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TURQUÍA Foto: José Ángel Gómez de Caso Canto

Boletín Semanal

Ilustre Colegio Oficial de

Médicos de Segovia

2012

www.comsegovia.com Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012

Pº Conde Sepúl ve da , 24 Teléf. 921 42 21 04 921 42 21 66 FAX 921 45 21 81 http://www.comsegovia.com a d min is tracion@co msegovia .co m

Nº 200


Indice de Contenidos Boletín Nº 200 Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012

Fotos de la Portada del Boletín.. . . . . . . . . . . 3 Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Lista única provincial para el nombramiento de personal interino en puestos adscritos a funcionarios sanitarios de centros y establecimientos sanitarios de la Gerencia de Salud de Castilla y león . . . . . 4

Ofertas de Viajes de Viajes Halcón para los Colegiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Noticias Sanitarias de los Medios de comunicación de Segovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La campaña antigripal acapara más del 50% de la vacunación anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 El Adelantado de Segovia de 17 de julio de 2012 página 11

El centro Los Olmos da cobertura a los veraneantes que requieren hemodiálisis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 El Adelantado de Segovia de 18 de julio de 2012 página 4 y 5

DOCUMENTO DE LA OMC SOBRE COLEGIACIÓN UNIVERSAL DE LOS MÉDICOS. . 4

Los facultativos del Hospital General de Segovia donarán sus dietas de las guardias a Médicos Sin Fronteras . . . . . . 13

VII Convocatoria de Becas Proyectos de Investigación Clínica Curso de 2012 de la Fundación Dexeus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Los facultativos del Hospital General donarán su dietas de 25 céntimos a Médicos sin Fronteras. . . . . . . . . . . . 13

El Colegio colabora con neomed, la red profesional de médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ofertas de Empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ofertas de Empleo de conttigo – consulting & services . Facultativo Especialista en Gastroenterología y Especialista en Medicina Interna con subespecialización en Neumología ó Residente para especializarse en Medicina Interna, subespecialidad Neumología.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Puestos de trabajo para médicos de familia en Irlanda . . . 5 Ofertas de empleo de Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Grupo Clave Servicios Empresariales selecciona Director Médico del Trabajo para importante empresa de ámbito nacional con sede en Lugo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA: MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA . . . . . . . 7 Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León BUSCA LICENCIADOS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN SEGOVIA Y PROVINCIA Y EN CASTILLA Y LEON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 OFERTA DE EMPLEO DE MEDICO DE TRABAJO EN GUIPUZCOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

El Norte de Castilla de 20 de julio de 2012 página 7

El Adelantado de Segovia de 20 de julio de 2012 página 8

Anexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012

Fotos de la Portada del Boletín. Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto. Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad Queridos compañeros: Queremos recopilar desde el Colegio, fotos de compañeros o de actividades sanitarias que tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad, el propósito es hacer un álbum que luego compartiríamos todos a través de Internet en nuestro acceso restringido de la página Web . Si podéis escaneárnoslas con calidad y enviarlas, o bien traerlas al Colegio y las escaneamos devolviéndolas posteriormente; de esta forma tendríamos una memoria gráfica de los médicos de Segovia Gracias y un abrazo para todos Juan Manuel Garrote Díaz Presidente ICOM

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012

Lista única provincial para el nombramiento de personal interino en puestos adscritos a funcionarios sanitarios de centros y establecimientos sanitarios de la Gerencia de Salud de Castilla y león Adjuntamos documento en la sección de Anexos

DOCUMENTO DE LA OMC SOBRE COLEGIACIÓN UNIVERSAL DE LOS MÉDICOS Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

VII Convocatoria de Becas Proyectos de Investigación Clínica Curso de 2012 de la Fundación Dexeus Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

El Colegio colabora con neomed, la red profesional de médicos

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es para ofrecer a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de médicos. La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación con menos limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir experiencias sea cada vez más sencillo. En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional donde el médico puede: • conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla, • compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo, • acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido compartida y comentada por el resto de médicos de la comunidad.

El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040 PAGINA

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012

Ofertas de Empleo Oferta de empleo del Hospital “Virgen de la Luz de Cuenca” Adjuntamos oferta en la sección de anexos

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos en Hospitales en el NHS (Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. Actualmente estamos buscando: 4 Medicos Especialistas en Geriatria Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato inicial. El sueldo es de entre £ 74.000 y £ 101000 libras al año para las horas de trabajo no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en el norte Londres,e Manchester cerca al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en españ para el fin de semana: iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales aeropuertos españolos. GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia para el registro de GMC (Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al Reino Unido. La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos Para más información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: Emma Keeler Head of International Resourcing – GlobalMediRec emmakeeler@globalmedirec.com +44 203 2392699 +44 7881 590203

Ofertas de Empleo de conttigo – consulting & services . Facultativo Especialista en Gastroenterología y Especialista en Medicina Interna con subespecialización en Neumología ó Residente para especializarse en Medicina Interna, subespecialidad Neumología. Adjuntamos las oferta en la sección de Anexos

Puestos de trabajo para médicos de familia en Irlanda Stanwood Medical Services requiere médicos de famila que hablen inglés para trabajar en Irlanda. Curso de orientación previo es ortorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta duración son disponibles. Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@stanwoodmedicalservices.com or llamar al teléfono +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.com”

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Ofertas de empleo de Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust es una organización en constante crecimiento que busca experimentados, entusiastas, flexibles y comprometidos doctores en un amplio rango de especialidades, dentro de las que se destacan las siguientes: · Psiquiatría General en Adultos y Geriátrica · Problemas de Aprendizaje · Forense · Salud mental en niños y adolescentes El rango salarial varia entre 45.000€ y 80.000€S dependiendo de la experiencia previa, mas excelentes beneficios. El proceso de selección tendrá lugar en Valencia, España los días 13 y 14 de Julio para aquellos candidatos que hayan pasado la entrevista previa por Skype. Para mas información acerca de las oportunidades que ofrecemos y para ser tenido en cuenta para el proceso de selección, por favor enviar CV en ingles, formato Word, titulado “Doctor for the UK” a la siguiente dirección: carlos.perez@bestpersonnel.ie Carlos Perez 3 Sandyford Office Park, Sandyford, Dublin E-mail: carlos.perez@bestpersonnel.ie http://bestpersonnelpt.webs.com www.facebook.com/BESTPERSONNEL

Grupo Clave Servicios Empresariales selecciona Director Médico del Trabajo para importante empresa de ámbito nacional con sede en Lugo. Requisitos mínimos: • Licenciado/a en Medicina, especialidad en Medicina del Trabajo. • Imprescindible experiencia mínima en puesto similar de al menos 5 años. • Disponibilidad para viajar a nivel nacional. • Fijar residencia en Lugo. • Trabajo en equipo y orientado a resultados. • Organizar y dirigir un equipo de trabajo. Funciones del puesto • Analizar la situación de las delegaciones nacionales a su cargo. • Supervisión, control y coordinación de la actividad desarrollada por el Área Médica de las Delegaciones. • Proponer las Acciones Correctoras necesarias para conseguir los objetivos planificados. • Realizar el seguimiento de los planes de actuación a nivel nacional. • Transmitir la política y criterios médicos de la Compañía.

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Interesados/as envíen CV a las siguientes direcciones de correo electrónico: - formacionclave@grupoclave.es - comercial@grupoclave.es

Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir Ezequiel Gonzalez, 30 SEGOVIA Interesados llamar al teléfono: Teléfono 921 46 08 00 · Email: clara@malga-prevencion.com

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA: MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR INTERESADOS LLAMAR A

SARA ROCALBA MÉNDEZ TLF: 921 41 32 40 O ENVIAR CV A PSO OBISPO QUESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León BUSCA LICENCIADOS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN SEGOVIA Y PROVINCIA Y EN CASTILLA Y LEON OFRECEMOS: • Trabajo como Médico de Colectas para sustituciones de vacaciones de verano y fechas puntuales en Segovia y/o provincia. Y en varias provincias de la Comunidad de Castilla y León. • Retribución muy interesante. • Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. • Se valorará carné de conducir B y disponibilidad de vehículo propio. INTERESADOS • Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo Filipinos s/n. 47007 Valladolid. • Tfno. 983 10 16 80 de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes • E-mail: sfernandezfe@saludcastillayleon.es

OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro especializado en traumatología y neurología) ZONA: NORMANDÍA

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012 SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro especializado en traumatología y cardiología) ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro especializado en traumatología-ortopedia, neurología y cardio-vascular) ZONA: PROVENCE-ALPES CÔTES D’AZUR SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: - NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN ZONA: NORTE DE FRANCIA SALARIO: A PARTIR DE 4.000 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro especializado en traumatología cancerología y respiratorio) ZONA: ILE DE FRANCE SALARIO: A PARTIR DE 3.800 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA ESPECIALIDAD: CARDIOLOGO PARA HOSPITAL PÚBLICO GENERAL ZONA: RHÔNE-ALPES SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA PAGINA

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ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL PUBLICO GENERAL ZONA: RHÔNE-ALPES SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL PUBLICO UNIVERSITARIO ZONA: CENTRO DE FRANCIA SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS ZONA: CENTRO DE FRANCIA SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES TIPO CONTRATO: INDEFINIDO ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 28723 PEDREZUELA MADRID TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 FAX: (00 34) 91 844 03 76 Mail: info@seleuropa.com web: www.seleuropa.com

OFERTA DE EMPLEO DE MEDICO DE TRABAJO EN GUIPUZCOA Posición: MÉDICO DEL TRABAJO. Lugar de trabajo: Guipúzcoa. Formación: Licenciado en Cirugía y Medicina, especialidad Medicina del Trabajo. Experiencia: • Al menos 2 años de experiencia en vigilancia de la salud, asistencia a accidentados y asistencia en consulta médica. • Conveniente experiencia en prevención de riesgos laborales. • Funciones: • Dirección del servicio de salud laboral dentro de la normativa vigente y cumplimento de las políti-

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012 cas de la compañía. • Diseño, desarrollo e implantación de planes y medidas efectivas que garanticen la vigilancia de la salud de los trabajadores del centro. • Proporcionar consulta médica y atención de urgencias a los trabajadores del centro. • Planificación y coordinación de las actividades de ergonomía y psicosociología. • Salario: • A valorar, en función de la valía del candidato. Datos de contacto: Jose Luis Salamanca jlsalamanca@adhocexecutive.com

Ofertas de Viajes de Viajes Halcón para los Colegiados

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012

Noticias Sanitarias de los Medios de comunicación de Segovia La campaña antigripal acapara más del 50% de la vacunación anual

Las vacunas son un instrumento preventivo útil para todos los ciudadanos, pero especialmente para los niños, los adolescentes y las personas de más edad. El Adelantado de Segovia de 17 de julio de 2012 página 11 La campaña antigripal desarrollada en otoño concentró más del 50 por ciento del programa de vacunación realizado por la Consejería de Sanidad de Castilla y León durante el año 2011 en la provincia de Segovia. En total, el departamento regional de Sanidad administró el pasado año 70.582 vacunas a la población de Segovia. De esta importante cifra, la campaña de vacunación contra la gripe que se aplica en el mes de octubre se llevó 37.277 dosis. Las campañas de primovacunaciones, generalmente para bebés y niños, ocupan el segundo lugar en la lista de dosis administradas con un total de 11.294 y las dirigidas a escolares el tercero puesto con un total de 7.243 vacunas suministradas. Hay un grupo, denominado por la administración “otras vacunas infantiles” que sumó un total de 7.289 dosis. De las vacunas para adultos, se dispensaron 5.165, a las que habría que sumar las puestas para evitar la gripe, ya citadas, y las de la campaña antineumocócica con la que se repartieron 1.505; así como pautas correctoras, 667; y 132 vacunas aplicadas en otros colectivos e instituciones. La vacunación constituye una de las medidas más eficaces de Salud Pública para la prevención de importantes enfermedades y

se ha demostrado que es una intervención sanitaria de importante repercusión y gran valor entre la población. Este instrumento preventivo es útil a todos los ciudadanos, pero especialmente lo es para la infancia, la adolescencia y las personas de más edad. Universalidad El programa de vacunaciones de Castilla y León se caracteriza por su universalidad, ya que está planificado por parte de la Consejería de Sanidad para llegar a toda la población; y por su gratuidad, debido a que todas las vacunas incluidas en el calendario obligatorio, así como las campañas de vacunación específicas ofertadas al 100% de la población son gratuitas, según remarca la Consejería de Sanidad en un comunicado de prensa. Profilaxis para viajeros El Centro de Vacunación Internacional que tiene su sede en el Servicio Territorial de Sanidad atendió en 2011 a 690 personas a las que suministró 1.924 vacunas. También proporcionó quimioprofilaxis del paludismo a 325 personas. Del total de ciudadanos atendidos, 621 procedían de la provincia de Segovia, 34, de otras provincias de Castilla y León y 35, de otras Comunidades Autónomas. La quimioprofilaxis se aplica para evitar que los viajeros contraigan enfermedades como la polio, la encefalitis japonesa y centroeuropea, la fiebre amarilla, la meningitis tetravalente, la fiebre tifoidea o la rabia, entre otras. Con estas medidas, se protegió a aquellos ciudadanos que han viajado a zonas geográficas en las que es posible contraer enfermedades infecciosas diferentes a las de su entorno habitual, que en 2011 fueron sobre todo India, Tailandia, Perú y Kenia. La actividad diaria de los especialistas en vacunación internacional está logrando que los ciudadanos se conciencien cada vez más

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012 sobre la importancia de preparar sus viajes con antelación, informarse con detalle sobre las peculiaridades del país al que van, y tomar las medidas sanitarias necesarias para no padecer problemas inesperados. Y esto se refleja en el incremento paulatino que ha registrado año tras año el número de vacunas internacionales dispensadas a través de los servicios del Sistema Regional de Salud, según ha explicado la Consejería de Sanidad. Las pautas de vacunación y profilaxis que se establecen en estos centros están diseñadas por profesionales y se basan siempre en un plan individualizado que se establece en función del país y zona de destino, época del año, tipo de viaje y duración del mismo.

El centro Los Olmos da cobertura a los veraneantes que requieren hemodiálisis

El servicio de la Fundación Renal aumenta un cincuenta por ciento su actividad y abre un tercer turno de trabajo durante los meses estivales para atender la demanda de pacientes renales desplazados a Segovia. El Adelantado de Segovia de 18 de julio de 2012 página 4 y 5 Si para cualquier persona planificar las vacaciones de verano y los desplazamientos de varios meses ya supone realizar un amplio trabajo previo de búsqueda y selección de servicios, mucho papeleo, tramitación y gestión, para los pacientes renales sometidos a tratamiento de hemodiálisis, que normalmente son personas mayores, los preparativos son aún más complejos y a veces resultan infructuosos. Encontrar un destino donde el enfermo pueda estar conectado varias horas al día y varios días a la semana a un riñón artificial es un éxito. Esa oportunidad se brinda en Segovia gracias a la actividad que desarrolla el centro de hemodiálisis Los Olmos, de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo (FRIAT), en concierto con Sanidad de Castilla y León (Sacyl).

El centro concertado, que trabaja en coordinación con el servicio de Nefrología del Hospital General, asume dar la prestación de hemodiálisis a los pacientes desplazados a Segovia, entre los que se encuentran muchos “hijos de la provincia” que habitualmente residen en la Comunidad de Madrid y regresan a sus localidades de origen desde las últimas semanas de la primavera al final del verano. La atención a los desplazados aumenta un cincuenta por ciento la actividad del centro Los Olmos, requiere la apertura de un tercer turno de trabajo y de funcionamiento de las máquinas de diálisis —riñones artificiales — y mantener el servicio abierto de lunes a sábado con jornadas de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Aún así, la demanda de plazas estacionales supera la oferta y quedan solicitudes sin poder atender, tal y como ha confirmado el responsable de Enfermería y de Gestión del centro de la Fundación Renal, Jorge Berea Ruiz. La actividad ordinaria de la unidad ubicada en instalaciones del Hospital Recoletas-La Misericordia se centra en unos 28 pacientes que durante todo el año acuden en dos turnos, mañana y tarde, los lunes, miércoles y viernes para estar conectados a las máquinas durante sesiones de tres horas y media a cuatro y media, según las características de cada enfermo. Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se abre un tercer turno de actividad en horario de mañana los martes, jueves y viernes para recibir a los quince pacientes de hemodiálisis que pasan este verano en la provincia. “Otros veranos hemos acogido a una veintena de desplazados porque teníamos menos pacientes habituales de Segovia”, ha indicado Jorge Berea Ruiz, detallando a la vez que la plantilla del centro es de doce personas, incluyendo nefrólogos, personal de enfermería, de limpieza y un técnico de tratamiento de agua (necesario para la actividad de las máquinas que limpian la sangre). “Para reforzar los meses de

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012 verano y cubrir las vacaciones se contratan dos enfermeras, dos auxiliares de enfermería y una persona para limpieza”, ha detallado el coordinador de Los Olmos. Berea Ruiz asegura que las solicitudes de plazas para el verano empiezan a llegar en el mes enero. La mayoría son personas que tienen casas en los pueblos de Segovia y más del 90 por ciento proceden de la Comunidad de Madrid, pero también vienen de Aragón y del País Vasco. Muchos repiten de año en año y hay dos o tres solicitudes de tratamiento durante cinco meses. Las solicitudes se estudian atendiendo al orden de registro, los informes médicos, el tiempo de estancia y las características del paciente. “Intentamos coger personas“validas” porque esto no es un hospital o una residencia”, comenta Berea Ruiz remarcando que los servicios son gratuitos para los pacientes. También precisa que a los solicitantes se les realiza una revisión médica porque en la selección final de usuarios “prima criterio de los facultativos”. Jorge Berea Ruiz asegura que el equipo de trabajadores del centro Los Olmos está muy satisfecho de poder ofrecer esta prestación porque entiende que “son enfermos crónicos que dependen de un monitor tres días a la semana, generalmente personas muy mayores, pero que están muy bien, pueden moverse, cambiar de ciudad y no tienen que quedarse obligatoriamente en su lugar de residencia habitual”. El equipo de la Fundación Iñigo Álvarez de Toledo también ayuda a sus pacientes a buscar centros de hemodiálisis fuera de la provincia cuando por cualquier circunstancia, como el veraneo, quieren trasladarse. Las solicitudes en este caso se dirigen a localidades próximas al mar Mediterráneo.

