Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales
El proceso descentralizador Al consolidarse la democracia, y como consecuencia de la reforma constitucional de 1994 que otorgó autonomía a los municipios a través del artículo 123, los gobiernos locales argentinos comenzaron un proceso de transformación, en términos de competencias y funciones, al aña dir nuevas y complejas responsabilidades a su clásica prestación de servicios básicos como la recolección de residuos, el suministro de agua potable y energía eléctrica, la limpieza y mantenimiento de calles y caminos vecinales, el alumbrado público y el mantenimiento de los cementerios, entre otros. Los procesos descentralizadores implicaron un fuerte llamado de atención sobre la dimensión territorial de las políticas públicas. Sin embargo, hasta que esta reforma institucional cobró fuerza, el territorio local siguió siendo visto como un simple ámbito administrativo desde el cual los habitantes recibían, de modo pasivo, los servicios y programas públicos desarrollados y gestionados por el nivel central del Estado.
Los municipios asumieron cada vez más responsabilidades en el entramado institucional argentino hasta convertirse en los principales receptores gubernamentales de las múltiples demandas sociales.
La expansión de esta visión centralista del Estado fue particularmente crítica en el caso de las políticas sociales porque los problemas sobre los que estas intervienen tienen múltiples matices y particularidades propios del entorno local.
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