Plataforma Juárez 06600
Casa 13 MonXs
Vecinos del Trevi
La nueva ley constitucional de derechos humanos y sus garantías de la CDMX pone candados a los desalojos forzosos y los desplazamientos
Ciudad de México a 13 de febrero de 2019
● Vecinos articulados con distintas organizaciones logran incidir en la nueva ley de derechos humanos de la Ciudad ● La ley por primera vez pone un límite explícito a los desalojos arbitrarios y a desplazamientos forzosos ● Las autoridades del nuevo gobierno son llamadas a hacer frente a la corrupción del cártel inmobiliario y articularse con la ciudadanía para frenar los abusos y los efectos de la gentrificación ¿Tienen voluntad de hacerlo?
A los medios nacionales e internacionales: En los últimos años quienes rentamos o poseemos legalmente una vivienda en la Ciudad de México junto con organizaciones de la sociedad civil y academia, nos hemos articulado frente al incremento evidente de desalojos perpetuados por la vía judicial -más de dos mil cada año- y no judicial, la corrupción que impera en el sistema de justicia como en el Registro Público de la Propiedad, ha permitido la proliferación de redes que operan de manera ilegal con el objetivo de arrebatarnos de nuestras viviendas y vulnerar nuestros derechos. Estas redes se expresan en la violencia de las huestes de la Secretaría de Seguridad Pública, en los golpeadores profesionales al servicio de inmobiliarias frecuentemente ligadas a políticos, en los coyotes, notarios y abogados que se prestan a argucias legales para despojar edificios, predios y otros inmuebles ubicados en las colonias céntricas de la Ciudad de México. Como parte de una serie de estrategias de defensa hemos revisado la legislación vigente con el objetivo de incidir en ella y proponer nuevos artículos o leyes que ayuden a equilibrar la situación de indefensión en la cual los residentes nos encontramos al momento de hacer valer nuestros derechos.
En el marco de la entrada en vigor de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, así como de la discusión de sus leyes secundarias, propusimos incluir en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el viernes 8 de febrero de 2019, el artículo 60 que finalmente establece: Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derecho, el derecho a una vivienda adecuada , podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales . Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen. Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública
necesaria para conocer el número de personas
desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas del desalojo. El gobierno de la Ciudad de México. Con base en el Plan General de Desarrollo y con el programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social y académico.
El contenido del artículo 60 puede transformarse inmediatamente en instrumento de defensa eficaz para quienes enfrentan el riesgo de un desalojo, desplazamiento o despojo, lo que implica la voluntad de las autoridades involucradas y de la jefatura de gobierno, Se trata de una punta de lanza para comenzar a poner freno a la forma en la que hasta ahora el mercado inmobiliario, en contubernio con muchos otros sectores y actores, ha operado en la ciudad. Durante los últimos seis años, gracias a las distintas plataformas vecinales, organizaciones no gubernamentales, académicos y distintos actores preocupados por el tema urbano, hemos logrado no sólo crear una vinculación que nos permita establecer vías de resistencia y aprendizaje. También hemos creado registro y memoria de la perversidad e ilegalidad en la que operan los intereses inmobiliarios, despojando de su vivienda no sólo a la población de clase baja, sino incluso a las clases medias, en un proceso especulativo donde el valor del suelo está por encima de cualquier derecho humano. Muchos de estos abusos han sido reportados en la prensa, el más reciente sucedió en el predio de Zapata 68 en la colonia Centro, luego de que la dueña muriera sin dejar herederos y que el juicio de expropiación para vivienda de interés social quedara inconcluso por una mala gestión
gubernamental, el edificio ha estado en la mira del sector inmobiliario, no contentos de haber desalojado a varias familias con procesos jurídicos altamente cuestionables y el uso excesivo de la fuerza pública –800 granaderos, algunos de los cuales ingresan al edificio usando helicópteros, robando pertenencias y acosando sexualmente a las vecinas–, el pasado martes 12 de febrero un grupo de personas drogadas y armadas ingresaron al edifico para ocupar los departamentos vacíos; todo a petición de un supuesto dueño que jamás ha logrado acreditarse legalmente como heredero o posesionario. Esta situación es uno de los muchos métodos que utilizan empresas inmobiliarias para intimidar, atemorizar o crear un ambiente inhabitable que termina por expulsar a los residentes y los obliga a renunciar a sus derechos. En estos últimos años hemos registrado cientos casos en la Ciudad de México, concentrados sobre todo en las colonias céntricas. En todos ellos se repiten los procesos legales turbios o irregulares: “elementos de seguridad” que ingresan a los edificios bajo el efecto de sustancias psicoactivas con el claro objetivo de amedrentar, el uso excesivo de la fuerza policiaca al momento de efectuar un desalojo ya de por sí arbitrario, “cargadores” usados como fuerza de choque para violentar no sólo a vecinos, sino a los mismos espacios que eran habitados. Tan solo en el Centro Histórico tenemos registro de desalojos violentos e irregulares en las calles de Revillagigedo, Mina, 2 de abril, Mesones, Regina, Bucareli, Zapata, Cuba, Arcos de Belén, República del Salvador además de los procesos abiertos como el caso del llamado “Edificio Trevi” –en la esquina de Colón y Doctor Mora– y un largo etcétera. El patrón se repite en la colonia Juárez, en la Doctores y la Obrera, en la Roma-Condesa, en la Santa Maria la Ribera y en la San Rafael. Esta situación de alarma es la que nos ha llevado a articularnos. Aunque no es la única vía, sí creemos que la incidencia en las políticas públicas puede ayudar a que las leyes y las autoridades atiendan nuestras posturas y reflejen nuestros derechos como habitantes. El objetivo, siempre, reside en defender la riqueza humana de una ciudad que pueda ser planeada y construida por todas y todos los que habitamos en ella. Por estas razones convocamos la conferencia de prensa que se realizará el próximo martes 19 de febrero en CENCOS, Medellín 33, Colonia Roma.
Por nuestro derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada ¡No a los desalojos arbitrarios! ¡No al uso excesivo de la fuerza por parte de policías y guardias privados! ¡No a la gentrificación y la expulsión de la población!
Firmantes: Organizaciones •
06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez
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Movimiento Urbano Popular
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ChantiOllin
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Casa 13 MonXs
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El Trevi
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06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico
Personas •
Sergio González – Colonia Juárez
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Silvia Pineda – Colonia Roma
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Albina – Colonia Juárez
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Rogelio León Fortanel
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Carlos Acuña – Colonia Centro
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Julio Castillo – Colonia Centro
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Arturo Revueltas – Colonia Centro
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Daniel Gutiérrez – Colonia Centro
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Lucino Rangel martinez – Colonia San Juan
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Luk – Colonia Isabel la Católica
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Marlene Ortíz Symor – Colonia Obrera
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Emilio Reza Araujo
Para mayores informes y contacto pueden comunicarse con Narciso Cuevas de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), celular 55 8566 0092, correo comunicacion@hic-al.org