Los facultativos del Hospital General de Segovia donarán sus dietas de las guardias a Médicos Sin Fronteras

La plantilla percibía desde junio 25 céntimos como contraprestación a la supresión de la manutención durante estas jornadas El Norte de Castilla de 20 de julio de 2012 página 7 Los facultativos del Hospital General de Segovia han anunciado a través de un escrito que donarán a la ONG Médicos Sin Fronteras sus dietas de 25 céntimos con las que la gerencia del centro sustituye los menús de comida y cena durante las guardias de 24 horas. La intenión es que que la organizaciónd¡istribuya este dinero recaudado entre las personas que lo necesitan más, argumenta el colectivo del complejo asistencial, según informa Ical. El Hospital General eliminó la manutención a los profesionales sanitarios de guardia que, hasta junio, tenían asignado un menú a mediodía y otro en horario de cena durante estas jornadas extraordinarias, es decir, aquellas en las que durante 24 horas permanecen en el centro. Después de esta supresión, la gerencia asignó una contraprestación de 25 céntimos a cada facultativo, durante esa estania laboral. La medida se suma a otros ajustes del complejo hospitalario así como la ampliación de 37,5 horas de su jornada semanal.

Los facultativos del Hospital General donarán su dietas de 25 céntimos a Médicos sin Fronteras

El Adelantado de Segovia de 20 de julio de 2012 página 8 Los facultativos del Hospital General de Segovia anunciaron a través de un escrito que donarán sus dietas de 25 céntimos, con las que la gerencia del centro sustituye los

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Secciones Informativas Boletín Nº 200 Semana del Semana del 23 de julio al 29 de julio de 2012 menús de comida y cena durante las guardias de 24 horas, a Médicos Sin Fronteras, para que se distribuyan entre las “personas que lo necesitan más”. El Hospital General de Segovia, a través de su gerencia, eliminó la manutención a los profesionales sanitarios de guardia que, hasta junio, tenían asignado un menú a mediodía y otro en horario de cena durante las jornadas de guardia, es decir, aquellas en las que durante 24 horas permanecen en el complejo asistencial. Tras la eliminación de la manutención a estos profesionales, la gerencia asignó una contraprestación de 0,25 céntimos de euro a cada facultativo, durante sus jornadas de estancia de 24 horas. La medida se suma a otros ajustes del complejo hospitalario así como la ampliación de 37,5 horas de su jornada semanal.

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Anexos A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

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COLEGIACIÓN UNIVERSAL DE LOS MÉDICOS

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos


ÍNDICE DE DOCUMENTOS    1.

ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL Y SUS OBJETIVOS. 

2.

JUSTIFICACIÓN  DE  LA  COLEGIACIÓN  OBLIGATORIA  DE  LOS  MÉDICOS AL SERVICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA SALUD Y EL  PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

3.

ARGUMENTACIÓN BASADA EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA. 

4.

APOYO DE LAS ORGANIZACIONES MÉDICAS INTERNACIONALES:  ‐ CEOM: Consejo Europeo de Organizaciones Médicas.  ‐ AEMH: Asociación Europea de Médicos de Hospitales.  ‐ FIEM: Foro Iberoamericano de Entidades Médicas. 

5.

COLEGIACIÓN  OBLIGATORIA  DE  LOS  PROFESIONALES  MÉDICOS.  ANÁLISIS ECONÓMICO. 

6.

CUMBRE  MÉDICO  ENFERMERA  POR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  PACIENTES. 

7.

LEGITIMACIÓN  DEMOCRÁTICA  Y  SOCIAL  DE  LA  COLEGIACIÓN  UNIVERSAL DE LA PROFESIÓN MÉDICA.  

 


1.  ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL  Y SUS OBJETIVOS 


Qué es la Organización Médica Colegial y cuáles son sus objetivos.  La  Organización  Médica  Colegial  de  España  (OMC)  es  el  organismo  que,  formado  por  el  Consejo    General,  los  Colegios  Provinciales  (52)  y  sus  correspondientes  Consejos  Autonómicos  (17),  sirve  de  representante  de  los  médicos  colegiados  de  España,  actuando  como  salvaguarda  de  los  valores  fundamentales de la profesión médica: la deontología y el código ético. 

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Somos una  corporación de derecho público amparada por la ley y reconocida  por el Estado, que es competente en los siguientes ámbitos:    Registro de profesionales  Representación de la profesión en el ámbito nacional e internacional  Ordenación y regulación del ejercicio de la profesión  Función  de  control  de  contenidos  de  formación  y  académicos  de  los  títulos  universitarios de los médicos, los cuales son la base para la homologación del  ejercicio profesional.   Emisor, receptor de certificaciones e informes de todo tipo, específicamente los  que  tienen  que  ver  con  la  idoneidad  profesional  o  certificados  de  situación  profesional  para  cualquier  médico  que  salga  de  nuestras  fronteras  ó  cuando  nos lo comunican otros países.  Expedientes  disciplinarios/comunicación  de  sanciones  ó  expedientes  de  inhabilitación para el ejercicio profesional. (emisor‐receptor).  Control deontológico de la profesión y sus valores en la buena praxis médica.  Sistema  Español  de  Acreditación  de  la  Formación  Médica  Continuada  (SEAFORMEC):  desde  el  año  2002,  se  otorga  al  Consejo  General  de  Colegios  Médicos la gestión de la FMC por parte del Ministerio de Educación, Cultura y  Deporte  y  el  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo,  reconociéndosenos  como  Autoridad Competente en las funciones relativas a la Acreditación de la FMC en  el  ámbito  de  la  profesión  médica,  expedición  de  “certificados”  y  emisión  de  “informes” a los efectos de evaluación y supervisión��de dichas actividades.  Somos  una  entidad  de  certificación  digital  y  autoridad  de  registro  profesional  reconocida  por  el  Ministerio  de  Industria,  proporcionando  una  herramienta  para la certificación digital de la profesión médica.  Regulación de los flujos migratorios de médicos (inputs/outputs) tanto dentro  como fuera de la UE. 

  En    el  ámbito  internacional  ocupa  una  Vicepresidencia  en  tres  organizaciones  de  médicos que son: la Unión Europea de Médicos Especialistas, UEMS; la Unión Europea  de  Médicos  Generalistas,  UEMO;  y  Consejo  Europeo  de  Organizaciones  Médicas,  CEOM.     Es  miembro  también  de  otras  organizaciones  médicas  europeas  como  la  Asociación  Europea  de  Médicos  de  Hospitales,  AEMH;  el  Grupo  Permanente  de  Trabajo  de  Médicos  Europeos  en  Formación,  PWG;  y  el  Grupo  de  Asociaciones  Médicas  del  Mediterráneo, GIPEF.   


Pertenece  a  la  red  de  Profesionales  Sanitarios  Transfronterizos,  HPCB  y  está  representado en el Consejo Europeo de Profesiones Liberales, CEPLIS a través de Unión  Profesional, UP.   


2.  JUSTIFICACIÓN DE LA COLEGIACIÓN  OBLIGATORIA DE LOS MÉDICOS   AL SERVICIO DEL SISTEMA   NACIONAL DE LA SALUD Y EL   PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS  PROFESIONALES 


LA JUSTIFICACIÓN DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS MÉDICOS AL SERVICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA SALUD Y EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES (*). _____________________________________________________________ Por Pedro González Salinas - Asesor Jurídico del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. _____________________________________________________________  I.-INTRODUCCIÓN II. LA INCIDENCIA DE LA LEY ÓMNIBUS EN LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES.  III. PUNTO CLAVE: DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO. IV.LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LA FUTURA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES. V. PROPUESTA FINAL

I.

INTRODUCCIÓN

La futura Ley de Servicios Profesionales trae causa en el informe emitido en el año 2008 por la Comisión Nacional de la Competencia, titulado “El sector de servicios profesionales y Colegios Profesionales”, que parte de la premisa de que en la actualidad, y pese a la reforma introducida en su día en la Ley estatal de Colegios profesionales a instancias del conocido informe de 1992 de Tribunal de Defensa de la Competencia, sigue existiendo una serie de restricciones a la competencia, no ya dentro de la propia regulación de los Colegios Profesionales, sino dentro del régimen jurídico de acceso a la profesión a través de la obtención de los títulos y del ejercicio profesional en sí mismo considerado, lo que implica, dice, la necesaria modificación legislativa. Y esa necesaria modificación legislativa empezó a fraguarse al transponerse a nuestro Derecho interno la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre, relativa a los Servicios de Mercado Interior, primero con la denominada Ley Paraguas (Ley 17/2009, de 23 noviembre, de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), y después con la llamada Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). Sucede que tanto la Directiva, como la Ley Paraguas, dejan fuera de su ámbito de aplicación a los servicios sanitarios (1) y, sin embargo, la Ley Ómnibus,

_________________________________________________________________________________________  (*)  El  presente  trabajo  corresponde  a  la  comunicación  presentada  el  día  21  de  junio  de  2011  en  el  XX  Congreso  de  Derecho y Salud organizado por la Asociación de Juristas de la Salud, celebrado en Murcia.     (1) El  artículo  2  de  la  Directiva  dispone  que  no  se  aplicará  a  las  actividades  siguientes:  “...  f)  los  servicios  sanitarios,  prestados  o  no  en  establecimientos  sanitarios,  independientemente  de  su  modo  de  organización  y  de  financiación  a  escala  nacional  y  de  su  carácter  público  o  privado”. Y el artículo 2.2 de la Ley Paraguas establece que quedan exceptuadas del ámbito de aplicación: “…  f) Los  servicios  sanitarios,  incluidos  los  servicios  farmacéuticos,  realizados  o  no  en  establecimientos  sanitarios  e  independientemente de su modo de organización y de financiación a escala estatal y de su carácter público o privado,  prestados  por  profesionales  de  la  salud  a  sus  pacientes,  con  objeto  de  evaluar,  mantener  o restaurar  su  estado  de  salud, cuando estas actividades estén reservadas a profesiones sanitarias reguladas”. 

 


ante la presión forzada de la citada Comisión Nacional de la Competencia y desobedeciendo el mandato del Derecho Comunitario europeo, va a afectar y regular el sector sanitario, directa e indirectamente. De forma directa, al modificar distintas Leyes que afectan al sector (2); indirectamente, al establecer una modificación específica de la Ley estatal de Colegios Profesionales, sin distinción, cuando en todo caso dicha reforma debería haber dejado a salvo a las profesiones sanitarias. Puede decirse que mientras en el ámbito del Derecho europeo (y en el de la Ley Paraguas), se asienta el principio de que “con la salud no se comercia”, para nuestros servicios de defensa de la competencia el principio es el inverso, al identificar la sanidad con el comercio (3). Ahora bien, el propio informe de la Comisión Nacional de la Competencia reconoce la esencia de los Colegios Profesionales y su potestad de ordenación (auto-regulación lo llama), al proclamar “las imperiosas razones de interés general”, que habrían de justificar su actuación y, en todo caso, la reforma normativa que se propone. En efecto, el Informe es consciente de la jurisprudencia constitucional promulgada hasta la fecha y como no podía ser de otra forma asume y admite, en su desarrollo y contenido y aunque sea de forma indirecta, el carácter público de los Colegios y el ejercicio por parte de ellos de una función pública delegada, precisamente por razones de interés general. Por ello, en el Apartado VIII sobre las Recomendaciones, en la tercera, se dice: “la clara definición del interés general perseguido por la regulación es un punto de partida necesario para la valoración de su justificación”. Lo que vendría impuesto por la conclusión séptima del propio Informe (de su Apartado VII), que señala: “es preciso que al acometer la reforma de la normativa se parta del principio de que el ejercicio profesional se debe apoyar en la libre competencia y que la regulación (sea general o co-regulación) no debe restringir la misma de forma innecesaria, sino solo en la medida en que esté motivado por imperiosas razones de interés general”. Y ésta y no otra va a ser la clave para poder afirmar y justificar, no ya la obligatoriedad de la colegiación, sino la adscripción obligatoria a los Colegios de los profesionales sanitarios y, en concreto, de los médicos, cuando de su actividad resulta una imperiosa necesidad de proteger el interés general, lo que es consustancial al ejercicio de la medicina, con independencia de si tal ejercicio lo es en el sector privado o en el sector público. Y así lo ha intuido la reforma que la Ley Ómnibus ha provocado en la Ley estatal de Colegios Profesionales, no sin justificación: así lo admitió en su día el Tribunal Constitucional la primera vez que se enfrentó con el problema y así lo reiteró después en una amplia jurisprudencia.   __________________________________________________________________________________  (2)

(3)  

La Ley Ómnibus modifica la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,  de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los  medicamentos y productos sanitarios y la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad.    Sobre el tema, la monografía Colegios Profesionales y Derecho  de la Competencia, obra colectiva dirigida por G. FERNÁNDEZ FARRERES, Madrid, 2002, Ed. Civitas. 


II.

LA INCIDENCIA DE LA LEY ÓMNIBUS EN LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES.

El artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales es una de las normas que ha sido modificada por el artículo 5 de la Ley Ómnibus, dice: “Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal”. La novedad, frente a las dudas que habían surgido en el ámbito de algunas Comunidades Autónomas, es la de que el legislador deja ya claro lo que era constante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: que es el Estado el que tiene atribuida constitucionalmente la competencia para determinar cuándo es o no obligatoria la colegiación (4). Sirva de ejemplo la STC 330/1994, de 15 de diciembre (FJ 9), que considera a la colegiación como uno de los extremos a que se reduce “el mínimo denominador común para todo el territorio nacional, característico de unas normas básicas cuya competencia corresponde al Estado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución”. Aparte la modificación de distintos preceptos de la Ley de Colegios Profesionales, la Ley Ómnibus en su Disposición transitoria cuarta, va ya a manifestar la voluntad del legislador, influenciado, no tanto por los informes de los servicios de la competencia, sino por la doctrina jurisprudencial mantenida por el Tribunal Constitucional. En su primer párrafo dispone: “En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación”. (Esa es la Ley que el Gobierno pretende que sea la Ley de Servicios Profesionales, a instancia del Ministerio de Economía). Y en el segundo párrafo dicha Disposición transitoria establece esta importante norma: “Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas”. Lo primero que resulta de la norma transcrita es que impone la continuidad de la obligación de la colegiación, en lo que entendemos que es una consecuencia de las peculiaridades propias de los Colegios Profesionales. Lo segundo, que aquel mantenimiento de la obligatoriedad de la colegiación vendrá impuesto por dos notas: defensa de los intereses de los destinatarios de los servicios y que la actividad pueda afectar a materias de especial interés público; notas que la jurisprudencia constitucional ha ligado ya a la colegiación obligatoria, al interpretar el artículo 36 de la Constitución. Y lo más importante, que la justificación del especial interés público está implícito en el propio ejercicio y naturaleza de las profesiones sanitarias (“protección de la salud” e “integridad física”). ___________________________________________________________________________________________________  (4) Tuvo que ser el Consejo de Estado quien advirtiera en el procedimiento de elaboración de la Ley Ómnibus que la Ley  que estableciera si la colegiación debía o no ser obligatoria, tendría que ser  promulgada por el Estado. Ya la Ley 7/1997,  de 14 de abril, que modificó precisamente el artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, para adaptarlo a lo que venía  exigiendo  el  Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia,  en  su  Disposición  final  segunda  señaló  su  carácter  de  legislación  básica.   


Y estas son las claves que la futura Ley no debería obviar y que justificaría que en la misma se estableciera como obligatoria la colegiación.

III.

PUNTO CLAVE: DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO.

El que el interés público que su desarrollo reclama esté implícito en el ejercicio de la medicina es un hecho de pura lógica constitucional y así lo dijo la primera vez que tuvo el Tribunal Constitucional ocasión de decirlo cuando le planteó la pretensión un Médico en el sentido de que no debía estar colegiado (en el Colegio de Badajoz), por ejercer sólo y en exclusiva en el sector público. La respuesta del Tribunal Constitucional fue contundente: reconocer la constitucionalidad de la colegiación obligatoria de los médicos que en exclusiva ejercer su profesión al servicios de una administración pública sanitaria porque: “resulta justificada por razón de la tutela del interés general que concurre en el ejercicio de la profesión médica: disciplina profesional, normas deontológicas, tutela de la buena fe a los terceros..., cuya protección va unida a la de valores y derechos constitucionales, como la salud, la sanidad y la vida e integridad física de los ciudadanos, que están en juego con ocasión del ejercicio de la profesión médica” (así, la conocida STC 131/1989, de 17 de julio). Y la misma sentencia continua: “sin que ninguna tacha quepa oponer, en el plano constitucional, a la obligación de colegiación en el presente caso, que cumple la finalidad de garantizar así el cumplimiento de las funciones encomendadas a los Colegios Oficiales de Médicos que alcanzan a todos los Licenciados en Medicina que actúan profesionalmente como Médicos, sean de instituciones privadas o públicas, porque, en definitiva, esa circunstancia en nada altera la naturaleza de la actividad que, siempre y en todo caso, se dirige a unos mismos destinatarios”.(5) Pero al Tribunal Constitucional no limita su razonamiento en la sola y exclusiva nota del interés público para justificar la obligación de la colegiación, sino en una de sus manifestaciones o consecuencias: como garantía de los intereses de los destinatarios de la profesión, no de los propios profesionales; dice: “la obligación de incorporación a un Colegio para el ejercicio de la profesión se justifica no en atención a los intereses de los profesionales, sino como garantía de los intereses de sus destinatarios”; así , la STC 194/1998, de 9 de octubre. Y la misma sentencia continúa: “No son, por tanto, los fines relacionados con los intereses corporativos de los integrantes del Colegio -fines que, como acaba de recordarse, podrían alcanzarse mediante una asociación- los que justifican la legitimidad de la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino esos otros ___________________________________________________________________________________________________  (5) La STC 76/2003, de 23 de abril, a contrario sensu, estimó que los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de  Administración Local no tenían encomendados fines y funciones públicas constitucionalmente relevantes que justificaran  la  exigencia  de  colegiación  obligatoria,  precisamente  porque  el  destinatario  directo  del  ejercicio  de  su  profesión  es  la  propia  Administración  Local,  no  los  ciudadanos,  así:  “En  este  caso,  por  lo  tanto,  y  a  diferencia  de  otros  que  han  sido  objeto de la consideración de este Tribunal, la exigencia de colegiación obligatoria no se presenta como un instrumento  necesario para la ordenación de la actividad profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional  a  fin  de  garantizar  el  correcto  desempeño  de  la  misma  y  los  intereses  de  quienes  son  los  destinatarios  de  los  servicios  prestados  por  dichos  profesionales,  pues,  como  ya  se  ha  señalado  de  un  lado,  se  trata  de  funcionarios  públicos  que  ejercen  su  actividad  profesional  exclusivamente  en  el  ámbito  de  la  Administración pública que es la destinataria inmediata de sus servicios, y, de otro, es la propia Administración pública la  que asume directamente la tutela de los intereses concurrentes en el ejercicio de la profesión y la garantía de que éste se  ajuste a las reglas o normas que aseguren tanto su eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio”.(FJ 7)    

 


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fines específicos, determinados por la profesión titulada, de indudable interés público (disciplina profesional, normas deontológicas, sanciones penales o administrativas, recursos procesales, etc.)>>”. En el caso examinado por dicha sentencia se justifica la colegiación obligatoria de los profesores de educación física desde el plano constitucional por el grado del interés público que asumen al ejercer la profesión en íntima conexión con la protección de la salud, desde el aspecto preventivo. Y la misma STC 194/1998 insiste en que “la calificación de una profesión como colegiada, con la consiguiente incorporación obligatoria, requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el Colegio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran”. El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución (cuyas sentencias, según el artículo 164 de la propia Constitución, tiene el valor de cosa juzgada), ya ha establecido que en el caso de las profesiones sanitarias y, en concreto, en el supuesto del ejercicio de la medicina, el especial interés público que su ejercicio conlleva exige la colegiación obligatoria. La futura Ley debe respetar tal regla constitucional. Las preguntas que surgen son: -

-

¿sigue existiendo el interés público cuando el médico ejerce en exclusiva dentro del ámbito de una Administración?. ¿va a promulgar la Administración sus propias normas deontológicas y ejercería su propio control sobre la mala praxis a través de unos órganos creados ad hoc?. ¿sería constitucional aquella Ley que dispensara, sin más y sin excepciones, la colegiación obligatoria de los profesionales que prestan servicio en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud?.

