Álvaro Marchesi
ceden de decisiones políticas, los juicios de valor que se reflejan en los informes de evaluación contactan con los juicios de valor presentes en la arena política y las orientaciones que se derivan de las evaluaciones se incorporan también al debate político. A pesar de los esfuerzos de los evaluadores de mantener la máxima neutralidad posible, es necesario ser conscientes de las permanentes implicaciones políticas que las evaluaciones conllevan. En un sugerente trabajo sobre las relaciones entre evaluación y política, Karlsson y Konner (2005) describen tres perspectivas sobre dichas relaciones: la primera posición sostiene que es posible y deseable separar evaluación y política; la segunda, que es posible separar evaluación y política cuando se proporciona información, pero que no lo es cuando se proporcionan juicios de valor y que además no es conceptualmente deseable; la tercera posición mantiene que no es ni posible ni deseable, operacional y conceptualmente, separar la evaluación de la esfera de la política. No corresponde a este texto analizar cada uno de estos enfoques, aunque a lo largo de estas páginas se ha tratado de argumentar a favor de una posición que se aproxima a la tercera de ellas. De lo expuesto en estas páginas se deduce que la concepción tradicional del evaluador como científico objetivo y neutral que se enfrenta a la realidad con sus propias herramientas técnicas y metodológicas, sin contaminarse con las disputas políticas que le rodean, es difícilmente sostenible. El evaluador está inmerso en el debate político que afecta a las reformas y a los programas que son objeto de su trabajo y ha de ser consciente de los diferentes intereses que están en juego e incluso que él mismo, con sus propios valores, forma parte de esos intereses. Como señalan Karlsson y Konner, la mejor imagen de un evaluador es la de un profesional bien entrenado, que trabaja en un contexto con implicaciones implícitas o explícitas políticas, culturales y personales que influyen en todas las fases del proceso de evaluación, y que mantiene una actitud respetuosa con las diversas posiciones en juego. La autonomía de la evaluación Las relaciones entre evaluación y política son en múltiples ocasiones asimétricas, sobre todo cuando los evaluadores dependen del poder político o cuando existe el riesgo de que determinadas valoraciones puedan erosionar la confianza política y provocar la marginación en futuras evaluaciones. Por ello no es fácil que el evaluador mantenga su independencia de criterio. Su mayor o menor autonomía dependerá de su propia capacidad, pero también de la forma de trabajo de los poderes públicos. En función del tipo de interacción que se establezca entre ambos se podrán abrir o cerrar los caminos de una cooperación fructífera. Entre las capacidades de los evaluadores está la consistencia teórica y técnica con la que presenten sus proyectos, su visión para situarse en la arena política, su habilidad para negociar en las diferentes fases del proceso de evaluación y su sensibilidad ante la diversidad de interpretaciones posibles, pues los estudios educativos difícilmente presentan conclusiones incontestables. Por su parte, la forma de trabajo de los poderes públicos está en función de su grado de respeto a la autonomía de los proyectos de evaluación, de su nivel de aceptación de la información crítica a sus proyectos y de su sensibilidad para tenerla en cuenta a la hora de adoptar decisiones, de su capacidad de impulsar el debate y la participación, del reconocimiento de que el apoyo y la formación a los equipos responsables de la evaluación es una buena inversión, y de la voluntad de asegurar la coordinación de las evaluaciones para mejorar su interpretación y ofrecer una visión progresivamente integradora de la diversa realidad educativa.
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