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El nuevo gabinete de gobierno: una oportunidad para avanzar en la probidad, la transparencia estatal y el combate a la corrupción Las organizaciones sociales que suscribimos este documento hemos insistido en la urgente necesidad de erradicar la corrupción estatal en todas sus expresiones y en la instauración de un régimen institucional que privilegie la integridad, la probidad y la transparencia como valores supremos y rectores en la gestión pública. Hemos elevado enérgicamente nuestra voz para exigir que se investiguen los casos de corrupción que se han conocido, se castigue a sus responsables y se recuperen los dineros que han sido ilegal e inmoralmente sustraídos al pueblo salvadoreño. Por eso creemos que el momento actual es decisivo para avanzar en la erradicación de este flagelo que atenta contra los derechos humanos y contra la incipiente democracia salvadoreña: la actual selección de las personas que conducirán las carteras de Estado en el nuevo gobierno que asumirá funciones a partir del 1 de junio, constituye una valiosa oportunidad para continuar avanzando en una administración estatal eficiente, eficaz, humana, sensible y solidaria con las necesidades e intereses populares. El Salvador debe desterrar para siempre las viejas prácticas de los gobiernos anteriores que vieron en los recursos públicos, una jugosa fuente para acrecentar las riquezas de pequeños pero poderosos grupos corporativos y empresariales. Los gobernantes electos el pasado 9 de marzo y el partido que los postuló (el FMLN) tienen la enorme responsabilidad de seleccionar un equipo de trabajo que esté a la altura de las exigencias populares actuales y futuras, y de profundizar las buenas prácticas en la gestión pública que el presente gobierno ha iniciado, tales como la denuncia pública y judicial de escandalosos casos de corrupción, la progresiva aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, los ejercicios de rendición de cuentas, entre otras novedades institucionales que cierran las puerta al abuso, la arbitrariedad y el manejo patrimonial de los recursos públicos. Para dar continuidad a este rumbo, planteamos que el nombramiento del gabinete de gobierno debe responder plenamente a los postulados constitucionales y legales que indican que “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley.” (Artículo 218 de la Constitución).

Comunicado “El nuevo gabinete de gobierno: una oportunidad para avanzar en la probidad, la transparencia estatal y el combate a la corrupción”


Pero además, este apego riguroso a las normas vigentes deberá complementarse con otros criterios importantes, tales como: -Idoneidad y competencia, para lo cual cada postulante debería acreditar su experiencia, visión estratégica y pericia técnica y profesional en el manejo de los asuntos que le serán encomendados. -Moralidad notoria que implica demostrar una estricta e intachable conducta pública y privada de honestidad, probidad, sobriedad y consecuencia del discurso con la práctica de vida. -Sensibilidad y compromiso humano y social, lo cual debe ser sustentado con evidencias de su participación en procesos de desarrollo social, político y/o comunitario, y con aportes socio organizativos, técnicos o científicos para la solución de los problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña, especialmente a los grupos sociales más vulnerables del país. Los/as nuevos/as funcionarios/as deben ser reconocidos/as como personas respetuosas de los derechos humanos, entre ellos los derechos laborales. La personificación de estos y otros criterios complementarios en cada integrante del nuevo gabinete de gobierno, ofrecería la confianza que la sociedad salvadoreña demanda de la clase política en general y del Presidente y Vicepresidente electos, así como del partido FMLN. Esto es urgente y necesario, sobre todo después de una contienda electoral que deja una sociedad profundamente polarizada. El inicio del segundo período presidencial para la izquierda partidaria debe marcar una ruta clara e inequívoca hacia cambios irreversibles en la forma de gobernar en la que el interés colectivo prime sobre el interés particular. Esa es la aspiración que tiene el millón y medio de voluntades que endosaron la confianza al partido ganador; pero también es la misma aspiración que debe ser satisfecha para la otra mitad de electores que votó en su contra. Las organizaciones sociales queremos ser puentes de comunicación y generadoras de mecanismos de participación social para el diseño de las políticas públicas del nuevo gobierno. Las nuevas autoridades deben saber que cuentan con nuestra experiencia y capacidad, pero también con nuestra labor de contraloría social, para sugerir rumbos de acción y para cuestionar actos que atenten contra la vigencia de los derechos de la población. Tanto la protesta como la propuesta son parte de nuestros roles y de la contribución que ofrecemos a este proceso de perfeccionamiento de la democracia salvadoreña.

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San Salvador, El Salvador, 2 de abril de 2014 Asociación Comunitaria Unida por el Agua (ACUA) Asociación CORDES Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR) Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral (ASDI) Centro de Capacitación para la Democracia (CECADE) Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) Colectiva Feminista / La Radio de Todas Colectivo Oveja Negra Concertación Popular por el Cambio (CPC) Fe y Alegría El Salvador Foro Intersectorial por la Reforma Democrática Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Iniciativa Social para la Democracia (ISD) Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) Radio Victoria Sínodo Luterano Salvadoreño Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

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Comunicado 020414  
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