CRIMINOLOGÍA & SOCIEDAD

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Editorial El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y el Consejo Editorial se complace en presentar a sus lectores, la edición No. 4 (5) de la Revista Criminología y Sociedad. Esta revista no es sólo un acto de manifestación de algunas pocas personas por querer figurar y presentarse como especialistas o sabios en la materia, no y rotundamente no; lo aquí manifestado es el reflejo de personas inconformes, de personas que quieren debatir las ideas ya existente, de personas que no se estancaron con lo que ya son o con lo que ya poseen, no. Es por eso que le invito a Ud. presente lector (a), a que disfrute del acto más humano, del acto que hace la diferencia entre los homos (primates homínidos de la tribu Hominini). El acto puro de pensar y amar ese pensamiento, de expresarlo por los medios que considere oportuno, sea en redes sociales o en los medios de comunicación masivos, o sírvase bien, en utilizar esta plataforma, para que le grite a esa sociedad que Ud. tiene un conocimiento que es suyo y que quiere compartirlo, cogito ergo sum. Y este es un llamado de atención a la persona colegiada, porque nosotros las personas que hemos hecho de la Criminología y ciencias afines, nuestro modo de vida, estamos en el compromiso moral de crear novi scientiam, o ¿es que realmente nos consideramos egoístas en la aprehensión de nuestro conocimiento? producto de lo anterior, le reto a Ud. a que salga de esos muros mentales, de conformismo, a que rompa con esa pereza intelectual y que se demuestre a sí mismo que siempre hay algo nuevo por conocer y compartir. Deje atrás aquella perspectiva de que investigar, solo se hace en las ágoras de nuestras “alma mater”, para que al final, le entreguen un título que lo acredita como profesional en alguna área del saber. O es que estamos dejando que el avance estrepitoso de la entropía social sea irreversible, porque si es así, tanto Ud. como yo, hemos fallado como profesionales y como personas y, por lo tanto, caeremos en un nuevo periodo de oscurantismo intelectual, con pequeños matices de empirismo y tendremos a la ciencia en el olvido, para convertirnos en autómatas condicionados por valores que no son siquiera inherentes a la condición del ser humano.

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No pretenda que el acto de escribir en sí mismo lo convierta en el nuevo Rafael Garófalo, César Lombroso o Enrico Ferri, sea Ud. mismo, y empiece a investigar, a cuestionarse. Recuerde lo que citó el mexicano Rodriguez Manzanera Luis, en su obra Criminología (1981, pp. 8), que es aquella: “Ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales” a partir de lo anterior, ahora sí, dese una oportunidad y propóngase a la tarea de estudiar sus cuestionamientos, a comparar información, a validar o no los resultados obtenidos y a experimentar con las mentes del colectivo social y sobretodo, que no le dé vergüenza alguna, si considera que su aporte es incipiente, porque nuestro Consejo Editorial no piensa que es así.

Y porqué llegar a estos extremos? Pues por la sencilla razón y justificación verdadera: durante el proceso previo a esta publicación, la participación de nuestro gremio fue efímera, escasa e incipiente. Enviamos invitaciones a diferentes personas, entre ellos: especialistas en ciencias sociales, en protección humana, estudiantes en formación, agremiados, abogados litigantes, psicólogos, investigadores criminales, sociólogos, médicos, policías, entre otros, tanto a nivel nacional como internacional, también hicimos una serie de publicaciones a través de los boletines informativos de la Institución, y lo que tenemos en este momento, es justo lo que recibimos en este periodo, para esta revista. Esperamos más bien, que en futuras publicaciones, nuestro equipo, principalmente este Consejo Editorial que trabaja ad honorem, realice el doble de esfuerzo, para que se atiborre de investigaciones, de artículos, de cartas, de propuestas metodológicas, de cualquier elemento considerado como conocimiento para que en lo sucesivo la revista digital: Criminología y Sociedad, sea un valioso instrumento y referente en la construcción de conocimiento en las ciencias sociales y en la Criminología, principalmente. Con ello colaboramos en el posicionamiento de nuestra institución y del quehacer criminológico y ciencias afines, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Nuestro objetivo, es construir un acervo de conocimiento científico, sobre la base de estas experiencias, y hacerlo llegar de manera inclusiva a toda la sociedad civil. Compartimos con ustedes la propuesta de establecer el Consejo Editorial, el cual, será el órgano director de las publicaciones científicas y obras literarias del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, y al que le corresponderá decidir sobre los contenidos, presentación y normativa editorial de la revista, obras literarias y cualquier otro material que sea de interés de su competencia.Tendrá como finalidad la divulgación de aquellas obras literarias y publicaciones que contribuyan al mejoramiento de la función y el ejercicio de la Criminología y que, a su juicio, sean de interés para las disciplinas y áreas que representan los miembros de la institución. El reto está dado: conozca, investigue, escriba y comparta con nuestra Institución y recuerde que: ¡no es el Colegio, es nuestro Colegio, es nuestra revista! Comité Editorial Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica


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Resumen

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¿Es la delincuencia uno de los mayores problemas de la sociedad costarricense? Deberíamos preguntarnos esto con un foco más analítico antes de contestar con prisa. El presente artículo hace un recorrido desde una perspectiva poco conversada en los tiempos actuales, la politización de la delincuencia y la enorme brecha existente entre la realidad de la criminalidad del país vs la percepción ciudadana de la misma. Se toma como base para este artículo un trabajo de Huhn, S. (2012), quien abre una puerta no visitada anteriormente con ese nivel de profundidad, y nos hace cuestionarnos la construcción de realidades y el impacto que tienen los discursos políticos y los medios de comunicación en nuestra percepción de la realidad, en este caso, de la delincuencia.

Is crime one of the biggest problems of Costa Rican society? We should ask ourselves this with a more analytical focus before answering in a hurry. The present article makes a journey from a not very discussed perspective in our times, the politicization of crime and the huge gap between the reality of the country’s criminality vs. the citizen’s perception of it. A work by Huhn, S. (2012) is taken as the basis for this article; he opens a door not previously visited with that level of depth, and makes us question our construction of realities and the impact that political speeches and media have in our perception of reality, in this case, of crime.

