamento de Ecosistemas Forestales
Estratégicos y Áreas Protegidas. Instituto Nacional de Bosques. Revista Guatemala Forestal. Edición 15. Guatemala. 31. Eyzaguirre, P. y Watson J. (2001). Home gardens and agrobiodiversity: an overview across regions. International Plant Genetic Resources Institute. Proceedings of the Second International Home Gardens. Rome, Italy. 1013 p. 32. Fundación Defensores de la Naturaleza. (2004). Plan Maestro 2004-2008-Refugio de vida silvestre Bocas del Polochic. Guatemala. 104 p. 33. Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), Fundación Mario Dary (FUNDARY), Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), Asociación Ak´ Tenamit (AAT), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Ministerio de Educación (MINEDUC). Justicia Ambiental, Empoderamiento Comunitario y Equidad Social para la Conservación de la Región Sarstún-Motagua. Propuesta de Proyecto presentada a La Real Embajada de los Países Bajos. 41 p. 34. Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación –FUNDECO- (n.d.). Hacia la constitución y consolidación del Corredor Biológico Marino-Costero Costa Sur- Canal de Chiquimulilla. 22 p. 35. García, G.F. (2004). Diseño y prueba piloto de un sistema de seguimiento y evaluación de la política nacional y estrategias para el desarrolló del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Postgrado. Tesis de Maestría. Guatemala. 140 p.
36. Girot, P. (2000). Raíz y Vuelo: El uso de los recursos naturales vivientes en Mesoamérica. Unión Mundial para la Naturaleza. Iniciativa de Uso Sostenible para Mesoamérica (UICNIUSMA). Primera Edición. San José, Costa Rica. 101 p. 37. Global Environmental Facility. (2004). GEF and the Convention of Biological Diversity: A strong partnership with solid results. 56 p. 38. Godoy, J.C. y Cardona, J. (1996). Propuesta técnica para desarrollar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y sus corredores ecológicos. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)/ Consejo Centroamérica de Áreas Protegidas y Bosques (CCAP-B)/ Programa de Nacionales Unidades para el Desarrollo (PNUD). 39. Instituto Nacional de Bosques –INAB- (2004). Parque Nacional Volcán Pacaya y Laguna de Calderas. Resultados Plan Operativo Año 2003. Guatemala. 8 p. 40. ------------------------------ (2004a). Reglamento del Programa de Incentivos Forestales –PINFOR-. Resolución 02.12.2004. Guatemala. 24 p. 41. Instituto Nacional de Estadística –INE-. (2005). Actividades Agropecuarias de Traspatio. IV Censo Nacional Agropecuario 2003. Tomo V. Guatemala. Versión CD. 42. Leiva, J.M.; Azurdia, C. y Ovando, W. (2000). Contribución de los huertos familiares para la conservación in situ de recursos genéticos vegetales: caso de la región semiárida de Guatemala. Tikalia 18(1): 7-34. 43. Leiva, J.M., et al. (2001). Contributions of home gardens to in situ conservation in traditional farming systems-Guatemalan 77
component. Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala/ International Plant Genetic Resources Institute. Rome, Italy. Proceedings of the Second International Home Gardens. 56-72 p. 44. Ley Forestal. Decreto Legislativo Número 101-96. Guatemala. 26 p. 45. López, E. (2001). Estructura y composición florística de los huertos familiares en el Departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Tesis de Grado. Facultad de Agronomía. Instituto de Investigaciones Agronómicas. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 88 p. 46. Martínez, M. (2003). Construcción de Capacidades para la incidencia ambiental. Instituto de Incidencia ambiental (IIA). Primer Borrador. Guatemala 30 p. 47. Mejia, A. y Tribouillier, E. 2003. Manejo descentralizado de recursos naturales por municipalidades. “Parque Regional Municipal de Quetzaltenango (PRMQ), Municipio de Quetzaltenango”. Municipalidad de Quetzaltenango. Probosques Helvetas. Guatemala. 17 p. 48. Miller, T. Jr. (1990). Resource Conservation and Management. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California. United States of America. 545 p. 49. Molina, M. y Beavers, J. (Eds). Estrategia y Plan de Acción Multi-institucional para la Conservación en Tierras Privadas en Guatemala. (2003). Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG)/ Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)/ Fundación para la Conservación de Recursos Naturales y Ambiente en 78
