Construcción de Acuerdos Regionales para la Reconciliación y la Paz by Comisión de Conciliación Nacional

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS

REGIONALES PARA LA

RECONCILIACIÓN Y LA

PAZ

ESTAMOS LLAMADOS A CONSTRUIR RECONCILIACIÓN Y PAZ

Primera Edición 2015 Edición Reservada ISBN 978-958-58068-1-8 Comisión de Conciliación Nacional Presidente Monseñor Luis Augusto Castro Arzobispo de Tunja Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia Secretario General Padre Darío Echeverri González

Equipo Secretaría Stephan Miethke Jorge Mario Medellín Fredy Moyano Nancy Gaitán

olombia vive un momento histórico y único, en el cual los ciudadanos están llamados a construir la reconciliación y la paz, en un primer momento acompañando el proceso de negociación y los diálogos para alcanzar los acuerdos con las FARC – EP, pero especialmente preparando sus corazones y las condiciones para un país diferente con igualdad y justicia social.

Comisión de Conciliación Nacional Carrera 58 No 80 – 87 Teléfonos: (571) 6305917 (571) 6310692 E mail: ccncol@cable.net.co Co-edición Fundación Horizontes Profesionales Carrera 51 No 104B- 22 Oficina 205 Tels: 5337481 - 3059847 - 3108581571 E mail: direccion@funhorizontes.org www. funhorizontes.org Coordinador del Equipo y autor de la publicación Carlos Alberto Garzón Flórez

Asesores Carlos Enrique Rondón Almeida Adriana González

Entidad autónoma e independiente, conformada por representantes de diversos sectores de la vida nacional y tiene como propósito buscar soluciones políticas al conflicto armado colombiano, ser una instancia para acompañar los esfuerzos de paz del país y crear y facilitar vínculos de encuentro entre el gobierno nacional, los movimientos insurgentes y los grupos de autodefensa.

Editor y corrector de estilo Stephan Miethke

Fundación Horizontes Profesionales:

Diseño metodológico Abel Matiz

Contenidos Secretaría CCN y comisiones regionales de conciliación Diseño y diagramación Nubia E. Suárez L.

La Comisión de Conciliación Nacional (CCN):

Fotografía Stephan Miethke Impresión Marksigma E.U.

Fundación sin ánimo de lucro, que cuenta con un equipo altamente especializado e interdisciplinario de expertos en educación, planeación y desarrollo, dedicada a la investigación, asesoría y consultoría en educación superior y orientación universitaria. Actualmente, coordina la organización académica, metodológica y administrativa de la Cátedra Internacional “Educación Superior y Mundo Contemporáneo” del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, del cual hace parte la Comisión de Conciliación Nacional.

Este es por lo tanto una responsabilidad de toda la sociedad y en este sentido, los colombianos deberán deponer el odio en sus corazones y abrir nuevos espacios de reconciliación y paz, aceptando la verdad y exigiendo una justicia transicional que permita la dejación de las armas y la reintegración de los ex combatientes, con reparación de las víctimas del conflicto armado y garantías de no repetición de los crímenes atroces y la violación de los derechos humanos. En esta vía, es obligación de los gobiernos en todos sus niveles: nacional, departamental, municipal y distrital, que con la participación activa de todos los actores políticos, sociales y económicos se construyan nuevas reglas de juego, que se expresen en las políticas públicas, las cuales contemplen planes, programas y proyectos encaminados a la post negociación y al post conflicto, al tiempo que las inversiones garanticen las condiciones de igualdad, reducción de pobreza y de justicia social que requieren las regiones colombianas. Desde la Comisión de Conciliación Nacional y las comisiones regionales hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes de las organizaciones sociales, económicas, ambientales y políticas para que trabajemos por la consolidación de un Acuerdo Nacional que garantice la inversión adecuada de los recursos públicos

en las verdaderas necesidades de la población colombiana, pues es uno de los mejores aportes para la paz. Recordamos que fruto de un ejercicio de un Acuerdo Nacional alcanzado con numerosos actores de la vida colombiana se diseñaron ocho mínimos de reconciliación y paz en el 2011 y que fueron contextualizados en el 2013, teniendo en cuenta los avances del proceso de paz, varios de los cuales se vieron reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y en algunos planes departamentales, municipales y distritales del país 2011 – 2015. La presente publicación presenta algunas experiencias de incidencia en tres departamentos y un municipio, describiendo los procesos y resultados de los esfuerzos de comisiones regionales de conciliación con organizaciones sociales, académicas y gremiales, al tiempo que plantea pautas y orientaciones de cómo participar activamente en la construcción de la política pública, contextualizando regionalmente los mínimos de reconciliación y paz. Partiendo de la convicción que todos los aportes de los ciudadanos en construir la paz, sin considerar su tamaño, dimensión o alcance, contribuyen a la construcción colectiva de la paz, hacemos un llamado a participar en los procesos de formulación de la política pública y esperamos que los mandatarios nacionales o locales abran los espacios para dicha participación, asumiendo el reto de lograr una Colombia reconciliada y en caminos de paz.

Padre Darío Antonio Echeverri González Secretario General Comisión de Conciliación Nacional

INTRODUCCIÓN

olombia se encuentra ante una nueva oportunidad de avanzar hacia un escenario de reconciliación y de paz por los avances en las negociaciones con los grupos subversivos que luego de cincuenta años de lucha armada han expresado su voluntad de suspender el conflicto y dejar las armas para incorporarse a la vida civil. El reto de concretar el tema de la paz se encuentra en manos de los delegados del Gobierno Nacional y las FARC - EP, que han logrado varios puntos de acuerdo en aspectos cruciales como la política de desarrollo agrario, la participación política y las drogas ilícitas, esperando que se alcancen consensos en temas esenciales para la paz como la reparación, la justicia, la verdad y las garantías de no repetición que son los principales reclamos de las víctimas del conflicto y la refrendación de todos los acuerdos con la activa participación de la sociedad. Sin embargo, una paz definitiva y estructural no solamente depende de un acuerdo con los miembros activos de la guerrilla, sino de la solución de los graves problemas que afronta el país por la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la ausencia de valores, el narcotráfico, la corrupción, la violencia común y la degradación de la familia, entre otros fenómenos que afectan la sociedad colombiana.

Por ese motivo, en un proceso ampliamente participativo por la vinculación de diversos y numerosos actores de la vida social, económica, política y académica, así como de múltiples organizaciones públicas y privadas del país, la Comisión de Conciliación Nacional consultó las propuestas ciudadanas sobre las mínimas condiciones que se requieren para una paz y reconciliación permanente y estructural en la sociedad colombiana.