Key words Delincuencia, crimen, criminalización, política, medios de comunicación, inseguridad ciudadana, criminología, opinión. Crime, delinquency, criminalization, politics, media, citizen insecurity, criminology, opinion. Footer message

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El estudio de la realidad criminal debe abarcarse desde distintas aristas; más allá de las estadísticas y los números, tenemos un sinfín de cosas que influyen en lo que llamamos “realidad”: la estadística es una parte, pero todo depende de cómo se estudie la misma y cómo se presenten estos números, la perspectiva individual/ subjetiva sobre la “realidad”, los medios de comunicación y su influencia en esta perspectiva individual, la percepción a nivel macro (social) de la realidad, la influencia de las realidades vecinas (países de la misma región e inluso lejanos), y también cabe destacar lo entretejido de estas realidades, pues se mezcla la realidad económica, política, educativa, cultural y de delicuencia a la hora de taratar de entender las anteriores. Los medios de comunicación, sobre todo en una sociedad que continúa ascendiendo en tecnología y accesos a nivel global a infinitos medios de comunicación en internet, televisión, impresos, locales e internacionales, juegan un papel preponderante no sólo en la proyección de la visión social de las realidades, sino en la construcción de las mismas. La esfera de la criminalidad no queda exenta de esta infkuencia, y los medios masivos de comunicación influyen en la opinión construida en las sociedades respecto a la delincuencia, y consecuentemente en las acciones que se toman para combatirla a nivel social y a nivel formal.

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Es por esto que un análisis de los vinculos entre las dimensiones objetivas (o lo más objetivas posibles) y subjetivas de la criminalidad, a partir de los discursos dominantes y las estadísticas oficiales, es crucial. Se deben comparar y analizar las opiniones de la sociedad junto con la realidad de la criminalidad, y a la vez profundizar en la validez de las acciones que nacen de estas construcciones: ¿son realmente válidas, funciones y/o eficaces las soluciones que nacen de estas “realidades? Red Border Magazine • Issue 285


11 Ud exeraessisi. alit TITLE “Inseguridad ciudadana” es un MetueraNulla términocommy que nim escuchamos en todos los medios de comunicación desde hace ya varios años. Pero, ¿qué tanta relación objetiva y verídica existe entre la inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad? Los Medios Masivos de Comunicación (MMC) ocupan un lugar privilegiado en la esfera pública y son una entidad socializadora (Toro, 2011), promoviendo configuraciones de la realidad que definen y condicionan la manera en la que comprendemos y actuamos en el mundo, influyendo así también en la tan mencionada inseguridad ciudadana.

En las últimas dos décadas han sido de grandes cambios, ha habido un aumento en la criminalidad, sobre todo en delitos contra la propiedad y algunos delitos contra la vida, pero notamos claras divergencias: la mayoría de personas expone una percepción que los asaltos, robos y otros delitos contra la propiedad son delitos que conllevan mucha violencia, cuando la realidad es que son los delitos que menos se realizan con violencia sobre las personas (Huhn, 2012). Por otro lado, la misma opinión de las personas tiene contradicciones, según explica Rico (2006), muchas personas expresan en las encuestas que si consideran que la prevención de la delincuencia es lo más importante, que se debe reinsertar al delincuente y darle las herramientas que necesita para “adecuarse” a la sociedad, y sin embargo insiste en que deben haber penas más severas y más personas presas, asumiendo también que las entidades estatales .no realizan bien su trabajo y dejan a los delincuentes “impunes”.

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La percepción del miedo y de inseguridad al transitar las calles está determinada por varias causas, entre ellas un miedo al cambio, pero además el constante bombardeo de noticias amarillistas que despiertan una sensación de que los delitos están sucediendo en más lugares y más frecuentemente de la realidad. Se sabe con certeza, por ejemplo, que las personas que acostumbran ver noticias en televisión y periódicos son más propensas a transitar con miedo que las que no.

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En Costa Rica, el amarillismo y el excesivo populismo en política tienen una participación activa en la sociedad, y analizar el discurso sobre la criminalidad en el país es de suma importancia para entender la situación real y sus motivaciones. Se vive en el país una enorme politización del discurso sobre la criminalidad, y este populismo punitivo se refleja en que hoy Costa Rica tiene una de las cifras más altas de inseguridad ciudadana de la región, a pesar de ser una de las zonas más seguras de Centroamerica. Tenemos, además, una de las más altas poblaciones carcelarias.

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La “lucha” contra “la criminalidad” ha sido uno de los ejes principales para los partidos políticos en su búsqueda de votos, así como lo ha sido para los medios de comunicación en su búsqueda de “likes” y lectores. Es importante entender que la construcción de una realidad “obvia” para todos, como lo es el “desmedido aumento de la criminalidad”, la “ola de violencia”, y la situación “alarmante” del país debe ser analizada desde un foco profundamente crítico y entender que su nacimiento no siempre viene de datos reales, ni de una realidad objetiva. Discursos como los de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís han calado con gran profundidad en la percepción social costarricense, y se debe entender cómo se relaciona realmente la delincuencia con la identidad costarricense y la sociedad de paz. Estos discursos políticos, se han centrado de manera excesiva en el combate contra la criminalidad, sumados a los medios de comunicación y las noticias que deciden presentar, y el cómo presentarlas, tienen una incidencia directa y mayoritaria en la percepción ciudadana de inseguridad. Sin embargo, ¿es realmente esta percepción. o siquiera cercana, a la realidad de la delincuencia de nuestro país? Para contestae a esta pregunta debemos primero hablar de la definición de inseguridad ciudadana. Para Curbet (citado por Amaya, Genna, Pulache & Rottenbacher, 2009), la inseguridadciudadana tiene dos componentes: uno subjetivo que hace referencia al sentimiento de amenaza personal, no necesariamente relacionado con la vulnerabilidad real de la persona; y uno objetivo que comprende la probabilidad real de ser victima de algún delito. En el presente artículo, la referencia a la inseguridad ciudadana se hace desde el foco subjetivo, entendiéndose como la percepción que tienen las personas sobre su vulnerabilidad.

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La opinión pública es capaz de incorporar ideas e influir en la conducta colectiva y en decisiones de trascendencia social. Como ya mencionamos, esta opinión se construye, en gran medida, basada en los medios masivos de comunicación y en los discursos políticos. La opinión pública respecto a la inseguridad ciudadana, según explica Huhn (2012), posiciona la criminalidad como el principal problema social, un problema que incrementa constantemente, incrementando también el temor de ser victima, la insatisfacción con la respuesta institucional ante la criminalidad, y el amarillismo de los medios. Huhn continúa explicando que nuestro país tiene los indices más bajos de criminalidad en Centroamérica, y la más alta sensación de inseguridad, y le atribuye cuatro explicaciones: incremento de las informaciones sobre sucesos en los medios de comunicación, incrementando el miedo; el énfasis en el aumento de la criminalidad en comparación a 20 años atrás, en vez de comparar con otros países vecinos; la tipificación de nuevos delitos y el aumento de personas privadas de libertad; y el narcotráfico y crimen organizado y su relación con los homicidios dolorosos.

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A estos motivos hay que sumar el discurso político, sobre todo desde el 2010 con la campaña de Laura Chinchilla, ha influenciado la percepción acerca de la delincuencia en el país. Chinchilla tuvo un discurso enfocado en “devolver” la seguridad al pueblo y utilizó la seguridad ciudadana como el tema más importante de su campaña, con el lema “firme y honesta” y “recuperación de la paz”.