Entendemos que una Ley que lo permitiera se enfrentaría directamente con el principio constitucional de que los poderes del Parlamento no son absolutos, de que no existe una libertad de configuración ilimitada otorgada por la Constitución al legislador (a la Ley), de que las Leyes no pueden burlar o desnaturalizar su propia finalidad, pues de los contrario, tal Ley sería inconstitucional por arbitraria y por incurrir en lo que se ha denominado “desviación del poder legislativo” (así, SSTC 178/1989, de 2 de noviembre, 203/1998, de 15 de octubre o 74/2011, de 19 de mayo). Por lo tanto, se puede decir, no sin justificación, que una futura Ley de servicios profesionales en aquel sentido se enfrentaría a una serie de límites constitucionales.

 

 


IV.

LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LA FUTURA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES.

La futura Ley de servicios profesionales que obviara el mandato de la Ley Ómnibus, que indirectamente ha admitido el Tribunal Constitucional, se enfrentaría, como hemos señalado, a una serie de límites constitucionales:   • • •

Las peculiaridades propias de los Colegios Profesionales (artículos 1.1 y 36, CE). La naturaleza de las instituciones y la seguridad jurídica (artículos 9.1 y 3, CE). Los principios de la igualdad y uniformidad (artículos 14 y 139.1, CE).

1. Las peculiaridades propias de los Colegios Profesionales. Sería más constitucional una Ley que estableciera la colegiación obligatoria de los Médicos que ejercen al servicio de cualquier Administración Pública, que una Ley que no la estableciera, según el mandato constitucional del artículo 36 de la Constitución, (en relación con otras normas constitucionales), que acogió el sistema latino, inspirado en las dos reglas básicas propias de las profesiones tituladas: la libertad e independencia en el ejercicio y la autorregulación y disciplina a través de un sistema de derecho público transferido a las Corporaciones profesionales. El artículo 36, CE establece: “La Ley regulará las peculiaridades propias (…) de los Colegios Profesionales”. Se ha dicho que como en ese precepto no se hace referencia a la colegiación obligatoria, que entonces, la ley no puede o no tiene por qué establecerla. Tal exégesis se enfrentaría a las peculiaridades propias que ya han sido diseñadas por el Tribunal Constitucional, único y máximo intérprete de la Constitución, a través de una jurisprudencia, de la que no puede el legislador apartarse, como hemos ya señalado. La Constitución de 1978 en el artículo 36 no optó por el sistema alemán o anglosajón en los que, respectivamente, se integran las estructuras y funciones profesionales en el Estado o se dejan en manos de los entes privados, sino por el sistema latino, al consagrar a los Colegios Profesionales con sus “peculiaridades propias”. La Constitución se desvinculó de la influencia neoliberal francesa, y proclamó un Estado social de Derecho, lo que implica que existan grupos intermedios que ayudan al desarrollo de la finalidad del Estado (artículo 9.2 de la Constitución), “grupos” en los que los ciudadanos están integrados: partidos políticos, sindicatos, asociaciones y Colegios Profesionales.

 

 


Pero los Colegios Profesionales no los creó la Constitución, estaban ya antes y tenían unas “peculiaridades propias”, que no pueden ser desconocidas, ni deformadas, ni destruidas por la Ley; y aquellas peculiaridades son una barrera constitucional por encima de cualquier criterio neoliberal que pretenda ahora adoptar el legislador parlamentario. ¿Cuáles son esas “peculiaridades propias a que se refiere el artículo 36 de la CE?. La respuesta ya la ha dado el Tribunal Constitucional, a través de la jurisprudencia antes examinada. Primera, los Colegios gozan de la naturaleza de las Administraciones Públicas, por lo que por mandato constitucional los Colegios desempeñan potestades públicas (SSTC 76/1985, de 5 de agosto y 20/1988, de 18 de febrero); de tal forma que sería inconstitucional cualquier Ley que configure a los Colegios Profesionales como asociaciones sin reconocerles aquel carácter; o que les privara de sus potestades o funciones ordenadoras o representativas; en tales casos la Ley sólo ofrecería un simple mantenimiento nominal de los Colegios, en contra del artículo 36 (6). Segunda, los Colegios tienen como función básica todo lo relacionado con la deontología profesional en la más amplia acepción del término, en el sentido de que se considera medio esencial de la finalidad de los Colegios el desempeño de las funciones de ordenación del ejercicio profesional, la representación de la profesión y la titularidad de las potestades normativa y sancionadora, lo que excluye el modelo alemán basado en la gestión directa por la Administración del Estado en las distintas Comunidades Autónomas. Tercera, el mecanismo de control del ejercicio profesional que tiene por objeto el mantenimiento de la deontología profesional como una función estrictamente colegial, que no puede atribuirse, ni siquiera por Ley, a otras entidades u órganos de la Administración; únicamente tendría sentido la colegiación voluntaria si la Constitución hubiera reservado a la Administración Pública las funciones de ordenación de la deontología profesional y del control deontológico, cosa que no ha acontecido (7). La justificación, desde esta perspectiva, de la colegiación obligatoria en el sector público viene configurada por las siguientes notas: a) El interés público protegido sigue siendo el mismo, aunque se ejerza la profesión en el ámbito público, pues no se ejercen funciones administrativas (aquí nada tendrían que controlar los Colegios), sino que se realizan actos profesionales cuyos destinatarios son los ciudadanos, no la propia Administración (a diferencia de otras profesiones, como los Abogados del Estado). b) La colegiación voluntaria estaría referida a quienes no practicaran las actividades propias y definitorias de la profesión dentro del ámbito de la Administración. ___________________________________________________________________________________________________  (6) En este sentido, J. Gálvez Montes, La Organización de las profesiones tituladas, Consejo de Estado /Boletín Oficial del  Estado, Madrid, 2002, pp. 140.    (7) Así, J. GÁLVEZ MONTES op. cit. pp. 142.     


c) La constitucionalidad de la colegiación obligatoria se justifica por la atribución a los Colegios Profesionales de potestades de ordenación y control del ejercicio profesional, como medio de garantía de que el régimen de empleo al que está sujeto el profesional no genere restricciones, ni condicionamientos que puedan impedirle desarrollar su actividad con adecuación a criterios profesionales, conforme a la lex artis y la deontología propia de su profesión (8). d) La Administración puede aplicar su propio régimen disciplinario, que no excluye, ni es incompatible, con la potestad de control y disciplinaria de los Colegios; precisamente porque unas y otras potestades tienen fines distintos que no cabe confundir, es por lo que resulta explicable la coexistencia de la relación funcionarial con la relación colegial. Una Ley que obviara la colegiación obligatoria de los Médicos que desempeñan su profesión bajo la dependencia de una Administración Pública implicaría, en contra del artículo 36 de la Constitución, que aquellos quedarían al margen del control de los Colegios en el ejercicio de su profesión y que, en su caso, serían controlados por la Administración, sin el suficiente apoderamiento constitucional. Y si la Ley otorgara aquel poder de control del ejercicio profesional a las Administraciones públicas sanitarias, con potestades normativas y organizativas ad hoc, estaría desnaturalizando el mandato constitucional, lo que nos lleva directamente al otro de los límites constitucionales enunciados que afectan a la futura Ley de servicios profesionales: la naturaleza de las instituciones. 2.-

El principio de la naturaleza de las instituciones.

“La Constitución garantiza (…) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” (artículo 9.3 CE); de todos los poderes, no sólo del poder ejecutivo. La Ley que obviara la potestad de control deontológico y del ejercicio profesional de los Colegios Profesionales sobre quienes ejercen la profesión en el ámbito de una Administración pública y cuyos destinatarios directos fueran los ciudadanos, podría también ser tachada de inconstitucional por desviación del poder legislativo (9). ___________________________________________________________________________________________________  (8)  En  estos  términos,  G.  FERNÁNDEZ  FARRERES,  La  dispensa  de  colegiación  del  personal  sanitario  de  los  servicios  de  salud, en REDA nº 116, oct.‐dic., 2002, pp.495, que recuerda, por ejemplo, el supuesto que dio lugar a la STS de 18 de  octubre de 1989 (Ar.7411), en el que se apreció vulneración imputable al INSALUD de la libertad de prescripción de los  médicos adscritos como funcionarios o en régimen estatutario a dicho organismo, afectando con ello, en última instancia,  a  los  derechos de  los  destinatarios  e  los  servicios  médicos  (se estimó  el  recurso  interpuesto  por  el  Consejo General  de  Colegios Oficiales de Médicos contra una Circular que valoraba el diagnóstico previo a la prescripción).    (9) El control jurisdiccional de la discrecionalidad legislativa a través de la desviación de poder, aparece, en concreto, en  tres países Alemania, Italia y Estados Unidos. Pero es en éste donde adquiere mayor arraigo. En efecto, la legislación “by  indirection”,  consistente en utilizar un juego de incidencias de normas jurídicas para alcanzar un fin que la Constitución  prohíbe que se consiga, implica una desviación de los poderes conferidos al Legislador.    Y  tal  solución  no  ha  sido  ajena  a  nuestro  ordenamiento  constitucional  como  ha  señalado  el  Tribunal  Constitucional  en  materia de Leyes anuales de Presupuestos al declarar la inconstitucionalidad de aquellos preceptos de dichas Leyes que  burlan o desnaturalizan su propia finalidad, de lo que fue un ejemplo, entre otras, la STC 203/1998, de 15 de octubre, que  declaró  inconstitucional  sendos  preceptos  de  las  Leyes  de  Presupuestos  para  1989  y  1990,  en  materia  de  pruebas  selectivas  para  ingreso  en  el  Sistema  Sanitario  Público  (que  derivaban  de  dos  recursos  contencioso‐administrativo  interpuestos, precisamente, por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra los Decretos de aplicación).   


Es inconstitucional una norma con rango de Ley cuando se excede de los márgenes que la Constitución establece, en el sentido de que no existe una libertad de configuración normativa ilimitada otorgada al legislador. Como ha señalado la jurisprudencia constitucional, las discrepancias de naturaleza política no admiten tachas constitucionales de arbitrariedad, desviación o abuso de poder. Por lo que cuando la naturaleza de la controversia no es política cabe el juicio de arbitrariedad de la Ley (así, entre otras muchas, las SSTC 86/82, 57/85, 108/86, 134/87 y 178/89, de 2 de noviembre). Sería inconstitucional una Ley que burlara o desnaturalizara su propia finalidad. ¿Y cuándo se burla o desnaturaliza la finalidad de la Ley, por muy amplios que sean los poderes del Parlamento? Según aquella jurisprudencia, cuando se condiciona de tal manera el contenido mismo de la materia que regula la Ley, que le hace “ser contraria a la Constitución por suponer una restricción legítima de las competencias del poder legislativo, al disminuir sus facultades de examen y enmienda sin base constitucional y por afectar al principio de seguridad jurídica, debido a la incertidumbre que una regulación de ese tipo origina” (SSTC 203/1998, de 15 de octubre, o 74/2011, de 19 de mayo de 2011). Por lo que una Ley que no permitiera el control profesional de los que ejercen en el ámbito público condicionaría al poder del legislador en la materia propia de los Colegios Profesionales, desnaturalizándose la institución y, a su vez, se desnaturalizaría el propio mandato de la Disposición transitoria cuarta, párrafo segundo de la Ley Ómnibus, examinado más arriba, que identifica a la colegiación obligatoria con el interés público que defiende y satisface el ejercicio de la medicina. Y se desnaturalizaría además el mandato de otras leyes, aparte de la Ley Ómnibus, que ya han vinculado el ejercicio de la profesión con el interés público y con la colegiación, con independencia de cuál sea la vinculación laboral del profesional; Leyes que quedarían vacías ante otra Ley que permitiera la colegiación voluntaria de los profesionales. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias LOPS), en su Exposición de Motivos liga a las profesiones sanitarias con “una organización colegial reconocida por los poderes públicos”; y en su articulado une el ejercicio de la profesión con el interés público que tiene como “guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de su profesión”. (art. 4.5), pues, entre otras, como dice la exposición de motivos de la citada Ley, tiene como finalidad “seguir salvaguardando el derecho a la protección de la salud”. Y es esa tutela de interés público la que requiere, según la naturaleza de las cosas, que el ejercicio de las profesiones sanitarias lo sea con “plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico”

 


(art. 4.7 LOPS), y atendiendo a “las normas reguladoras de los Colegios profesionales (art. 4.2). El propio Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003, de 16 de diciembre -EM-) reconoce entre los derechos individuales el del “ejercicio o desempeño efectivo de la profesión” (artículo 17), y entre los deberes, el de “ejercer la profesión (…) con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables” (artículo 19). Todas esas Leyes perderían su finalidad ante aquella Ley de servicios profesionales que no reconociera la colegiación obligatoria de los médicos que ejercen en el sector público, por “esta Ley supondría una restricción de las competencias del poder legislativo” (10).

3.-

El principio de la igualdad.

No nos resistimos a proclamar que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” (artículo 139.1, CE), pese al mero carácter programático y de principio que en la práctica se le da a tal norma constitucional, en la práctica vacía de contenido. Lo cierto es que La profesión es una, no existen dos tipos de ejercicio profesional, el público y el privado, menos aún diecisiete tipos de ejercicio distinto, uno por cada Comunidad Autónoma. El control del ejercicio profesional ha de ser uniforme e igual en todo el territorio nacional, lo que sólo es posible con el establecimiento de la colegiación obligatoria única y universal, en la Ley básica estatal, para evitar la actual situación, en la que cada Comunidad Autónoma ha ido por su cuenta; sirva de ejemplo el cuadro adjunto en el que se observan hasta cinco situaciones distintas respecto de la obligatoriedad de la colegiación dentro del sector público (11).

___________________________________________________________________________________________________  (10) Según redacto esta Ponencia aparece publicada en la Revista del Colegio de Abogados de Madrid. “Otrosí” núm. 7,  julio‐sept.2011 la Tribuna “Poder discrecional y  Constitución”, por TOMÁS ‐RAMÓN FERNÁNDEZ, sobre la imposibilidad  de  otorgar  poderes  discrecionales  a  través  de  una  Ley  a  la  Administración  sin  justificación  razonable,  con  cita  de  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  (STC  292/200,  de  30  de  noviembre)  y  del  Tribunal  Europeo  de  Justicia  (sentencia Canal Satélite Digital, de 22 de enero de 2002).      (11) Más preocupantes son la contingencia y variabilidad de las posiciones a la hora de plantear la inconstitucionalidad de  las  distintas  Leyes  autonómicas;  contra  las  Leyes  de  Andalucía  y  de  las  Islas  Canarias,  interpuso  el  Gobierno  (entonces  dominado por el Partido  Popular), recurso de inconstitucionalidad, que fueron admitidos por el Tribunal Constitucional  por providencias de 21 de mayo y de 16 de julio de 2002 respectivamente y que aún hoy no han sido resueltos, el motivo,  la invasión de la competencia legislativa del Estado que tenía establecida la colegiación obligatoria sin excepciones; contra  la  Ley  de  Extremadura  planteó  cuestión  de  inconstitucionalidad  el  Juzgado  de  lo  Contencioso‐Administrativo  nº  1  de  Cáceres,  por  auto  de  17  de  octubre  de  2003,  la  razón,  por  infringir  la  Ley  extremeña  la  legislación  básica  estatal,  procedimiento  que  tampoco  se  ha  resuelto;  y,  recientemente,  el  Gobierno  (dominado  por  el  Partido  Socialista),  ha  interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Galicia, que fue admitido por providencia de 14 de diciembre  de  2010,  también  por  invasión  de  las  competencias  del  Estado,  pero  ahora  por  lo  contrario:  por  establecer  la  Ley  autonómica la colegiación obligatoria, sin excepciones, siempre que el destinatario directo del acto profesional lo fuere el  ciudadano.   

 


Colegiación en las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre Colegios Profesionales Establecen colegiación obligatoria siempre, sin excepción: - Madrid Navarra - Islas Baleares - Valencia

Establecen colegiación obligatoria, con excepción para los que ejerzan directamente al servicio de una Administración (es obligatoria cuando el destinatario directo es el ciudadano): -

Establecen la colegiación obligatoria para los que ejercen al servicio de la Administración, cuando los destinatarios inmediatos son los ciudadanos, salvo que el Gobierno autonómico Castilla-León establezca lo Castilla-La Mancha contrario: Murcia Galicia - País Vasco - Cataluña

Establece la excepción o dispensa de la colegiación obligatoria para los que ejercen al servicio de una Administración, sin perjuicio de lo que disponga la legislación básica del Estado:

Establecen la excepción o dispensa de la colegiación obligatoria para los que realicen actividades propias de su profesión por cuenta de la Administración, sin distinción alguna: -

Canarias Andalucía Extremadura Asturias Cantabria La Rioja

- Aragón

 

V.

