Las órdenes de jueces y magistrados

de tierras; 4) adelantar las acciones necesarias para microfocalizar nuevas zonas, y 5) fortalecer las medidas de protección de los reclamantes de tierras y los funcionarios involucrados en los procesos de restitución.

Las órdenes de jueces y magistrados

Aunque no se han establecido indicadores posfallo del derecho a la restitución de tierras, de manera que se pueda detectar que las víctimas de despojo o abandono de tierras han superado el estado de vulnerabilidad derivado de los hechos victimizantes inherentes al despojo y el abandono forzado de tierras, sí resulta pertinente indagar hasta dónde se tiene información disponible sobre el grado de cumplimiento de las órdenes proferidas en las sentencias emitidas por los jueces y magistrados, con el fin de tener una idea sobre el avance en el proceso de estabilización económica de los reclamantes.

A pesar de los esfuerzos realizados por la CSMLV para recabar información en esta materia y poder estimar el porcentaje de cumplimiento de las órdenes emitidas en la jurisdicción agraria, es preciso señalar que ello no resultó posible, ya que, de una parte, entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y las tres entidades responsables del tema de vivienda, como son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda y Ambiente y el Banco Agrario, se abstuvieron de reportar esta información a la CSMLV5 y, de otra, la información suministrada por las otras entidades no fue uniforme, puesto que la URT y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) presentaron la información en términos de órdenes recibidas y órdenes cumplidas, en tanto que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la UARIV y la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo hicieron en términos de sentencias proferidas y sentencias cumplidas.

Con todo, como se observa en la tabla 2, puede afirmarse que el porcentaje de órdenes cumplidas por la URT y el IGAC es muy bajo, pues no llega siquiera al 50 %, mientras que el porcentaje de sentencias cumplidas por la UARIV, el SENA y la UNP es más elevado, puesto que alcanza el 67,7 %.

5 La responsabilidad de la provisión de vivienda rural fue trasladada del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda. En el cálculo del porcentaje de avance en el cumplimiento de las órdenes no pudo incluirse al SENA, por cuanto esta entidad reportó información por número de sentencias y no por número de órdenes.

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