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Argumentaba, además, que la criminalidad había aumentado de una forma drástica en los últimos años y que era más violenta que nunca. Ofrecía como solución penas más rigurosas, y la implementación de Juzgados de Flagancia. Chinchilla insistió siempre en “una Costa Rica más segura y más tranquila, con mayor y mejor presencia policial”(Chinchilla, 2010), fortaleciendo la policía con un incremento de 500 policías, del equipo y la presencia policial, 20 proyectos de seguridad ciudadana preventiva, incremento de la capacidad carcelaria en 3000 espacios, levando a un hacinamiento del 37%.

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Laura Chinchilla tuvo un discurso neopopulista que atiene al “sentido común”, dando por sentado que la realidad de la delincuencia es algo que “todos saben”: el país vive una alta inseguridad. Visualiza así la criminalidad como un ataque hacia la sociedad de entres supuestamente “externos”, y esto legitima acciones que se toman en sectores específicos, considerados “de riesgo”.

Esta terminología es sumamente peligrosa, pues encasilla y etiqueta a sectores de la población que son vulnerables por motivos económicos, sociales y culturales, refiriéndose así a que los pobres tienden a ser criminales y por eso son un riesgo para los no-pobres. De este modo, las acciones dirigidas hacia jóvenes marginados no son ya en busca de brindarles mejorías, aprendizaje o crecimiento, sino para que no se conviertan en un peligro y no amenacen a la población. Finalmente, Chinchilla intensifica la “integración de esfuerzos” para combatir la delincuencia, con acciones de política pública de seguridad en conjunto con asociaciones de víctimas de delincuencia y grupos organizados de jóvenes (POLSEPAZ). Con esto se fortalece la responsabilización de los ciudadanos y la toma en sus manos de acciones para “protegerse contra los criminales”. Además, incentiva el constante modo “alerta” y la búsqueda diaria de reducir riesgos. Su discurso fortalece la percepción ciudadana de que el Gobierno es “pasivo”, que no es lo suficientemente “fuerte” al combatir los delincuentes y que éstos no pueden quedar impunes.

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A este discurso de Chinchilla, se le suma luego el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien también se basa en una búsqueda de “devolver” la seguridad al pueblo con medidas preventivas, exponiendo que se ejecutó una estrategia en que se recuperaron los espacios “tomados por malhechores” (Solís, 2015). Luis Guillermo busca con estos discursos recuperar la confianza de la población, y aunque no realiza tanto énfasis en la inseguridad ni en la criminalidad, si enfatiza en combatir la corrupción, crímenes contra la propiedad, y otros.

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Y cabe destacar que a pesar de que Chinchilla insistió en haber disminuido considerablemente la delincuencia, Solís sostiene que “por primera vez en los últimos 10 años, Costa Rica ha reducido la tasa de delitos contra la propiedad que tanto afecta a las y los ciudadanos, principalmente jóvenes y mujeres que transitan por las calles” (Solís, 2015). Esto vuelve a demostrar que el uso de la Estadística puede variar dependiendo de las intenciones que se tengan, y de la información que se busque compartir.

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La Estadística se topa con muchas dificultades a la hora de realizar un análisis de la misma. Hay cambios importantes en las estadísticas sobre determinados tipos de delitos hace unas décadas a las de hoy, lo cual complica que se puedan mirar de manera superficial para sacar conclusiones sobre un aumento en los números, y su relación con el aumento en la criminalidad. La estadística no es así de confiable, sino todo lo contrario, debe ser analizada con un foco crítico, sin darle un valor de veracidad ni de confiabilidad muy elevado y siempre utilizándose como una herramienta de análisis y no como un reflejo claro de la realidad (Huhn, 2012). Los mismos números en un mismo cuadro estadístico pueden utilizarse para sostener discursos distintos, dependiendo de cómo se apliquen. Factores que influyen en que las estadísticas de criminalidad “aumenten” son los medios de comunicación y su abordaje de los delitos, como ya se mencionó, así como las herramientas que el Estado utiliza para combatir la criminalidad, incluyendo el aumento de la policía, la vigilancia, el involucramiento de la sociedad, el discurso político, el aumento de los delitos tipificados y de las penas que se aplican a estos, y el ceder a la presión social, buscando hacer sentir a la ciudadanía más “segura” porque se encierren más personas y porque se apliquen penas más severas. Pero, ¿nos hace eso realmente una sociedad más segura?

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Huhn (2012) menciona que la inseguridad ciudadana va mucho más de la mano con el miedo al cambio, la construcción de realidades de los medios de comunicación, que con un aumento objetivo de la criminalidad. Uno de los discursos más latentes, y a parecer desde hace ya varias décadas, es que vivimos una “ola de criminalidad”, un momento de “guerra”, en el que la criminalidad experimenta un aumento desmedido y violento en comparación a tiempos pasados que fueron mejores, cuando “no había delincuencia” y se vivía en Costa Rica una “atmósfera de paz”, lo cual no sólo es falso, sino que genera un cambio en la visión de la delincuencia actual a hace unas décadas: la criminalidad no es ya un hecho socio-político interno, sino un ente ajeno a la sociedad costarricense que atenta contra su identidad pacífica y segura.

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“Los malos llegan hasta donde lo permiten los buenos”, menciona Huhn que había en un cartel en una de las manifestaciones contra la delincuencia hace varios años, que demuestra un énfasis en los sujetos y no en los actos delictivos. Esto vuelve a demostrar que hay una visión muy marcada entre “nosotros”, los costarricenses “buenos”, los que formamos parte de la sociedad, y los “otros” que son los “malos” que ya no son parte nuestra sino totalmente ajena, a los que vamos a combatir y exterminar.

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Esto genera que la sociedad exija mano dura, que quiera tomar justicia por cuenta propia y muchísima exclusión social. A pesar de las diferencias, la sensación de inseguridad marcada por un pensamiento de que “hoy día” hay un “auge repentino” de criminalidad no es algo nuevo, sino que viene desde la década de 1950, en la que igualmente se criminalizaba a los jóvenes, y había cierta resiliencia a cambios sociales. Las décadas de los 60’s y 70’s no fueron tan diferentes, hablando igualmente de “olas” de criminalidad. En los 80’s, a esto se le suma el miedo al consumismo y la percepción de que el comunismo traería crimen y violencia. En todos estos años, la criminalidad se consideró (durante muchos períodos, aunque no todos constantes), uno de los problemas más importantes que aquejaba a la sociedad costarricense. Siempre con un discurso que habla de “tiempos mejores”, sin embargo, con este análisis, vemos que los tiempos mejores de los autores de hoy, en realidad eran más similares a hoy día de lo que la mayoría recuerda, o quiere recordar.