En los procesos de consulta territoriales jugaron un papel fundamental las Comisiones de Conciliación Regionales (CCR), que con el liderazgo de los señores obispos y el apoyo decidido de las diócesis y arquidiócesis, así como de las pastorales sociales, las cuales contribuyeron en las convocatorias, organización y realización de los eventos con la participación de representantes de organizaciones sociales, gremiales, productivas, religiosas, de derechos humanos, sindicales, ambientales y educativas, que aportaron numerosas propuestas sobre posibles políticas, estrategias, programas e incluso proyectos para avanzar por la senda del progreso, el desarrollo y la prosperidad con justicia social para una paz verdadera. Como resultado de este proceso se construyó colectivamente un ACUERDO NACIONAL, validado en escenarios amplios y abiertos, mediante conversatorios y foros regionales y sectoriales, donde más de 15.000 representantes de por lo menos 35 sectores de la sociedad colombiana presentaron sus propuestas para avanzar en las condiciones de un país incluyente, justo, equitativo y tolerante. La Comisión de Conciliación Nacional, con un equipo académico, recogió, analizó y sistematizó las iniciativas para elaborar un documento denominado: “Propuestas para la Construcción de Políticas Públicas para la Reconciliación y la Paz en Colombia”, que fueron en su momento entregadas y discutidas con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos durante su primer período de Gobierno y logrando que algunos aspectos del Acuerdo Nacional fueran incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”.

Los siguientes fueron los mínimos que resultaron del consenso de los diferentes actores en el contexto regional y que participaron en el Acuerdo Nacional, los cuales fueron actualizados en el 2013, incluyendo los avances y pendientes en la política pública, los planes, programas y proyectos:

• Política de reconciliación y paz: fundamentos para acompañar la negociación y el logro de acuerdos para garantizar el avance en el proceso. • Equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna: aportes para la construcción de una política de igualdad en Colombia. • Reforma agraria amplia e integral: un acuerdo sobre la tierra y el territorio para alcanzar la paz en el campo. • Educación con calidad y cobertura para todos: un derecho fundamental que permite la movilidad social y reducir la desigualdad. • Democracia real y la transparencia en el uso de los recursos públicos: fortaleciendo la legitimidad de las políticas públicas y el estado. • Construcción de país desde la diversidad regional: avanzando en el proceso de la descentralización para garantizar desarrollo territorial. • Alternativas productivas sostenibles: propuestas para una economia post-conflicto con un modelo de desarrollo humano y sustentable. • Participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos: avanzando en la legitimidad de las políticas. Posteriormente, los ocho mínimos de paz y reconciliación fueron presentados y discutidos en varios departamentos y municipios del país durante el proceso de elección de alcaldes, gobernadores y corporaciones públicas, con el propósito de convertir el ACUERDO NACIONAL en uno de los principales temas de agenda pública de las políticas territoriales. En este proceso, sin duda alguna, las Comisiones de Conciliación Regionales lograron una incidencia directa en la formulación de los planes de desarrollo en los departamen-

tos y algunos municipios, a partir de su vinculación en la planeación participativa y en otros escenarios de discusión, análisis y propuestas para la construcción de las políticas territoriales y locales.

Acuerdo Nacional hiciera parte de la agenda política regional y posteriormente, elegidos los nuevos mandatarios, se discutieron con los encargados de la formulación de los planes de desarrollo territoriales.

Cada comisión desarrolló estrategias diversas y creativas para la incidencia en los planes de desarrollo, pues cada contexto político, económico y social es diferente en los departamentos, municipios y distritos, pero el denominador común se basó en la consulta y participación de numerosas organizaciones poblacionales y sectoriales, las cuales analizaron y discutieron el documento del Acuerdo Nacional: “Propuestas para la Construcción de Políticas Públicas para la Reconciliación y la Paz en Colombia”.

Si bien no se puede asegurar que todas las propuestas fueron incluidas y mucho menos ejecutadas, algunas si se vieron expresadas en los planes de desarrollo, así como en los programas y proyectos de las administraciones departamentales, municipales y distritales.

En este sentido, en las regiones se formularon y elaboraron propuestas específicas a cada entidad territorial, teniendo en cuenta sus propias necesidades, perspectivas y contextos, pero acogiendo el espíritu general del Acuerdo Nacional en la búsqueda de la reconciliación y la paz. Para la validación de las propuestas, las Comisiones de Conciliación Regionales convocaron a numerosas organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los sectores productivos e incluso de otras religiones, confesiones de fe e iglesias, con las cuales se organizaron reuniones, foros y audiencias para ajustar los documentos en un ambiente de pleno consenso. Se presentaron las propuestas a los candidatos a alcaldes y gobernadores para que el

Ahora nuevamente se abren las posibilidades de explorar alternativas para la construcción de las condiciones de reconciliación y paz en las regiones, cuando se avanza en la definición de los acuerdos de paz y se requiere la formulación de políticas para la post-negociación y el postconflicto, en primer lugar con el Plan Nacional de Desarrollo y luego con la elaboración y aprobación de los planes departamentales, distritales y municipales. Por este motivo, la Comisión de Conciliación Nacional presenta un esquema metodológico que permitirá a las Comisiones de Conciliación Regionales (CCR) así como a las organizaciones sociales, económicas, ambientales y políticas reflexionar sobre las necesidades de reconciliación y paz, a partir del establecimiento de condiciones en materia de equidad, reducción de pobreza, educación, salud, transparencia en el manejo de los recursos y participación ciudadana, entre otros derechos.

ACUERDO DE LOS ACTORES PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES

provechando que la Constitución Política de Colombia de 1991 y el marco jurídico de la planeación expresado en la Ley 152 de 1994 definió que la política pública debe ser construida en forma participativa y que debe vincular a todos los actores sociales,poblacionales, políticos e institucionales nacionales, regionales y locales en la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, se propone que las Comisiones de Conciliación Regionales promuevan espacios y escenarios de consenso para lograr ACUERDOS de reconciliación y paz en los territorios. Sin duda alguna, a pesar de los acuerdos que se puedan suscribir en la Habana, la paz y la reconciliación se deben lograr en los territorios y en las regiones, donde se vive y se siente el conflicto en forma evidente y real, además de convertirse en el escenario para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que plantea la justicia transicional como mecanismos para que se sanen las heridas de las víctimas y los victimarios y actores armados se reintegren en la sociedad. Por ese motivo, las Comisiones de Conciliación Regionales convocarán a todos los actores y utilizando los escenarios institucionales de construcción de política pública, (consejos de planeación, corporaciones públicas y espacios de participación ciudadana) para definir los alcances de los acuerdos regionales, basados en los mínimos de reconciliación y paz, definidos en el Acuerdo Nacional.