PROPUESTA FINAL

La futura Ley de servicios profesionales tendría que coincidir con la jurisprudencia constitucional que sobre la materia ha recaído al interpretar el artículo 36 de la CE y con la voluntad manifestada ya por el legislador en otras Leyes, como la Ómnibus, la LOPS o el Estatuto Marco. Y entendemos que un buen ejemplo a seguir es el del texto de la vigente Ley de Colegios Profesionales de Galicia, según modificación de la Ley 1/2010, de 11 de febrero (artículos 2.3 y 3.1 y 2), con el que terminamos esta exposición: “Es requisito para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación estar inscrito en el colegio correspondiente”. “Los profesionales titulados vinculados con la administración pública mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de la administración a que pertenezcan”. “No obstante, será obligatoria la colegiación para los profesionales médicos y demás profesionales de ciencias de la salud al servicio de las administraciones públicas cuyas funciones comprendan la realización de actos profesionales que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Público de Salud de Galicia, así como también para el ejercicio de la actividad privada”.

 

 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA -

 

 

 

Los Colegios Profesionales a la luz de la Constitución, obra colectiva dirigida por LORENZO MARTÍN RETORTILLO (Ed. Civitas, Madrid, 1996). Régimen Jurídico de los Colegios Profesionales, de LUIS CALVO SÁNCHEZ (Ed. Civitas, Madrid, 1998). Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia, obra colectiva dirigida por G. FERNÁNDEZ FARRERES (Ed. Civitas, Madrid, 2002). La Organización de las profesiones tituladas, J. Gálvez Montes (Consejo de Estado /Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2002, pp. 140). La dispensa de colegiación del personal sanitario de los servicios de salud, por G. FERNÁNDEZ FARRERES en REDA nº 116, oct.-dic., 2002, pp.495.


3.  ARGUMENTACIÓN BASADA EN LA  LEGISLACIÓN EUROPEA 


1. DIRECTIVA 2006/123/CE SERVICIOS: No se aplica a las profesiones  sanitarias.    ‐

La profesiones sanitarias quedaron excluidas de la cobertura de la Directiva de  servicios, 2006/123/CE por la “inseguridad jurídica” que llevaba consigo la falta  de  un  marco  legal  transparente  que  permitiera  la  aplicación  de  la  jurisprudencia del TJUE. En aquel momento, 2006, el PE invitó a la Comisión a  elaborar una normativa específica que creara ese marco legal transparente en  el  que  se  regulara  no  solo  la  movilidad  del  paciente  y  el  reembolso  de  los  gastos,  sino  también  la  movilidad  del  profesional  sanitario,  el  reconocimiento  de  recetas,  la  identificación  del  médico  presciptor,  la  comunicación  de  sanciones disciplinarias, los centros de referencia… y aplicara la jurisprudencia  del  TJUE,  que  fue  la  Directiva  de  asistencia  sanitaria  transfronteriza,  2011/24/UE1.  

La propia Directiva 2006/123/CE en su artículo 2.2.f) y en sus considerandos 22  y 23 señala que:  ‐

Artículo  2.2.  f):  La  presente  Directiva  no  se  aplicará  a  las  actividades  siguientes:   Los  servicios  sanitarios,  prestados  en  establecimientos  sanitarios,  independientemente de su modo de organización y de financiación a  escala nacional y de su carácter público o privado.  

(considerando  22)  “La  exclusión  de  los  servicios  sanitarios  del  ámbito  de  aplicación  de  la  presente  Directiva  debe  abarcar  los  servicios  sanitarios  y  farmacéuticos  prestados  por  profesionales  de  la  salud  a  sus  pacientes  con  objeto  de  evaluar,  mantener  o  restaurar  su  estado  de  salud  cuando  estas  actividades están reservadas a profesiones reguladas en el Estado miembro  en que se presta el servicio.”    ‐ (considerando  23)  “La  presente  Directiva  no  afecta  al  reembolso  de  los  gastos de servicios sanitarios proporcionados en un Estado miembro distinto  de aquel en que resida el beneficiario de los servicios sanitarios. El Tribunal  de  Justicia  se  ha  pronunciado  al  respecto  en  numerosas  ocasiones,  y  ha  reconocido los derechos de los pacientes. Es importante tratar este asunto  mediante otro instrumento comunitario para lograr una mayor seguridad y  claridad jurídicas…”      En  el  Informe  del  Parlamento  Europeo  sobre  la  aplicación  de  la  Directiva  2006/123/CE  relativa  a  los  servicios  (A7‐0012/2011),  elaborado  por  Evelyne  Gebhardt, después  de recordar en su apartado 18 que la Directiva relativa a los 

                                                             1

La Directiva 2001/24/UE, entró en vigor en abril de 2011 y el plazo de transposición al derecho español finaliza el 25 de octubre de 2013.

1   


servicios no puede aplicarse a las disposiciones ya cubiertas por las Directivas  sectoriales, señala que:     “el ámbito de aplicación de la Directiva debe aplicarse de manera  clara  y  unívoca.  Pues  sólo  así  puede  crearse  seguridad  jurídica.  La  ponente  destaca  también  en  particular  que  la  transposición  de  la  Directiva  relativa  a  los  servicios  no  puede  servir  de  pretexto  para  la  desregulación o la privatización en los Estados miembros. Si un Gobierno  quiere  llevar  a  cabo  una  desregulación,  también  tiene  que  asumir  la  responsabilidad de sus propias acciones”.  En los apartados 44 y 45 del informe, relativos al ámbito de aplicación de la  2006/123/CE,      44.  Recuerda  que  la  Directiva  ha  excluido  una  serie  de  ámbitos  de  su  alcance,  a  saber  los  servicios  de  interés  general  no  económicos,  los  servicios  sanitarios  y  la  mayoría  de  los  servicios  sociales;  señala  que  la  Directiva no se aplica al Derecho laboral ni afecta a las legislaciones de  los Estados miembros en materia de seguridad social;    45. Toma nota de los debates que han tenido lugar en algunos Estados  miembros  sobre  los  servicios  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva;  señala  que  la  mayoría  de  los  Estados  miembros  no  han  encontrado  problemas  de  importancia  al  aplicar  la  Directiva  relativa  a  los servicios por lo que se refiere a su ámbito de aplicación; recuerda que  estos  servicios  fueron  excluidos  debido  a  sus  especificidades  y  que,  en  algunos  casos,  podrían  requerir  un  marco  legislativo  comunitario  sectorial;  observa  que  la  Comunicación  de  la  Comisión  «Hacia  un  Acta  del  Mercado  Único»  se  compromete  a  que  en  2011  se  propongan  un  conjunto de acciones sobre los servicios de interés general;   

2   


2. APLICACIÓN DE LA 2006/123/CE EN OTROS ESTADOS MIEMBROS.    ‐

La única organización médica nacional en Europa que se ha visto afectada por la  Directiva de servicios es la española. Las organizaciones médicas nacionales de  otros  países  de  la  UE  han  visto  reforzada  su  posición  gracias  a  la  legislación  europea.  Tienen  acceso  al  IMI2,  comparten  competencias  con  los  Ministerios  nacionales  y,  en  algunos  casos,  los  Ministerios  de  Sanidad  han  delegado  las  funciones de reconocimiento de títulos en la Organización Médica.  

  PAÍS 

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

Alemania 

Bundesärztekammer

Austria 

Österreichische Ärztekammer (Austrian Medical Chamber)  

Bélgica 

Conseil National de l'Ordre de Médecins

Chipre 

Cyprus Medical Council

Eslovenia 

Medical Council of Slovenia

Francia 

Conseil National de l'Ordre de Médecins

Irlanda 

Medical Council of Ireland

Italia  

Federazione Nazionale degli Ordini del Medici

Letonia 

Latvian Medical Association (LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBA) 

Luxemburgo 

Association des Médecins et Médecins-Dentistes du Grand Duché de Luxembourg

Malta 

Medical Council of Malta

Polonia 

Supreme Medical Council

Portugal 

Ordem dos Medicos

Rumanía 

The Romanian College of Doctors

Reino Unido 

General Medical Council

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  El  Sistema  de  Información  del  Mercado  Interior,  IMI,  es  una  herramienta  telemática  por  el  que  se  comunican  las  sanciones  disciplinarias  entre  autoridades  competentes  de  los  distintos  Estados  miembros y, cuando se apruebe la modernización de la Directiva 2005/36/CE, se gestionará también a  través del IMI la tarjeta profesional europea. 

3   


En algunos de los países mencionados, además de colegiación obligatoria, comparten  con el Ministerio la competencia del reconocimiento de títulos:   

PAÍS 

 RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS COMPARTIDO CON EL  MINISTERIO 

Alemania 

Bundesärztekammer

Francia 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Conseil National de l'Ordre de Médecins Ministry of Health (Ministère de la Santé Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social Ordem dos Medicos Ministry of Health Medical Council of Slovenia Ministry of Public Health The Romanian College of Doctors

Portugal  Eslovenia  Rumanía 

    ‐

No  entendemos  cómo  la  legislación  europea  que  marca  un  contenido  común  que  ha  de  implementarse  en  el  derecho  nacional,  en  los  demás  Estados  miembros refuerza el papel de la organización médica y en España la debilita.    La colegiación obligatoria es incuestionable en países como Alemania, Francia o  Reino Unido.    La legislación europea tiene en cuenta las relaciones entre los profesionales y  una organización u organismo profesional y así lo cita en el artículo  art. 6,a de  la Directiva 2005/36/CE al referirse a que a los prestadores de servicios se les  dispensará  de  “la  autorización,  inscripción  o  adhesión  a  una  organización  u  organismo  profesional”  y  establece  que  “los  Estados  miembros  podrán  prever  bien  una  inscripción  temporal  que  se  produzca  automáticamente  o  una  adhesión proforma a dicho tipo de organización u organismo profesionales”.    La  propuesta  de  modernización  de  la  Directiva  2005/36/CE  de  cualificaciones  profesionales,  establece  medidas  específicas  para  las  profesiones  sanitarias,  para garantizar la protección de los pacientes mediante una mayor regulación  para estas profesiones:     ‐Introducción  de  un  mecanismo  de  alerta  para  los  profesionales  sanitarios  que  se  acojan  al  reconocimiento  automático:  Las  autoridades  competentes  de  un  Estado  miembro  se  verán  obligadas  a  alertar  a  las  autoridades  competentes  de  todos  los  demás  Estados  miembros sobre un profesional sanitario al que una autoridad pública o  un  tribunal  haya  prohibido  ejercer  su  actividad  profesional.  La  alerta  será  también  obligatoria  cuando  la  prohibición  de  ejercicio  sea  temporal.  4 

 


‐  Prestación  de  servicios:  Se  establecen  normas  más  estrictas  para  los  profesionales  con  implicaciones  para  la  salud,  como  por  ejemplo,  el  conocimiento del idioma.    ‐Conocimientos  lingüísticos:  como  garantía  para  la  seguridad  del  paciente. 

                                              5   


3. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE:  Razones imperiosas de interés general: proteger la salud y la  seguridad del paciente:  TJUE,  1  de  junio  de  2010,  asuntos  acumulados  C‐570/07  y  C‐571/07,  considerando 44:   44     No obstante, a la hora de apreciar el respeto de dicha obligación, hay que tener  presente que la salud y la vida de las personas ocupan el primer puesto entre los  bienes  e  intereses  protegidos  por  el  Tratado  y  que  corresponde  a  los  Estados  miembros decidir qué nivel de protección de la salud pública pretenden asegurar  y  de  qué  manera  debe  alcanzarse  ese  nivel.  Dado  que  éste  puede  variar  de  un  Estado miembro a otro, es preciso reconocer a los Estados miembros un margen  de apreciación (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de septiembre de  2008,  Comisión/Alemania,  C‐141/07,  Rec.  p. I‐6935,  apartado  51,  y  Apothekerkammer des Saarlandes y otros, antes citada, apartado 19).     El  TJUE  ha  considerado  que  las  normas  que  rigen  la  profesión,  en  el  caso  de  los  médicos y odontólogos, obedecen al “deseo de garantizar una protección lo más eficaz  y completa posible de la salud de las personas” (Comisión contra Francia 96/85): 

TJCE, 30 de abril de 1986, Comisión contra Francia, asunto 96/85, Rec. p. 1475    (10)  En  primer  lugar,  hay  que  observar  que  los  nacionales  de  un  Estado  miembro  que  ejercen  sus  actividades  profesionales  en  otro  Estado  miembro  están obligados a respetar las normas que rigen, en dicho Estado miembro, el  ejercicio de la  profesión de que se trate. En el caso de las profesiones de médico  y  de  odontólogo,  estas  normas  obedecen  en  particular,  como  recuerda  con  razón el Gobierno francés, al deseo de garantizar una protección lo más eficaz y  completa posible de la salud de las personas.    Entre  las  funciones  de  interés  general  que  desempeñan  las  organizaciones  profesionales,  el  TJUE  ha  reconocido  en  repetida  jurisprudencia  (Wouters  C‐309/99;  ReisBüro Broeder C‐3/95; Thieffry C‐71/76;  Gullung C‐292/86; Van Bisgergen C‐33/74)  las siguientes:  ‐ ‐ ‐ ‐

Normas de organización  Normas de cualificación  Deontología  Control  y  responsabilidad,  que  proporcionen  la  necesaria  garantía  de  honorabilidad y competencia a los usuarios finales.   6 

 


El  Tribunal  de  Justicia  ha  insistido  en  el  valor  de  los  colegios  profesionales  en  sus  funciones de interés general en los siguientes términos: 

 Wouters, de 19 de febrero de 2002, C‐309/99 apartados 97 y siguientes:  97. Sin embargo, debe señalarse que no todo acuerdo entre empresas ni toda  decisión de una asociación de empresas que restrinjan la libertad de acción de  las  partes  o  de  una  de  ellas  están  comprendidos  necesariamente  en  la  prohibición del artículo 85, apartado 1, del Tratado. En efecto, para aplicar esta  disposición  a  un  caso  concreto,  debe  tenerse  en  cuenta  el  contexto  global  en  que se adoptó la decisión de la asociación de empresas de que se trate y en la  que produce sus efectos, y más en particular, sus objetivos, relacionados en el  presente  caso  con  la  necesidad  de  establecer  normas  de  organización,  capacitación,  deontología,  control  y  responsabilidad,  que  proporcionen  la  necesaria garantía de honorabilidad y competencia a los usuarios finales de los  servicios jurídicos y a la buena administración de justicia.   

  ReiseBüro Broede C‐3/95, Rec. p. I‐6511, apartado 38    38 En efecto, como ha afirmado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, la  aplicación  de  normas  profesionales  a  los  Abogados  ,  en  particular,  normas  de  organización, capacitación, deontología, control y responsabilidad, proporciona  la necesaria garantía de honorabilidad y competencia a los usuarios finales de  los  servicios  jurídicos  y  a  la  buena  administración  de  justicia  (véanse,  en  este  sentido, la sentencia de 19 de enero de 1988, Gullung , 292/86, Rec. p . 111, y la  sentencia Van Binsbergen, Van Binsbergen, 33/74, Rec. p. 1299). 

    TJCE, 28 de abril de 1977, Thieffry, asunto 71/76, Rec. p. 765    (12)  …”conciliar  la  libertad  de  establecimiento  con  la  aplicación  de  normas  profesionales  nacionales  justificadas  por  el  interés  general,  en  particular  normas de organización, cualificación, deontología, control y responsabilidad, a  condición de que tal aplicación no sea discriminatoria;” 

    TJCE, 22 de septiembre de 1983, Auer, asunto 271/82, Rec. p. 2727    (19) (…) procede observar que la inscripción o la adscripción obligatoria a una  organización  o  a  un  organismo  profesional  se  mencionan  en  varias  disposiciones  de  la  Directiva  78/1026  (…)  y  deben  considerarse  lícitas,  habida  7   


cuenta de que se dirigen a garantizar la moralidad y el respeto de los principios  deontológicos,  así  como  el  control  disciplinario  de  la  actividad  de  los  veterinarios y, por tanto, unos requisitos dignos de protección. Por consiguiente,  las disposiciones legales de los Estados miembros que prescriben la inscripción  obligatoria  en  el  colegio  profesional  no  son,  como  tales,  incompatibles  con  el  Derecho comunitario.   

  TJCE, 19 de enero de 1988, Gullung, asunto 292/86, Rec. p. 111    (18) De estas disposiciones (artículo 4 de la Directiva 77/249, de 22 de marzo de  1977,  dirigida  a  facilitar  el  ejercicio  efectivo  de  la  libre  prestación  de  servicios  por  los  abogados)  se  desprende  que  los  abogados  prestatarios  de  servicios  están  obligados  a  observar  las  normas  deontológicas  vigentes  en  el  Estado  miembro de acogida.    (29) (…) la obligación de inscripción de los abogados en un colegio de abogados  impuesta  por  determinados  Estados  miembros  debe  considerarse  lícita  con  respecto  al  Derecho  comunitario,  siempre  y  cuando  dicha  inscripción  esté  abierta a los ciudadanos de todos los Estados miembros sin discriminaciones. En  efecto, dicha obligación tiene por objeto, en particular, garantizar la moralidad  y el respeto de las normas deontológicas, así como el control disciplinario de la  actividad de los abogados; persigue pues un objetivo digno de protección. 