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La influencia de estos discursos es más potente de lo que uno pensaría, pues se cree ingenuamente que la Estadística y las investigaciones brindarán una visión realmente objetiva de la situación, pero no es así. Huhn dice que no se puede analizar la estadística como números aislados que significan lo mismo hace diez años que hoy, pues tenemos nuevos delitos tipificados, gran aumento en la cantidad de departamentos de investigación criminal y de policía, un énfasis mucho mayor en los delitos, lo cual no siempre significa que aumentó la criminalidad, sino, por ejemplo, que disminuyó la cifra negra. El delincuente promedio costarricense es un joven entre 15 y 25 años, que no trabaja, ha desertado el sistema educativo formal, y vive en espacios o zonas determinadas (Fullmen, citada por Rodríguez en una entrevista, 2016). Agregó Fullmen que no es que las personas que tengan bajos ingresos tienen mayor propensión a cometer delitos, pero que la pobreza sí alienta a la delincuencia. El problema con el discurso político y los medios de comunicación es que aumenta la marginación de estas comunidades, criminalizando la pobreza y los jóvenes de nuestro país, sin verdaderas oportunidades de reinserción.

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Zaffaroni (2011) menciona algo básico, pero fácilmente olvidado en la práctica: No se puede actuar ante lo que no se conoce. No se puede asumir que la problemática de la delincuencia es aquella que se presenta en los periódicos, o aquella que “siente” la gente, no sin antes profundizar en el porqué de cada una de estas situaciones. Los medios de comunicación, los discursos políticos y la globalización han propiciado construcciones mediáticas de la realidad que luego influyen directamente en ella.

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Parece que conforme pasan los años, disminuye la tolerancia y la visión apegada a los derechos humanos y a la condición de ser humano de los delincuentes, pues se legitima el accionar con “mano dura” y de forma violenta hacia ellos por el mismo sentimiento de que la criminalidad aumenta y aumenta. Esto va acompañado de xenofobia (a pesar de que que ya ha sido comprobado muchísimas veces que la teoría de que los extranjeros cometen delitos no tiene ninguna base para sostenerse), la exclusión social y la misma inseguridad ciudadana, generando un ciclo vicioso del que no parecemos estar cerca de salir. En referencia a esto, Huhn dice: “Cuanto más reporten los medios de comunicación la criminalidad y las acciones que emprende la política en contra de la misma, cada vez más delitos serán detectados. Esto a su vez llevará a la prensa a hablar sobre la ola de criminalidad, la cual inducirá a la sociedad a exigir ley y orden; y esto, por consiguiente, hará que los políticos incrementen las acciones y las penas de nuevo. Este círculo sin fin se mantiene sin que se le dé siquiera una mirada detallada a las tasas ‘reales’, a los lugares, a las facetas o a las razones de la criminalidad.” (Huhn, 2012).

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Estamos criminalizando “potenciales” delincuentes antes de que hayan delinquido, estamos poniendo en manos de la ciudadanía un trabajo que le compete al Estado y a los entes de policía y similares, estimulando más la inseguridad y poniendo en manos individuales la respuesta ante la delincuencia. Estamos, además, retroalimentando un discurso de “conocimientos válidos” que no se auto cuestiona y que incrementa con el tiempo, propiciando mayor segregación en la sociedad. La criminalidad es hoy politizada, y amarrada del liberalismo económico, el libre comercio y la privatización, acentúa la privatización de la lucha de la criminalidad también, creando una atmósfera de inseguridad que está, sin embargo, alejada de la realidad. La pregunta más importante sería, ¿qué es lo que realmente queremos lograr con la supuesta “lucha contra la criminalidad”? ¿Qué la sociedad mejore, o que ciertos sectores se sientan más seguros? Porque parece que estas dos opciones no son sinónimos.

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¡Los deshumanizados! ¿Están fuera o dentro? Diana C. Soto Porras

Resumen: Se dice que la criminalidad es uno de los males que daña la sociedad. Diversos autores desde siglos anteriores intentan dar una explicación de por qué se delinque y cuál es la forma adecuada de tratar al criminal. Por lo que, este escrito pretende brindar una mirada histórica y crítica desde la etimología del crimen y la manera de tratamiento de este, específicamente la pena privativa de libertad, hasta contextualizar en el presente y valorar la efectividad de la misma. Aborda el contexto antes de la comisión del delito, la vida dentro de la prisión y la perspectiva social ante un “ex convicto”.

Palabras clave: Crimen, humano, estado, sociedad.

Abstract: It is said that criminality is one of the misfortunes that damages society. Forasmuch as centuries different authors have tried to give an explanation to why people commit crime and which is the appropriate way to treat the criminal. So this work expects to give an historical and critical look from the etymology of crime and its treatment, specifically the custodial sentence, as far as contextualize it in the present and its effectiveness. It adress the context before the commit of the crime, the life inside the prison and the social perspective of an “ex-convict”.

Keywords: Crime, human, polity, society

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Introducción Los locos, enfermos, delincuentes y todo aquel que no se ajuste a la “normalidad”, desde la época clásica se han excluido y recluido de la sociedad, como aquel cáncer que invade el cuerpo humano y poco a poco, si no se elimina, hará metástasis infestando aquella unión de tejidos, aquella corporalidad. Así, con rechazo y ojeriza son vistos todos aquellos de comportamiento extraño o anormal, aquellos que padecen de la ambigüedad de ser castigados por Dios; pero no abandonados por él. Como bien lo ejemplifica Kafka en su obra, La Metamorfosis1, el mismo Gregorio Samsa sufre de rechazo una vez que se convierte en escarabajo, no importa todo lo que fue antes del cambio, el solo hecho de amanecer diferente lo hace sujeto de rechazo. Se dice que se destierran de la libertad no con el fin de evitar sus desordenes o guardar por la paz social, sino por el propio bien del loco, velando así, más bien, por su proceso terapéutico, pero bien lo dice Foucault (1975) “es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar” (p.12) ¿será esta locura algo intrínseco de la entidad natural del ser o más bien es la herencia

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Franz Kafka, 1915

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social de la privación al deseo “normal”? La criminalidad actualmente es uno de los males que daña la estabilidad social, la cual se acrecienta día a día. Desde el siglo XVIII, numerosos autores, entre ellos Cesare Beccaria y Cesare Lombroso, han intentado ofrecer una explicación general de las causas y precursores del comportamiento criminal, así como la forma de tratamiento adecuada para los mismos. Pese a ello, también se tiene claro que estudiar el origen que da pie a que una persona “desadaptada socialmente”, no es una tarea nada fácil. Por ende, el presente escrito tiene como objeto estudiar y analizar las causas sociales de la criminalidad, esto con el fin de generar un pensamiento crítico respecto a sus formas de tratamiento, de manera más específica, la cárcel como método de reforma. Para esto, se parte desde una moción etimológica del crimen y el nacimiento del sistema carcelario. Además, se estudia la cárcel como método de reforma al criminal. Es decir, se busca un análisis histórico referente al tema con el fin de traerlo a la actualidad y discutirlo.

