Desde el grito más hondo 38 y digno
de Rubén Figueroa Alcocer, llegó al poder Ángel Aguirre Rivero, como Gobernador Interino. Pero lejos de esclarecer los hechos y aplicar la ley a su antecesor, el mandatario entrante protegió al saliente. Más aún, aprovechando la ilegitimidad política de Figueroa, Aguirre lentamente tejió relaciones y consolidó su poder económico y político, forjando un cacicazgo paralelo al de los Figueroa, aun cuando este data del periodo posrevolucionario. En suma, la historia enseña que en Guerrero, donde el poder político está en manos de unas cuantas familias con nombres y apellidos, donde los órganos de justicia son parciales y obedecen las instrucciones del Ejecutivo, es difícil que los violadores de derechos humanos sean sancionados. A la fecha impera en la conciencia colectiva de los guerrerenses la idea de que cuestionar al poder y exigir el cumplimiento de derechos básicos como a la salud, agua, vivienda, educación, carreteras y energía eléctrica es una mala apuesta. Esa osadía se paga con cárcel, tortura o muerte. Con la transición política en el año 2006 y el arribo del PRD al gobierno del estado, se creyó que era el momento propicio para generar un cambio y que había todas las condiciones para ello. Zeferino Torreblanca Galindo llegó con una mayoría arrasadora de votos al poder. Tenía toda la legitimidad para generar una transformación. Pese a ello, despreció la agenda de los derechos humanos: no inició un proceso de justicia transicional, tendiente a que se esclareciera la verdad y se hiciera justicia a las víctimas de la guerra sucia; no reestructuró a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) para depurarla de los elementos corruptos y abusadores; no hizo una reforma policial en clave de seguridad ciudada; tampoco escuchó los planteamientos que se habían sistematizado en la agenda estatal de derechos colectivos de los pueblos indígenas. En suma, todo quedó igual, pero con un gobierno de izquierda en el poder que jugaba a ganar con los alfiles del cacicazgo. Para elegir al siguiente gobernador, dado el pésimo gobierno del PRD, todo parecía indicar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), regresaría al poder. Sin embargo, hubo una ruptura entre Figueroa Alcocer y Aguirre Rivero, lo que orilló a que sumado a la erosión de la llamada izquierda partidaria guerrerense, Aguirre Rivero fuera postulado como abanderado del PRD, sumando a la candidatura aguirrista sus huestes provenientes del PRI. Fue así que, de nueva cuenta, este partido de “izquierda” ganó las elecciones. Al principio de su gestión, el nuevo mandatario mostró flexibilidad y apertura, al recibir a todas las organizaciones que en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo habían sido ignoradas. Fiel al estilo priista de recibir y prometer solución a los problemas, se tomó la foto con todos los líderes de las organizaciones sociales y la solución de los problemas fue postergada. Ilustrativo de lo anterior es lo acontecido en la reunión entre el gobernador y los campesinos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). En su primera reunión las y los campesinos le manifestaron al gobernador su oposición al proyecto hidroeléctrico que han combatido desde hace años y lo invitaron a una reunión, ahora en sus comunidades, para que directamente se diera cuenta de dicha oposición y definiera su posición ante los dueños de la tierra en Cacahuatepec.