CÓDIGO SUR · 4 de Mayo de 2011
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REPORTAJE
La verdad sobre la reconstrucción de obras del huracán Stan Texto y Fotografía
De la Redacción
Hay una campaña negativa motivada por intereses políticos y es utilizada para llenar los espacios en los medios de comunicación con el objetivo de apartar la atención de las graves cosas que ocurren en Chiapas
¿Has escuchado, visto o leído que el gobierno de Pablo Salazar se “robó” 11 mil millones de pesos de la reconstrucción? Dicha afirmación es una infamia. Es una campaña negativa motivada por intereses políticos y es utilizada para llenar los espacios en los medios de comunicación con el objetivo de apartar la atención de las graves cosas que ocurren en Chiapas. Con ello, pretenden ocultar las ineficiencias del gobierno de Juan Sabines. La verdad, que han deseado sepultar con torrentes de tinta pagada durante cuatro años, es que el gobierno de Chiapas jamás tuvo 11 mil millones de pesos en su poder y a su disposición.
de la administración 2000-2006.
1. ¿Cuánto dinero hubo? Los recursos para la reconstrucción tuvieron su origen en: Gobierno federal: 7 mil 998 millones de pesos, Gobierno de Chiapas: 2 mil 956 millones de pesos, Donaciones civiles: 61 millones de pesos Esto hace un monto total de 11 mil 015 millones de pesos.
4. ¿A dónde se fue el dinero? Al 8 de diciembre del año 2006, los trabajos, recursos y avances físicos, representaron el 94% del ejercicio.
2. ¿Quién tuvo y utilizó dicho dinero? La verdad, verificable en las cuentas públicas federal y estatal, es la siguiente: 2 mil 877 millones de pesos, el 26% de los recursos, fueron depositados directamente a las distintas delegaciones federales en Chiapas. Dichos recursos no ingresaron a la Tesorería del Estado y, consecuentemente, el Gobierno estatal no intervino en su ejercicio. 4 mil 260 millones de pesos, el 39% de los recursos, constituyeron el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), pagados directamente por BANOBRAS a contratistas de obra, previa comprobación presentada por dependencias federales y estatales. Tampoco ingresaron a la Tesorería del Estado y el Gobierno de Chiapas no participó en absoluto en su manejo. Solo el 35% del total de recursos para la reconstrucción (3 mil 878 millones de pesos ) fueron depositados al Gobierno estatal para pago de acciones u obras, siempre bajo las rigurosas reglas de operación correspondientes y con total transparencia, como fue la característica
Con vergüenza, el gobierno de Juan Sabines debería informar al pueblo de Chiapas y a los damnificados que, a casi 6 años de su desgracia, esta misma administración mantiene en el Fideicomiso que administra BANOBRAS, más de 400 millones de pesos sin ejercer.
3. ¿Cuánto de este dinero se ejerció? Al 8 de diciembre del año 2006, fecha de conclusión de la administración de Pablo Salazar, el avance financiero reportado fue el siguiente: 8 mil 934 millones de pesos (81%), habían sido pagados por las áreas y dependencias mencionadas como responsables de la administración y/o ejercicio de recursos. 2 mil 078 millones de pesos (19%) quedaron en caja bajo resguardo de los administradores: BANOBRAS con 1 mil 844 millones, para varios rubros, y el gobierno federal con 234 millones para vivienda.
