la promoción de una política de contratación pública respetuosa con el medio ambiente. Uno de los ejemplarizantes casos que se observan en el mundo en relación con la gestión contractual pública con aplicación de criterios ambientales, es el que protagoniza Alemania, donde se encuentra establecida en contratación estatal la obligación de todos los entes públicos de emplear herramientas de análisis del ciclo de vida de los productos que se van a adquirir. Igualmente, Suecia se encarga de abanderar esta temática con la obligación que recae en las Agencias del Gobierno de implementar criterios básicos de compras verdes en todos sus procesos contractuales. En el caso de nuestro país, el tema de compras públicas sostenibles ha hecho su arribo a través de la formulación e implementación de la Política de Producción y Consumo Sostenible, de la Política Nacional de Producción Más Limpia y del Plan Nacional de Mercados Verdes como estrategia estatal para la promoción y fortalecimiento de lazos entre el mejoramiento ambiental, la transformación productiva y el consumo responsable. En Colombia, la ciudad de Bogotá es la que lidera el proceso de respaldo a mercados verdes desde la Administración Pública, donde la autoridad ambiental formuló en el marco de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental, un programa denominado Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual, con el fin de involucrar a las entidades públicas de la ciudad en la política de
compras verdes, donde les corresponde a ellas mismas definir criterios que puedan aplicarse en cada caso a las diversas modalidades de contratación que se lleven a cabo en las diferentes entidades para la adquisición de bienes o la contratación de servicios que requieran. Conducta ejemplarizante para todos los consumidores. Finalmente, vale la pena recordar la importancia de las denominadas compras verdes, cuyo objetivo principal consiste en responsabilizar al consumidor final de la generación de impactos ambientales negativos por la elección de productos y servicios que no incluyen en sus procesos aspectos básicos de responsabilidad social empresarial, siendo esencial que como consumidores y productores nos concienticemos acerca de los impactos que se le ocasionamos a los recursos naturales con el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, entre ellas, la más frecuente, la compra de productos y contratación de servicios. *Miembro de la Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible. Abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Magister en Derecho Ambiental y en Educación de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Universidad de Jaén, respectivamente. Cuenta con seis años de experiencia en el sector no gubernamental, de desarrollo social y ambiental desde el periodismo y la docencia. Actualmente se desempeña en el Sector Público en el área de Gestión Ambiental Institucional y como jefe de relaciones públicas en la ONG El Carrete.
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