Inicialmente, se deberán realizar diagnósticos sociales, económicos y ambientales, definiendo los impactos del conflicto en el territorio, con el fin de establecer líneas base del estado real de la región, así como sus potencialidades y capacidades para el desarrollo, desde una perspectiva humana, Integral y equitativa.

Para este proceso es clave un diálogo directo, franco y desprevenido con el Gobierno Nacional y con las gobernaciones y alcaldías, quienes son las autoridades encargadas de la formulación de la política pública y deben definir las líneas de acción de los planes, programas y proyectos conducentes a la reconciliación y paz en el territorio. En este sentido, los actores de la sociedad civil, convocados por las Comisiones de Conciliación Regionales y articuladas con las funciones de los consejos territoriales de planeación, deberán formular propuestas reales, factibles y ajustadas a las realidades de la planeación y el presupuesto, que sean el fruto de los consensos y se convierta en Acuerdos Regionales para la Reconciliación y la Paz. Es absolutamente clave que las organizaciones de víctimas e inclusive los ciudadanos afectados por del conflicto y no organizados, participen activamente en estos procesos y sientan que cuenta con la solidaridad de la sociedad para la reconstrucción de sus proyectos de vida. Será útil, por lo tanto, utilizar como insumos los mínimos de reconciliación y paz actualizados en las cartillas y el documento base de la Comisión de Conciliación Nacional, pero realizando un ejercicio de contextualización regional, que permitan formular y construir sus propios mínimos en el territorio, definiendo con los actores convocados, cuales son pertinentes y en qué forma de pueden adecuar a las necesidades de los departamentos, municipios y distritos. Para ser formal el proceso, se suscribirá un Acuerdo por la Reconciliación y la Paz en el departamento, municipio o distritos, con la firma de todos los actores participantes, quienes promoverán y se comprometerán con los mínimos consensuados regionalmente.

Se debe garantizar la participación permanente en todo el proceso, desde cuando se inician las campañas de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, sensibilizando y vinculando en las agendas políticas los mínimos de reconciliación y paz, con un compromiso claro con los candidatos a las corporaciones públicos.

Posteriormente, con la elección de las autoridades locales, las Comisiones de Conciliación Regionales se vincularán en los procesos de participación ciudadana para la discusión y formulación de los borradores de los planes de desarrollo, promoviendo y respaldando el trabajo de los consejos de planeación territoriales y de otros escenarios de participación de la sociedad civil. Es clave que los actores en proceso de reintegración puedan también participar, para lo cual la Iglesia podrá construir puentes de diálogo y perdón. Igualmente, se deberá hacer un seguimiento en la formulación de los planes por parte de las oficinas de planeación y demás entidades de los gobiernos locales para garantizar que los mínimos de reconciliación y paz sean incorporados en los proyectos de planes de desarrollo, incluyendo la parte estratégica y el Plan de Inversiones. De igual forma, las comisiones promoverán en las discusiones de las corporaciones públicas, (concejos municipales y distritales, así como en las Asambleas Departamentales), que se tengan en cuenta los Acuerdos Regionales en la aprobación de los planes de desarrollo territoriales. Es importante tener en cuenta los tiempos, espacios, fases y períodos establecidos para el proceso de planeación local, pues son muy cortos y requieren que los acuerdos, consensos y análisis se realicen con anticipación, incluso al de las elecciones en los departamentos, municipios y distritos. Es fundamental para el proceso tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, pues dentro de la armonización, los planes, programas y proyectos nacionales se verán reflejados en los planes de desarrollo territoriales, especialmente por la asignación de los recursos provenientes de las transferencias y regalías, más aún cuando el Gobierno Nacional y organismos internacionales aportarán recursos y esfuerzos institucionales para la paz y la reconciliación en las regiones.

UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS MÍNIMOS EN LAS REGIONES

recisamente, para evidenciar e identificar el impacto que lograron las comisiones regionales, la Comisión de Conciliación Nacional, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, encargó a la Fundación Horizontes Profesionales diseñar y aplicar un Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Implementación de la política pública de reconciliación y paz en algunas regiones del país. Teniendo en cuenta la dinámica de las comisiones regionales y la información disponible, se aplicó este modelo de seguimiento y evaluación en los departamentos de Boyacá, Meta, Arauca y en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Es importante precisar que cada región del país tiene contextos políticos, económicos, sociales y ambientales diferentes, al tiempo que dentro de la autonomía de las entidades territoriales en el marco de la descentralización y el proceso de planeación participativa establecida en la Constitución Política y la Ley 152 de 1994, cada municipio, distrito y departamento puede formular sus propios planes de desarrollo y construir las políticas públicas de acuerdo con sus necesidades y requerimientos locales. Es claro que los efectos del conflicto interno y las problemáticas sociales, económicas y políticas se expresan de manera diferenciada en cada departamento, municipio y distrito, como se puede demostrar en las grandes brechas regionales en materia de desarrollo humano, crecimiento económico, educación, salud y competitividad, entre otros factores. Con este sistema de seguimiento y evaluación se pretendía describir cómo se realizó el proceso de planeación participativa; cuál fue el papel de la Comisión de Conciliación Regional en las discusiones previas y en la formulación del Plan de Desarrollo; de qué manera se incorporaron los mínimos de paz en la política pública; así como sus alcances y la posibilidad de ejecución, a partir de programas estratégicos, proyectos y el plan de inversiones.

Para la aplicación del Sistema, con el apoyo de la Comisión de Conciliación Nacional, se hicieron visitas a cada una de las regiones, entrevistando a los actores que participaron en el proceso y a los miembros de las comisiones regionales, quienes presentaron sus perspectivas y puntos de vista sobre el proceso participativo y el grado de incidencia logrado. Igualmente, se diseñó y aplicó una herramienta de verificación sobre la aplicación de las “Propuestas para la construcción de políticas públicas para la reconciliación y la paz en Colombia”, que permitió realizar un diagnóstico sobre el nivel de inclusión de las propuestas en los diferentes programas y proyectos propuestos y ejecutados por el Ente Territorial de acuerdo al Plan de Desarrollo, como resultado del ejercicio del diálogo entre diferentes actores en la región partiendo de las propuestas de reconciliación y paz. Esta herramienta, utilizando una metodología estadística sencilla, definió tres niveles de aplicación: 0 - No Aplica; 5 - Aplica Parcialmente y 10 - Aplica Completamente. A partir del resultado obtenido, se determinó el nivel de aplicación por cada uno de los denominados “Mínimos para la reconciliación y la paz” que constituyeron el Acuerdo Nacional, verificando que las acciones propuestas en cada uno de los programas y sus correspondientes objetivos tuvieran coincidencia con las acciones efectivas o estrategias propuestas en el desarrollo de cada uno de los denominados mínimos para la paz.