    TJUE,  17 de julio de 2008, asunto C‐500/06, considerando 35:   35      De  la  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia  resulta  sin  embargo  que  tales  medidas pueden justificarse si reúnen cuatro requisitos: que se apliquen de manera no  discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que  sean  adecuadas  para  garantizar  la  realización  del  objetivo  que  persiguen  y  que  no  vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (véanse las sentencias de  31 de marzo de 1993, Kraus, C‐19/92, Rec. p. I‐1663, apartado 32; de 30 de noviembre  de 1995, Gebhard, C‐55/94, Rec. p. I‐4165, apartado 37; de 4 de julio de 2000, Haim,  C‐424/97,  Rec.  p. I  5123,  apartado  57;  de  1  de  febrero  de  2001,  Mac  Quen  y  otros,  C‐108/96, Rec. p. I‐837, apartado 26, y de 6 de noviembre de 2003, Gambelli y otros,  C‐243/01, Rec. p. I‐13031, apartados 64 y 65)   

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4. COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES:   La Comisión Europea elaboró un informe en el año 2004 sobre “la competencia en los  servicios  profesionales”3  en  el  que  analizaba  las  profesiones  de  abogado,  notario,  contable,  arquitecto,  ingeniero  y  farmacéutico  y  se  centra  únicamente  en  ellas,  sin  referirse en ningún momento a la profesión de médico.  En  el  2005  elaboró  un  informe  de  seguimiento4  y  en  ambos  reconoce  que  cierta  regulación  en  este  sector  está  justificada  y  que  hay  regulaciones  que  son  objetivamente  necesarias  para  garantizar  la  práctica  adecuada  de  la  profesión.  Consideran  que  se  debe  tener  en  cuenta  si  dichas  normas  son  necesarias  para  el  interés público, si son proporcionales y si están justificadas.   Después  de  estudiar  los  mercados  en  los  cuales  operan  los  juristas,  los  notarios,  los  contables, los arquitectos, los ingenieros y los farmacéuticos en la Unión Europea (UE),  la Comisión constató que, en el marco de la legislación nacional o de los sistemas de  autorregulación,  existen  cinco  grandes  categorías  de  normas  restrictivas  de  la  competencia. Son los siguientes:  ‐

Precios impuestos. Los precios impuestos son probablemente los instrumentos  normativos más dañinos para la competencia, puesto que suprimen o reducen  en gran medida las ventajas que los mercados competitivos presentan para los  consumidores en términos de elección en función de los precios. Aunque en la  mayoría  de  los  Estados  miembros,  los  honorarios  aplicados  para  las  prestaciones  de  las  profesiones  liberales  se  negocian  libremente  entre  los  prestadores  de  servicios  y  sus  clientes,  en  un  número  reducido  de  casos,  la  Comisión  constató  la  existencia  de  precios  impuestos  (en  Alemania,  por  ejemplo, para los asesores fiscales), de precios mínimos (por ejemplo, en Italia  y Alemania en el caso de los arquitectos) y de precio máximos (por ejemplo, en  Italia,  para  los  juristas).  Si  bien,  en  algunas  condiciones,  los  precios  máximos  permiten proteger a los consumidores ante unos costes excesivos, la Comisión  considera  que  podrían  establecerse  mecanismos  menos  restrictivos  de  la  competencia  (como,  por  ejemplo,  una  mejor  información  sobre  los  servicios  que se ofrecen).     Precios  recomendados.  Los  precios  recomendados  tienen  una  incidencia  negativa  significativa  sobre  la  competencia,  puesto  que  pueden  facilitar  la  coordinación de los precios entre los prestadores de servicios y confundir a los  consumidores acerca de los precios que se estiman razonables. Ahora bien, la  Comisión constató que, en una minoría de Estados miembros (por ejemplo, en  Austria  y  Bélgica),  se  publican  algunos  precios  recomendados  para  algunos  servicios jurídicos, contables, arquitectónicos y técnicos.    

                                                             3 4

 COM (2004) 83 final   COM (2005) 405 final 

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Normas  en  materia  de  publicidad.  La  publicidad  puede  favorecer  la  competencia en la medida en que informa a los consumidores sobre productos  diferentes  y  les  permite  realizar  sus  opciones  con  mayor  información.  Se  admite también generalmente que la publicidad y, en particular, la publicidad  comparativa,  puede  constituir  una  herramienta  competitiva  crucial  para  las  empresas que se abren paso por primera vez en el mercado así como para las  que desean lanzar nuevos productos. No obstante, se observa que en la UE un  gran  número  de  profesiones  liberales  son  objeto  de  una  normativa  específica  en materia de publicidad. En algunos casos, como, por ejemplo, en Francia en  el caso de los notarios, la publicidad está completamente prohibida. En otros,  están prohibidos determinados medios de comunicación o tipos de publicidad,  como  la  publicidad  por  radio  y  televisión,  la  venta  a  domicilio  por  teléfono  o  determinados tipos de contenidos publicitarios. A veces, la normativa sobre la  publicidad  no  queda  suficientemente  clara,  lo  que  puede  disuadir  a  los  miembros  de  las  profesiones  liberales  a  recurrir  a  ciertos  métodos  de  publicidad.     Condiciones  de  acceso  y  derechos  reservados.  Una  normativa  excesiva  en  materia�� de  concesión  de  licencias  corre  el  riesgo  de  reducir  la  oferta  de  los  servicios  de  las  profesiones  liberales,  con  consecuencias  negativas  para  la  competencia  y  para  la  calidad  del  servicio.  En  la  mayoría  de  los  Estados  miembros, las profesiones liberales son objeto de restricciones en el acceso a  las  mismas.  Se  trata,  en  particular,  de  imponer  una  duración  de  estudios  mínima, exámenes de acceso a la profesión y una experiencia profesional por  un tiempo determinado. A menudo, estas restricciones se acompañan de unos  derechos  reservados  para  la  oferta  de  determinados  servicios.  En  algunos  Estados  miembros,  las  profesiones  de  farmacéutico  y  notario  están  sujetas  a  restricciones cuantitativas para su acceso basadas en criterios demográficos o  geográficos. Las restricciones a la entrada combinadas con derechos reservados  determinan  que  solamente  los  prestadores  de  servicios  que  disponen  de  las  cualificaciones y competencias necesarias puedan desempeñar ciertas tareas.     Normas  por  las  que  se  regula  la  estructura  de  las  empresas  y  las  prácticas  multidisciplinares. Las normas relativas a la estructura de las empresas pueden  tener  una  incidencia  económica  negativa  si  impiden  a  los  prestadores  de  servicios  establecer  nuevos  servicios  o  modelos  de  empresas  eficaces  con  relación a los costes. Pueden por ejemplo impedir a los juristas y a los contables  ofrecer asesoramiento jurídico y contable global sobre cuestiones de fiscalidad  o impedir la creación de las ventanillas únicas para las profesiones liberales en  las  zonas  rurales.  Algunas  normas  relativas  a  la  propiedad  corren  el  riesgo  de  reducir  el  acceso  de  este  sector  a  los  capitales  necesarios,  suponer  un  obstáculo  a  los  recién  llegados  y  limitar  la  expansión.  En  la  UE,  una  serie  de  profesiones  son  objeto  de  normas  específicas  relativas  a  la  estructura  de  las  empresas.  Estas  normas  pueden  limitar  la  estructura  de  la  propiedad  de  las  empresas  que  ofrecen  estos  servicios,  las  posibilidades  de  colaboración  con 

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otras profesiones y, en algunos casos, la apertura de sucursales, franquicias o  cadenas.   La existencia de tal normativa de los servicios ofrecidos por las profesiones liberales se  basa en tres grandes justificaciones:  ‐

la  «asimetría  de  la  información»  o  la  diferencia  de  información  entre  los  consumidores  y  los  prestadores  de  servicios:  una  de  las  características  de  las  profesiones  liberales  reside  en  el  hecho  de  que  los  prestadores  de  servicios  deben  disponer  de  competencias  técnicas  de  alto  nivel  que  los  consumidores  no poseen necesariamente, de modo que el consumidor tiene dificultades a la  hora de juzgar la calidad de los servicios que compra;     los  «efectos  externos»:  los  servicios  pueden  tener  una  incidencia  sobre  terceros, y por ello es importante la existencia de unas normas que impongan  al  prestador  de  servicios  así  como  al  comprador  tener  suficientemente  en  cuenta estos efectos externos;     el  concepto  de  «bien  público»:  algunos  servicios  de  las  profesiones  liberales  (por ejemplo, una buena administración de justicia o un desarrollo urbano de  calidad)  se  consideran  como  bienes  públicos  que  presentan  un  valor  para  el  conjunto de la sociedad.  

 

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5. PROTECCIÓN DEL PACIENTE:    La propuesta de Directiva 2005/36/CE, sobre cualificaciones profesionales,  establece  una  serie  de  medidas  para  proteger  al  paciente  contra  la  falta  de  conocimiento  del  idioma  por  parte  del  médico  y  la  mala  praxis.  Para  que  el  paciente  esté  protegido,  todos los médicos han de regirse por las mismas normas.  El compromiso europeo de estabilidad tiene que compatibilizarse con el compromiso  europeo  adquirido  a  través  de  la  Directiva  2001/24/UE  de  asistencia  sanitaria  transfronteriza  y  ofrecer  a  los  potenciales  pacientes  de  nuestro  sistema  las  garantías  necesarias en cuanto a control deontológico, normas claras e información fiable sobre  el acceso a la asistencia sanitaria en otro Estado miembro, etc.    En el Libro Blanco "Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008‐ 2013)" de 23 de octubre de 2007, la Comisión considera la seguridad de los pacientes  como una de las líneas de acción comunitaria.    Por su parte, el Tribunal de Justicia considera que es esencial para la salud pública la  competencia médica:  

TJUE, 5 de octubre de 2010, asunto C‐173/09:     

42:  el  mantenimiento  de  una  capacidad  de  asistencia  o  de  una  competencia  médica en el territorio nacional es esencial para la salud pública, e incluso para la  supervivencia  de  la  población  (véanse,  en  este  sentido,  las  sentencias  antes  citadas  Kohll,  apartados  41,  50  y  51;  Smits  y  Peerbooms,  apartado  74;  Müller‐ Fauré y van Riet, apartado 67 y Watts, apartado 105). 

 

Kohll C‐158/96:     51:  A este respecto, se debe destacar que el artículo 56 del Tratado permite  a  los  Estados  miembros  restringir  la  libre  prestación  de  servicios  médicos  y  hospitalarios,  en  la  medida  en  que  el  mantenimiento  de  una  capacidad  de  asistencia  o  de  una  competencia  médica  en  el  territorio  nacional  es  esencial  para la salud pública, e incluso para la supervivencia de su población (véase, por  lo que se refiere al concepto de seguridad pública a efectos del artículo 36 del  Tratado, la sentencia  de 10 de julio de 1984, Campus Oil y otros, 72/83, Rec. p.  2727, apartados 33 a 36).    

 

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6. DIRECTIVAS QUE AFECTAN A LA PROFESIÓN DE MÉDICO:    ‐ ‐

2005/36/CE, de cualificaciones profesionales  2011/24/UE, de asistencia sanitaria transfronteriza. 

La  organización  y  gestión  del  sistema  sanitario  es  competencia  de  los  Estados  miembros  pero  hay  una  serie  de  cuestiones  relacionadas  con  dichos  sistemas  que  tienen carácter transfronterizo y deben ser abordadas por la UE, como son:   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

La libre circulación de los profesionales de la salud: reconocimiento de títulos,  libertad de establecimiento y prestación de servicios.  La  prestación  transfronteriza  de  asistencia  sanitaria  y  el  deber  de  asistencia  tanto en el tratamiento inicial como en el seguimiento del mismo.  La seguridad y los derechos de los pacientes  La información de los pacientes  El acceso a los medicamentos y los tratamientos 

  ¿Qué  mecanismos  facilitan  que  se  cumplan  estos  objetivos  transfronterizos  en  el  ámbito sanitario?:  ‐ ‐ ‐ ‐

Reconocimiento mutuo de recetas para facilitar el seguimiento del tratamiento.  EUGO VUDS: para facilitar la información en línea  y acelerar los trámites.  IMI: Tarjeta profesional europea y comunicación de sanciones disciplinarias.  Salud electrónica.   

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4.   APOYO DE LAS ORGANIZACIONES  MÉDICAS INTERNACIONALES:    

CEOM:  CONSEJO  EUROPEO  DE  ORGANIZACIONES MÉDICAS. 

AEMH:  ASOCIACIÓN  EUROPEA  DE MÉDICOS DE HOSPITALES. 

FIEM:  FORO  IBEROAMERICANO  DE ENTIDADES MÉDICAS. 


APOYO DE LAS ORGANIZACIONES MÉDICAS INTERNACIONALES:    ‐ CEOM: Consejo Europeo de Organizaciones Médicas.    ‐ AEMH: Asociación Europea de Médicos de Hospitales.    ‐ FIEM: Foro Iberoamericano de Entidades Médicas. 


5. COLEGIACIÓN OBLIGATORIA   DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS.   ANÁLISIS ECONÓMICO. 


CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS   

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS – ANÁLISIS ECONÓMICO    Informe  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Competencia  “sobre  el  sector  de  servicios  profesionales y colegios profesionales” publicado en septiembre de 2008  A  raíz  de  la  aprobación  de  la  Directiva  de  Servicios  y  los  cambios  en  las  titulaciones  universitarias,  la Comisión Nacional de la Competencia realizó este informe en donde se  recogieron los principales problemas para la competencia detectados en el ámbito de los  servicios profesionales. El objetivo del informe fue poner de manifiesto estos problemas  en cuanto a normas que amparan conductas restrictivas de la competencia y cuál puede  ser el origen de los mismos.  Algunas recomendaciones realizadas en este informe fueron:  

La necesidad de romper con la unión automática de una profesión y un título, sin  perjuicio  de  que  en  algunos  casos  el  interés  general  pueda  justificar  que  una  determinada  profesión  solo  sea  ejercida  por  los  poseedores  de  una  titulación  concreta, siendo este caso la excepción.  Redefinir y acotar los fines y funciones de los Colegios Profesionales.  o La  exigencia  de  colegiación  se  debe  limitar  a  perseguir  el  objetivo  de  asegurar la calidad de los servicios prestados por los profesionales, esto es  la  regulación  del  sector  se  debe  enfocar  desde  el  punto  de  vista  de  los  consumidores y no de los profesionales.  o En la ordenación de la profesión es preciso que la Administración tenga un  mayor papel. 

            PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS   

Informe  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Competencia  “sobre  los  Colegios  Profesionales  tras la transposición de la Directiva de Servicios” publicado en abril de 2012  El propósito del informe, una vez transpuesta correctamente la Directiva de Servicios, es  impulsar  la completa  adecuación  de  las  normas  autonómicas,  de  los Estatutos  y  normas  colegiales  a  la  normativa  estatal  básica  aplicable,  para  beneficio  de  los  consumidores  y  usuarios finales y de los propios profesionales.   El  capítulo  III  del  informe  analiza  la  normativa  reguladora  interna  de  las  profesiones:  Estatutos, Códigos Deontológicos, reglamentos de régimen interior,… Según el informe las  normas internas colegiales pueden facilitar restricciones de la competencia que colisionen  con el objetivo liberalizador de la Directiva de Servicios transpuesta por las leyes Paraguas  y Ómnibus. Existen numerosas barreras de acceso y ejercicio en las normas colegiales que  impiden o dificultan la libre prestación de servicios profesionales:  

Restricciones de entrada o acceso, son aquellas que limitan o impiden el número  de profesionales la actividad en un territorio específico. Económicamente tienden  a limitar la oferta de servicios profesionales en el mercado lo que limita la variedad  de  la  oferta  (menos  capacidad  de  elección  para  el  consumidor),  ralentiza  los  incentivos de los profesionales a prestar servicios de mayor calidad e incrementa  los precios de los servicios profesionales.  Restricciones  de  ejercicio,  son  aquellas  que  suponen  la  coordinación  horizontal  entre  profesionales  o  limitan  la  capacidad  efectiva  de  los  profesionales  de  competir.  Económicamente  tienden  a  homogeneizar  la  oferta  de  servicios  profesionales con lo que se restringe la oferta y se incrementan los precios. 

Este informe establece que la colegiación obligatoria supone una situación de exclusividad  para  poder  ejercer  una  cierta  actividad  profesional.  Esta  exclusividad  constituye  una  barrera  de  entrada  frente  a  terceros  competidores  que  perjudica  a  los  consumidores  al  reducir  la  oferta  potencial  de  mercado,  supone  un  cierre  de  mercado  que  restringe  la  competencia.  Para  medir  el  efecto  de  exclusión  descrito  es  fundamental,  además  de  valorar la obligatoriedad de colegiarse, tener en cuenta también el coste de la colegiación.  Según  el  informe,  las  cuotas  de  colegiación  han  sido  tradicionalmente  una  forma  de  financiación de los Colegios profesionales que requieren una reflexión sobre si responden  PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


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a actividades beneficiosas para los colegiados y si son desarrolladas de una forma eficiente  que justifiquen el traslado de su coste al consumidor final.   Una de las recomendaciones del informe se realiza al Gobierno a quién se insta a aprobar  una  ley  en  donde  se  determine,  con  carácter  único  para  todo  el  territorio  nacional,  las  profesiones que excepcionalmente quedarán  sujetas a colegiación obligatoria.  Dado que  la  colegiación  obligatoria  restringe  la  competencia,  sólo  debe  exigirse  en  aquellas  actividades  profesionales  en  que  está  suficientemente  justificada  la  necesidad,  la  proporcionalidad  y  la  ausencia  de  discriminación  de  tal  medida.  Debe  recordarse  que  la  Disposición adicional 4ª de la Ley Ómnibus prevé la colegiación obligatoria para aquellos  “casos  y  supuestos  de  ejercicio  en  que  se  fundamente  como  instrumento  eficiente  de  control de ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios  y  en  aquellas  actividades  en  que  puedan  verse  afectadas,  de  manera  grave  y  directa,  materias  de  especial  interés  público,  como  pueden  ser  la  protección  de  la  salud  y  de  la  integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas”.       Informe  realizado  por  D.  Leopoldo  Pons‐Romeu  y  Albentosa‐Furio  sobre  “Mercados  Competitivos  y  Colegios  Profesionales:  El  papel  de  la  regulación  colegial  en  el  funcionamiento de  los  mercados  de  prestaciones de  servicios  profesionales  colegiados.  Un análisis económico de la cuestión” publicado en noviembre de 2008  A  raíz  de  la  publicación  del  informe  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Competencia  de  septiembre  de  2008,  en  donde  se  mantiene  la  tesis  de  que  los  Colegios  Profesionales  ejercen una disfunción relevante en el funcionamiento de las reglas de la competencia en  los  mercados,    se  realizó  este  informe.  El  objetivo  del  mismo    fue  contrastar  esta  tesis  manteniendo  la  argumentación  de  que  los  Colegios  Profesionales  con  su  ejercicio  de  regulación  de  la  actividad  profesional,  no  sólo  ayudan,  sino  que  hacen  posible  el  funcionamiento de mercados competitivos en los subsectores profesionales en los que se  irradian.      PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


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Ideas que defiende este informe contra las de la Comisión Nacional de la Competencia:  ‐  La  economía  y  los  mercados  competitivos  funcionan  razonablemente  bien  cuando  los  mismos  están  regulados,  tienden  a  proteger  las  reglas  de  la  competencia.  En  varios  estudios se ha puesto de manifiesto que el ejercicio de las profesiones sin regular tiende a  ir  ubicándose  de  forma  ineludible  hacia  grandes  concentraciones  empresariales  que  trasladan los mercados de competencia a situaciones de oligopolio.  ‐  En los mercados (curvas de oferta y demanda) hace falta un control y una regulación de  la propia identificación y contenido de los productos (materias físicas). Esto resulta mucho  más  claro  al  hablar  de  prestaciones  de  servicios  profesionales  (objetos  inmateriales).  La  primera delimitación de las curvas de oferta de prestaciones de servicios profesionales es  la necesidad de las titulaciones académicas ligadas al ejercicio de la profesión (obligación  de colegiación), pero el ejercicio en el tiempo de las profesiones requiere otros elementos  igualmente necesarios: formación  continuada, códigos  deontológicos  y  regulación de  los  mercados  competitivos  para  asegurarlos  y  defenderlos  frente  a  actuaciones  de  concentración o funcionamientos empresariales indeseados.    ‐  La  Comisión  Nacional  de  la  Competencia  establece,  como  uno  de  los  principales  argumentos  para  instar  a  la  desregulación  del  sector  de  servicios  profesionales,  que  los  Colegios Profesionales introducen barreras de entrada (colegiación obligatoria y cobro de  cuotas) en el desarrollo de las profesiones que acaban teniendo un efecto incremento del  coste del servicio para el consumidor final. En este informe se pone en duda tal afirmación  y analiza las diferentes cuotas colegiales:  

Cuotas de entrada – Tienen un carácter de cobro puntual y único por lo que no se  puede  considerar    como  un  concepto  de  coste  que  se  traslade  al  honorario  que  paga el consumidor final del servicio.  Cuotas colegiales periódicas – Aún teniendo un carácter habitual su cuantía, tanto  en términos absolutos como relativos, es irrelevante dentro del coste del servicio  profesional  pagado  por  el  consumidor.  El  importe  de  las  cuotas  periódicas  representan menos del 1 % de los ingresos medios de un profesional. 