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I . Definición etimológica “crimen” Crimen, delito, etimológicamente viene del latín crimen y este del verbo cernere que que significa cernir o analizar, cernere tiene la raíz indoeuropea krei, que dio en griego κρινειν (krinein = separar o decidir) y κρισις (krisis = crisis). Teniendo esto para los romanos significado de separación, específicamente de la sociedad. Por otro lado, Bartol & Bartol (2017) describen el crimen como “acciones habituales graves que violan los derechos personales, la legislación o las normas sociales generales” (p. 25). Asimismo, de manera actual y en el marco de la legalidad, Bartol y Bartol (2017) definen crimen o delito, como la acción u omisión de actuar en contra de la ley que así lo prohíbe o lo ordena, y para lo cual existe un rango de posible de sanciones tras la sentencia condenatoria. De igual manera, estos autores definen al criminal como aquella “persona cuya actividad delictiva se ha detectado y a quien se ha arrestado o citado a comparecer ante los tribunales y que ha sido encarcelado” (Bartol & Bartol, 2017, p. 24).

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Adentrándonos en un contexto más nacional, el Código Penal Costarricense (2016) señala que, el hecho punible se describe mediante su forma, tiempo y lugar; es decir este se considera realizado una vez que se da un acto de acción u omisión de la ley, esto, en el lugar en que se desarrolló el hecho y en el territorio que se produjo o debió producirse el resultado. En el país, la pena máxima es de 50 años de prisión. A grandes rasgos, se podría decir que el crimen es aquel acto que separa al autor de la sociedad o normalidad socialmente establecida, una violación de la ley que rige al colectivo. II. El nacimiento del sistema carcelario Al hacer una regresión por el siglo XVIII, producto del liberalismo, se puede encontrar la concepción del delito referida como una falta al contrato social o a la sociedad, por lo que el transgresor, así como el colectivo resultaban beneficiados con la ejecución del castigo. No se exime a los criminales de protección jurídica (para evitar que las autoridades incurrieran en abusos), pero se considera que el castigo debe ser proporcional al delito. De igual manera, con el fin de darle una

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coherencia legal a este pensamiento, desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX algunos legisladores europeos y latinoamericanos promulgaron códigos civiles, penales, comerciales y procesales. Es entonces, según Rodríguez–Magariños, citado en Guido y Castillo (2013) en Europa donde se encuentran las dos primeras manifestaciones de establecimientos penitenciarios propiamente dichos, es decir, de lugares construidos específicamente para servir de prisión. El primero en 1704, fue el hospicio de San Michele ubicado en Roma (Italia) y el segundo establecimiento fue la prisión de Gante (Bélgica) en 1773.

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Según Enríquez (2012) en esta misma época nace el concepto de “régimen penitenciario”, el cual es comprendido como una técnica orientada hacia la corrección del penado, teniendo como base el modelo médico que se extendía en la cura de enfermedades y específicamente en el área de los trastornos mentales. Con la llegada de los médicos a las prisiones, caen las tesis contractuales y de libre albedrío, iniciando el correccionalismo con trasfondo terapéutico proponiendo que la sanción penal es una medida curativa, ya que como afirmaban los positivistas (creadores de la criminología y el

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estudio del criminal), el delito era una condición que se encontraba dentro del sujeto. Viéndose entonces “la pena como medicina del alma”. Dentro de las formas privativas de libertad de este periodo, se pueden mencionar los regímenes Filadélfico o Pensilvanico (1790), Arbuniano de Elam Lynds (1821) y Panóptico de Jeremias Bentham (1802), caracterizados por la severidad y la extrema disciplina. Enríquez (2012) refiere que paralelo al positivismo nace la Nueva Penología Norteamericana, dicha estaría a favor de la resocialización. Dándose un cambio de la fase correccionalista (médica) a la resocializadora, la cual inicia en el Congreso Nacional Sobre La Disciplina De La Penitenciarias Y Establecimientos De Reforma (Ohio, 1870), manteniéndose hasta la actualidad. Según la misma autora, en este se establece que “el trato de los criminales por la sociedad tiene por motivo la seguridad social. Mas, como el objeto de él es el criminal y no el crimen, su fin primordial debe ser la regeneración moral de aquél. Por esta razón, la mira suprema de las prisiones debe ser la reforma de los criminales y no


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la imposición del dolor, o sea, la venganza” (p.18). Para el siglo XX se formaría uno de los documentos, que según Enríquez (2012), es de los más importantes a nivel internacional en el tema de justicia llamado Reglas Mínimas Para El Tratamiento De Los Reclusos (Primer congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en Ginebra, 1955) dichas reglas se aprobaron en 1957 y se han mantenido vigentes hasta la actualidad. Enríquez (2012) explica que constan de dos partes, la primera especifica los principios y prácticas generales que se consideran aceptables en el tratamiento de los reclusos, representando las condiciones adecuadas mínimas que acepta la ONU, es decir, han sido concebidas para la protección ante malos tratos, principalmente en la imposición de la disciplina y el uso de instrumentos de coerción en las instituciones penales. En la segunda parte, se establece que el tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de la libertad debe tener por objeto “en tanto la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con

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el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo”. Al igual que en la fase correccionalista, Enríquez (2012) menciona que en la resocializadora también existen regímenes penitenciarios como lo son los regímenes progresivos, caracterizados por la progresividad y el sentido del tratamiento técnico penitenciario. El régimen all aperto, el cual tiene establecimientos al aire libre para el trabajo de los sentenciados. Asimismo, el régimen de prisión abierta busca generar en el recluso concientización para hacer uso de las libertades que se le ofrecen sin abusar de ellas. Por último las instituciones de máxima seguridad, aplicado a los sujetos con dificultades para resocializarse y que precisa que el mismo logre ser incapaz de reincidir. A modo de recapitulación, la prisión nace como un método paulatino el cual dejaría de lado las prácticas crueles y violentas para con los delincuentes. Esta institución se divide en dos fases la correccionalista, la cual parte de un pensamiento médico que busca la cura del enfermo, ya que el delinquir era interno del sujeto. Y la fase resocializadora,

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mantenida hasta la actualidad, la cual busca una regeneración moral de aquel que comete el delito, con el fin de que el mismo se pueda reintegrar a la sociedad y evitar la reincidencia. III. Prisión, penitenciaría, presid io, correccional, penal, cárcel… Teniendo en cuenta el concepto de delito y la historia del sistema carcelario, es hora de definir que es una prisión. Y qué podría llevar a una persona a la violación de la norma. El sociólogo Loïc Wacquant (2010) plantea que el Estado, y el Estado neoliberal en particular, emplea tres estrategias para tratar a la marginalidad y la pobreza. La primera consiste en socializar el desempleo y subempleo mediante políticas asistencialistas que apuntan hacia reducir la visibilidad de las diferencias de clases. Medicalizar a los pobres es la segunda estrategia. La tercera vertiente del Estado contemporáneo para combatir la pobreza es la penalización. De manera resumida, se podría decir que el Estado busca pintarle una cara linda a la pobreza, para que la misma no sea tan incómoda de ver. Además, ofrece la “cura rápida” a la poblaciones vulnerables como