Guatemala (FCG)/ Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible (IDEADS)/ The Nature Conservancy (TNC). Guatemala. 35 p. 50. National Research Council. (1992). Restoration of Aquatic Ecosystems. Committee on Restoration ofAquatic Ecosystems. National Academy Press. Washington, DC. 51. Nuñez, O. (2004). Lineamientos de comanejo de las áreas protegidas de Centroamérica. Programa Regional Ambiental para Centroamérica. Componente de Áreas Protegidas y Mercado Ambiental. Guatemala. 33 p. 52. Oldfield, M.L., y Alcorn, J.B. (1987). Conservation of Traditional Agroecosystems: can age-old farming practices effectively conserve crop genetic resources? BioScience. American Institute of Biological Science. 37 (3): 199-208 53. Olivas, L. (2000). Parque Regional Municipal Quetzaltenango. Municipalidad de Quetzaltenango, Departamento de áreas protegidas municipal/ Helvetas-Probosques/ Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)/ The Nature Conservancy (TNC). Quetzaltenango, Guatemala. 16 p. 54. Olivas, L. (2000) Parque Regional Municipal Zunil. Municipalidad de Zunil/ HelvetasProbosques/ Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)/ The Nature Conservancy (TNC). Zunil, Quetzaltenango Guatemala. 16 p. 55. Ovando, W. (2001). Estructura y composición de los huertos familiares en la zona semiárida de Guatemala. Tesis de Grado. Universidad
de San Carlos de Guatemala. Facultad de Agronomía. Instituto de Investigaciones Agronómicas. Guatemala. 67 p. 56. Perfil Ambiental Ambiental de Guatemala. (2004). Universidad Rafael Landivar (URL). Instituto de Incidencia Ambiental (IIA)/ Instituto de Agricultura Recursos Naturales y Ambiente (IARNA). Guatemala. 461 p. 57. PROARCA/APM. (2004). Estrategia Regional para el Desarrollo de la Conservación en Tierras Privadas en Centroamérica. Programa Ambiental Regional para Centroamérica, Componente de Áreas Protegidas y Mercadeo Ambiental (PROARCA/APM)/ Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. Guatemala. 26 p. 58. Programa Regional Ambiental para Centroamérica (PROARCA), Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC), y World Comission of Protected Áreas (WCPA). (2003). El sistema centroamericano de áreas protegidas: Más de tres décadas de desafío en su conceptualización y gestión. 127 p. 59. Proyecto para la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano. (2003). El Corredor Biológico Mesoamericano: caracterización de corredores locales de desarrollo sostenible en el área prioritaria de la región occidental de Panamá. Autoridad nacional del Ambiente. 117 p. 60. PNUD. (2002). Quinto Informe Nacional de Desarrolló Humano “Mujeres y Salud”. Situación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Citado el día 17 de
mayo de 2005 del World Wide Web: (http://www.pnudguatemala.org/documentos /pdfs/informesdh/2002/011CapituloVII.pdf) 61. Red Mesoamericana de Recursos Fitogenéticos -REMERFI-. (2002). Glosario de términos útiles para el manejo de los recursos fitogenéticos. Henríquez, R. (ed.), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA San Salvador, El Salvador. 80 p. 62. Reyna, E. (1998). Manejo integrado de la cuenca del Lago de Amatitlán. Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). Citado el 2 de Mayo del 2005, del World Wide Web. . 63. Ríos, L. (2003). Plan de Conservación de sitio de la cadena volcánica de Atitlán. Programa Parques en Peligro-Proyecto de Atitlán. The Nature Conservancy (TNC). Universidad del Valle de Guatemala. Guatemala. 66 p. 64. Santizo, C. (2004). Región RECOSMO: una alternativa para la conservación y el desarrollo sostenible con visión regional. Guatemala. 31 p. 65. Secaira, F., y Castro, F. (1999). Conociendo el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)/CONAP/MAGA/GEF-PNUD. Guatemala. 82 p. 66. Secaira, E., Prado, P., y Pérez, S. (2003). Plan de Conservación de Sitos Valle del Motagua. Programa Parques en Peligro-Sistema Motagua Polochic/ The Nature Conservancy (TNC). Guatemala. 60 p.