‐  El  estudio  analiza  cómo  incide  el  sector  de  servicios  profesionales  en  algunas  magnitudes macroeconómicas (datos de 2008):  PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


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Empleo  –  Este  sector  representa  en  torno  al  10  %  del  censo  total  de  la  población activa española. El subsector de servicios sanitarios representa un 57  % del total de empleados del sector de servicios profesionales y un 5,7 % del  total de la población activa española.  Censo  de  empresas  –  El  número  de  empresas  que  conforman  en  sector  de  servicios profesionales supone un 15,05% del total del censo de empresarios. El  subsector  de  servicios  sanitarios  supone  un  22,27  %    del  censo  total  de  empresas.  Contribución  al  Valor  Añadido  Bruto  de  la  economía  española  –  Este  sector  supone un 10 % del total del VAB español. El subsector de servicios sanitarios  supone un 48 % del VAB de empresas dedicadas a servicios profesionales. 

  Conclusiones finales:  ‐  Las  tendencias  de  las  magnitudes  arrojadas  por  el  sector de  servicios  profesionales  parecen  confirmar  que  la  regulación  existente  en  la  actualidad  respeta  el  equilibrio  necesario  entre  el  principio  de  libre  competencia  y  el  principio  de  protección  de  interés general (especialmente en el subsector sanitario).  ‐  Se  debería  plantear  analizar  de  forma  pormenorizada  todos  y  cada  uno  de  los  subsectores  profesionales  sobre  los  que  se  pretenda  realizar  actuaciones  de  liberalización,  ya  que  cada  uno  cuenta  con  una  especificidad,  por  lo  que  una  modificación  de  carácter  generalizada  podría  tener  consecuencias  graves  en  función  de la medida adoptada y de la profesión de que se trate.  ‐ Sea como sea deberá seguir existiendo un conjunto de normas reguladoras, así como  un conjunto de entes que ejerzan el control y la supervisión sobre el cumplimiento de  tales principios reguladores, para seguir garantizando el principio de interés general de  los consumidores.        PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


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Datos de la OMC (Consejo General + Colegios Provinciales) – ejercicio 2011  Colegios de Médicos  ALAVA  ALBACETE 

Cuota 2011                        306                        295 

ALICANTE  ALMERIA  AVILA  BALEARES  BURGOS  CACERES  CADIZ 

                      237                        306                360                        373                        402                        343                        389 

CASTELLON 

                      222 

CIUDAD REAL  CORUÑA  CUENCA 

                      295                        330                295 

GRANADA 

                      321 

GUIPUZCOA  HUELVA  HUESCA 

                      319                        297                        336 

JAEN 

                      288 

LERIDA 

                      340 

LA RIOJA 

              347 

LUGO  MADRID  MALAGA  ORENSE  ASTURIAS  PALENCIA 

                      295                        321                        245                        339                        400                310 

LAS PALMAS  PONTEVEDRA 

                      328                        311 

SALAMANCA  CANTABRIA 

                      298                        248 

SEGOVIA  SEVILLA 

              368                        442 

SORIA  TARRAGONA 

              403                        384 

TERUEL  VALENCIA  VALLADOLID  ZAMORA  ZARAGOZA 

              372                        278                        314                  306                           315    

     

  PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS    TOTAL cuotas Colegios  Cuota media 2011 

  12.995  325

 

Servicios que da la OMC con la cuota colegial:  1) A sus colegiados:  a. Asesoría Jurídica y defensa judicial  b. Asesoría fiscal  c. Asesoría laboral  d. Seguro de vida  e. Póliza de responsabilidad civil profesional  f. Servicios  informáticos  (cuenta  de  correo  electrónico  corporativo,  asesoría  informática, aula informática)  g. Formación Médica Continuada  h. Cursos y actos de actualización científica  i. Utilización de las instalaciones colegiales  j. Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe  de Asturias ‐ Catálogo de Prestaciones:  o De información: Servicio de Atención Social  o Asistenciales: huérfano discapacitado, huérfanos > 60 años, médico  discapacitado,  médico  jubilado,  viudedad,  atención  temprana  0‐6  años  o Educacionales:  educacional  <  21  años,  beca  estudios  oficiales,  expedición títulos oficiales  o Para  la  conciliación:  atención  a  domicilio,  respiro  del  cuidador,  residencias de mayores   

2) Al consumidor final – Programa PAIME como garantía para el paciente            PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


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QUÉ ES EL PAIME:  Es  un  Programa  de  Atención  Integral  al  Médico  Enfermo  (asistencia  sanitaria,  atención  social,  apoyo  legal  y  asesoramiento  laboral),  por  causas  psíquicas  y/o  conductas de adicción.  Los objetivos finales son: ayudar a los médicos enfermos, asegurarles la asistencia  especializada necesaria, favorecer su rehabilitación como profesionales y procurar  que la práctica de la medicina se haga en las mejores condiciones posibles para la  salud de la ciudadanía.    DESTINATARIOS:  Todos  los  médicos  colegiados  en  activo,  que  presenten  problemas  psíquicos  y/o  adictivos y puedan volver a desarrollar su profesión en las mejores condiciones y  con las máximas garantías para los pacientes.    LA FPSOMC Y EL PAIME:  La Fundación de Protección Social de Médicos contempla en su Catálogo anual de  Prestaciones, la ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados  por  el  ingreso  en  un  centro  especializado  de  médicos  que  padecen  una  enfermedad  mental  y/o  adicción.  La  cuantía  del  gasto  a  cubrir  será  la  correspondiente  al  porcentaje  no  cubierto  por  el  convenio  existente  entre  el  Consejo Autonómico de Médicos y la Comunidad Autónoma correspondiente.    CÓMO SE ACCEDE:   La  puerta  de  entrada  al  PAIME  es  el  Colegio  Oficial  de  Médicos.  El  responsable  colegial  del  PAIME  hará  el  primer  contacto,  informando  al  colegiado  sobre  el  Programa  y  asignándole  el  terapeuta,  siempre  con  las  máximas  garantías  de   confidencialidad.    En  caso  de  que  el  terapeuta  valore  necesario  el  ingreso  en  clínica,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  responsable  colegial  del  PAIME  a  fin  de  tramitar el ingreso.        PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


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GESTIÓN:   Determinado  el  ingreso  del  médico  enfermo  en  centro  especializado  para  el  tratamiento  de  la  patología  mental  o  conducta  adictiva,  el  Colegio  enviará  a  la  FPSOMC  el  impreso  de  solicitud  de  la  prestación  PAIME,  debidamente  cumplimentado  y  acompañado  de  la  documentación  que  se  indica  en  el  mismo.  Valorada  la  solicitud,  se  comunicará  al  Colegio  y  al  centro  de  internamiento  la  autorización, o no, del ingreso.  Finalizado el internamiento, el centro  facturará a la FPSOMC la parte económica  correspondiente,  de  acuerdo  al  precio  estipulado  ingreso/día  por  el  Patronato.  Recibida la factura de servicios y aprobada por la Junta Rectora, se procederá a su  abono.      Número de empleos que crea la OMC (datos de 2011):  

Empleos directos – 839 

Empleos indirectos – 653     

Madrid, 7 de mayo de 2012                     

PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 


6. CUMBRE MÉDICO ENFERMERA POR  LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 


CUMBRE MÉDICO ENFERMERA POR LA SEGURIDAD DE LOS  PACIENTES    El  día  15  de  abril  de  2011  se  celebró,  en  el  Aula  Magna  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  la  “Cumbre  Mundial  Médico‐Enfermera”  en  apoyo  de  la  colegiación  universal  de  las  profesiones  sanitarias en España, como único medio de garantía eficaz de la seguridad de los  pacientes, desde una práctica profesional médica y enfermera ética, autónoma  y competente:    1.  Estableciendo una auténtica alianza con los pacientes;   2. Estableciendo  un  ejercicio  racional  de  nuestras  respectivas  profesiones que contribuya a la sostenibilidad del Sistema Nacional de  Salud;  3.  Garantizando  el  mantenimiento  de  la  competencia  profesional  a  lo  largo de la vida;   4. Poniendo especial énfasis en las actitudes y comportamientos de los  profesionales como elementos clave de la necesaria humanización de  nuestros servicios de salud.     Los  máximos  responsables  de  organismos  reguladores  de  diversos  países  se  dieron cita en este encuentro y se sumaron a la petición de colegiación universal  para las profesiones sanitarias:     ‐ Consejo Europeo de Profesiones Liberales,   ‐ Asociación Médica Mundial,   ‐ organizaciones profesionales de médicos y enfermería de Francia, Brasil,  Estados Unidos, Portugal, Australia, Reino Unido, Alemania e Italia.    Para las Organizaciones Colegiales de médicos y de enfermeros, la universalidad  de la colegiación es la garante del registro y del control deontológico que debe  seguir  siendo  ejercido  por  las  propias  organizaciones  profesionales  independientes y democráticas, como medio que ha demostrado sobradamente  su validez a la hora de garantizar la seguridad de los pacientes.         1   


UN RIESGO REAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES    Según los documentos de trabajo del Proyecto de Ley de Servicios Profesionales  que  actualmente  contempla  el  Gobierno,  se  tiene  previsto  mantener  una  colegiación  obligatoria  de  los  profesionales  sanitarios  que  trabajan  para  la  sanidad privada y apostar por eximir de dicha obligatoriedad a los profesionales  que trabajan para la sanidad pública. Esta decisión se adopta alegando que en  estos supuestos (los trabajadores de la sanidad pública) el Estado ya realiza un  “control  de  las  buenas  prácticas”.  Esta  posibilidad  ya  de  por  sí  es  totalmente  inaudita  en  cualquier  país  desarrollado  con  un  sistema  sanitario  de  prestigio  porque  quien  es  el  empleador  y  responsable  logístico  y  organizacional  del  trabajo, no puede también ser quien decida qué son buenas prácticas porque se  convierte en juez y parte frente a sus empleados. Si esto es así, los profesionales  sanitarios  no  podrían  negarse  a  realizar  una  práctica  clínica  o  asistencial  que  consideren  que  implique  riesgo  para  sus  pacientes  porque  el  criterio  deontológico  sería  el impuesto  por  su  gestor  que  priorizaría  frente  a  la  propia  seguridad de los ciudadanos.     Contó  también  con  la  participación  de  la  Ministra  de  Sanidad,  Política  Social  e  Igualdad, Leire Pajín, y del Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que  defendió la colegiación universal de los profesionales sanitarios en los siguientes  términos:    “Compartimos  con  las  Organizaciones  convocantes  de  esta  Cumbre  Mundial la necesidad de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios  y la obligatoriedad de la Colegiación en las profesiones regladas. Es este  un  compromiso  que  figura  de  modo  expreso  en  nuestro  Programa  Marco  para  las  próximas  elecciones  Autonómicas  y  Municipales,  que  además se formalizó ayer mismo en forma de iniciativa parlamentaria.    

Quiero  destacar  de  manera  especial  que  los  principios  de  buenas  prácticas y códigos deontológicos, que los profesionales consensúan en  el seno de los colegios profesionales, inspiran y guían la conducta de los  profesionales en  el ejercicio de la profesión.    Pienso, en definitiva, que los colegios y la colegiación obligatoria son un  elemento clave para impulsar el profesionalismo, la toma de decisiones  con  autonomía  y  responsabilidad.  Tienen  un  compromiso  de  servicio  a  la sociedad, que ejercen con sentido de equidad, integridad, honestidad  y excelencia.”

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7. LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA   Y SOCIAL DE LA COLEGIACIÓN   UNIVERSAL DE LA  PROFESIÓN MÉDICA 


LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA Y SOCIAL DE LA   COLEGIACIÓN UNIVERSAL DE LA PROFESIÓN MÉDICA                          Madrid, enero 2011  1   


I N D I C E          1. Contextualización institucional y profesional de la Colegiación Médica    2. Consideraciones Generales de la OMC    3. Compromisos del Nuevo Contrato Social de la Profesión Médica    4. El Proceso de Legitimación Pública de la Colegiación Universal de los Médicos                       

2   


1.

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA COLEGIACIÓN MÉDICA 

    La  Organización  Médica  Colegial  (OMC)  es  una  entidad  institucional  y  profesional  asentada  en  un  ámbito  de  representación  democrática  y  de  libertades  públicas  de  la  profesión médica, y dedicada de forma preferente al control y regulación de su ejercicio, que  comparte  con  el  poder  que  otorga  el  estado  a  sus  Administraciones.  Es  en  suma  un  instrumento  de  gobernanza  profesional  y  de  garantía  de  derechos  públicos  esenciales,  a  través de un proceso de creación de competencias distintivas sanitarias y sociales al servicio  del paciente y del Sistema Nacional de Salud (SNS).       En  la  OMC  tiene  espacio  de  libre  expresión  cualquier  planteamiento  intelectual  y  profesional,  siempre  expuesto  con  respeto  y  en  sus  justos  términos.  Porque  entendemos  que  las  diferencias  de  criterio  y  de  conciencia  correctamente  expuestas,  son  una  fuente  creativa e inagotable de energía sanitaria, social, y profesional.       Como  consecuencia  de  todo  ello  y  del  dinamismo  de  la  sociedad  actual  y  especialmente de las ciencias biomédicas, la OMC promueve un activismo profesional cívico  y social reformista para enfrentar los grandes desafíos de modernización y consolidación del  modelo sanitario público.       El  nuevo  profesionalismo  médico  significa  en  la  práctica  asistencial  el  compromiso  con la competencia, la integridad, la moralidad, el altruismo y la promoción de un bien social  preferente como es la salud. Este compromiso ético forma parte del contrato social implícito  entre los Colegios de Médicos y la propia sociedad, y representa la base de su legitimación  social.  El  nuevo  profesionalismo  viene  a  dinamizar  la  deontología  y  ética  profesional,  no  a  sustituirlas, sino a completarlas poniendo al día sus principios y normas y transmitiéndoles  un impulso de mayor y más activa responsabilidad ante los ciudadanos y la sociedad entera 

3   


2.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OMC:    El  SNS    en  general    y  la  atención  sanitaria  en  particular  es  un  sector  estratégico  de  la  economía  de  conocimiento,  generador  de  riqueza,  bienestar,  innovación  científica  y  empleo  cualificado,  basado  en  unos  principios  substanciales  de  equidad  social  y  solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho social irrenunciable de todos los  españoles.    Para  consolidar  y  ofrecer  a  las  próximas  generaciones  este  servicio  fundamental  del  estado de bienestar es imprescindible renovar nuestros compromisos profesionales con  la  sociedad  y  con  el  SNS,  respaldando  los  cambios  estructurales  necesarios  para  mantener  el  alto  nivel  de  calidad  alcanzado  en  las  prestaciones  sanitarias  públicas  y  hacerlas sostenibles.    Es imprescindible comprometerse e impulsar los procesos de cambio como respuesta a  las  grandes  transformaciones  sociales,  cumpliendo  prioritariamente  dos  condiciones  fundamentales:  que  promuevan  el  bienestar,  la  equidad  y  la  eficiencia  como  bienes  sociales  preferentes  y  hacerlo  desde  la  restauración  ética  y  ejemplar  del  gobierno  público. Para lo cual considera necesario afrontar la complejidad de la crisis económica y  su impacto en los servicios sanitarios, a la vez que se ofrecen propuestas para consolidar  un sistema sanitario equitativo y de calidad.    El éxito del SNS español y nuestro sistema de atención sanitaria, así como la calidad del  servicio  y  de  las  prestaciones  sanitarias,  nos  posiciona  a  un  nivel  avanzado  entre  los  países  de  nuestro  entorno,  y  cuya  contribución  a  este  hito  del  estado  social  de  la  profesión  médica  española,  es  hoy  plenamente  reconocida  por  todos  los  agentes  del  sector y la propia sociedad. Entre otras razones, porque la renovación de su compromiso  social y sanitario que recientemente ha realizado, es ejemplar en sus principios y valores  universales e intemporales, y se añade al patrimonio histórico de nuestra profesión que  se  ha  venido  construyendo,  actualizando  y  defendiendo  permanentemente  desde  los  órganos rectores de la OMC.    Es  necesario  establecer  un  modelo  de  buen  gobierno  sanitario  potenciando  la  profesionalización  de  la  gestión  en  los  servicios  sanitarios  en  base  a  criterios  de  transparencia,  mérito  y  capacidad,  y  mediante  el  desarrollo  de  nuevas  prácticas  directivas  y  gestoras,  con  evaluación  de  las  competencias  organizativas  y  profesionales  para una mejor gestión del conocimiento operacional. Lo cual deben constituirse en ejes  4 

 


centrales  de  actuación  en  todos  los  procesos  de  promoción  y  reconocimiento  profesional, en las instituciones y centros sanitarios.     Exigimos del poder político, que responda a su obligación moral con la sociedad y lidere  un  proyecto  dinámico  y  transformador    que  garantice  la  suficiencia,  sostenibilidad,  gobernabilidad,  cohesión  y  equidad  como  fundamentos  básicos  de    legitimación  social  del  SNS    y  del  Estado  benefactor.  Consideramos  imprescindible  y  reiteramos  ‐por  enésima  vez‐  la  necesidad  de  un  Pacto  Político  y  Social  para  revitalizar  el  SNS    y  garantizar su sostenibilidad económica y social en base a criterios de unicidad y cohesión  social  y  mediante    una  integración  de  sus  funciones,  actividades  y  competencias  esenciales  vinculadas al ámbito jurídico de titularidad pública, así como el fomento de  un  profesionalismo  médico  participativo  y  corresponsable  en  la  gobernabilidad  y  co‐ gestión del patrimonio sanitario común.    La autoridad debe reconocer el papel central de la profesión médica para reorientar y  dirigir  su  propio  progreso  profesional  y  social,  también  en  lo  concerniente  a  la  organización  y  gestión  de  los  servicios  de  salud,  porque  sin  un  desarrollo  efectivo  y  racional de los valores esenciales que asume nuestra profesión, no es posible pretender  un sistema sanitario moderno, eficaz y humanista.       

