CUARTA PARTE ESTRATEGIA PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL RIEGO EN LA ARGENTINA (PROPUESTA Y ACCIONES)
tean la presencia de organismos de coordinación, encargados de ejecutar los planes nacionales de riego definidos con acuerdos globales entre los sectores involucrados en este uso del agua. Por ejemplo, en esquemas como los utilizados en EE.UU., España o Francia, predomina la intervención de prestadores de servicios privados o la constitución de consorcios de empresas pequeñas para intervenir en la aplicación de tecnologías del riego, durante las diferentes fases productivas de los cultivos. Una faceta claramente visible en regímenes vigentes en diferentes países del mundo, es la existencia y atención especial a objetivos claros y metas medibles, lo que contribuye a otorgar un soporte de confiabilidad y estabilidad a las políticas públicas de riego. Este ejercicio de análisis cuantitativo también ayuda a focalizar aún más las acciones existentes y a evaluar su real conveniencia, ajustando los desvíos y fortaleciendo los logros conseguidos. De esta forma, también se facilita la superación de coyunturas y conflictos sociales y económicos en relación al recurso, priorizando la faz técnica y la optimización en el uso eficiente del agua de riego. Sin embargo, la mayor virtud de este tipo de ejercicios es que realza claramente la orientación que los países deben tomar en cuanto al manejo estratégico y sostenible de sus recursos hídricos, sin dejar dimensiones libradas al azar, realizando estudios serios que permitan su control y asegurando un financiamiento constante que promueva el cumplimiento de la visión anhelada. Sumado a ello, se requiere de la formalización y seguimiento de los compromisos asumidos por las diferentes estructuras del Estado que tienen influencia o intereses en cómo evolucionará el uso de agua en el sector agrícola, tales como Ministerios de Economía o Producción, e incluso las áreas de Hacienda y Obras Públicas, sin excluir Desarrollo Social e Integración. Los acuerdos deberán prever instrumentos simples pero efectivos, como convenios interinstitucionales o resoluciones de las máximas autoridades, que den un sustento legal a su participación en el futuro de los recursos hídricos. Existe evidencia para afirmar que no siempre se requiere de la creación de nuevas estructuras administrativas. La recomendación
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más saludable en estos casos consiste en potenciar las funciones que los organismos existentes ya poseen, usando como criterio las características de los mismos para seleccionar el más apto. Tales dimensiones, de modo no exhaustivo, pueden ser: la alineación de su visión con la de la Estrategia de Riego a nivel nacional, la eficiencia actual, el cumplimiento de sus objetivos, la buena relación con usuarios, la disposición de sistemas de información, monitoreo y evaluación funcionando adecuadamente y, sobre todo, la voluntad de convertirse en referente de la política hídrica para riego. Asimismo, debe tenerse en cuenta la dependencia jerárquica de la coordinación de cualquier estrategia de este tenor, y la provisión de herramientas para lograr un funcionamiento independiente. En relación a esto y citando la política hídrica española1, debe considerarse el respeto a los principios de corresponsabilidad y coordinación entre los distintos niveles de gobierno (nación, provincias y municipios), y las expectativas y necesidades de los diversos actores participantes del sistema. La traducción práctica del principio de corresponsabilidad consiste en la participación de los niveles administrativos en la planificación, ejecución y financiación de las actuaciones. Lógicamente, la contrapartida de la corresponsabilidad es la cooperación, de modo que tales intervenciones deberán ser programadas y convenidas a niveles ministeriales y sus correspondientes correlatos a nivel provincial en materia de regadíos. Con respecto a la coordinación institucional, es saludable profundizarla pues resulta esencial para lograr la coherencia entre las administraciones hidráulicas y agropecuarias en los mencionados niveles gubernamentales. Ello tendrá un efecto multiplicador en la eficacia conjunta de la planificación hidrológica y la de regadíos, que deberá contemplar efectos y mejoras tanto a corto como a mediano plazo, fijar un horizonte temporal y tener en consideración la coyuntura actual. 1
Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008, Cap. 1 “Justificación de un Plan Nacional de Regadíos”, Ministerio de Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España.