79
67. Secaira, E. et al. (2001). Diseño del portafolio de sitios para la conservación de la biodiversidad de importancia global en el Altiplano Occidental de Guatemala. Proyecto Manejo Integrado de Recursos Naturales del Altiplano Occidental (MIRNA)/ Gobierno de Guatemala (MAGA/CONAP/INAB) - Banco Mundial/ The Nature Conservancy. 162 p. 68. Sobenes, A. (2004). Análisis y actualización del inventario de normativa y legislación existente sobre el tema de biotecnología y seguridad de la biotecnología y análisis de competencias institucionales de Guatemala. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Guatemala. 139 p. 69. UNEP/CDB. (2001). Convenio de Diversidad Biológica. Textos y Anexos. OACI, Canadá. 41 p. 70. USDA/CIAT/ IPGRI/FAUSAC (2005). Atlas de los parientes silvestres de las plantas cultivadas nativas de Guatemala. En edición final.
Páginas de Internet consultadas: 1. Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS) hhtp://www.arcasguatemala.com 2. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) http://www.concyt.gob.gt 3. Defensores de la Naturaleza (FDN) http://www.defensores.org.gt 4. Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (DIGI) http://digi.usac.edu.gt
80
5. Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG) hhtp://www.fcg.org.gt 6. Fundación ProPetén hhtp://proPetén.org 7. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos. 2001. Los Recursos Fitogenéticos de las Américas. http://www.ipgri.cgiar.org/regions/americas /programas/documentation.htm 8. Instituto Nacional de Bosques (INAB). 2004. http:/www.inab.gob.gt 9. Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA). http://proarca.org/headline.asp 10. The RAMSAR Convention of Wetlands. http://www.ramsar.org 11. Corredor Biológico Mesomaericano (CMB) http://www.biomeso.net/Magazin.asp 12. The Nature Conservacy (TNC). www.tnc.org 13. Fundación Naturaleza para la Vida (NPV). http://www.nrem.iastate.edu/projects/smaya/ guatemalaspa.htm 14. Conservation International. www.conservation.org/ 15. Union Mundial para la Naturaleza (UICN) http://www.iucn.org/bil/act.html
Registros consultados: 1. Registros del SIGAP actualizados a octubre del 2004, diciembre del 2004, marzo del 2005 y abril del 2005. 2. Registros de personal. Departamento de Recursos Humanos. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 3. Boleta Movimiento Turístico del Monumento Natural Semuc Champey. 2003.
Presentaciones citadas. 11. 1. Reservas Naturales Privadas Registradas en el SIGAP. 2. La Convención RAMSAR en Guatemala. Prioridades Nacionales para el próximo Trienio 2005-2008. Presentación para el día de los humedales. CONAP/RAMSAR. 3. Designación de nuevos humedales RAMSAR. Presentación para el día nacional de la Biodiversidad. CONAP/RAMSAR 4. Asociación de Rescate ARCAS. Presentación Memoria 2004. 5. Metodología y Proceso propuestos para la elaboración de Planes Maestros. TNC. 2005
12. 13. 14. 15. 16.
17. 18.