5   


3.

COMPROMISOS DEL NUEVO CONTRATO SOCIAL DE LA PROFESIÓN MÉDICA      Por todo ello, los Colegios de Médicos revitalizan su liderazgo y reputación social  para  hacer  posible  la  aplicación  de  los  valores  del  profesionalismo  sanitario  y  fortalecer  la  base de confiabilidad que la sociedad les otorga para tutelar desde su  independencia y  capacidad de autogobierno los intereses relacionados con la salud de los pacientes y la  población,  como  elementos  básicos  que  dan  forma  al  Nuevo  Contrato  Social  que  proponemos:    o En  razón  a  unos  valores  que  la  sociedad  identifica  y  reconoce:  vocación  de  servicio,  primacía  de  los  principios  éticos,  actitud  competente  y  moral  en  la  práctica  asistencial,  promoción  del  bien  común,  garantía  de  credencialismo  profesional,  humanismo  científico  y  adhesión  al  derecho  constitucional  a  la  protección de la salud.    o Reforzando el papel de la Ciudadanía Sanitaria a la que ofrecemos información,  participación,  transparencia,  autonomía,  representación,  compartir  decisiones   que afectan  a valores universales que justifican los servicios sanitarios públicos y  responder  a  las  necesidades  de  los  diferentes  grupos  que  integran  nuestra  sociedad actual.    o Co‐responsabilidad  social  compartida  en  el  buen  gobierno  de  las  propias  instituciones sanitarias y en la defensa de los valores que legitiman los servicios  sanitarios públicos. Son  compromisos prioritarios de la OMC:    • Garantizar  la  calidad  asistencial  mediante  el  progreso  de  la  medicina  y  el  avance  de  la  ciencia,  junto  con  la  defensa  de  los  principios  éticos  donde  se  asienta la construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria.  • Racionalizar las prestaciones, utilización de los recursos y servicios sanitarios  en términos de coste/efectividad, a la vez que comprometidos con una pronta  y eficaz distribución transversal de los avances de la ciencias biomédicas.  • Priorizar  actuaciones  sobre  bases  epidemiológicas  y  poblacionales;  es  decir,  en función de necesidades y resultados en salud.   • Mejorar  las  competencias  fundamentales  de  los  servicios  públicos  (capital  intelectual, tecnológico y social).    6 

 


o Todo lo cual constituye una única vocación universal e integradora que pretende  defender el  SNS como un activo patrimonial y bien social público insustituible en  una  sociedad  avanzada,  contribuyendo  a  su  protección  para  evitar  el  riesgo  de  entrar en una deriva de deterioro, fragmentación y desmotivación.     o Y también compone un mensaje a las futuras generaciones de médicos para que  se sientan acogidos y representados por su Institución Colegial bajo los principios  del  nuevo  profesionalismo  y  reciban  proactivamente  mensajes  de  esperanza,  responsabilidad y compromiso, a la vez que asumen su capacidad de autogobierno  profesional y social para liderar su propio futuro.  

7   


EL  PROCESO  DE  LEGITIMACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  COLEGIACIÓN  UNIVERSAL  DE  LOS  MÉDICOS        La  co‐regulación  de  la  profesión  médica,  su  control  y  el  mantenimiento  de  un  sistema de gobernanza y garantía pública permanente contra las posibles desviaciones en el  ejercicio profesional son un determinante de la legitimación de las Entidades Colegiales; por  consiguiente,  la  colegiación  universal,    tiene  una  clara  e  irrenunciable  justificación  ética  y  social,  y  se  asienta  internamente  en  comportamientos  y  procedimientos  de  regulación  estrictamente democráticos.   4.

  Existe desde Hipócrates un proceso permanente de disonancia entre los médicos y el  estado‐gobierno‐administraciones  sanitarias.  Ello  es  debido  a  que,  aún  compartiendo  un  interés  mutuo  al  servicio  de  la  sociedad,  estas  instituciones  proyectan  sus  actividades  y  funciones con lógicas y racionalidades distintas, si bien complementarias, y ambas legítimas  y necesarias.     La Colegiación obligatoria debe ser entendida como un bien social , constituyendo un  beneficio  no  para  los  médicos  (  que  también  )  sino  para  los  ciudadanos;  y  existe  una  profunda  ignorancia  sobre  su  significado  como  mandato  constitucional  y  del  legislador.  La  única  fórmula  para  garantizar  la  buena  práctica  profesional  es  la  universalización  de  su  control, si no involucra a todos los ejercientes, no hay control.     Los  “colegios  profesionales“  se  diferencian  de  las  “asociaciones“    y  de  los   “sindicatos“,  ya  que  la  incorporación  a  éstos  es  libre  y  a  los  colegios  no.  Ello  tiene  su  proyección  en  la  Constitución,  ya  que  el  asociacionismo  (art.22)  y  el  sindicalismo  (art.28)  está  en  la  sección  de  derechos  y  libertades,  mientras  que  los  Colegios  (art.36)  están  en  la  sección de derechos y deberes, como un correlativo deber a la libertad de elección de ciertas  profesiones (art.35) debido a su trascendencia.    Dotar  de  virtualidad  y  confiabilidad  este  ámbito  de  co‐responsabilidad  en  las  relaciones  institucionales,  forma  parte  de  los  valores  compartidos  por  el  bien  común  en  nuestro ámbito sanitario y social.   La  necesidad  de  la  Organización  Médica  Colegial  y    la  justificación de la Colegiación Universal surgen:  a)

Por  la  relevancia  social  de  los  Principios  Constitucionales  que  salvaguarda  y  por  responder  a  derechos  o  bienes  fundamentales.  El  control  universal  de  la  profesión  médica  garantiza  para  todos  los  ciudadanos  un  servicio  profesional  y  humanista  éticamente responsable. Esta potestad la tienen los Colegios de Médicos, garantes como  son de la mejor praxis médica.  8 

 


b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

  Por el marco regulatorio de la propia colegiación universal que forma parte del contrato  social  implícito  de  la  profesión  médica  con  la  propia  sociedad,  bajo  el  principio  de  subsidiariedad.      Porque la propia naturaleza de la profesión médica, desde la categorización sociológica  moderna, otorga capacidad de autorregulación profesional para reforzar las funciones y  competencias subsidiarias de servicio incondicional a la ciudadanía sanitaria.     Porque  los  objetivos,  acciones  y  proyectos  promovidos  por  los  Órganos  Rectores  Colegiales  de  los  médicos  responden  a  políticas  activas  de  promoción  de  la  salud  y  de  garantías de un profesionalismo socialmente responsable.    Porque la Institución Colegial Médica contribuye a articular un tejido profesional, cívico  y social insustituible en el marco de una sociedad civil avanzada y participativa.     Porque  permite  que  los  profesionales  médicos  se  involucren  más  activamente  en  el  sistema de gobernanza de los derechos sustantivos de ciudadanía sanitaria, tutelados de  forma  permanente  por  la  OMC,  y  en  cuyas  estructuras  organizativas  y  operacionales  intervienen directa y democráticamente.     Además, el sistema de rectoría profesional y colegial trasciende nuestras fronteras y se  mantiene en comunicación con todos los países de nuestro entorno y nivel de desarrollo.  Permite por ello que la profesión médica española esté presente y participe en todos los  foros profesionales Internacionales.    Porque  se  representa  institucionalmente  y  de  forma  transversal  a  la  profesión  médica  con  un  Órgano  Rector  único  obligado  a  responder  ante  el  dinamismo  disruptivo  del  conocimiento  médico,  y  en  especial,  a  su  compleja  ‐y  con  frecuencia  divergente‐  estructura especializada en las ciencias de la salud.    Por  la  capacidad  de  adaptación  y  de  respuesta  ante  el  dinamismo  en  la  génesis  del  conocimiento  especializado.  Contribuyendo  por  ejemplo  a  la  necesaria  integración  asistencial, docente e investigadora en el ejercicio profesional  y permitiendo una gestión  eficiente  de  estas  tres  funciones  a  lo  largo  de  la  vida  del  conjunto  de  la  comunidad  médica y de cada uno de los profesionales en el ámbito de su especialidad y puesto de  trabajo.  9 

 


j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

  Por  dotar  de  mayor  flexibilidad  a  los  instrumentos  de  gobierno  profesional  para  enfrentar  situaciones  y  cambios  constantes  e  imprevisibles  en  el  ámbito  sanitario  y  social,  así  como  dinámicas  políticas  y  económicas  complejas  como  crisis  sanitarias,  nuevas leyes que condicionan el ejercicio medico, la formación especializada o plantean  dilemas  éticos,  políticas  del  medicamento,  decisiones  administrativas  que  afectan  a  la  libertad profesional …    Por  una  mejor  aceptación  profesional  de  las  reglas  y  normas  reguladoras  que  vengan  desde  el  propio  acervo  y  cultura  de  la  profesión,  y  que  permitan  aprovechar  el  extraordinario  interés  médico  por  mantener y  poner  en  valor  su  reputación  social.  Ello  sólo puede ocurrir si se mantiene la regulación y los mecanismos de control dentro de los  ámbitos colegiados profesionales.     Por unas mayores garantías de buen gobierno profesional – a posibles requerimientos  de  la  autoridad  sanitaria‐  para  responder  sobre  bases  epidemiológicas  y  poblacionales  ante situaciones sanitarias y sociales complejas.    Por  una  mayor  eficacia  y  celeridad  para  identificar  y  gestionar  desde  principios  de  legitimación  pública  los  incumplimientos  o  malas  prácticas  profesionales,  o  para  responder  desde  la  lógica  del  buen  gobierno  a  las  frecuentes  y  legítimas  diferencias  intraprofesionales en los dominios de la bioética y otras dentro de las disciplinas afines.    Para  contribuir  desde  la  participación  democrática  y  profesional  a  los  procesos  de  evaluación  de  las  innovaciones  organizativas,  tecnológicas  y  de  gestión,  así  como  de  la  práctica clínica.    Para instrumentar con mayor efectividad la gestión de quejas y reclamaciones, tanto de  los pacientes o ciudadanos, como de los propios profesionales.    Para  normalizar  desde  la  confianza  y  lealtad  las  relaciones  agénciales  en  el  ámbito  político y social, con la estructura y marco regulador colegial en el ejercicio profesional  de la medicina.    Todas  son  razones  que  en  conjunto  y  cada  una  por  separado  hacen  imprescindible  la  existencia de la Organización Médica Colegial y la colegiación universal de los médicos   

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ANEXO I      CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA COLEGIACIÓN MÉDICA   Análisis de los elementos críticos a la colegiación de los médicos      Es necesario abordar aquellos juicios, valoraciones  que bien desde dentro de la profesión  se utilizan como argumentos contra la colegiación universal de la profesión médica. Así en  ocasiones     1.

Identificación  del  concepto  de  profesión  con  el  de  clase  médica,  con  lo  que  aquella  queda  marcada  como  un  valor  social  negativo.  Pero  esa  es  una  visión  reductiva:  el  concepto  de  profesión  sobrepasa  la  idea  clasista  de  defensa  de  intereses  de  clase;  incluye  la  totalidad  de  los  contenidos    vocacionales  (ciencia  cualificada,  servicio  a  los  pacientes  y  a  la  sociedad,  fijación  de  los  compromisos  colectivos,    unión  en  el  Colegio  para  la  defensa  de  los  fines  intrínsecos  de  esa  vocación.  Por  tanto,  los  intereses  de  la  profesión médica coinciden con los fines de la llamada vocacional del médico, no con una  clasista protección de privilegios.   

2.

Se  desconfía  de  la  capacidad  de  Organización  Médica  Colegial  para  cumplir  sus  objetivos.  Desde  hace ya  algún  tiempo,  el  enfrentamiento  entre  los  conceptos  clásicos  de autorregulación y de regulación externa de la profesión médica, ha encontrado una  solución  alternativa:  la  “regulación  compartida”.  La  desconfianza  apriorística  en  la  capacidad y la voluntad de los Colegios y de la OMC para emprender su reorientación y  reestructuración es tanto como dudar de la capacidad de respuesta y de adaptación de  una  profesión  que  ha  sido  históricamente  ejemplo  de  todo  lo  contrario,  como  lo  atestigua la alta valoración social de que disfruta, lo mismo que la calidad y eficiencia de  nuestro SNS.     11 

 


3. Se  consideran  como  privilegios  corporativos  lo  que  son,  en  realidad,  atribuciones  necesarias,  compromisos  obligados,  para  gestionar  la  ineludible  colaboración  de  la  profesión médica con el Gobierno, los Gobiernos Autonómicos y sus Administraciones. La  Constitución Española impone a los Colegios profesionales el mandato de dotarse de una  estructura interna y de un funcionamiento democráticos, una grave responsabilidad que  recae de modo especial sobre los directivos que los Colegiados eligen. Son notables los  poderes  y  libertades  que  al  directivo  se  le  asignan,  y  con  los  que  ha  de  cargar  para  desempeñar  con  soltura  sus  funciones.  La  Colegiación  es  increíblemente  generosa  con  sus  directivos,  pero  estos  han  de  corresponder  con  idéntica  generosidad.  El  notable  conjunto  de  libertades  específicas  que  los  Estatutos  les  otorgan  tiene  como  destino  exclusivo el responsable desempeño el cargo.       4. Algunos  han  expresado  su  sospecha  que  los  directivos  no  son  autónomos,  que  sus  actuaciones están fuertemente influidas por  los poderes económicos o políticos y que,  por  tanto,  están  en  riesgo  de  abdicar  de  sus  obligaciones.  Esa  sospecha  niega  la  honestidad colectiva de la colegiación, pues esta, por moralidad cívica y por obligación  estatutaria desea ser gobernada por hombres libres, independientes, responsables, con  iniciativa,  bien  aconsejados,  y  que  tengan  ardor  por  el  bien  corporativo,  y  cumple  soberanamente ese deseo mediante la elección de los cargos colegiales.       5. Se  atribuye  a  la  colegiación  obligatoria  el  sentido  intrínsecamente  negativo  de  toda  acción  coercitiva.  Es  este  el  argumento  fundamental  que  sus  detractores  esgrimen  contra los Colegios de Médicos. Pero ese es un argumento viciado. La profesión médica  está  socialmente  estructurada  como  colegiación,  como  el  conjunto  de  Colegios  de  Médicos,  pero  ni  es  una  asociación,  ni  podrá  responder  nunca  como  si  fuera  una  asociación.  De  hecho,  nuestra  Constitución  considera  los  colegios  aparte  de  las  asociaciones1.  El  motivo  de  fondo  de  esa  consideración  separada  consiste  en  el  objeto  que persiguen y que protegen. Aunque es común a colegios y asociaciones la búsqueda  de fines sociales y la prestación de servicios, difieren entre sí de modo nítido. El origen y  legitimación de la colegiación médica arrancan de un contrato social con la ciudadanía,  que tiene, lo mismo que el bien social pactado – la protección de la salud – una validez  permanente,  unos  términos  sólidamente  fijados,  cargados  de  implicaciones  éticas                                                               1

La Constitución Española contempla los Colegios en su Artículo 36, mientras que el derecho de asociación se contempla en el Artículo 22; también se encuentran referencias a cuestiones particulares referentes a las asociaciones en los Artículos 7, 105 y 127.

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irrenunciables.  Una  asociación  puede,  por  acuerdo  mayoritario,  cambiar  sus  fines  y  modificar  sus  estatutos.  La  OMC  está  irrevocablemente  ligada  a  los  fines  sociales  y  científicos de la vocación médica de sus miembros y, conforme a esos fines, determinar  los  términos  del  ejercicio  de  la  profesión  médica.  En  consecuencia,  la  Organización  no  puede renunciar a sus fines, ni siquiera modificarlos.     Tampoco puede alterar aquella parte de sus Estatutos que fijan sus fines, como tampoco  puede establecer normas que contraríen la Ley de Colegios Profesionales. Si la OMC se  convirtiera en asociación voluntaria, aunque a la misma pudieran adscribirse el cien por  ciento de los médicos, sufriría un colapso estructural y funcional. Sus fines pertenecerían  al ámbito privado, serían arbitrados a voluntad de sus socios, que tendrían atribuciones  para  cambiar  los  objetivos  fundacionales  y  los  fines  de  tal  asociación.  En  la  OMC,  en  cuanto corporación de derecho público, esa opción sencillamente no es posible, porque  ni su constitución ni sus fines la consienten: no están previstos para satisfacer los deseos  de  sus  colegiados  por  muy  legítimos  que  resulten.  Afortunada,  y  paradójicamente,  los  fines  y  objetivos  fundamentales  de  los  colegios  no  dependen  de  la  voluntad  de  sus  miembros.  Son  el  marco  ético  y  social  en  que  han  sido  creados  por  pacto  entre  la  sociedad  y  los  propios  médicos,  cuya  naturaleza  no  puede  ser  cambiada  aunque  así  lo  desearan el cien por ciento de sus miembros.    Se confunde la estructura de la OMC y sus corporativos fundamentales con las acciones  y comportamientos de sus directivos. Las gestión directiva ha de ser confiada a personas  concretas, seres humanos falibles, que, elegidos democráticamente, han de hacerlo con  la con la competencia que se les supone y la libertad que les otorga el cargo directivo.  Ante  el  descontento  que  sus  actuaciones  puedan  producir  solo  caben  las  respuestas  democráticas previstas en nuestro mandato constitucional, las propias de un Estado de  derecho, autorizadas por los Estatutos de la OMC y, finalmente, exigidas  por el Código  de Ética y deontología Médica.       7. Se  teme  que  los  colegios  puedan  convertirse  en  mecanismos  de  autoprotección  del  grupo profesional autorregulado, conducta que no sólo traicionaría el compromiso social  de la colegiación, sino que arrastraría consigo la pérdida de la legitimidad institucional, la  desprotección de los pacientes y de los ciudadanos afectados, y la reducción de la OMC a  un mecanismo corporativista de defensa de intereses egoístas. Se ha de reconocer que  ocasionalmente  puedan  darse  conductas  de  ese  tipo.  Los  colegiados  eligen  a  seres  humanos  para  los  cargos  directivos,  pero  no  está  en  sus  manos  cambiar  la  naturaleza  humana.  Pero  esa  crítica  es  mera  descripción  de  episodios  que  pasan:  no  afecta,  en  6.