Para la implementación de este Sistema de Seguimiento y Evaluación a los planes de desarrollo, revisando la ejecución de programas y proyectos, definidos en los planes de acción de las diferentes entidades públicas, se adelantaron por lo menos tres fases: una primera de “estado del Arte” o diagnóstico de cómo fueron incorporados los mínimos en la política pública regional de manera integral, los alcances, orientaciones dentro de las características propias del Plan y los recursos establecidos en el Plan Plurianual de Inversiones y su viabilidad en el marco de las aprobacio-

nes de los presupuestos departamentales. La segunda se relacionó con la aplicación de la mencionada matriz de seguimiento a la ejecución de planes, programas y proyectos. Y la tercera, con una evaluación de impacto de los mismos en el corte de un año. En general, en los cuatro casos, las aplicaciones en los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca, y en el municipio de Buga, los resultados fueron diferentes, debido a la diversidad en los contextos políticos, económicos y sociales, aunque se encontró que la mayoría de los mínimos de reconciliación y paz fueron incorporados en los planes de desarrollo y en algunos casos programas y proyectos relacionados con los mismos ejecutados por las administraciones departamentales y la municipal. Este documento se centrará más en describir en forma sintética el proceso participativo realizado por la Comisión de Conciliación Regional respectiva, así como en las estrategias utilizadas y desarrolladas en cada departamento y en el municipio, aunque presentará los resultados de la herramienta de seguimiento y evaluación en cada uno de los casos, para determinar los niveles de incidencia en la construcción de las políticas públicas. De esta manera, las Comisiones de Conciliación Regionales podrán tener un referente del trabajo realizado en los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca, así como en el municipio de Buga en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que nos encontramos ad portas de la formulación y aprobación de nuevos planes de desarrollo en todas las regiones del país. Estos son los resultados del esfuerzo y trabajo de las Comisiones de Conciliación Regionales hace cuatro años para incorporar en los planes de desarrollo departamentales y municipales los mínimos de reconciliación y paz, teniendo en cuenta que independiente de los logros relativos, se valora ante todo la promoción de la participación ciudadana y los acuerdos logrados con los diferentes actores en el territorio.

BOYACÁ, FLUIDEZ EN EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES SOCIALES Y LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO

efinitivamente, para incidir en la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015, “Boyacá se Atreve”, en el cual se evidencia que varios de los mínimos de paz y reconciliación quedaron reflejados en la política pública regional, la Comisión, junto con otras organizaciones sociales, gremiales, cívicas y comunitarias realizó varios encuentros y presentaron las propuestas durante el proceso de planeación participativa en el Departamento. Para implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo “Boyacá se Atreve”, se identificaron los programas y proyectos, que contemplaban los mínimos de reconciliación y paz, así como la descripción del “estado del Arte” o diagnóstico de cómo fueron discutidos e incorporados en la política pública regional, los alcances y orientaciones dentro de las características propias del Plan y los recursos establecidos en el Plan Plurianual de Inversiones. Igualmente, se realizó un diagnóstico del proceso de planeación participativa en el Departamento de Boyacá, con el fin de identificar el alcance y las posibilidades de ejecución de programas y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo del Departamento relacionados con los mínimos de paz y reconciliación. Se evidenció en el escenario de la participación, que las organizaciones sociales, económicas, comunitarias y los sectores educativo, cultural y ambiental, religiosa y familiar juegan un papel clave en el proceso de la planeación y en este sentido la Comisión de Conciliación Regional se convirtió en un referente de convocatoria de la so-

ciedad civil en Boyacá para lograr consensos y acuerdos con los diferentes sectores y grupos poblacionales, especialmente en asuntos de paz y reconciliación, tal y como se expresó en el documento presentado al Gobierno de Boyacá durante la formulación del Plan de Desarrollo Departamental. Es importante señalar que la Administración Departamental expresó su voluntad de trabajar en articulación con la Comisión de Conciliación Regional de Boyacá y desarrollar algunos proyectos presentados, especialmente los relacionados con educación, paz y reconciliación. En este sentido, los delegados de la Gobernación consideraron que la mayoría de las propuestas de la Comisión fueron incluidas en el Plan de Desarrollo “Boyacá se Atreve” especialmente con algunos de los programas prioritarios de la administración. Algunos miembros de la Comisión de Conciliación Regional reconocieron la positiva disposición de la Gobernación, aunque consideraron que no todas las propuestas claves para la reconciliación y la paz fueron incluidas en el Plan de Desarrollo y expresaron su preocupación del impacto real de algunos proyectos de infraestructura, productivos, turísticos, culturales, ambientales y sociales. Como ejemplo, plantearon inquietudes con los problemas que pueden traer los proyectos mineros, particularmente por los impactos negativos en aspectos ambientales y sociales, así como en factores como la tendencia en la tenencia de la tierra por actores no identificados claramente. Otras preocupaciones se evidenciaron en los alcances de programas relacionados con la educación, la salud y los servicios públicos en muchos municipios de Boyacá que todavía afrontan problemas de pobreza, desigualdad, desintegración familiar, conflictos y violencia.

Posteriormente, se elaboró un documento que retomó varios de los mínimos del Acuerdo Nacional, pero contextualizado en el Departamento y que presentó las siguientes

propuestas para ser incluidas en el Plan de Desarrollo de Boyacá, las cuales fueron socializadas y discutidas con miembros de la Administración del Departamento: • El Desarrollo Rural y la economía campesina como estrategia de paz en Boyacá. • Educación con calidad y cobertura para todos • Desarrollo minero - energético y desarrollo sostenible • Desarrollo desde la diversidad • Participación ciudadana Es también importante destacar las propuestas hechas por la Comisión Regional de crear un observatorio de paz y reconciliación para el Departamento de Boyacá y desarrollar un diplomado de paz y reconciliación para líderes políticos y comunitarios en la región. Se concluye que si bien en el Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 “Boyacá se Atreve” fueron incluidas algunas de las propuestas de la Alianza promovida por la Comisión Regional, estas no quedaron lo suficientemente explícitas o con los alcances u orientaciones que esperaban las organizaciones sociales y económicas del Departamento. En este sentido, también se evidencia que algunos de los programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de los mínimos de paz y reconciliación no cuentan con los recursos suficientes y algunos requieren el diseño de indicadores de seguimiento e impacto que reflejen el alcance de los mismos. El Plan de Desarrollo de Boyacá, permite identificar la disposición política y la voluntad de la Gobernación de Boyacá en incorporar a la política pública regional los mínimos de conciliación y paz. El Plan Departamental, se desarrolla a partir de cinco ejes estratégicos que determinan la orientación de los distintos programas y proyectos que lo componen y de acuerdo a la revisión de los recursos asignados, es posible identificar el eje de mayor

