intervención ha sido calificada en la Argentina como propia de las políticas llamadas neoliberales durante la década del noventa. En suma, todavía resta construir una mayor conciencia colectiva sobre la necesidad de redistribución de los recursos en el sistema educativo.
2. Elaborar normativa que explicite los criterios de distribución Si el fin es establecer criterios claros y objetivos para mejorar la situación de las escuelas que más lo necesitan, estas pautas deberían plasmarse en instrumentos legales que las especifiquen. Solo así podrían ordenarse las demandas particulares de los múltiples actores del sistema educativo. Más aun considerando el carácter altamente burocrático del sistema educativo argentino, donde las normas ocupan un lugar central en la regulación permanente de las prácticas de los actores. Sería importante considerar, por ejemplo, la posibilidad de delimitar en estas normas un conjunto indispensable que toda escuela debería tener, para establecer un piso común y objetivo debajo del cual ninguna institución debería encontrarse. Este mínimo legal de recursos educativos ordenaría automáticamente las prioridades a atender.
3. Producir y usar datos objetivos Además de la voluntad política y de las normas, el direccionamiento de los insumos para las escuelas debería basarse en un sistema de medición disponible en todos los niveles del sistema educativo (Rivas, Vera y Veleda 2009). La toma de decisiones estatales tendrá muchos más obstáculos para las discrecionalidades e ineficiencias si existiese un sistema de información estadística de este tipo, puesto en manos de todos los actores del sistema educativo. Este sistema debería relevar de manera periódica y censal para todos los niveles educativos un dato hoy faltante en la Argentina: el nivel socioeconómico de los alumnos por escuela. Este dato debería correlacionarse con los datos de la oferta de recursos educativos: infraestructura escolar, bibliotecas, libros de texto, computadoras, programas educativos específicos, cantidad y características del plantel docente, jornada escolar, becas, comedores, subvenciones a la educación de gestión privada, etc.
4. Orientar el rol de los supervisores Como actores intermedios entre la administración central y las escuelas, los supervisores ocupan un lugar muy importante en la distribución de los recursos en el sistema educativo. Si, por un lado, ellos tienen la ventaja de conocer en detalle las características de las instituciones bajo su responsabilidad, por otro lado, están sometidos a las demandas y presiones de los directores de escuela, las comunidades y otros actores locales, como los intendentes. Por lo tanto, es clave formar a los supervisores en la importancia de la justicia distributiva, y poner en sus manos las herramientas legales y estadísticas como para que su acción cotidiana se oriente a mejorar la situación de los sectores más desfavorecidos de la población.
5. Abrir canales transparentes de demanda a las escuelas Más allá de la garantía de los recursos fundamentales a todas las escuelas, deberían evaluarse las necesidades específicas de otros recursos según contextos. En el marco de las prioridades 29