13   


realidad,  a la esencia de la cuestión. No se pueden extrapolar a la institución los juicios  condenatorios sobre las acciones de las personas singulares, directivos o no. Los actos,  correctos o incorrectos, son siempre responsabilidad de las personas singulares que los  realizan, que gozan de libertad, que pueden acertar o equivocarse, y desempeñar recta o  torcidamente sus cometidos y obligaciones.     Si  los  colegios  dejaran  estatutariamente  de  perseguir  prioritariamente  el  bien  del  enfermo dejarían ipso facto de ser colegios y serian otra cosa. Eso, por fortuna, nunca ha  ocurrido.  La  acusación  de  corporativismo  imputada  al  Colegio  como  institución  es  imposible, porque la esencia del Colegio coincide con la de la vocación médica: buscar el  bien  del  enfermo  y  velar  por  él.  Otra  cosa  bien  distinta  son  los  juicios  éticos  que  merezcan  las  acciones  de  los  médicos,  individualmente  o  como  grupos.  Entonces  sí  podremos  reprochar  a  unos  haber  caído  en  un  corporativismo  malsano.  Y  no  necesariamente  tendríamos  que  felicitar  a  los  que  dan  prioridad  al  bien  del  enfermo  porque esa es su obligación.      Para que la gestión colegial pueda llevarse a cabo con el mayor acierto y ponderación,  para  evitar  la  visión  sesgada  y  unilateral  del  corporativismo,  está  establecido  que  los  órganos de gestión colegial, los mecanismos de gobierno, han de tener una estructura  pluripersonal,  colegiada,  que  delibere  y  resuelva  con  madurez  y  ponderación  los  problemas. Y a todos los niveles han de existir estructuras accesibles a todos, ciudadanos  y  colegiados,  a  las  que  recurrir,  abiertas  siempre  a  instancias  más  elevadas  a  las  que  recurrir,  organizadas  en  un  sistema  que  ofrece  garantías  suficientes  de  publicidad  y  transparencia, de equidad y justificación.      8. Se reprocha a los Colegios que sus normas y reglamentos no son plenamente aceptados  ni cumplidos por los propios profesionales autorregulados. Aunque no es humanamente  posible  establecer  normas  que  a  todos  gusten,  es  necesario  que  las  normas  y  reglamentos  se  establezcan  después  de  hacer  las  convenientes  consultas  a  los  grupos  interesados,  para  recibir  sus  sugerencias  y  críticas.  Conviene  siempre  buscar  la  aprobación,  sino  general,  sí  mayoritaria,  tras  la  convocatoria  y  debate  oportunos  en  tiempo y forma. Lo mismo que ocurre en la sociedad política con las leyes, las normas de  control  y  regulación  profesional  obligan  a  todos  los  que  tengan  ejercicio  profesional.  A  pesar del respeto a las convicciones personales, la legítima normativa colegial ha de ser  universal, implica a todos los médicos, a todas las modalidades de ejercicio. De no ser así,  no sería posible garantizar a todos una medicina de calidad científica y ética. Sería una  injusticia para los pacientes dejar fuera de esa regulación a los médicos que los atienden.  14   


La  universalidad  de  la  colegiación  es,  en  el  fondo,  un  derecho  irrenunciable  de  los  pacientes. 

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ANEXO II    Breve argumentación en defensa de la colegiación universal de los profesionales de  la medicina como bien de interés público      La  lógica  de  la  colegiación  universal  y  obligatoria  para  quien  desea  ejercer  la  profesión médica en el Estado Español tiene sus raíces en  la Constitución Española (CE) que  en 1978 fue aprobada por las Cortes y ratificada en Referéndum por los españoles.  La Carta  Magna  sitúa  la  cuestión    en  la  sección  de  Derechos  y  Deberes,  donde  en  el  Artículo  36  se  dice:  “La  ley  regulará  las  peculiaridades  propias  del  régimen  jurídico  de  los  Colegios  Profesionales  y  el  ejercicio  de  las  profesiones  tituladas.  La  estructura  interna  y  el  funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”. Se establece de este modo una  clara distinción con las asociaciones y sindicatos, que son de libre afiliación y que se sitúan  en una sección diferente dedicada los Derechos y Libertades (Art. 22 y 28 respectivamente  de la CE).  La profesión médica recibe un mandato constitucional de autorregulación que exige  un  posterior  desarrollo  normativo  de  la  colegiación  obligatoria  para  el  ejercicio  de  la  medicina, como un bien social en la medida que supone una protección, no tanto para los  médicos sino para los ciudadanos, mediante la remisión a una Ley de Colegios Profesionales  por  la  que  estos  asumen  diferentes  grados  de  protagonismo  en  tres  competencias  fundamentales:  1)  Registro  y  acreditación    del  profesional;  2)  Regulación  deontológica  mediante la promoción de los valores profesionales y su control; 3) Formación continuada.  La raigambre legal y democrática de la corporación colegial no debería ofrecer dudas,  pero  es  bien  cierto  que  ha  faltado  pedagogía  para  mostrar  su  fundamento  ético‐social  y  explicar  que  hay  razones  sólidas  para  argumentar  que,  si  no  existiera  esta  figura  sería  conveniente crearla, por el bien de la medicina, si se entiende, claro está, que estamos ante  una profesión de servicio público.   El Prof. Rozman lo explicó  muy bien en su discurso de ingreso en la Real Academia de  Medicina    Española    al  preguntarse  cuál  es  la  esencia  de  la  medicina:  “No  tengo  ninguna  duda en afirmar que nuestra profesión es de tipo vocacional y consiste en anteponer siempre  el  bienestar  del  los  pacientes  a  los  propios  intereses.  Ello  comporta  un  cierto  grado  de  abnegación”.  Esta  reflexión  nos  sitúa  ante  la  dimensión  ética  como  núcleo  duro  del  16   


reconocimiento y la autenticidad de la profesión médica, lo cual se traduce en que el objeto  más  específico  de  la  autorregulación  que  la  sociedad  ha  encomendado  a  los  colegios  profesionales  sea  el  compromiso  con  una  exigencia  de  conducta  que  va  más  a  allá  de  los  requerimientos de la legalidad.    La  autorregulación  de  la  colegiación  universal  es  la  mejor  alternativa  entre  los  posibles marcos normativos   A  la  hora  de  definir  el  marco  normativo  de  la  actividad  profesional  caben  cuatro  posiciones:  I.

Tesis  de  la  libertad  profesional  absoluta.  Todo  quedaría  sometido  a  los  valores,  criterios y decisiones personales de cada profesional, con libertad absoluta. Si bien se  trata  de  una  posición  que  en  nuestro  tiempo  sería  difícilmente  defendible,  en  ocasiones se pueden escuchar razonamientos de este estilo aplicados a la libertad de  prescripción como un derecho absoluto del médico, haciendo una interpretación del  concepto  de  libertad    equivalente  a  la  arbitrariedad,  desvinculado  de  la  responsabilidad personal. 

II.

Tesis  de  la  regulación  legal  absoluta.  Todo  lo  que  debe  hacer  el  médico  estará  prescrito  en  el  ordenamiento  legal.  Esta  posición  no  es  aceptada  por  ninguna  corriente  sensata  de  la  Filosofía  del  Derecho,  por  cuanto  supondría  una  judicialización  de  la  relación  clínica  que  convertirían    la  asistencia  sanitaria  en  una  selva  de  litigios  y  de  precauciones,  incompatible  con  la  vida  real.  De  ahí  que  entendamos la medicina defensiva como una práctica inaceptable. La función de las  leyes no es establecer todo lo que es correcto o no en la vida de las personas, sino  regular  aquellos  aspectos  morales  que  condicionan  el  bien  común  y  la  convivencia  justa  y  pacífica.  Por  eso  las  leyes  no  se  hacen  para  resolver  excepciones  sino  para  beneficiar  a  la  sociedad.  La  lógica  del  Derecho  exige  realizar  un  balance  de  consecuencias:  los  efectos  positivos  tienen  que  superar  los  potenciales  daños  de  la  ley  (pe. en la política represiva de la droga) 

III.

Tesis  de  mínimos  legales  universales  (Derecho  público)  y  máximos  morales  particulares  (Ética  personal).  Según  esta  posición  las  bases  mínimas  exigibles  en  la  asistencia  que  el  médico  debe  proporcionar  al  paciente  vienen  definidas  por  la  legislación común (que incluye por ejemplo la autonomía del paciente), a partir de la  cual  cada  profesional,  de  acuerdo  con  su  generosidad  de  conciencia,  elaborará  los   juicios éticos y la toma de decisiones ante el paciente.   17 

 


IV.

Tesis  de  la  Deontología  profesional.  Supone  un  perfeccionamiento  de  la  tesis  anterior. El profesional se compromete a un nivel de exigencia ética superior a la ley,  que  viene  definida  por  un  contrato  social  de  autorregulación  profesional,  que  se  recoge en el Código de Ética y Deontología, sobre el cual tendría capacidad disciplinar  el correspondiente Colegio profesional.  

La sociedad y los ciudadanos confían en que un médico por el hecho de decidirse a  ejercer  esta  profesión,  asume  un  exigente  compromiso  de  lealtad  hacia  el  paciente  y  la  comunidad, con un generoso y sincero interés por hacer las cosas del mejor modo posible.  Llegados a este punto surgen algunas preguntas que son decisivas para nuestro propósito:  ¿queda  a  la  discrecionalidad  de  cada  médico  el  modo  de  interpretar  y  aplicar  estos  compromisos éticos tan sustantivos de la profesión médica? Todo lo que está más allá de lo  que establece la ley, ¿es solo un asunto de conciencia personal?   Se trata en definitiva de establecer si la ética de máximos de cada profesional queda  absolutamente confinada a su propia conciencia moral, sin que se pueda decir nada más al  respecto,  como  si  de  un  coto  privado  se  tratara,  donde  un  paciente  queda  totalmente  al  albur del azar del tipo de médico que le ha tocado en suerte. O, cabe por el contrario, que se  le  pueda  exigir  al  médico  un  conjunto    de  deberes  precisamente  por  haber  abrazado  la  profesión  médica,  aunque  no  se  lo  demande  el  ordenamiento  jurídico.    La  cuestión  no  es  retórica  ni  académica,  pues  está  incluso  en  el  sentido  común  de  la  gente  de  la  calle:  del  médico  se  espera  un  determinado  nivel  de  exigencia  moral,  más  allá  de  lo  que  digan  las  leyes, o al menos sin esperar a que se le imponga de manera coactiva por la lógica de la ley.   Pero  entonces,  ¿quién  decide  lo  que  es  ser  un  buen  médico?  ¿Es  opinable  que  el  médico debe ser compasivo y tratar con cordialidad  a los pacientes?, ¿puede depender tan  solo del estilo que haya podido aprender de sus maestros? ¿Puede un médico criticar a otro  delante del paciente? ¿Se puede plantear que aquel médico que ha abusado de la debilidad  del  enfermo  en  su  beneficio  también  sea  evaluado  y  sancionado  por  su  propia  comunidad  profesional con una finalidad ejemplarizante?   Hay actitudes, disposiciones y comportamientos éticos que siendo consustanciales y  exigibles a una determinada profesión, nunca podrán ser objeto de la legislación ordinaria.  Esto es especialmente significativo en el ejercicio de la medicina donde el humanismo y la  relación de confianza son vitales.  De tal modo que, por ejemplo, no es suficiente cumplir la  ley  para  ser  un  buen  médico.  En  otras  palabras,  es  compatible  cumplir  la  ley  y  no  comportarse como un buen profesional de la medicina. 

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Existe, por tanto, un sólido fundamento filosófico y unas raíces constitucionales  bien  arraigadas para considerar la autorregulación que conlleva la colegiación universal como un  bien social.  Esforzarse  por  ejercer  la  profesión  con  este  ideal  no  se  puede  prescribir  por  la  vía  legal, pero sí se debe inculcar y exigir como valor deontológico. Este es el sentido último de  la necesidad de la colegiación. Los Colegios de Médicos están comprometidos en esta tarea  ante la sociedad.  

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ANEXO III    Constitucionalidad de la futura Ley que imponga la colegiación obligatoria en todos los  ámbitos, públicos y privados.    1.‐  Sería  más  constitucional  una  Ley  que  establezca  la  colegiación  obligatoria  de  los  Médicos que ejerzan al servicio de cualquier Administración Pública, que una Ley que no la  establezca, según el mandato constitucional del artículo 36 de la Constitución, en relación  con otras normas constitucionales, que acogió el sistema latino, inspirado en las dos reglas  básicas  de  las  profesiones  tituladas:  la  libertad  e  independencia  en  el  ejercicio  y  la  autorregulación  y  disciplina  a  través  de  un  sistema  de  derecho  público  transferido  a  las  Corporaciones profesionales.      2.‐  La Constitución de 1978 en el artículo 36 no optó por el sistema alemán o anglosajón  en  los  que,  respectivamente,  se  integran  las  estructuras  y  funciones  profesionales  en  el  Estado o se dejan en manos de los entes privados, sino por el sistema latino, al consagrar a  los Colegios Profesionales con sus “peculiaridades propias”.    La  Constitución  se  desvinculó  de  la  influencia  neoliberal  francesa,  y  proclamó  un  Estado  social  de  Derecho,  lo  que  implica  que  existan  grupos  intermedios  que  ayudan  al  desarrollo de la finalidad del Estado (artículo 9.2 de la Constitución), “grupos” en los que los  ciudadanos  están  integrados:  partidos  políticos,  sindicatos,  asociaciones  y  Colegios  Profesionales.    Pero los Colegios Profesionales no los creó la Constitución, estaban ya antes y tenían  unas  “peculiaridades  propias”,  que  no  pueden  ser  desconocidas,  ni  deformadas,  ni  destruidas por la Ley; y aquellas peculiaridades son una barrera constitucional por encima  de cualquier criterio neoliberal que pretenda ahora adoptar el legislador parlamentario.    3.‐  Las  peculiaridades  a  que  se  refiere  el  artículo  36  de  la  Constitución  ya  han  sido  diseñadas  por  el  Tribunal  Constitucional,  único  y  máximo  intérprete  de  la  Constitución,  a  través de una jurisprudencia, de la que no puede el legislador apartarse (artículo 164 de la  Constitución).  20   


La  primera  peculiaridad  de  los  Colegios  es  que  gozan  de  la  naturaleza  de  las  Administraciones Públicas, por lo que por mandato constitucional los Colegios desempeñan  potestades públicas; de tal forma que sería inconstitucional cualquier Ley que configure a los  Colegios Profesionales como asociaciones sin reconocerles aquel carácter.    La  segunda,  que  los  Colegios  tienen  como  función  básica  todo  lo  relacionado  con la  deontología  profesional  en    la    más  amplia  acepción  del  término,  en  el  sentido  de  que  se  considera el medio esencial de la finalidad de los Colegios el desempeño de las funciones de  ordenación del ejercicio profesional, de representación de la profesión y la titularidad de las  potestades normativa y sancionadora, lo que excluye el modelo alemán basado en la gestión  directa por la Administración del Estado de las distintas Comunidades Autónomas.    En tercer lugar, que el mecanismo de control del ejercicio profesional que tiene por  objeto  el  mantenimiento  de  la  deontología  profesional  es  una  función  estrictamente  colegial,  que  no  puede  atribuirse,  ni    siquiera  por  Ley,  a  otras  entidades  u  órganos  de  la  Administración,  pues  de  lo  contrario,  entrañaría  una  quiebra  del  artículo  36  de  la  constitución.    En cuarto lugar, aun cuando el artículo 36 de la Constitución no imponga la Colegiación  obligatoria, la finalidad misma de los Colegios Profesionales postula el carácter obligatorio  de  la  colegiación  como  presupuesto  para  el  ejercicio  profesional;  si  la  creación  de  los  Colegios Profesionales responde a la necesidad de los valores que se ponen de manifiesto en  el  ejercicio  de  las  respectivas  profesiones,  la  colegiación  obligatoria  estará  justificada  en  cuanto  se  manifieste  como  técnica  que  permite  alcanzar  ese  objetivo;  únicamente  tendría  sentido  la  colegiación  voluntaria  si  la  Constitución  hubiera  reservado  a  la  Administración  Pública las funciones de ordenación de la deontología profesional y del control deontológico.    5.‐  Una  Ley  que  obviara  la  colegiación  obligatoria  de  los  Médicos  que  desempeñan su profesión bajo la dependencia de una Administración Pública implicaría, en  contra del artículo 36 de la Constitución, que aquellos quedarían al margen del control de los  Colegios  en  el  ejercicio  de  su  profesión  y  que,  en  su  caso,  serían  controlados  por  la  Administración sin el suficiente apoderamiento constitucional.    Asimismo  aquella  Ley  sería  contraria  a  los  principios  constitucionales  de  la  interdicción  de  la  arbitrariedad,  en  su  manifestación  del  principio  de  la  naturaleza  de  las  instituciones (son los Colegios los únicos que pueden ejercer aquel control), de la seguridad y  certidumbre  jurídica  (al  no  existir  un  control  único  del  ejercicio  de  la  profesión,  sino  una  21   


descentralización de funciones); y de la igualdad y falta de uniformidad en la aplicación de la  normativa deontológica (la de las Administraciones Públicas por un lado y la de los Colegios  Profesionales por otro).    Aquella Ley sería una ley que incurriría en lo que el Tribunal Constitucional denominó  desviación  del  poder  legislativo,  por  apartarse  del  mandato  que  le  otorga  al  legislador  la  propia Constitución (artículo 36).      * * * *      

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Oferta Laboral Especialista en Medicina Interna con subespecialización en Neumología ó Residente para especializarse en Medicina Interna, subespecialidad Neumología 1. Institución demandante: conttigo consulting & services 2. No de plazas: 1 3. Lugar de trabajo: Hospital ubicado en el Norte del Estado de Baden-Württemberg (Alemania). Bajo necesidad, el hospital ofrece la posibilidad de formarse en las siguientes áreas adicionales: - Cardiología - Hemato-oncología - Alergología - Medicina del sueño - Terapia del dolor 4. Perfil del candidato: Buscamos un profesional motivado y con capacidades interpersonales que posea sólidos conocimientos de la Medicina Interna así como varios años de experiencia en Neumología, o con interés en especializarse en dicha rama de la medicina. Requisito indispensable certificado oficial B2 alemán o superior (C!, Sprachdiplom II). 6. Disponibilidad: Tiempo completo 7. Remuneración: Según normatividad alemana 8. Contrato: Fijo 9. Persona y datos de contacto: Maria del Pilar Berrío Área gestión de personal médico Werastr. 109 70190 Stuttgart, Germany Tel.: +49-(0)711-84980843 Fax: +49-(0)711-84980845 E-Mail: personal@conttigo.com Web: http://www.conttigo.com Skype: conttigo 10. Fecha: 13/06/2012

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