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alcohólicos, drogadictos, depresivos, entre otros. Por último, cuando el problema es grave y no se sabe qué hacer con esas conductas de los pobres, las cuales suelen ser un clamado de ayuda ante la necesidad social, se tipifican y penalizan encerrando o recluyendo en un mismo lugar con el fin de “cambio”. Jinesta (1940) menciona que los sistemas penitenciarios son medios penales por los cuales se busca la corrección del delincuente basándose en la privación de la libertad. El mismo afirma que estos nacen de la necesidad de corregir al delincuente para evitar la reincidencia. Pero, su fin de resocializar y evitar la repetición de la conducta criminal ¿será efectiva? Contrario a la creencia popular, de que la mayoría de las personas en condición de privación de libertad son “violadores” o “asesinos”, según el último informe del estado de la justicia (2017), la mayor parte de la población carcelaria de nuestro país se distribuye entre jóvenes costarricenses, con edades que oscilan entre los 20-30 años, esto por delitos contra la propiedad (39%), seguidos de la infracción a la ley de psicotrópicos. Donde casi el 60% de las personas con expedientes activos a abril del 2016, indicaban tener un nivel educativo de primaria

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o menos. Cabe destacar que, según el mismo informe, un porcentaje cercano al 21% de la población penitenciaria, al 2016, se encontraba en condición de reincidente. Es decir, tomando como base este informe se puede decir que la reincidencia está siendo protagonista de un sistema que busca la evasión de la misma. Giddens citado en Enríquez (2012) sugiere que para una verdadera resocialización, una de las bases debería ser la respuesta seria a la preocupación pública por el crimen y la crisis de la vida familiar; la protección y mejora de la esfera civil es una de sus inquietudes fundamentales. Es decir, más que centrarse directamente en la persona que comete el delito, es importante ver el entorno en el que este se desenvuelve así como la demanda social que existe. No se trata de querer tapar los problemas con acciones que generen aún más problemas, sino buscar soluciones alternas que permitan abordar los mismos desde la raíz. Como se vio en el informe del estado de la justicia, las personas que están privadas de libertad, en su mayoría, son jóvenes o adultos en condición de pobreza. Lo que no quiere decir que las personas con mejor calidad socioeconómica no cometan delitos, sino que los mismos a pesar de cometer delitos graves, tienen las

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las posibilidades o el poder para escabullírsele a la justicia. Wacquant citado en Lutz (2013) afirma que “la penalización funciona como una técnica para la invisibilización de los problemas sociales que el Estado, como palanca burocrática de la voluntad colectiva, ya no puede o no quiere tratar desde sus causas, y la cárcel actúa como un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de la sociedad de mercado” (p.177) Deshumanizados ¿fuera o dentro? A pesar de que las personas recluidas en los centros penitenciarios el único derecho que deberían perder, en teoría, es el de su libertad; intrínseco a este pierden muchísimos más, disipándose con ellos su condición humana, volviéndose un desecho que no debería hacer más que estar el resto de su vida en la cárcel bajo las peores condiciones que se puedan. Una prueba de la pérdida de derechos de las cuales padecen las personas en esta condición la presenta el periódico La Nación. Entre las noticias recientes del país, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas

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(ONU), realizó, en marzo del presente año, una visita y diversas entrevistas por 23 lugares donde se encuentran personas en condición de privación de libertad. Constatando con ello, el grave problema de hacinamiento carcelario en el que se encuentra el país. En un informe realizado por el subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, se resalta el que las políticas públicas encaminadas a reducir el hacinamiento no deben concentrarse en la construcción de nuevas cárceles, se mencionó también el deber de trabajar en el país el desarrollo de nuevas políticas para reducir el encarcelamiento. Según la misma nota del periódico, en el 2017, el hacinamiento carcelario rondaba el 28% ya que había 13.783 personas recluidas, cuando el sistema tenía capacidad para 10.701 reclusos. Actualmente, dicho indicador es considerablemente mayor, pues hay cerca de 16.000 personas privadas de libertad. Por otro lado, es importante destacar las constantes denuncias de personas privadas de libertad, por tratos inhumanos por parte de los policías penitenciarios. Si se analiza con detenimiento la nota, se puede evidenciar que inclusive entes internacionales llaman a la no construcción de más centros penitenciarios, sino que se

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opten por medidas alternas que verdaderamente permitan un bienestar integral de todas las partes involucradas en el tema. Las condiciones de hacinamiento en que estas personas sobreviven son completamente inhumana. Celdas que tienen espacio para 15 reclusos, albergan el doble y hasta el triple de personas, durmiendo algunos en los baños y hasta debajo de las camas de otros. La tensión, la insalubridad y las condiciones que genera esta problemática son completamente contraproducentes ante una posible reforma, convirtiéndose la cárcel en una escuela del delito, el fin opuesto para el que fueron creadas.

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Por otro lado y haciendo una referencia más específica al título del apartado, surge la pregunta ¿qué pasa una vez que las personas privadas de libertad dejan esta condición y se convierten en ex convictos? Una nota del periódico en línea de CNN relata la historia de Matthew Charles. Un hombre de descendencia afroamericana, el cual estuvo 21 años en condición de privación de libertad, esto por delitos relacionados a las drogas. El mismo es parte de las personas puestas en libertad resultado de la Ley Del Primer Paso (una reforma a las leyes de sentencia que han perjudicado de manera errónea y desproporcionada a la

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comunidad afroestadounidense). Desde que Charles salió de la cárcel ha intentado iniciar una nueva vida, sin embargo el prejuicio social de un hombre ex convicto y aunado a esto es ´negro´ le han impedido volver a insertarse en la sociedad. Cuando solicitó por primera vez alquilar un apartamento en Nashville, Tennessee, Charles fue rechazado. Por lo que, la famosa empresaria estadounidense, Kim Kardashian intentó pagar el alquiler del mismo, pero ni su ayuda fue suficiente. Como se mencionó con anterioridad, una vez que las personas ingresan al sistema penitenciario, automáticamente pierden su condición de humano y son juzgadas y rechazadas de manera fuerte. No importa el delito, ni la historia, ni el contexto, lo único que importa es la etiqueta prisionero o ex prisionero, y con eso basta para pensar que este es un desecho, el cual está destinado a siempre hacer daño por lo que lo único que se debe hacer es recluirlo y mantenerlo lejos de la “gente buena”. Charles relata en su cuenta personal de Facebook “La violencia en mi historial ocurrió en 1988, cuando era completamente joven, tonto y estaba equivocado. Hace 31 años” “Se trata de obstáculos para el reingreso


