El sindrome de Bolivar.qxp
05/10/2006
08:55 p.m.
PÆgina 151
El síndrome de Bolívar "Capitalismo o Socialismo, no existen terceras vías"
ciento de la población venezolana, el sistema judicial de Venezuela es totalmente ineficiente, injusto y generalmente corrupto. La causa de esta situación son múltiples entrelazadas unas con otras, interdependientes, pero todas tiene un denominador común: el Estado intervencionista. El Estado intervencionista como hijo legítimo del Estado mercantilista medieval, es un productor permanente de leyes, estatutos, reglamentos, decretos, resoluciones, instructivos, destinados a regular no solo el mercado y la actividad económica sino cuanta actividad humana pueda ser objeto de control y de regulación. Tanto los poderes nacionales, estatales y municipales son productores de normas de rango legal y sublegal, muchas veces contradictorias entre ellas mismas que conforman una telaraña jurídica que ni el mas experto abogado puede desentrañar. Se necesitaría una computadora de alto poder para tratar de sistematizar el ordenamiento jurídico venezolano. Los intervencionistas invirtieron el principio legal según el cual los particulares pueden realizar cualquier tipo de actividad que no este expresamente prohibida por la ley. En Venezuela los particulares solamente pueden realizar las actividades que estén permitidas por el Estado intervencionista, ya que éste se ha encargado de regular, controlar y reglamentar practicante todas las actividades del quehacer humano requiriendo permisos, autorizaciones e infinidad de trámites legales. Al mismo tiempo el Estado intervencionista ha creado de forma desordenada e incoherente, numerosos institutos autónomos, empresas públicas, empresas mixtas, patrimonios autónomos y cuanta estructura legal se pueda inventar, para intervenir en todas las áreas de la actividad económica, otorgándole a esos entes privilegios, exenciones y exoneraciones de todo orden, lo que hace necesario, a su vez, dictar infinidad de normas legales para regular y controlar la actuación de las empresas del Estado. 151