asignación de recursos, el eje “Un Boyacense que se atreve a transformar su realidad social para posicionarse ante el mundo” que se queda con un 82% del presupuesto total, equivalente a $2.661.985.603.691,63, este eje agrupa distintos programas de educación, salud y desarrollo humano. Es seguido por el eje “Una economía que se atreve a generar valor agregado para potencializar su riqueza” que se queda con el 12% del total del presupuesto y se compone de programas de desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología, minería, energía, infraestructura y defensa y seguridad. Al realizar el análisis por relación con cada mínimo, en el mínimo de “Educación con calidad y cobertura para todos” se ubicaron nueve programas, llevándose la mayor parte de los recursos asignados por el Plan, estando relacionado con el Programa “Fortalecimiento de la gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia” que tiene como meta la implementación de unos sistemas de gestión para garantizar la consolidación de la Secretaría de Educación y sus instituciones. Aquí se considera necesario incluir dentro de los espacios formativos aspectos relacionados con la convivencia y la construcción de la paz. El segundo programa con mayor peso en asignación de recursos corresponde a “Dis-

minución de brechas en acceso y permanencia entre población rural-urbana, poblaciones diversas, vulnerables y por regiones” que tiene asignados $335. 699.625.350 para el incremento del acceso y permanencia a la población en edad escolar por fuera del Sistema Educativo, y mejorar las condiciones para disminuir las brechas educativas entre zona Rural-Urbana, entre regiones y poblaciones vulnerables y diversas. Se considera que sería necesario fortalecer la educación con sentido de valores democráticos y articular la cobertura con condiciones de calidad y garantizar que los programas académicos de nivel superior garanticen la pertinencia y reconozcan las diferentes potencialidades del territorio. El mínimo “Equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna” contiene veintitrés programas relacionados, es el mínimo en donde se ubica el mayor número de programas relacionados y a quien corresponde el segundo lugar en cuanto a la asignación de recursos con un 28% del total de recurso del Plan. Los principales programas por asignación de recursos son el programa de “Aseguramiento” que tiene por objetivo lograr y mantener la cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud, este programa tiene el 41% de los recursos asignados a este mínimo.

EN EL SUR ORIENTE DEL PAÍS: TIERRAS Y TERRITORIOS, MÁS QUE RIQUEZA MATERIAL

n el caso del Suroriente colombiano, se creó la Comisión de Conciliación Regional en el Meta que lideró la discusión de los ocho mínimos de paz y reconciliación con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, con el propósito de contextualizar las propuestas y lograr consensos y acuerdos para la región de la Orinoquía. La Comisión determinó diseñar un plan estratégico, siguiendo las orientaciones de la Comisión de Conciliación Nacional y definió las siguientes líneas de trabajo, de acuerdo con los aportes de las organizaciones de la sociedad civil del Meta y Villavicencio: Línea 1: Tierra y conflicto

Línea 2:

Reforma a la Justicia y Derechos Humanos

Línea 3:

Desplazamiento y reintegración a la sociedad civil

Línea 4:

Prevención del Reclutamiento

Línea 5:

Inseguridad ciudadana

Línea 6:

Violencia intrafamiliar-fortalecimiento de valores

Línea 7:

Educación sexual y reproductiva en jóvenes

La Comisión decide que no realizará actividades que desarrollan otras organizaciones y promueve un Observatorio del Territorio para sistematizar información que permita analizar con objetividad los problemas de la región relacionados con los derechos humanos, la paz y la reconciliación, y construir documentos para aportar en los procesos de incidencia en política pública.

Adicionalmente, propone la formulación de un proyecto, mediante la metodología de marco lógico, que contempla las siguientes variables: falta de espacios con pluralidad de pensamientos; planes, proyectos y/o políticas públicas municipales y departamentales inexistentes o inoperantes; desarticulación institucional en torno a DDHH, DIH y construcción de paz; baja incidencia política desde las organizaciones hacia los actores estatales; ausencia de diálogos entre actores armados no estatales e iglesia y organizaciones de la sociedad civil; desconocimiento de derechos por parte de víctimas del conflicto armado; y desprotección, desconocimiento e irrespeto en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Uno de los principales eventos organizados por la Comisión es el Foro: “Tierras y Territorios, más que riqueza material”, con ocho mesas de trabajo temáticas: agroindustria: desarrollo sostenible y crecimiento económico; economía campesina y desarrollo rural; explotación minero-energética y sostenimiento ambiental; responsabilidad social empresarial como factor para el desarrollo de las comunidades y el crecimiento; Ley de víctimas y restitución de tierras; hábitat, cultura y territorio; y conflicto armado, derechos humanos y construcción de la paz. Con los resultados de este evento se publicó un informe con las “Problemáticas y retos en torno a las tierras y los territorios en la Orinoquia colombiana” en el cual se destaca que esta región “es un territorio de inmensa riqueza que, al mismo tiempo, se encuentra sumida en un vasto conflicto cuyas raíces tocan viejos problemas no resueltos”.

Otro evento importante para el proceso del suroriente colombiano fue la realización del foro “Pactemos Paz, Construyamos Convivencia” en Villavicencio y que tuvo una amplia participación de organizaciones sociales, poblacionales, de derechos humanos y empresariales, las cuales expidieron una

declaración rechazando las violaciones a los derechos humanos en la Orinoquía y la Amazonía. De las propuestas presentadas por la Comisión Regional se plantearon los siguientes cuatro grandes desafíos: Planeación y concepción del territorio con enfoque diferencial y de derechos; economía campesina, desarrollo y crecimiento económico para todos y todas; explotación minero energética con sello humano y orientada al desarrollo sostenible y sustentable; y superación del conflicto armado, respeto a los derechos humanos y construcción de paz. Como se puede evidenciar, todos los retos se articularon de forma contextualizada a parte de los mínimos de paz y reconciliación del Acuerdo Nacional. Un escenario creado para la incidencia en el Plan de Desarrollo del Meta y en los planes municipales con los candidatos a la Gobernación y las alcaldías fue “La Alianza para la Democracia, el Desarrollo y la Construcción de Paz” en la cual participó activamente la Comisión de Conciliación Regional y las organizaciones que hacen parte de la misma. Como resultado de este ejercicio participativo se elaboró y presentó una declaración con solicitudes concretas de las organizaciones de víctimas y poblacionales, se plantearon una serie de lecciones aprendidas que pueden ser replicadas en otros municipios de la Orinoquía y Amazonía o de otras regiones del país y se formularon varias propuestas concretas para mejorar la situación de derechos humanos y las condiciones de vida de los habitantes de la región. Es importante reconocer la disposición política y la voluntad de la Gobernación de incorporar en el Plan Departamental de Desarrollo “Juntos Construyendo Sueños y Realidades”, los mínimos de reconciliación y paz propuestos por la Comisión de Conciliación Nacional a partir del Acuerdo Nacional y generar las condiciones de una paz permanente y es-