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exitoso y la reintegración a la sociedad de los exdelincuentes, que yo y muchos de los delincuentes liberados enfrentamos de manera regular y que debemos abordar y remediar”. Trayendo esta noticia al contexto nacional, al igual que Charles, muchas personas por no decir todas las que han estado, por una u otra razón, recluidos en una prisión deben cargar con una etiqueta negativa casi imposible de quitar. Aunado a que la función de la cárcel como ente resocializador en Costa Rica es casi nula, una sociedad que juzga de manera tan fuerte a estas personas y nos les permite iniciar de nuevo tras un error, propicia la reincidencia. La cárcel, ante el desamparo social, estatal e incluso familiar, se vuelve entonces una casa para ciertos individuos aumentado el hacinamiento, la reincidencia y la posible función que podría tener el penal. Conclusión El crimen desde su etimología remite a una separación del colectivo. Un ser que no encaja y actuó contra la norma. Por otro lado, desde la historia del sistema carcelario es posible observar que el fin de este, se vincula con la disociación de la persona que comete el delito. En primer lugar como método

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paulatino de abandono a las formas de castigo crueles de la época. Por otro lado, como método correccional a la conducta que alteró la sociedad. Para este momento (siglo XVIII) se creía que las conductas delictivas eran íntimas al sujeto, por lo que debía someterse a su cura, por el bien del mismo pero sobre todo por el bien social. Más tarde, cambia el fin de la prisión, manteniéndose hasta la actualidad, se convierte esta en una pena que tiene como objetivo resocializar al sujeto. Es decir, enseñar al mismo a que pueda vivir en sociedad respetando la norma. Trayendo, lo dicho anteriormente, a la actualidad, es posible hacer una evaluación de qué tan efectivo es el fin “resocializador” del sistema privativo de libertad. Viendo desde una línea del tiempo el tratamiento del hecho delictivo antes, durante y después. Es posible encontrar que antes de cometer el delito, existe un abandono social por parte del Estado. Las bajas condiciones socioeconómicas llevan a las personas a dedicarse a oficios ilegales, con el fin de obtener una mejor calidad de vida o aproximarse a los privilegios de las clases sociales dominantes. Por otro lado, ante la necesidad del Estado de obviar los problemas y pintar una cara bonita del país, encierra a todos aquellos que claman (de maneras desacertadas) por bienestar y condiciones de vida adecuadas, bajo el escudo de “resocializarlos” y que una vez que estos cumplan la pena, puedan salir e insertarse a la sociedad como un humano producente.

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Sin embargo, las condiciones que brinda el Estado para resocializarse son inhumanas y más que ayudar a un surgimiento de las personas privadas de libertad, crea, en su mayoría, profesionales del crimen. Después de salir en libertad, gran parte de la población vuelve a su contexto original, donde delinquió por primera vez, con la diferencia de que ahora aprendió uno que otro curso libre, nuevas formas de delinquir o bien perfeccionó las que conocía, se enfrenta de nuevo a la sociedad, esta lo excluye porque dejó de ser humano y ahora está etiquetado como criminal. Siguen los problemas económicos, las necesidades, el mismo entorno lúgubre y ahora el rechazo social. Entonces, solo queda tomar una decisión.

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Resumen El femicidio es un delito que ha cobrado la vida de muchas mujeres en los últimos años. Han existido diferentes esfuerzos para mitigar este hecho, sin embargo, la gran parte de aportes han sido reactivos y no preventivos. Existe una tolerancia social en cuanto a la violencia de género la cual ha legitimado varios tipos de agresiones hacia las mujeres, siendo el femicidio la expresión máxima de esta violencia.

Abstract Femicide is a type of crime that has taken the lives of many women in the past years. There have been different efforts to mitigate this, however, these have been focused on how to deal with this crime after it happened, and not in how to prevent the crime in the first place. There is a social allowence or acceptance towards gender violence, which has legitimate different types of aggressions towards women, being the femicide the maximum expression of this violence.

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Tolerancia Social y Femicidio

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En conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, parece pertinente ahondar en uno de los temas que más ha adquirido importancia a nivel nacional, como lo es el femicidio, tanto por su aumento como por su controversia en muchos casos; pero más allá de entrar en esta polémica, lo que se busca es entender el fenómeno como tal y comprender cual es el esfuerzo que se efectúa por parte del país para mitigar su impacto, en donde la criminología tiene un papel clave, para contrarrestar este delito. Mucha de la “crítica” o discusión en torno a los femicidios (que ha sido reproducida en medios nacionales, redes sociales, etc.) es que es un delito “nuevo” y que “hace unos años no pasaba”. Claramente esto no es cierto, sin embargo, no deja de tener sentido cuando estas afirmaciones se contextualizan en nuestro país donde temáticas sobre derechos de la mujer, políticas de género, sexualidad o violencia de género siguen siendo desconocidas o mal entendidas. De acuerdo al Poder Judicial, “El femicidio es la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada, por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio común, sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre femicida”. De esto, es importante destacar algunos puntos. En primer lugar, el femicidio es producto de la violencia de género. Recordemos que la violencia no es únicamente física, sino también psicológica, verbal, sexual e inclusive económica. Ahora, violencia de género se refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres en consecuencia de una relación de poder en el cual el hombre se ve en superioridad. Basta dar una mirada a nuestra sociedad actual para darnos cuenta de la veracidad de esto, en donde las mujeres suelen ganar menos que los hombres, ocupan menos posiciones en cargos públicos y son víctimas de acoso diario (entre muchas otras formas de violencia). Segundo, la mujer es asesinada, por su condición de mujer.

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Un femicidio no es un simple asesinato y no todos los asesinatos hacia las mujeres son femicidios. Solo califican como tal aquellos que proceden de esta relación de poder en donde la mujer es vista como un objeto, del cual el hombre es propietario, ya que se siente libre de acabar con su vida en cualquier momento pues esta le pertenece a él por su posición de hombre. Acá se puede visualizar el caso en donde el hombre con tal de no “perder” a su pareja puede llegar a asesinarla. Por último, el tercer punto, probablemente el que es menos conocido; a manos de su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. Los femicidios no son únicamente producto de parejas o exparejas, sino también de terceros. Para desarrollar este punto, es necesario dar un vistazo a la actual ley que se encarga de legislar este tipo de delitos. En el 2007 se promulga la Ley de la Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM por sus siglas), la cual sigue vigente y es en donde se tipifica este tipo de delitos. Más en detalle, es el artículo 21 de esta Ley la que se refiere al femicidio como tal (la cual será castigada con una pena de 20 a 35 años). Los femicidios que se den por un cónyugue o pareja actual caerían en este artículo 21, mientras que los femicidios en donde no existe un matrimonio o unión libre se catalogan como “femicidio ampliado”, de acuerdo a la Convención Belen Do Pará. No hay que confundirse, ambos escenarios son femicidios y son de igual seriedad y gravedad, no obstante, si tienen implicaciones legales un tanto distintas, siendo tal vez el aspecto más destacable que el femicidio ampliado tiene una pena menor. Otro punto importante en cuanto a estos dos tipos de femicidios es que, normalmente, en los medios de comunicación cuando se hablan de estadísticas y números acerca de estos delitos, solo se hacen referencia a los contemplados por el artículo 21, lo cual en cierta forma podría llegar a maquillar el número real de femicidios. Ahora que está más clara la definición sobre femicidio y su implicación legal, es momento de hablar de números y estadística para entender que tan crítica es esta situación. Los datos que a continuación serán presentados fueron tomados de varios informes del Poder Judicial (ver bibliografía para más detalles).