Personas entrevistadas: 19. 1. Lic. Jorge Ruiz. Director. Centro de Estudios Conservacionistas. Universidad de San Carlos de Guatemala (CECON) 2. M.Sc. Genoveva Martínez. Fundación Defensores de la Naturaleza 3. Lic. Daniel Ariano. Sección Monitoreo y Evaluación. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 4. Lic. Liseth Pérez. Sección Monitoreo y Evaluación. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 5. Lic. Claudia Quinteros. Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG) 6. Lic. Hilda Rivera. Directora Proyecto de Justicia Ambiental y Desarrollo (JADE) 7. Ing. Oscar Rosales. Coordinador Regional. Programa de Gestión Ambiental Local (PROGAL) 8. Ing. Omar Samayoa. Centro Agronómico de Investigación Tropical (CATIE) 9. Ing. Byron Villeda. Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) 10. Lic. Gloria Guevara. Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación
20.
21.
22.
23. 24.
25. 26.
27. 28.
(FUNDAECO) M.Sc. Juan Carlos Godoy. Especialista en Áreas Protegidas (PROARCA/APM) M.Sc. John Beavers. Director de País. The Nature Conservancy (TNC) Ing. Luis Pereira. Coordinador Académico Escuela Nacional de Agricultura (ENCA) Lic. Rosa Maria Chan. Director Ejecutivo. Fundación ProPetén Lic. Emy Díaz. Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) Lic. Fernando Castro. Director Unidades de Conservación. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) Lic. Roderico Pineda. Sección SIGAP. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) Lic. Colum Muccio. Director Financiero. Asociación de Rescate (ARCAS) Lic. Miriam Monterroso. Directora Ejecutiva. Asociación de Rescate (ARCAS) Lic. Marco Vinicio Cerezo. Director Ejecutivo. Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) Ing. Helmer Ayala. Consultor Recursos Genéticos. Proyecto Capacidades de Biodiversidad. OTECBIO-CONAP Dr. Cesar Azurdia. Director Proyecto Capacidades de Biodiversidad. OTECBIO-CONAP Lic. Mario Díaz. Unidad de Planificación. Instituto Nacional de Bosques (INAB) Ing. Juan Carlos Rosito. Unidad de Planificación. Instituto Nacional de Bosques (INAB) Ing. Ricardo Ávila. Coordinador Política Nacional de Humedales. CONAP Ing. Víctor Arriaza. Coordinador Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán (AMSCLAE) Sr. Carlos Morelty. Coordinador Unidad Técnica. Municipalidad de Cabañas, Zacapa Sr. Carlos Paz. Coordinador Unidad Técnica. Municipalidad de Morales, Izabal 81
29. Ing. Mauricio Corado. Coordinador Capitulo Sierra Caral. Fundación para el Ecodesarrollp y la Conservación (FUNDAECO). Morales, Izabal 30. Señor Roan Balas. Wildlife Conservation Society. (WCS) 31. Lic. Eduardo Mendoza. Director Financiero. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 32. Lic. Glenda Rodríguez. Subdirectora Patrimonio Cultural y Nacional. Instituto de Etnología, Antropología e Historia (IDAEH) 33. Lic. Jean Luc Betoulle. Director Ejecutivo. Fundación Mario Dary (FUNDARY). 34. Ing. Alvaro Orellana. Programa de Recursos Naturales. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas. ICTA 35. Ing. Erick Triboullier. Coordinador Unidad Técnica. Municipalidad de Quetzaltenango 36. Lic. Estuardo Secaira. The Nature Conservancy. Guatemala 37. Licda. Alejandra Sobenes. Directora Ejecutiva.
82
38. 39. 40. 41. 42. 43.
44.
45.
Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Sostenible (IDEADS) Licda. Jeanette de Noack. Centro de Acción Legal Ambiental (CALAS) Sr. Juan Carlos Ríos Espada. Sistema Integrado de Información SII-CONAP Lic. Walter Adrián Ruiz. Planificación y gestión Lic. Fernando García. Director Oficina Técnica de Biodiversidad. CONAP Licda. Nancy Montes. Oficina Técnica de Biodiversidad. CONAP Licda. Cecilia Cleaves. Directora Departamento de Educación y Fomento. CONAP Lic. Pedro Julio Tejeda. Coordinador Administrativo Financiero. Instituto Nacional de Bosques (INAB) Señor Gabriel Valle. Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. FUNDAECO, Guatemala
10. Anexos Anexo 1. Las
14 ecorregiones terrestres de Guatemala.
Ecorregión
Extensión en Guatemala 2 (Km )
Bosques húmedos del atlántico centroamericano
7,800
Bosques montanos centroamericano
5,670
Bosques montanos de Chiapas
201
Bosques húmedos de Petén, Veracruz
47,876
Bosques húmedos de la Sierra Madre
5,680
Bosques húmedos de Yucatán
166
Bosques secos centroamericanos
6,520
Bosques secos de la depresión de Chiapas
910
Manglares de la costa beliceña
385
Manglares del norte seco de la costa del Pacífico
150
Manglares de Tehuantepec-El Manchón
853
Manglares del norte de Honduras
23
Fuente: Perfil Ambiental de Guatemala, 2004.
Anexo 2.
Áreas de protección especial del SIGAP Área
Departamento
1
Abaj Takalik
Retalhuelu
2
Cumbre Alta
Izabal
3
Lago de Güija
Jutiapa
4
Laguna Chichoj
Alta Verapaz
5
Laguna de Ayarza
Santa Rosa
6
Laguna Perdida
Petén
7
Laguna Yolnabaj
Huehuetenango
8
Montaña Espíritu Santo
Izabal
9
Sabana del Sos
Petén
10
San Rafael Pixcayá
Chimaltenango
11
Sierra Caral
Izabal
12
Sierra Chinajá
Alta Verapaz
13
Sierra de los Cuchumatanes
Huehuetenango
14
Sierra de Santa Cruz
Izabal
15
Valle de La Arada
Chiquimula
Fuente: Uniddes de conservación -CONAP.
83
29. Ing. Mauricio Corado. Coordinador Capitulo Sierra Caral. Fundación para el Ecodesarrollp y la Conservación (FUNDAECO). Morales, Izabal 30. Señor Roan Balas. Wildlife Conservation Society. (WCS) 31. Lic. Eduardo Mendoza. Director Financiero. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 32. Lic. Glenda Rodríguez. Subdirectora Patrimonio Cultural y Nacional. Instituto de Etnología, Antropología e Historia (IDAEH) 33. Lic. Jean Luc Betoulle. Director Ejecutivo. Fundación Mario Dary (FUNDARY). 34. Ing. Alvaro Orellana. Programa de Recursos Naturales. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas. ICTA 35. Ing. Erick Triboullier. Coordinador Unidad Técnica. Municipalidad de Quetzaltenango 36. Lic. Estuardo Secaira. The Nature Conservancy. Guatemala 37. Licda. Alejandra Sobenes. Directora Ejecutiva.
82
38. 39. 40. 41. 42. 43.
44.
45.
Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Sostenible (IDEADS) Licda. Jeanette de Noack. Centro de Acción Legal Ambiental (CALAS) Sr. Juan Carlos Ríos Espada. Sistema Integrado de Información SII-CONAP Lic. Walter Adrián Ruiz. Planificación y gestión Lic. Fernando García. Director Oficina Técnica de Biodiversidad. CONAP Licda. Nancy Montes. Oficina Técnica de Biodiversidad. CONAP Licda. Cecilia Cleaves. Directora Departamento de Educación y Fomento. CONAP Lic. Pedro Julio Tejeda. Coordinador Administrativo Financiero. Instituto Nacional de Bosques (INAB) Señor Gabriel Valle. Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. FUNDAECO, Guatemala
Fundación Pro-Petén Organismo no gubernamental sin fines de lucro cuya misión es la conservación del patrimonio cultural y natural de Petén. Entre sus actividades principales se encuentran la implementación y manejo de la Estación Biológica Las Guacamayas en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en donde tienen 10 años de investigación y monitoreo de la Guacamaya roja (Ara macao). La Fundación también contribuye al manejo de la reserva comunitaria Bio-Itzá, de 36 Kms. 34 ubicada en San José Petén. Entre las operación de manejo se encuentra el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de la Asociación Itzá. De igual forma, se desarrollan proyectos de manejo de Xate (Chamaedorea sp), granjas integrales, programas de capacitación a mujeres, programas de ecoturismo comunitario, turismos científico, agricultura orgánica; así como un proyecto de 6 años de establecimiento y manejo micro-granjas y huertos familiares para el cultivo de especies locales que ya están siendo cultivadas. Los programas de servicio y sensibilización pública incluyen la planificación familiar, el tema de las
migraciones y la educación ambiental. La educación es la base importante de esta organización como apoyo al fortalecimiento de la conservación. Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) Organización no gubernamental sin fines de lucro, cuya misión es la de conservar la naturaleza promoviendo el desarrollo forestal y consolidando un modelo regional de manejo sostenible del bosque. Realiza investigación forestal y promueve los servicios del bosque para identificar, probar y adoptar alternativas que permitan obtener otros productos y/o beneficios de manera sostenible (NPV, 2005). A3K Promueve el manejo adecuado de la ruralidad, proceso que consiste en descubrir en términos ecológicos, económicos y sociales, la diversidad de culturas y la disponibilidad de recursos naturales y arqueológicos que generan servicios ambientales, biodiversidad y belleza escénica que, bien manejados, representan riqueza y desarrollo para las comunidades (A3K, 2005).
34
Esta Reserva no está dentro del SIGAP. No existe categoría de manejo, se está iniciando su estudio técnico para proponerla bajo la categoría de Reserva Comunitaria Indígena.
85
Anexo 5. Sistema
Guatemalteco de Ă reas Protegidas
Incluye Parques Regionales Municipales y Reservas Naturales Privadas Actualizado a mayo del 2005 Fuente: SIG-CONAP, 2005
86
Anexo 6
Región de conservación y desarrollo sostenible Sarstún-Motagua (RECOSMO)
Proporcionado por FUNDAECO, 2005
Áreas Protegidas de la Región RECOSMO: 1. Biotopo del Quetzal 2. Bocas de Polochic 3. Cerro San Gil 4. Chocón Machacas 5. Punta de Manabique 6. Río Dulce 7. Río Sarstún 8. Sierra de las Minas 9. Sierra Santa Cruz (Santizo, 2004).
87
Anexo 7
Mapa de corredores biol贸gicos y 谩reas protegidas del SIGAP
Fuente: SIG-CONAP, 2005
88
Anexo 8
Tramos Corredor Biol贸gico del Caribe
Fuente: SIG-CONAP, 2005
Anexo 9
Corredor Reserva de Biosfera Sierra de las Minas-Biotopo del Quetzal, Mario Dary
Fuente: Defensores de la Naturaleza, 2005
89
Anexo 10
Corredor Refugio de Vida Silvestre Bocas del PolochicReserva de Biosfera Sierra de las Minas
Fuente: Defensores de la Naturaleza, 2005
Anexo 11
Propuesta del Corredor Biol贸gico del Sur (COBIOSUR)
Fuente: FUNDAECO, 2005
90
Anexo 12
Cadena volc谩nica occidental y corredores biol贸gicos del altiplano guatemalteco
Fuente: Secaira et al, 2001. Informe del PROYECTO MIRNA
91
Anexo 13
Corredores del departamento de Izabal, Guatemala
Fuente: SIG-CONAP, 2005
92