tructural, así como su apertura y articulación con la Comisión Regional de Villavicencio. Sin embargo, es clave hacer seguimiento a los programas y proyectos, así como la ejecución presupuestal de los mismos para determinar su alcance e impacto en los mínimos de paz y reconciliación en la Orinoquía colombiana. El trabajo constante, efectivo y organizado de la Comisión de Conciliación Regional del Meta, se reconoce por los esfuerzos en buscar la paz y la reconciliación en toda la región y tratar de articular y contextualizar el Acuerdo Nacional en las políticas públicas de la región de la Orinoquía. También fue evidente su capacidad de convocatoria y la representatividad de la misma con diversas organizaciones sociales, económicas, religiosas y académicas, que le permitió lograr acuerdos y alianzas con los sectores públicos, privados y de la sociedad civil en el Meta. El Plan Departamental, presenta un ejercicio importante de participación, dado que su formulación es resultado de un proceso participativo que involucró grupos étnicos, diferentes organizaciones sociales e institucionales de nivel territorial, nacional y acompañamiento de organizaciones internacionales. El enfoque del plan privilegia el ser humano y se orienta en la perspectiva de derechos, reconociendo a los poseedores de esos derechos como sujetos de derechos y no como objetos de la atención estatal. Se reconoce también el impacto que tiene sobre lo local las dinámicas del mercado internacional y el bienestar del campesino y la producción de alimentos. Más allá de la riqueza natural principalmente relacionada con la extracción petrolera, se plantea la necesidad de que

esta riqueza se vea reflejada en los índices de pobreza de la mayoría de los habitantes del Departamento. En la estructura del Plan se definieron seis criterios básicos para la inversión y distribución de los recursos: equidad regional, equidad generacional, equidad de género, equidad sectorial, equidad distributiva y equidad étnica. El eje que mayor asignación de recursos tiene es el eje “un Gobierno Social para el Desarrollo Humano” que se queda con un 44% del presupuesto total, este eje agrupa distintos programas de educación, salud y desarrollo humano. Es seguido por el eje “crecimiento económico para el desarrollo humano” que se queda con el 37% del total del presupuesto y se compone de programas de desarrollo en ciencia y tecnología, emprendimiento productividad y competitividad del campo. Son valiosas las acciones que buscan permitir a las victimas contar con acciones efectivas de protección, sin embargo la reparación de las mismas puede avanzar en acciones efectivas que le permitan a la población víctima del conflicto incorporarse nuevamente a la actividad productiva y recuperar valores y garantías como el trabajo y acceso a la tierra. Si bien se encuentran planteadas acciones y un subprograma que promueve la adecuación de las tierras para la productividad, no se encuentran acciones relacionadas al acceso del campesino a tierras a pesar de ser una de las zonas con mayor demanda ante el Estado por restitución de tierras. No se identifican acciones específicas que vinculen a los currículos contenidos sobre la paz y la reconciliación y la perspectiva de género.

VINCULANDO TODOS LOS ACTORES DE ARAUCA EN LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

no de los principales ejes de trabajo de la Comisión ha sido la política negociada del conflicto interno, la toma de consciencia por el respeto de los Derechos Humanos, la importancia de aplicar el Derecho Internacional Humanitario, así como la necesidad de diseñar una Política Nacional y permanente de paz de Estado. En el caso de Arauca, Pastoral Social ha estado trabajando conjuntamente con la Comisión de Conciliación Regional y como resultado de este proceso hicieron acercamientos con la Gobernación y con la Asamblea Departamental, para acceder a las propuestas de gobierno y participar en la formulación del Plan de Desarrollo, y de esta manera tratar de incluir parte de los mínimos de paz y reconciliación, que se consideran claves para abordar y solucionar las problemáticas sociales y de violencia que afronta la región, reconocida como una de las mayores afectadas por los grupos y actores vinculados al conflicto interno en Colombia. Dentro de las problemáticas de Arauca, que ha sufrido en los últimos años la intensidad del conflicto interno por la activa presencia de los actores armados, la Comisión identifica a esta región como “rica en biodiversidad, pluricultural, laboriosa, esperanzada y abierta a la solidaridad, aunque débil en su identidad y en la vivencia de la espiritualidad de comunión; víctima de la violencia que persiste…”

Por ese motivo, la Comisión de Conciliación Regional en Arauca decidió apostarle a la No Agresión entre los grupos armados al margen de la ley, respeto a la población civil, respeto los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y salida Política negociada al conflicto. En su ejercicio pastoral ha sido facilitadora en la liberación de secuestrados, el regreso de desplazados a sus lugares de origen y en la resolución pacífica de los conflictos.

Para la Comisión Regional, la Visión de Arauca, través de la historia social y eclesial y de la Iglesia en particular, es que se han dado en esta región los fenómenos derivados del conflicto, la confrontación armada, la violencia, el secuestro, los homicidios, la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pero a la vez ha surgido la necesidad de la resolución pacífica de los conflictos, el trabajo por la vida, la dignidad humana, el desarrollo, el perdón, la reconciliación y la paz. Como objetivos, la Comisión Regional le apostó a los siguientes: • Abogar por una solución política negociada al conflicto armado en la región e instar a la aproximación entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, así como a la conciliación entre sectores y grupos radicalizados. • Promover el respeto y acatamiento de los Derechos Humanos y del derecho Internacional Humanitario, así como de los deberes y las responsabilidades Humanas de los habitantes de Arauca, como parte de proceso de impulso y construcción de Acuerdo Humanitarios a favor de la población civil y de los no combatientes. • Proponer las bases y orientación de una política Nacional Permanente de Paz, que congregue la voluntad de todos los sectores de la región de Arauca y del país y que transciende los gobiernos y las circunstancias temporales. • Impulsar la participación activa de la sociedad civil organizada en la Iglesia Particular de Arauca en la exigencia y el seguimiento de los compromisos obtenidos en la negociación política de paz.

