La construcción de la justicia educativa
de alumnos desfavorecidos influye sobre las prácticas de los docentes, que en su mayoría tienden a tener bajas expectativas respecto de los progresos posibles de los alumnos, a enseñar un currículum diluido o a destinar menos tiempo a las tareas pedagógicas que en otros contextos, lo que impacta negativamente sobre los aprendizajes (Trouilloud y Sarrazin, 2003; DuruBellat, 2002 y 2004). En tercer lugar, la heterogeneidad socio-cultural de los alumnos en las escuelas constituye una pieza fundamental de la diversificación de la experiencia educativa, al ampliar los intereses, cosmovisiones y proyectos futuros de las nuevas generaciones. Como lo plantea Crahay en su libro sobre la escuela justa, “la ética del respeto de las diferencias debe ser reconsiderada y abrirse a la idea del enriquecimiento recíproco de los individuos por el encuentro de sus especificidades. Las comunidades de aprendices suponen que los docentes (y la sociedad) superen esta ética de la coexistencia pacífica para osar una pedagogía del mestizaje cultural” (Crahay, 2000: 411, la traducción es nuestra).
¿Cómo lograr una redistribución de los alumnos entre las escuelas con el objetivo de generar una mayor heterogeneidad social en cada una de ellas? ¿Cómo convocar a las clases medias nuevamente a la escuela pública? ¿Cómo abordar esta área dura de la política educativa (Kaztman y Gerstenfeld, 1990)? ¿Cómo redistribuir a los alumnos reconociendo la diversidad de contextos y de intereses? ¿Cómo contemplar la especificidad de cada nivel educativo en dimensiones como la cercanía del hogar a la escuela, las preferencias de los alumnos, la formación orientada o la articulación entre los niveles? La relevancia de la diversidad socio-cultural de los alumnos en las escuelas justifica reflexionar sobre criterios de justicia que podrían orientar las políticas que se propongan este objetivo. Un criterio central radica en la necesidad de conjugar mejor la dimensión de la redistribución con la del reconocimiento en las regulaciones que afectan la distribución de los alumnos entre las escuelas, sobre todo en los contextos urbanos, donde la oferta es variada y amplias las posibilidades de movilidad de los alumnos. Actualmente, en la mayoría de las provincias esta distribución depende de la elección de las familias, legalmente libres para optar por la escuela en la que inscribirán a sus hijos. Por supuesto, esta libertad es en los hechos siempre re100