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Desde que se promulgó la LPVcM en el 2007 hasta el 2018 se contabilizan 337 femicidios. En el siguiente gráfico del Poder Judicial, se aprecia la cantidad de femicidios por año divididos por tipo, siendo el pico el 2011:

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A simple vista, pareciera que el número de femicidios ha ido en declive y no es tan alto, sin embargo hay que analizar estos números con el contexto correcto, por ejemplo, ¿qué significa que en el 2017 hubiese 26 femicidios? En ese año hubo un total de 58 homicidios de mujeres, de los cuales 26 fueron tipificados como femicidios, 9 como homicidios y 23 estan pendientes de aclarar de acuerdo al caso específico (lo que significa que pro–bablemente el número de real de femicidios de ese año aumente). Esto, en términos porcentuales significa que 44.8% de los homicidios de mujeres del 2017 fueron clasificados como femicidios, lo cual es un porcentaje bastante alto.

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Hagamos el mismo ejercicio con otros años:

Siguiendo con el ejemplo del 2017, es importante mencionar que durante ese año hubo 115 tentativas de femicidio. Recordemos, que por la naturaleza de este crimen, el cual en muchas ocasiones ocurre dentro del seno familiar, muchas veces la denuncia nunca se hace, por lo cual este número probablemente sea aún mayor. Finalmente, el último dato que es necesario traer a discusión, es que de los 14 femicidios que ocurrieron en el 2017 bajo el ámbito de la LPVcM (realizados dentro del matrimonio o unión libre), 6 de las víctimas tenían antecedentes de agresión, para 5 de las vícitmas ya existía una amenaza de muerte (incluso en 1 caso se tenían medidas de protección activas) y en todos los casos se logró detener al imputado. Con estos números queda en evidencia la importancia y seriedad que se le debe dar del delito del femicidio. No es cierto que “antes no ocurría”, lo que sucede es que anterior al 2007 no se manejaban cifras de este delito tipificado como tal y además el conocimiento de la población sobre este tema era casi nula. Por desgracia, tampoco podemos afirmar que ya el problema esté controlado únicamente por que el número de femicidios haya disminuido de un año al otro, puesto que el porcentaje siempre se ha mantenido por encima del 40% por año (desde el 2013), y más cuando a esto se le suma la gran cantidad de tentativas de femicidio por año (115 para el 2017, 83 para el 2016 y 84 para el 2015 por mencionar algunos). Por último, parece que las medidas tomadas por los organismos estatales no son suficientes, puesto que en muchos casos exisitió un antecedente claro al femicidio (ya sea una denuncia o amenazas), pero el crimen no se logró evitar.

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Si bien se han hecho importantes avances en el tema, definitivamente el área de mejora y que más retos presenta es entorno a la educación y prevención. Y es justamente en esta área donde los profesionales en criminología tienen el mayor reto. Como se dijo anteriormente, para el 2017, en todos lo femicidios se logró detener al imputado, lo cual es un muy buen número a favor de las autoridades a cargo. En general, se puede decir que en el marco de la aplicación de la Ley, tanto el OIJ como el Ministerio de Justicia hacen una labor bastante buena, sin embargo, donde no se ha trabajado lo suficiente es en entender las razones por las cuales estas conductas se siguen reproduciendo. Estas razones están reproducidas en prácticamente cualquier esfera social, desde la familia, religión, matrimonio, escuela, colegio, política, etc, trayendo como resultado una tolerancia social hacia la violencia cotidiana contra las mujeres. Por desgracia, debido a esta tolerancia social, se han normalizado conductas como piropos, acoso callejero o laboral, violencia patrimonial o económica, entre otros, siendo el femicidio la expresión extrema de la violencia de género.

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Hasta que no exista un programa integral de educación sobre políticas de género, muy dificilmente el porcentaje de femicidios baje. Como se dijo anteriormente, han habido avances importantes, el programa de afectividad y sexualidad integral del Ministerio de Educación (mal llamadas “guías sexuales”) es uno de ellos, al igual que el programa de denuncias del INAMU (por dar algunos ejemplos), sin embargo, estos quedan muchas veces invisibilizados o tergiversados por las agendas e intereses políticos de diferentes partidos. No existe una salida rápida a este problema, si se quiere un cambio verdadero y prevenir los femicidios se necesita un cambio estructural bastante grande y complejo, el cual el primer paso lo tienen que dar las diferentes esferas políticas. Es necesario priorizar este tema en la agenda nacional y empezar a transformar las relaciones de género y de esta forma acabar con esta tolerancia social hacia la violencia en contra de las mujeres.

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A modo de conclusión y para finalizar esta pequeña nota sobre los femicidios en nuestro país, me gustaría hacer una reflexión en torno a una cita sobre un estudio acerca de los femicidios elaborada por Montserrat Sagot, feminista y profesora de la Universidad de Costa Rica a la cual respeto mucho: “El ensañamiento es una característica del femicidio, tanto del femicidio íntimo como del no íntimo. Al menos un tercio de los femicidas han hecho demostración de crueldad y alevosía, lo que descarta la defensa propia y muestra que hubo altos niveles de odio involucrado en estos asesinatos. Los actos de ensañamiento más crueles fueron ejecutados por femicidas íntimos.”. El año pasado hubo 24 femicidios, lo que significa que 24 mujeres murieron vícitmas de un crimen por odio, un número que no ha cambiado mucho en los últimos años, y que si no se hace un cambio, seguirá constante. Este odio es producto de una tolerancia social en cuanto a una relación de poder donde las mujeres se encuentran por debajo de los hombres. Es necesario quebrar esta relación de poder con una política criminológica basada en la prevención y educación, de lo contrario, la violencia de género se seguira reproduciendo en todos sus niveles y formas.

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Bibliografía 1. Artículo XXXVIII. Numeral 86-18 2. Carcedo, Ana y Sagot Montserrat. FEMICIDIO EN COSTA RICA 19901999. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PROGRAMA MUJER, SALUD Y DESARROLLO. San José, Costa Rica 2000. 3. Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. Numeral 8589

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4. Poder Judicial (2019). Observatorio de Violencia y Género contra las mujeres y acceso a la justicia. Recuperado el 15 de marzo del 2019, en https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio/

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