• Propiciar entre los habitantes de la Diócesis de Arauca la conciencia de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que se alcanza mediante la promoción de una cultura de paz que contemple elementos como la verdad, la justicia, la

reparación, el perdón, la reconciliación y la justicias social. • Promover la solidaridad y la cooperación nacional e internacional para la solución política negociada del conflicto y la sostenibilidad en el pos conflicto mediante el respeto a iniciativas de desarrollo socio económico y de contención de la violencia en el ámbito social y regional. • Apoyar la solución del conflicto y la construcción de paz en su región. • Aportar a reflexión para el mejoramiento de su calidad de vida y en la superación de las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión con el concurso de actores regionales. • Acompañar, a través de una presencia solidaria, a comunidades en situación de riesgo o amenaza. • Promover la condición de ambiente para el Perdón, la Reconciliación y la Paz. Por lo tanto, al hacer un análisis del Plan Departamental de Desarrollo “Es Hora de Resultados” se identificaron varios de los mínimos de reconciliación y paz, parte del Acuerdo Nacional, incorporados en algunos programas y proyectos de inversión, especialmente en el campo social derivado de la educación, la salud, la igualdad, la prosperidad, la competitividad, el crecimiento económico, las condiciones de paz y seguridad, así como la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el reto es articular las propuestas derivadas del ejercicio participativo con todos los actores de la región de la Comisión Regional con la formulación, ejecución y evaluación del Plan Departamental de Desarrollo, para garantizar que efectivamente los planes, programas y proyectos le apuesten a la paz y reconciliación en Arauca. El Plan Departamental, se desarrolla a partir de seis Objetivos Estratégicos que conforman la Estructura Estratégica del Plan de Desarrollo 2012-2015 y que incorporan sus postula-

dos fundamentales. Mediante la aplicación de la herramienta, es posible evidenciar que el eje en donde se encuentra la mayor asignación de recursos, corresponde al “Social Cultural” que agrupa distintos programas de educación, salud y desarrollo humano, aquí el sector educación es el que tiene la mayor cantidad de recursos asignados correspondiéndole un 36% del total de los recursos programados, seguido por el sector de Infraestructura para el Desarrollo a quien corresponde un 18% e infraestructura vial con un 13%. Un análisis por relación de los programas con cada mínimo, deja ver que en “Alternativas productivas sostenibles” se encuentran incluidos trece programas del Plan Departamental y el presupuesto es jalonado por la inversión en infraestructura que se queda con el 44% del total del presupuesto. En este mínimo también se hace una inversión importante en ciencia, tecnología e investigación, y el desarrollo de la agro-industria y los encadenamientos productivos; también se encuentra una partida para la promoción del emprendimiento. El mínimo “Equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna” contiene treinta programas relacionados, es el mínimo en donde se ubica el mayor número de programas relacionados y a quien corresponde el segundo lugar en cuanto a la asignación de recursos, los principales programas por asignación de recursos tienen que ver con la prestación de servicios de salud.

En el marco del mínimo de “Reforma agraria amplia e integral” no se encuentran realmente programas relacionados de manera directa que permitan identificar la asignación de recursos o el desarrollo de estrategias que fortalezcan los procesos de aprovechamiento y tenencia de tierras para la población vulnerable. Para el mínimo “Política de Reconciliación y Paz que conduzca a la negociación” se logran identificar programas interesantes que promueven la integración de las comunidades indígenas, la protección integral de las víctimas del conflicto y acciones que promueven la cultura de paz con justicia y desde una perspectiva de derechos. Finalmente en el mínimo que promueve la “Participación ciudadana en la construcción de los derechos colectivos” se relaciona un programa que busca fortalecer los espacios de participación, involucrando a la comunidad en proceso de planeación para la toma de decisiones que afectan el territorio y el desarrollo. El Departamento viene desarrollando acciones que buscan articular las acciones que permitan a las victimas contar con acciones efectivas de protección, sin embargo la reparación de las mismas puede avanzar en acciones efectivas que le permitan a la población víctima del conflicto incorporarse nuevamente a la actividad productiva y recuperar valores y garantías como el trabajo y acceso a la tierra.

EN BUGA PLENAMENTE ARTICULADOS A LOS ESCENARIOS DE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

no de los primeros ejercicios de la Comisión de Conciliación Regional de Buga fue convocar a numerosas organizaciones sociales, educativas, económicas y ambientales en la región para promover la discusión y la contextualización de los ocho mínimos de paz y reconciliación del Acuerdo Nacional Con una mirada estratégica hizo una alianza con parte de los miembros del Consejo Territorial de Planeación de Buga, con quienes organizó un Foro del Acuerdo Nacional, convocando a la institucionalidad y a las organizaciones del centro y norte del Valle del Cauca, con el propósito de incidir en la formulación de las políticas públicas de los planes de desarrollo territoriales de esta región. Igualmente, la Comisión de Conciliación de Buga asumió el proceso de recolección de la información y la sistematización de las experiencias, así como la coordinación de la discusión de los ocho mínimos de reconciliación y paz, frente a lo cual se definieron cinco mínimos para el municipio y la región centro – oriente del Valle del Cauca. Metodológicamente fue clave la organización de mesas temáticas en vivienda, educación, participación, desarrollo rural y convivencia, cuyos resultados se incluyeron en un documento construido con la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil y que se presentó a los candidatos a la Alcaldía de Buga para comprometerlos en sus programas de gobierno

Es importante destacar el papel del Consejo Territorial de Planeación del municipio, pues presentó en las recomendaciones al Plan de Desarrollo los lineamientos para la formulación, ejecución de proyectos, en el marco de una Estrategia Integral en Seguridad y Convivencia

Ciudadana que incluía, tanto el sector urbano como rural, en busca de la consolidación del territorio, en los temas de Cultura de Paz y Reconciliación y en la Prevención de la Violencia, logrando que algunos de los mínimos propuestos en el Acuerdo Nacional quedaran expresados en la política pública de Buga. Se reconoce que si bien las propuestas no quedaron expresamente reflejadas en el Plan de Desarrollo, es posible identificarlas en los programas y subprogramas que se vienen ejecutando, frente a lo cual la Comisión Regional de Conciliación construyó, junto con el Consejo Territorial de Planeación, una matriz de seguimiento para facilitar la revisión del plan y el diálogo con las comunidades. Las siguientes fueron las propuestas planteadas por la Comisión Regional de Conciliación con el Consejo Territorial de Planeación: • Rescatar la identidad, la diversidad, pluralidad cultural, étnica y religiosa, y el sentido de pertenencia de los ciudadanos colombianos que emanan de la Constitución, mediante programas educativos regionales. • Fortalecer la gobernabilidad y su imagen exigiendo que las políticas de Estado prevalezcan sobre el interés del gobierno y de particulares, aumentando el rigor de las penas a los funcionarios y líderes políticos corruptos, paramilitares y narcotraficantes, sin ninguna exoneración de beneficios. • Exigir que dentro del programa de gobierno 2010 - 2014 se asuman como estrategias urgentes para la paz:

- Un nuevo enfoque económico nacional distinto al neoliberalismo

- Reforma Agraria Integral con sentido social de justicia redistributiva y con participación de las bases

- Mayor inversión social.