5. ¿Sabes que se oculta información? ¿Por qué se ha escondido el resultado de la auditoría representativa que la Auditoría Superior de la Federación practicó a estos recursos? En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 se puede apreciar que el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación fue altamente favorable a la administración estatal 2000-2006. Basta mencionar un ejemplo: el programa de vivienda de las administraciones federal y estatal, el más señalado por los portavoces sabinistas. En este rubro, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO (dependencia federal) por el 24% de los recursos debido a la falta de emisión de “bonos” (documento que debió firmar el beneficiario de la vivienda y que debería ser elaborado por esa dependencia federal). Al Instituto de Vivienda de Chiapas solo le observó el 1.7% de los recursos ejercidos. De acuerdo con la normatividad de la administración pública, las observaciones derivadas de una auditoría, así como los pendientes para terminar los programas son compromisos institucionales, no de personas. Por ello, correspondía al gobierno estatal actual, concluir los pendientes de dichos programas y solventar las observaciones. Evidentemente, no se ha querido desahogar por dolo, mala fe, incapacidad y omisión de los funcionarios en turno, así como del desorden que distingue a la actual gestión. Es importante destacar que a este mismo programa, el gobierno de Juan Sabines lo auditó en 2007 y le “encontró” observaciones al ¡cien por ciento de los recursos!. Es absurdo porque equivale a decir que: no se limpió una sola de las más de 12 mil viviendas inundadas, no se distribuyó un solo paquete de materiales, no se construyó una sola casa, ni una acción de vivienda de las casi 28 mil que están a la vista, o no se construyó un solo fraccionamiento. Por más que se empeñen, la realidad desmiente los afanes dañosos. Están de testigos la legión de empresas constructoras (estas sí
chiapanecas), supervisores y los propios beneficiarios. 6. ¿Has escuchado que dicen “no existe documentación comprobatoria del programa de vivienda de la reconstrucción”? Al iniciar el gobierno de Juan Sabines, en una de sus ocurrencias, decidió cambiar de nombre al Instituto de la Vivienda (INVI). Lo rebautizaron como Promotora Estatal de Vivienda. En 2007, dependió de la Secretaría de Infraestructura (SINFRA); en 2008, de la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI); y, nuevamente en 2011, de SINFRA. Contrataron un fideicomiso para liquidar el extinto INVI. Esto significa, que todo el archivo histórico del feneciente Instituto, incluida la documentación del Stan, comenzó un peregrinar. Primero a la SINFRA, luego a la SEMAVI, posteriormente al Fideicomiso Liquidador. En ese ir y venir, la documentación fue extraviada, traspapelada, o de plano arrumbada sin conocer su destino, por ambas instancias. Al gobierno de Juan Sabines se le insistió en que la documentación había sido entregada en el relevo de las administraciones y que estaba debidamente comprobado en las actas respectivas de entrega-recepción. La comprobación del INVI apareció, efectivamente, arrumbada en una bodega. Precisamente por mala fe, pues al cierre del 2006, como ya se anotó líneas arriba quedaron en caja 2 mil 078 millones de pesos, programados justamente para terminar los rubros pendientes del Programa de reconstrucción. Si el actual gobierno reconoce que no ha concluído, debería estar preocupado entonces por explicar el destino de esos recursos. Es más, con vergüenza, deberían informar al pueblo de Chiapas y a los damnificados que, a casi 6 años de su desgracia, el gobierno de Juan Sabines mantiene en el Fideicomiso que administra BANOBRAS, más de 400 millones de pesos sin ejercer, recursos que les dejó la anterior administración. En el colmo de la incompetencia, el Gobierno Federal les recogió el año pasado 141 millones 815 mil pesos, por no haberlos gastado. Con la misma pasión y energía que empeñan en sus campañas mediáticas contra la gestión de Pablo Salazar y con la inversión de tiempo que ocupan en fabricar culpables, que expliquen cómo es que ante las obras inconclusas, no han querido o podido ejercer todos los recursos que les quedaron. El gobierno de Juan Sabines ha manifestado una y otra vez, que su antecesor no concluyó la reconstrucción y que se dejaron sin terminar algunos programas. No es un descubrimiento. Existe la verdad histórica y esos datos están registrados, con honestidad, en el último Informe de Gobierno. Repetirlo, en el quinto año de su gobierno, constituye una cínica confesión de incompetencia, desorden y grave irresponsabilidad. Sin embargo, para mantener el lodo político en la reconstrucción, el gobierno de Juan Sabines dejó irresponsablemente correr los términos y no hizo efectiva ninguna de las fianzas.