Ciudad de México, 25 de Enero de 2019 A 10 años de la desaparición de José Antonio Robledo Fernández su familia continúa exigiendo justicia
Los padres de José Antonio llaman a la CNDH a resolver la queja interpuesta para fincar responsabilidad a la Fiscalía General del Estado de Coahuila. La desaparición de personas es uno de los crímenes más infames, las familias no descansaremos hasta encontrarlos.
José Antonio Robledo Fernández fue secuestrado y desaparecido el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila cuando trabajaba en el proyecto “El Fénix”, de Altos Hornos de México. A 10 años de los hechos, sus padres, José Antonio Robledo Chavarría y María Guadalupe Fernández Martínez, exigen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compromiso y voluntad política para implementar una estrategia que lleve a buscar en vida y muerte a las 40 mil 180 personas desaparecidas en México, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los migrantes que se perdieron al cruzar este país. Aseguran que no descansarán hasta encontrarlos y que están hartos de clamar justicia y de la falta de acción del Estado. “Presidente, hoy tiene la oportunidad de cumplir sus promesas a la población más dolida por tanta impunidad, encontrar a los más de 40 mil desaparecidos. Sin Verdad y Justicia no puede haber perdón”, expresan. También solicitan a las instancias competentes de su gobierno llamar a una Campaña Nacional de Búsqueda y de identificación de Personas Desaparecidas, para cotejar los datos de quienes buscan con las decenas de miles de cuerpos depositados en los Semefos y con los innumerables restos humanos localizados por los mismos familiares en fosas clandestinas. “Si México no tiene la capacidad para atender la emergencia forense en la que nos encontramos, pedimos apoyo a países que están dispuestos a colaborar en esta urgente necesidad”, aseguran. Por la desaparición de José Antonio Robledo Fernández, el 28 de enero de 2009 en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, a cargo del Lic. Jesús Torres Charles, se abrió la Averiguación Previa 002/2009 y apenas levantada la denuncia hubo evidencia de abrir el expediente al crimen organizado (Los Zetas), responsable de la desaparición del joven. La familia denuncia que integrantes del crimen organizado fueron llevados por el jefe de seguridad de ICA FLÚOR para amedrentar y no seguir exigiendo a la autoridad estatal la búsqueda de José Antonio. Ellos conocían el expediente. En abril de 2009 los padres de José Antonio dejaron de revisar la Averiguación Previa 002/2009 por temor a represalias y viendo la NO acción, simulación y graves omisiones en la búsqueda. La Constructora ICA FLUOR, último empleador de José Antonio, evadió toda responsabilidad, desvinculándose inmediatamente del hecho. Sus directivos siempre se han negado a colaborar con las autoridades y con la familia para saber el paradero de José Antonio, conociendo de antemano qué fue lo que pasó.
El 31 de enero de 2009 se inició una Averiguación Previa en la Unidad de Secuestros de PGR-SEIDO en la Ciudad de México, los famliares aportaron lo que averiguaron, colaborando en todo lo humanamente posible; muchas de las pesquisas las hicieron ellos mismos con sus propios medios. Finalmente, el trabajo del M.P.F. dio resultados en 2011: se libraron órdenes de aprehensión en contra del jefe de seguridad industrial y el chofer del transporte de ICA FLUOR, así como del empresario que proporcionaba la seguridad privada a ICA FLUOR y dos personas más, oriundas de Monclova. Inmediatamente la P.G.J.E.C., declinó su competencia a la dederación. “A una década de distancia lamentamos dolorosamente NO haber encontrado a nuestro hijo, siendo ésta nuestra principal exigencia. Coadyuvamos de tiempo completo en la investigación y en el proceso penal”, declaran los padres. El 4 de marzo de 2015 en Monterrey, N. L., fue detenido el operador financiero del líder de Los Zetas, quien fue una de las dos personas que amenazaron e intimidaron a José Antonio Robledo Chavarría y María Guadalupe Fernández Martínez la madrugada del 6 de febrero de 2009 en el hotel de Monclova; 15 días después esta persona fue vinculada a proceso en la causa penal y a la fecha continua detenido. Ni la fiscalía estatal ni la federación ha detenido al otro sujeto que en ese momento era funcionario público. A diez años la CNDH no ha podido o no ha querido resolver la queja CNDH/1/2009/2989/Q con fecha 10/07/2009 para fincar responsabilidad a la PGJEC, ahora fiscalía. Aunque hayan declinado la competencia, la responsabilidad no la pueden eludir, ya que José Antonio desapareció en Monclova, Coahuila. “Solicitamos al Nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ponga orden en ese gremio: faltan jueces y magistrados comprometidos con la justicia, que sean de carrera, de mérito, NO por nepotismo, NO por pago de favores políticos; que al emitir una Resolución conozcan de los casos a fondo no de forma, que conozcan de derechos humanos, tanto los imputados como las víctimas tienen el mismo derecho de audiencia antes de resolver. Confiamos en las leyes, en el Estado de derecho, y en los reglamentos; pedimos su aplicación con justicia. Si se abren las puertas de las cárceles, que sea para liberar a las personas que realmente sean inocentes. Exigimos una verdadera supervisión al Consejo de la Judicatura Federal, que sea autónomo y no dependa de la Suprema Corte de la Nación”, solicitan María Guadalupe y José Antonio.
María Guadalupe Fernández Martínez.
José Antonio Robledo Chavarría.
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