- Diálogo entre el gobierno y los actores armados, con el acompañamiento de la Comunidad Internacional.

• Implementar una política de respeto, protección y seguridad a la mujer colombiana y a los líderes: comunitarios, sindicales, campesinos, defensores de Derechos Humanos y de oposición para que estos puedan ejercer sus funciones. • Fortalecer la Democracia participativa (directa), el control social y político, que tenga como centro la dignidad de la persona humana y el respeto por sus Derechos, teniendo en cuenta toda la población vulnerable: desplazados, desempleados, indígenas, afrocolombianos, adulto mayor, niños y adolescentes, discapacitados, recuperadores, reclusos, indigentes, LGTB, drogadictos, trabajadoras sexuales, etc. • Construir Agendas de Paz y de Reconciliación mediante las Juntas de Acción Comunal veredales para ser reconocidos como “Territorios de Paz”, y exigir la participación en los planes de desarrollo para la construcción de políticas públicas incluyentes, que eliminen la marginalidad, la pobreza y la exclusión. • Promover una Asamblea Nacional Constituyente que involucre a todos los sectores sociales y a los actores armados. • Generar y promover empleo sostenible en todos los sectores, reactivar el sector agropecuario con un nuevo modelo de desarrollo endógeno sustentable, con diversificación de cultivos, asistencia técnica, construcción y mejoramiento de vías y canales de comercialización. • Propender, a través de la familia y de las Instituciones Educativas, por una formación integral con oportunidades de acceso en todos los niveles de formación, con calidad, principios y valores que promuevan la dignidad de la persona, la unidad de la familia y la cultura de paz desde el diálogo y la tolerancia. • Incentivar y exigir políticas ambientales sostenibles, que generen cultura de protec-

ción de las cuencas productoras de agua, uso y manejo adecuado de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente; el respeto, la protección, defensa y restitución de los territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos, a los grupos armados y a las multinacionales. A partir de la revisión del Plan de Desarrollo del municipio de Guadalajara de Buga “BUGA PARA VIVIR MEJOR” se evidencia un ejercicio importante consistente en visibilizar diferentes problemáticas. Se priorizan sectores como acceso y calidad de la educación, acceso a la salud, atención a la población vulnerable que incluye niños, jóvenes, adulto mayor, comunidad étnica, población con discapacidad y el desarrollo a partir del fortalecimiento del sector agrícola, turismo y renovación urbana. En el desarrollo de estas estrategias se promueven acciones que generan la construcción de espacios de reconciliación y preparan a la comunidad para un escenario posible en el postconflicto, quedando el reto de enfrentar la preocupante cifra que evidencia el homicidio como la principal causa de muerte en el municipio. A partir la herramienta de análisis financiero, se puede identificar que de acuerdo a los seis ejes estructurales que definen en el Plan de desarrollo, el eje correspondiente a Justicia Social, es el que tiene la mayor asignación de recursos, dado que considera la inversión para los sectores de Salud y Educación con recursos propios y las transferencias de la Nación para aspectos como cobertura y acceso. En este ejercicio se evidencia que 27 programas se enmarcan en el mínimo “Equidad en

el acceso a los derechos para garantizar una vida digna”, lo que evidencia una orientación hacia lo social del Plan de Desarrollo. El Municipio viene desarrollando acciones y creando espacios para la construcción de una Política de Reconciliación, articulando las acciones que permitan a las victimas contar con acciones efectivas de protección, se plantean escenarios de dialogo con las víctimas para la generación de acciones efectivas que le permitan a la población víctima del conflicto incorporarse nuevamente a la actividad productiva y recuperar valores y garantías como el trabajo y acceso a la tierra. En el Plan de Desarrollo se encuentran diferentes acciones que promueven el reconocimiento de los derechos de la población, se encuentra una clara intensión por visibilizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, de las comunidades étnicas, de la población con algún tipo de discapacidad, de las víctimas de la violencia, de la comunidad diversa e incluso se plantea la necesidad de dignificar las personas que se encuentran privadas de su libertad cumpliendo su condena en la cárcel, es decir que se reconoce la dignidad y la diferencia humana y se plantean acciones en cada sector para que este propósito permita la construcción de una cultura de respeto por el otro. Esta acción se refuerza con la inclusión en los currículos académicos de contenidos que formen a los estudiantes en democracia y participación, dialogo, paz, reconciliación y considerando la perspectiva de género.

A MANERA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

os Acuerdos Regionales por la Reconciliación y la Paz se constituyen en una estrategia amplia y participativa para que los actores poblacionales, sociales, políticos, económicos, culturales, académicos y las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, así como las personas en proceso de reintegración, logren consensos con las autoridades y gobierno nacionales y territoriales sobre las condiciones que se requieren en el territorio para alcanzar una paz estructural y permanente, en el marco del desarrollo humano, integral e incluyente. Para los acuerdos se necesita de una voluntad política de toda la sociedad y por lo tanto la Iglesia Católica de Colombia, a través de la Comisión de Conciliación Nacional, junto con las comisiones regionales, buscará la mediación e interlocución de los actores en el territorio y aportará escenarios de diálogo y concertación. Igualmente, el papel de las autoridades locales, especialmente de alcaldes y gobernadores para abrir los espacios de participación e incluir en los planes de desarrollo los acuerdos regionales por la reconciliación y la paz es clave para crear en los departamentos, municipios y distritos del país un ambiente de armonía y consensos, fundamentales en las etapas de post-negociación y postconflicto. Adicionalmente, los actores que hayan participado en los procesos de consensos para suscribir los Acuerdos Regionales de Reconciliación y Paz deberán realizar un seguimiento a todas las etapas de la planeación, desde la formulación, aprobación y sanción de los acuerdos y ordenanzas que definan los planes de desarrollo, con el fin de garantizar que estén plasmados en programas y proyectos con los recursos suficientes.

De la misma manera, el seguimiento es clave en la ejecución de los planes de desarrollo, pues desafortunadamente algunos programas y proyectos claves para la reconciliación y paz quedan en el papel y se requiere su materialización para no generar frustraciones y decepciones en la ciudadanía.