La vivienda en el Programa de las Comunidades Especiales Se agradece la colaboración de Federico Del Monte en proveer información para este artículo.
Juan Vaquer Castrodad
En Puerto Rico, el acercamiento y las estrategias del Gobierno para atender la falta de vivienda asequible han variado notablemente durante las pasadas ocho décadas. Desde las incursiones públicas originales en la década del treinta hasta el presente, han sido variados y numerosos tanto los modelos utilizados como las entidades públicas que han incidido sobre el tema. Los primeros proyectos, tales como El Falansterio en Puerta de Tierra y el desarrollo de la urbanización Eleanor Roosevelt en el decenio de los treinta, responden a las políticas federales adoptadas entonces por la Administración de Franklin Roosevelt en respuesta a los problemas sociales generados por la Gran Depresión. Luego, en la década de los cuarenta se adoptan en Puerto Rico esquemas de colaboración comunitaria para la construcción de vivienda rural con los esfuerzos del Programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio que facilitó la construcción de miles de hogares por los campos, con materiales y supervisión provistos por el Estado y mano de obra suplida por los propios vecinos y futuros residentes de esas unidades. En la década del cuarenta también cobra auge la construcción masiva de proyectos de vivienda pública subsidiada por el Gobierno federal, que posteriormente permitió la construcción de complejos residenciales en la mayoría de los municipios del país. En San Juan, particularmente, estos sirvieron para comenzar a mudar las decenas de miles de familias atrapadas en terribles condiciones en los arraba-
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les levantados en las márgenes del caño Martín Peña. Ya en el 1957, a la recién creada Corporación de Renovación Urbana y Vivienda se le asigna la tarea de desarrollar o renovar vivienda para las poblaciones de escasos recursos. En los años setenta surgen estructuras adicionales de financiamiento, como la Autoridad para el Financiamiento de Vivienda en el Banco Gubernamental de Fomento y el Banco de la Vivienda. Otras entidades –como las agencias federales de HUD y de Rural Development, así como la Corporación de Desarrollo Rural en el Departamento de Agricultura estatal– intervinieron también directamente en el desarrollo de vivienda de interés social a través de subsidios de renta y financiación de Sección 8 y de otros programas que respondieran a cambios en las políticas federales para ayudar a proveer vivienda asequible. En el 2001, se realizan cambios en el esquema gubernamental estatal para promover vivienda asequible. Se funden el Banco de la Vivienda y la Autoridad de Financiamiento de Vivienda bajo el Banco Gubernamental de Fomento –dejando al Departamento de la Vivienda sin un brazo financiero y operacional– y se crea el Fideicomiso de las Comunidades Especiales que utiliza diversos mecanismo para el desarrollo y rehabilitación de viviendas y comunidades enteras en sectores de alto nivel de pobreza. El Programa de las Comunidades Especiales surge originalmente en el Municipio de San Juan bajo la alcaldesa Sila María Calderón, y luego se instituye en toda la Isla luego de su elección como gobernadora de Puerto Rico. Con este programa se promueve el mejoramiento de 686 comunidades identificadas como focos de pobreza extrema y de particular carencia de servicios esenciales y de viviendas adecuadas. En el 2002 se asignan 1,000 millones de dólares al Fideicomiso de las Comunidades Especiales con varios propósitos: la organización de las comunidades, la elaboración de planes comunitarios y planes maestros, y la inversión en proyectos de infraestructura y vivienda. Varias entidades parENTORNO21
ticiparon en este esfuerzo: el Fideicomiso de las Comunidades Especiales, la Corporación de Desarrollo Rural, el Departamento de la Vivienda, la Oficina de Comunidades Especiales y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La inversión principal para las comunidades especiales se asignó para el desarrollo de infraestructura y de vivienda. Cerca de $600 millones se asignaron al Departamento de Transportación y Obras Públicas para mejoras de infraestructura y cerca de $300 millones al Programa de Comunidades Especiales en el Departamento de la Vivienda. Con esta última asignación se rehabilitan cerca de 3,000 unidades de vivienda y se construyen cerca de 2,000 nuevas unidades. La inversión en 2,000 de nuevas unidades de vivienda se divide en dos categorías principales: desarrollos de nuevas comunidades e inserciones de nueva vivienda en comunidades existentes. Las nuevas comunidades se establecen para reubicar comunidades cuyo emplazamiento actual es de alto riesgo. Algunas de estas nuevas comunidades son Tocones en Loíza (Héctor Arce, arquitectos), Lomas Maestre1 en Utuado y Montesoria1 en Salinas, (Luis Flores, arquitecto), El Peligro2 en Lares (Manuel Bermúdez, arquitectos), Corea en Bayamón y Arenales en Dorado (Emilio Martínez, arquitectos), y Guarico Viejo en Vega Baja (Atelier 66, CSP). A estos desarrollos se añaden los proyectos de Santo Domingo y Pellejas2 en Morovis (Manuel Bermúdez, arquitectos), Riberas de Bucaná en Ponce (Andrés Mignucci, arquitecto) y Villas de Coamo3 (Davis y Fuster, arquitectos) que se realizan con fondos del Federal Emergency Management Agency (FEMA) y de 1 Los proyectos Lomas Maestre en Utuado y Montesoria en Salinas, del Programa de Comunidades Especiales, se reseñaron en el libro Luis Flores Arquitecto / Architect. (San Juan: Fundación por la Arquitectura, 2009) pp. 5257 y 74-77. 2 La relocalización de la comunidad El Peligro y la nueva vivienda para Santo Domingo y Pellejas, de Manuel Bermúdez arquitectos, se reseñaron en el artículo de Manuel Bermúdez “Yes! We can? Modelos de vivienda de interés social” en la revista ENTORNO 11, año 3 / vol. 3 / 2008, pp. 49-53.